Escribe José Castillo

Con casi un 50% de inflación en apenas dos meses, queda claro que Milei eligió a la clase trabajadora para hacerle pagar el brutal ajuste. Es más urgente que nunca un aumento de emergencia para no seguir cayendo en la pobreza y la indigencia.

Milei, quien se presentaba como “el experto” que iba a frenar la inflación, hizo exactamente lo contrario. La Argentina tiene hoy la inflación más alta del mundo. Los números son aterradores. 25,5% en diciembre y 20,6% en enero, lo que da una interanual para todo 2024 arriba del 250% ¡Y encima el gobierno sale a festejar estos números! (llegó a decir que “había que llevar en andas” al ministro Caputo).

¿Qué significan estos números? Que las y los trabajadores perdieron en promedio el 15% de su poder adquisitivo sólo en el mes de diciembre. Según un estudio del economista Lavih Abraham, en diciembre los trabajadores registrados del sector privado perdieron el 11 por ciento de sus salarios, los no registrados el 14 por ciento y los estatales el 16 por ciento. Se calcula que en enero hubo otro retroceso, en promedio del 10 por ciento. En concreto, afirma Abraham, las y los asalariados perdieron de conjunto un billón de pesos, ese fue su “aporte” al ajuste.

La situación es dramática. Según el informe que publican mensualmente las y los trabajadores y técnicos de ATE Indec, una familia tipo necesita para subsistir la suma de 931.323 pesos. Pero el salario promedio en blanco, según el indicador oficial RIPTE, está en 375.973 pesos, claramente por debajo de la línea de pobreza que alcanzó los 595.000 pesos. Y todos estos números son sabiendo que la suba de precios continúa en febrero, donde se destacan los aumentos del transporte y ya están llegando las primeras boletas de la luz con incrementos incluso superiores a los anunciados por el gobierno. Sin contar la suba de la canasta escolar.

Mientras tanto, el gobierno decreta un salario mínimo, vital y móvil para febrero (o sea a cobrar en marzo) de 180.000 pesos y para marzo (a cobrar en abril de 202.800), ambas cifras por debajo de la canasta de indigencia que el último registro daba que alcanzó los 285.000 pesos. Una auténtica vergüenza.

Las jubiladas y jubilados pagan con su hambre el ajuste

Las jubilaciones, por su parte, llevan también una poda del 20% en la mínima y más del 37% en el resto (que ni siquiera percibe el bono de 55.000 pesos). Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta de él y la jubilada ya está en más de 500.000 pesos. Para comparar, digamos que seis millones de jubiladas y jubilados perciben menos de 200.000 pesos (el 86% del total).
En concreto, sobre un total de dos billones de pesos de superávit primario (el número del que se jactan el ministro Caputo y el presidente Milei), las jubilaciones aportaron un recorte de 890.000 millones de pesos (casi la mitad).

El gobierno se jacta de haber logrado un “déficit cero” en el mes de enero. Pero la realidad es que lo logró hambreando a los jubilados, congelando los sueldos estatales y planes sociales, eliminando el envío de alimentos a los comedores populares y reduciendo prácticamente a cero las transferencias a las provincias. Esto último significa que todas las obras públicas están paralizadas (lo que anticipa una ola de miles de despidos en la construcción), y un ajuste nunca visto sobre la educación y la salud pública (hasta se ha llegado a paralizar la entrega de medicamentos oncológicos). A esto hay que sumarle los tarifazos en el transporte (tanto en el AMBA como en el interior del país). 

Basta de inflación, aumento de salarios

Se necesita de manera urgente un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia. En el caso de los salarios, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar y, con la velocidad de la inflación imperante, que esos incrementos se actualicen mensualmente según la suba del costo de vida. Del mismo modo, hay que aumentar las jubilaciones para que la mínima alcance al menos el valor de la canasta de la Tercera Edad.

Hay que terminar con la carestía, con los abusos y remarcaciones de precios. Es necesario poner precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y establecer un estricto control para que se cumpla, aplicando para ello las sanciones que prevé la Ley de Abastecimiento (multas, clausuras y hasta expropiación).

Tenemos que enfrentar el ajustazo de Milei. Por eso debemos exigir a la CGT y las CTA que lancen un nuevo paro general, acompañado por un plan de lucha que logre frenar la “motosierra” y la “licuadora” que este gobierno hambreador y antiobrero tienen encendida apuntando contra el pueblo trabajador.