Escribe José Castillo

Casi la mitad de los trabajadores privados (el 41,6%) están en negro. Son 5.100.000 personas. Pero lo peor es que 567.000 de ellos son nuevos puestos de trabajo, post-pandemia. Siendo claros: los puestos de trabajo en blanco que se perdieron durante 2020 nunca se recuperaron. Fueron reemplazados por trabajadores precarizados, sin derechos, ni obra social, ni cobertura por accidentes de trabajo, ni aportes jubilatorios. Trabajadores descartables que pueden ser echados en cualquier momento sin pagarles un peso de indemnización.

Hay tres actividades donde el trabajo informal es mayoritario: personal doméstico (1.072.000 puestos de trabajo), la construcción (537.000) y los trabajadores del campo (513.000). Pero también existen 880.000 puestos en negro en el comercio y 615.000 en la industria.

El trabajo precarizado, en negro o informal es, a la vez, el que más sufre el deterioro salarial. Viene perdiendo más del 30% del poder de compra desde 2017 y este año, según todos los registros, ya estaba muy por debajo de la suba de precios en la primera mitad del año. Mucho peor ahora, con los nuevos saltos inflacionarios de la semana pasada. De hecho, una parte importante de los millones de puestos de trabajo que apenas reciben el salario mínimo de 45.540 pesos (o incluso menos, pese a su “ilegalidad”) son trabajadores informales. ¡Cobran la mitad del salario necesario para llegar a salir de la línea de pobreza!

Las patronales en todas sus expresiones, el establishment económico y el FMI insisten en que, para resolver el problema de los puestos de trabajo en negro, hay que avanzar con la flexibilización laboral. Argumentan que las patronales contratan en negro porque les resultan muy caros los aportes jubilatorios, de obras sociales o los pagos de indemnizaciones por despido. En sus propios argumentos se ve a que apuntan: a un país donde el conjunto de los trabajadores puedan ser superexplotados sin ningún derecho, ni siquiera el de jubilarse al terminar su vida laboral.

Lo peor es que el modelo al que apuntan ya existe: se aplica en la industria de la construcción, donde los trabajadores despedidos no cobran la indemnización establecida por ley para el resto de las actividades, sino un seguro de desempleo que surge de una “libreta” de aportes que se le hace al trabajador mientras está ocupado. Como termina todo esto está a la vista: el obrero de la construcción es uno de los más pobres y explotados y lo que percibe si es despedido es una miseria. Pero eso no impide que, como vimos antes, la construcción sea una de las actividades que registra más trabajo informal. ¿Por qué? Porque así el empleador se “ahorra” gastos de elementos de seguridad, paga por debajo de los valores de convenio y ni siquiera aporta para ese miserable fondo de desempleo del que hablamos más arriba.

La salida es justamente la opuesta. Hay que exigir el blanqueamiento de todos los trabajadores, pagándoles lo que les corresponde según el convenio respectivo, y con todos los beneficios correspondientes. Es obligación del Ministerio de Trabajo inspeccionar y sancionar severamente (con fuertes multas, clausuras y expropiaciones) a quienes tienen trabajadores en negro. Se debe invertir la carga de la prueba: que cualquier trabajador pueda denunciar su situación de precariedad y no pueda ser echado por ello, sino inmediatamente blanqueado.

Por supuesto, poco podemos esperar de un Ministerio de Trabajo que, siendo el encargado de inspeccionar todo esto, tiene en su propio seno trabajadores precarizados, bajo el formato de “monotributistas”. El pase a planta de todos los trabajadores del Estado en esas condiciones también es parte de la lucha contra la precarización laboral.