Escribe Mariano Barba

Con un contragolpe judicial y persecutorio el gobierno nacional pretende acallar el reclamo de los movimientos sociales. En vez de dar trabajo genuino y mejorar sustancialmente el valor de los planes sociales y de Potenciar Trabajo, el gobierno del Frente de Todos acrecienta su política represiva. Además de las causas penales abiertas contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se realizaron varios  allanamientos a los compañeros y compañeras de la CCC y la persecución en Jujuy con una serie de allanamientos a dirigentes y locales de otros movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente Popular Darío Santillán - Corriente Plurinacional, el Movimiento Evita, el MTR 12 de abril, Nuestramérica y Tupac Amaru.
Esta ofensiva de criminalizar la protesta contra los movimientos piqueteros es impulsada también por los gobernadores y especialmente promovida por la propia Cristina Kirchner cuando pronunció su discurso exigiendo que los beneficiarios de los distintos planes sociales pasen a ser controlados por los intendentes peronistas y queden al servicio de su campaña electoral de cara al 2023. La denuncia con detalles de la persecución fue formulada en conferencia de prensa por las organizaciones de la Unidad Piquetera en el Obelisco el jueves 7 de julio, donde anunciaron también que volverán con los acampes en defensa de los reclamos. A su vez en el Congreso nacional hubo otra conferencia de prensa con la presencia de los diputados del FIT Unidad donde se repudió la criminalización a las organizaciones piqueteras. Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con las organizaciones piqueteras y nos sumamos a las acciones de denuncia que decidan realizar.