Sep 22, 2020 Last Updated 2:54 PM, Sep 20, 2020
PROYECTOS DE LEY

PROYECTOS DE LEY (36)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 2796-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 58 Fecha: 30/05/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:


Su solidaridad con la “Red de Profesionales por el Derecho a Decidir” y su adhesión a la creación de la cátedra optativa “el aborto como problema de salud” en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Se trata de la primera cátedra del país que abordará la temática del aborto desde una perspectiva favorable al derecho de las mujeres a decidir, que contribuirá a un abordaje profesional laico y científico de la temática y a la defensa de los derechos de las pacientes y del acceso integral a la salud por parte de las mujeres.
Su repudio a la campaña de grupos confesionales llamados “pro-vida” que intentan impedir la realización de la cátedra en defensa de principios oscurantistas sobre las mujeres y sus derechos.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


A partir del próximo cuatrimestre, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) incorporará a su oferta curricular la materia optativa "El aborto como problema de salud", la que abordará "desde una perspectiva legal y ética" la temática de la interrupción legal del embarazo. La iniciativa partió de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, inscriptos en la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, y fue objeto de una furiosa campaña por parte de grupos clericales que intentaron bloquear su realización.
El dictado de la cátedra, que debe avanzar por transformarse en un contenido obligatorio del ciclo de grado en las universidades de todo el país, será un aporte para la formación de los y las profesionales de la salud, que carecen dentro del programa regular de su carrera de contenidos que les permitan identificar, comprender y afrontar muchos aspectos de los contextos sociales que rodean a algunas problemáticas de salud. En el caso de la salud de las mujeres, esta problemática no solamente está ligada a las mujeres que no pueden costear un aborto “seguro” en el circuito clandestino, sino también a miles de mujeres víctimas de explotación sexual, trata de personas, violencia doméstica que llegan a los hospitales con múltiples problemáticas de salud de diferentes órdenes.
La cátedra propuesta por los profesionales integrantes de esta Red es un aporte a la educación laica y científica. Ello explica precisamente la reacción y el hostigamiento organizado por los llamados grupos “pro vida, que montaron una campaña ultramontana intentando echar por tierra la cátedra, con 10.500 correos electrónico redactados por la Iglesia Católica saturando la casilla del decano, Ricardo Nidd.
A esta campaña se sumó el diario La Nación, imperturbable al momento de difundir mentiras, como las supuestas secuelas del aborto ("diversos tipos de cáncer, infertilidad, estrés postraumático, depresión, suicidio, alcoholismo y adicciones, sólo por mencionar algunas"). En un editorial resumieron la orientación que prima hace más de diez años en este parlamento de reducir el aborto a un problema criminal. Como quedó en claro con el caso "Belén", la clandestinidad del aborto es una valiosa herramienta para disciplinar al conjunto de los trabajadores a mandatos tradicionales respecto de la función de la mujer y la familia, y por ello defienden la concepción del aborto como asesinato con todo el peso del aparato estatal.
Mientras los medios de comunicación de todo el país se hacían eco de la polémica, el gobernador Miguel Lifschitz se llamó a silencio. Su provincia formalmente adhiere al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo -reconoce el derecho a abortar en las causales estipuladas en el artículo 86 del Código Penal y su interpretación según el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012- pero la realidad es que en muchos hospitales de Santa Fé se incumple sistemáticamente su aplicación, tal como han denunciado las organizaciones de mujeres que sucede en hospitales como el Iturraspe y el Cullen, cuyas direcciones en manos de sectores que responden a la Iglesia Católica redunda en que todo el personal se declare objetor de conciencia antes los casos de abortos no punibles.
Precisamente, uno de los ejes de la cátedra será el de instruir respecto de los alcances de la objeción de conciencia. Este instrumento, que es presentado por la Iglesia Católica como la posibilidad del profesional de elegir libremente según su moral sobre si realizar o no una interrupción del embarazo (ILE), en la práctica sólo sirve para bloquear el derecho de las mujeres a la salud y para perseguir a los médicos en los hospitales, en muchos de los cuales la objeción de conciencia es institucional en los hechos, pese a la prohibición vigente en la normativa. De allí que uno de los objetivos de la Red sea divulgar la legislación que ampara el aborto no punible, es decir, el derecho que asiste a los médicos respetuosos del derecho a decidir.
Es falso debatir, como pretenden quienes obturan el acceso a la salud y al aborto no punible, entre aborto sí o aborto no; la realidad muestra que la verdadera disyuntiva es entre aborto legal y aborto clandestino. En efecto, la legalización disminuye la práctica y la vuelve segura para las trabajadoras, profesionales, estudiantes, amas de casa a las que hoy les es inaccesible. La legalización reconoce a la mujer en parte un status legal no discriminatorio devolviéndole el derecho de decidir sobre su cuerpo que hoy el código penal vulnera. Por ello es imperioso que de una vez por todas este Congreso avance en la aprobación del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Este proyecto se suma a la campaña de pronunciamientos en solidaridad con las y los profesionales de la Red por el derecho a decidir, que como trabajadores han tomado en sus manos un reclamo popular que levanta hace años el movimiento de mujeres, de que se cumplan los protocolos de atención e interrupción legal de embarazos en los hospitales y la implementación de esta cátedra en la carrera que interioriza a los profesionales de la salud sobre el derecho de las mujeres al acceso de los ANP y desde una perspectiva científica y no oscurantista.
Por estas razones, solicitamos a los diputados el acompañamiento de este proyecto de declaración.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2796-D-2017&tipo=DECLARACION

