Rechazamos las declaraciones del gobierno nacional que ha anunciado su decisión de flexibilizar la cuarentena, aún cuando todos los especialistas y expertos desaconsejan esa medida ya que el pico del contagio del Covid-19 está previsto para mayo en Argentina.

La “apertura de la economía” es impulsada por los empresarios que priorizan sus ganancias sobre la salud de los trabajadores, con despidos, suspensiones y reducciones salariales.

El decreto del gobierno que "prohíbe los despidos" no frenó a las patronales, al contrario, no solo siguen despidiendo, como acaba de pactar Techint con la burocracia de la UOCRA el despido de 1.500 trabajadores, sino que habilita a suspender con rebajas salariales como el reciente caso de los trabajadores de empresas de comida rápida.

Repudiamos la represión de Kicillof y Berni a los trabajadores del frigorífico Penta que solo reclaman volver a trabajar, luego de que la empresa cerrara sus puertas, dejando a 300 familias en la calle. Todo esto después del intento de despedir a la comisión interna y a los delegados. La patronal de Penta es Ricardo Bruzzese que a su vez es titular de la cámara de frigoríficos.

Las empresas torpedean la cuarentena porque no quieren que se afecten sus ganancias, sus tenencias financieras y sus bienes. Ya hay 28 sectores no esenciales produciendo a todo vapor y muchos sin respetar las condiciones de seguridad y de higiene básicas.

El gobierno de Alberto Fernández favorece a los capitalistas y las prepagas de la Salud, no realiza testeos masivos, ni toma una medida elemental para combatir el virus: centralizar todo el sistema de hospitales estatales, clínicas privadas y de obras sociales a cargo del estado.

La burocracia sindical de la CGT va a la quinta de Olivos no a denunciar los atropellos contra los trabajadores, sino a apoyar la vuelta a la producción y el pedido de subsidios para las Pymes. Esos fondos saldrán del Anses, es decir que provendrán de los jubilados y de los trabajadores.

Mientras piden asistencia estatal, las patronales aumentan los precios y reducen los salarios. El escándalo de los sobreprecios en alimentos pagados por el Ministerio de Desarrollo Social es un botón de muestra de la voracidad de las empresas y la corruptela del gobierno.

La exposición al virus de un millón de jubilados, el sector más vulnerable de la población, cobrando el mismo día en los bancos evidenció el doble discurso, la desidia, improvisación y la enorme desigualdad social que se acrecienta bajo la crisis del coronavirus. Justamente son los bancos el sector capitalista que más fortunas ganó en las últimas décadas.

En medio de la pandemia, mientras pasan hambre millones de argentinos y mientras los trabajadores de la Salud denuncian carencias de todo tipo, el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda externa usuraria al FMI y a los fondos buitre. Esta sangría es el peor acto de saqueo y entrega.
Esos fondos y todos los que sean necesarios deben estar para garantizar los salarios, la Salud y las necesidades básicas de la población, incluido un seguro de 40 mil pesos para los 11 millones de trabajadores sin cobertura alguna, por estar en negro, ser cuentapropistas, trabajadores de cooperativas y gestiones obreras o desocupados. Lo mismo las compañeras que trabajan en casas de familia.

El gobierno debe garantizar que las patronales paguen los compromisos salariales integralmente. Que se abran los libros contables de las empresas al control de los trabajadores para examinar costos, precios y prioridad salarial.
Organicémonos en forma independiente de las burocracias de la CGT y las CTA, exijamos que rompan con el colaboracionismo patronal y gubernamental, para colocar los sindicatos al servicio de la clase obrera. Apoyamos a todos los trabajadores que, aún en cuarentena, se ven obligados a realizar asambleas, paros y otras acciones contra los ajustes de las patronales y los gobiernos nacional,  provinciales y municipales.

Proponemos luchar por:

* No a la flexibilización de la cuarentena.

* Prohibición de despidos y suspensiones por ley, con garantía de estabilidad laboral, con vigencia desde el 29 de febrero. Reincorporación inmediata de todos los despedidos.

* Estatización de toda empresa que cierre, despida o no pague salarios, garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores. Reconversión parcial de las industrias no esenciales, para la producción de insumos y elementos vitales para atender la emergencia. Asistencia estatal a las cooperativas y gestiones obreras.

* Actualización salarial automática de acuerdo al aumento del costo de vida. Respeto de cláusulas paritarias preexistentes. No a las rebajas salariales.

* 40 mil pesos para todos los trabajadores y trabajadoras informales, cuentapropistas, de casas de familia y desocupados. Intangibilidad de los fondos del Anses. Aumento de emergencia a jubilados y planes sociales.

* Sistema Único de Salud, estatal, gratuito e igualitario, nacionalizando el sector privado. Centralización democrática del sistema, mediante comités de emergencia con participación de los trabajadores. Ampliación de la planta del personal de salud, pase a planta de los contratados, aumento de emergencia ante la exigencia de la pandemia.

* Discusión del cronograma educativo en paritarias con las organizaciones docentes.

* No pago de la deuda externa.

* Por un impuesto progresivo a las grandes fortunas y rentas (bancos, multinacionales y grandes empresarios). Por la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores

Mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo:

- Alejandro Crespo, secretario general SUTNA
- Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste
- Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza
- Alejandro López, secretario general Ceramistas Neuquén
- Guillermo Pacagnini, secretario general CICOP
- Mariana Scayola, secretaria general ADEMYS
- Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA
- Angélica Lagunas, comisión directiva ATEN Neuquén
- César Latorre, delegado general Comisión Interna Hospital Italiano
- Federico Navarro, comisión interna ALUAR (Puerto Madryn)
- Gastón Vacchiani, secretario general UTS
- Andrea Dopazo, delegada reincorporados Hospital Posadas
- Roberto Muñoz, junta interna ATE Conicet
- Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía
- Eduardo "Chiquito" Belliboni, Polo Obrero
- Mónica Sulle, Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive"
- Federico Lezcano, delegado general ATE Hospital Belgrano