Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“Siempre hubo incendios”, digámoslo de entrada, antes de que lo acote algún libertario. “Cuando gobernaba el peronismo también hubo incendios en esa zona”, plantearían seguramente con “lucidez” e insistencia. Todo cierto, aclarado esto, precisemos.

La Patagonia argentina atravesó las últimas semanas una dramática ola de calor, que ahora tiene otro capítulo en el centro del país. Y a pesar de que el Milei siga insistiendo (tal como lo hizo recientemente en Davos) el calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero es un “invento del socialismo”, existe un abrumador consenso científico sobre su existencia, y respecto de que una de sus consecuencias es que estas olas de calor sean cada vez más frecuentes y brutales.

La “necesidad” y la “urgencia”, las “bases” para una política de Estado que haga frente a esa realidad debería ser volcar masivamente recursos económicos a la mitigación y adaptación, y fortalecer la muy débil legislación ambiental vigente. Así como también, garantizar plenos derechos laborales y herramientas a quienes trabajan en la protección de los territorios, como ser quienes combaten desde la primera línea al fuego. Digámoslo también, antes de que sea aportado por un libertario, todas cosas que los gobiernos precedentes no hicieron.

Es en este contexto que más de 2.500 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces ardieron desde el 25 de enero al día de hoy. El incendio fue precedido por un Decreto de Necesidad y Urgencia que (entre un caudal de reformas regresivas) atentó contra la planta laboral de Parques Nacionales, contra el plantel 2.300 personas que resguarda 5,3 millones de hectáreas protegidas (Fuente: AnRed).

La “Ley ómnibus”, hasta su versión conocida al comienzo de la sesión en el Congreso, por otra parte, amenaza al Fondo Nacional para la Preservación de los Bosques Nativos al desfinanciarlo, habilita mayores extensiones completamente “liberadas” de restricciones para la tala indiscriminada, facilita la autorización gubernamental para la quema de territorios, y deroga la Ley que prohibía por sesenta años el cambio del uso del suelo de las zonas habitualmente sacrificadas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria (bosques, humedales). El fuego como política de Estado.

Existe, señalemos también, otra continuidad. Ignacio Torres (PRO) salió como gobernador de Chubut a hacer lo que antes habían hecho Arabela Carreras de Río Negro, Patricia Bullrich, y Aníbal Fernández durante el gobierno peronista del Frente de Todos. Esto es: hablar del fantasma de la RAM y atacar a la comunidad Mapuche tratando de incriminar sin ninguna evidencia con un discurso de pura estigmatización que busca justificar la represión y ocultar los verdaderos intereses ocultos detrás de las llamas.

“El Pueblo Mapuche-Tehuelche no quema los bosques, los protege y vive en armonía con ellos” señalaron representantes de las comunidades en respuesta. Quien no puede afirmar tener esta misma relación con los ecosistemas patagónicos es el pirata y confeso corrupto en la justicia estadounidense, Joe Lewis quien tiene en desarrollo negociados inmobiliarios e hidroeléctricos en zonas lindantes a los incendios. Pero así como todos los gobiernos previos no lo hicieron, este que quiere habilitar la venta de tierra a multimillonarios extranjeros a mansalva, menos aún va a apuntar hacia su responsabilidad.

A miles de kilómetros, en el Congreso de la Nación, si bien las crónicas periodísticas dan cuenta de que “el capítulo ambiental” no fue el centro de las negociaciones para el tratamiento de la Ley Ómnibus, algo lógico si pensamos en los intereses extractivistas del peronismo hoy en la oposición patronal, si salta como un dato significativo como el gobierno retrocedió en puntos como el fiscal, pero siguió aferrado a la modificación de la “ley de glaciares” para beneplácito de la megaminería. Las “bases y puntos de partida” que propone Milei, tienen mucho de adn menemista y muy poco de novedosas. De allí también que aparezcan incluso diputados peronistas que dicen que rechazaron “en general” la “Ley ómnibus”, pero que acompañarán con el voto positivo el desguace de la protección a los glaciares.

Del fuego en Los Alerces a la motosierra sobre la legislación ambiental, y en medio de las olas de calor, queda claro cuál es el panorama que nos depara un gobierno que además pretende hacerse el poder de legislar por decreto y de prohibir la protesta social.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista entendemos que la tarea del momento es ganar las calles y garantizar la máxima unidad en todo el país para frenarlo.