PROYECTO DE LEY

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 2830-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 59 Fecha: 31/05/2017

El Senado y Cámara de Diputados...


Fuera Barrick Gold de Argentina y por la remediación de los daños causados.
ARTÍCULO 1°: A partir de la sanción de la presente ley se procede a declarar nula de nulidad absoluta la concesión otorgada a la multinacional Barrick Gold Corporation en Veladero, procediéndose al retiro de la misma de todo el territorio de San Juan y de todo el territorio argentino por los graves daños ambientales ocasionados. Lo mismo ocurrirá con las empresas que funcionan bajo otros nombres que responden a la mencionada multinacional canadiense.
ARTÍCULO 2°: Procédase a expropiar todos los activos económicos y financieros de Barrick Gold Corporation (la cual ha vendido el 50% de sus acciones en Argentina a la compañía de origen chino Shandong Gold) para que con esos fondos se inicie la remediación ambiental del daño que la multinacional ocasionó.
ARTÍCULO 3°: La quita de la concesión se llevará a cabo sin pago de indemnización alguna por parte del estado nacional y provincial argentino, quienes procederán de manera inmediata a embargar e incautar todos los activos de las empresas a fin de reparar el daño causado.
ARTÍCULO 4°: Créase una empresa 100% estatal a los fines de que se encargue del cierre de Veladero y de la remediación efectiva de los daños económicos y ambientales ocasionados por Barrick Gold, la cual será controlada, administrada y gestionada por los actuales trabajadores de la empresa conjuntamente con técnicos especializados y las asambleas de vecinos de las localidades afectadas. Los actuales operarios de Barrick Gold pasarán a prestar servicios en la nueva empresa con todos los derechos y salarios actuales, eliminando los contratos y cláusulas de precarización y flexibilización laboral que hubiere en contra de los mismos.
ARTÍCULO 5°: de forma.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


