Escribe Mariano Barba
El último censo registró un crecimiento de la población de alrededor de 4,5 millones de habitantes en relación a diez años atrás. Pero el dato que muestra la parálisis en la que nos sumieron todos los gobiernos patronales es que la cantidad de asalariados registrados es igual que hace diez años atrás, unos seis millones. Es decir, no hay crecimiento del asalariado en blanco. Además hay tres millones de empleados públicos, cerca de cuatro millones de monotributistas (la mayoría en las escalas más bajas) y 400.000 autónomos. En total los registrados suman 13 millones, sobre una población activa de 23 millones de personas económicamente aptas para trabajar.
Estos datos de la actual realidad indican que existen en total casi diez millones de personas entre trabajadores precarizados y desocupados. Como la gran mayoría recibe un plan social o un ingreso vía AUH y la Tarjeta Alimentar, no son considerados por el Indec como desocupados. De esa forma el Indec anuncia que estamos con una desocupación que solo asciende al 7%.
Esta situación favorece enormemente a los empresarios ya que están habilitados por el gobierno para que sigan empleando en condiciones precarias, fuera de convenio, con renovación infinita de los contratos a término y con acuerdos por empresas que tiran por la borda conquistas de los últimos setenta años, como los que aplican en la industria automotriz acordados entre la conducción del Smata y los empresarios; o la que se aplicó en los últimos tres años en el petróleo permitiendo el avance del saqueo por parte de las multinacionales asociadas a YPF. Gran parte de estas modificaciones en el trabajo fueron motorizadas por el gobierno peronista de Carlos Menen, que en la década del ‘90 impuso, de la mano del ministro Domingo Cavallo y con la complicidad de la burocracia sindical, la privatización de todas las empresas públicas como teléfonos, ferrocarriles, obras sanitarias, YPF, electricidad, aeropuertos, aerolíneas entre otras. Todo ese cambio, que abrió el camino a la precarización laboral, nunca fue modificado por ninguno de los gobiernos posteriores entre los que están los doce años de kirchnerismo.
Para terminar con este descalabro que lleva a mayor desocupación y miseria necesitamos un plan económico alternativo que comience con el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, para volcar todos estos recursos a la auténtica creación de trabajo genuino.