El pasado 28 de marzo se produjo el tercer derrame en un año y medio de la mina Veladero, propiedad de la multinacional Barrick Gold. Frente a este nuevo episodio, las asambleas de vecinos de la provincia siguen exigiendo el inmediato cierre de la planta y la remediación de los daños ambientales ocasionados por dicha empresa.
A este reclamo se le suma la exigencia de expulsar a la Barrick de sus territorios, para impedir el desarrollo de sus otros proyectos metalíferos (Pascua y Lama). La cual fue adquirida en un 50% por la china Shandong Gold Group, fundada en 1996, con una capitalización actual de mercado de aproximadamente $9.600 millones.
Recordemos que Barrick es la multinacional dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, que en Argentina tiene a (Veladero) y el proyecto binacional Pascua-Lama (Argentina-Chile). Y Sudamérica es un área estratégica para su crecimiento, la cual es beneficiada con innumerables prerrogativas en beneficio de salvar sus fabulosas ganancias, mostrando que Argentina es una semi colonia al servicio de seguir regalándole a estas empresas nuestros minerales, el agua y nuestro suelo.
Frente a este justo reclamo de la comunidad afectada es que impulsamos este proyecto de ley que establece la inmediata expulsión de Barrick Gold Corporation de nuestro país y la expropiación de todos sus activos económicos para resolver el pasivo ambiental que dejó a su paso, como parte de la pelea por terminar con el saqueo de nuestros recursos naturales en manos de multinacionales depredadoras.
Desde la izquierda tenemos una visión opuesta al plan que lanzaría Barrick y la nueva empresa china a la cual se asoció, Shandong Gold Group. “Nuestro anhelo es hacer de Barrick una empresa líder del siglo 21 en cualquier industria y jurisdicción lo cual, por definición, significa crear una distintiva y duradera relación basada en la verdad con China y las mejores compañías de China. Este acuerdo nos sumerge en ese camino. Shandong es un socio ideal para ayudarnos a desbloquear la riqueza mineral inexplorada del Cinturón El Indio a largo plazo, mientras que hoy trabaja con nosotros para generar más valor de la mina Veladero”, mencionó John L. Thornton, Presidente Ejecutivo. Es decir, una sociedad “estratégica” para seguir con el saqueo y ganancias siderales.
Los anteriores derrames de la mina Veladero ocurrieron en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016, en los que se vertieron grandes cantidades de agua contaminada con solución cianurada en cinco ríos del departamento de Jáchal e Iglesia, al norte de la provincia de San Juan, ocasionando graves daños ambientales. Por el primer derrame se le cobró una multa a la empresa de 145 millones de pesos, “un vuelto” para las arcas de la multinacional, y por el segundo, todavía nada.
Frente al tercer derrame, la multinacional firmó un comunicado desde Toronto subestimando los hechos y diciendo que no había que preocuparse, al igual que en los dos derrames anteriores. Lo mismo hicieron los funcionarios y el gobierno, que ocultaron información y minimizaron los daños ambientales. La complicidad entre la multinacional, los funcionarios provinciales, el gobierno de Sergio Uñac del PJ y el gobierno de Mauricio Macri del PRO-UCR, es total. En vez de cuidar el ambiente y echar a las megamineras contaminantes como lo pide el pueblo de Jáachal, las premia con la quita de retenciones, para que sigan enriqueciéndose a costa del saqueo y la depredación del ambiente.
A su vez, el camino a las minas atraviesa dos glaciares, el glaciar Brown Inferior, que ya desapareció, y otros dos están retrocediendo. Dos informes de la minera Barrick Gold Corporation reconocen que el yacimiento Veladero y el proyecto Pascua Lama están asentados en un ambiente glaciar y periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo de la provincia de San Juan, pese a que la ley nacional lo prohíbe.
La Ley Nacional de Protección de Glaciares (N° 26.639), en su artículo 1° señala: “La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público”. Y el artículo 6 prescribe: “Actividades Prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes (…); c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera; d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales (…)”.
Hasta la propia ley nº 24585 (Código de Minería), en su artículo 18 fija la responsabilidad de las empresas sobre los daños ambientales que produzcan, y en el artículo 19 establece sanciones por los mismos, llegando en el inciso “e) a resolver el cierre del establecimiento al 3° incidente grave”, lo que a nuestro juicio corresponde con los derrames que se hicieron públicos y que luego fueron reconocidos por la empresa.
Entendemos que este proyecto de ley debe ser una primera medida y urgente, en el camino de echar a todas las multinacionales imperialistas y depredadoras que saquean nuestros recursos naturales, bajo falsos discursos de activación económica y generación de puestos de trabajo, que no se confirmaron en San Juan después de 14 años de asentada la Barrick. Ni se concretaron las promesas de cuidado del medio ambiente y activación económica en la tercera provincia más pobre de la Argentina, según lo indican el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Atento a ello es que la presente ley dispone la creación de una empresa estatal que absorberá a los actuales operarios y profesionales de Barrick, a fin de que lleven adelante todos los estudios necesarios y las medidas que correspondan para remediar el daño ocasionado al pueblo sanjuanino y del resto del país, el cual, según los profesionales, puede demandar hasta 10 o 20 años.
Por otra parte, sostenemos que hay que derogar todas las leyes mineras vigentes que avalan la megaminería y prohibir esta metodología por saqueadora y contaminante.
Por todas estas consideraciones, solicito a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de Ley.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=2830-D-2017&tipo=LEY

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3097-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 67 Fecha: 12/06/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Declarar su apoyo a las medidas de fuerza que están llevando adelante las operadoras y los choferes de la ciudad de Córdoba en reclamo de aumento salarial digno, contra el 8% que firmó inconsultamente la UTA nacional, el desconocimiento del convenio colectivo especial que rige para las operadoras y los choferes cordobeses, contra los despidos, la militarización del transporte público y la intervención nacional del sindicato local. Desde el lunes 5 de junio están de paro por tiempo indeterminado culpa de las patronales, el gobierno municipal y provincial, con la complicidad del gobierno nacional.
Repudiamos cualquier intento de considerar al transporte público de pasajeros como “servicio esencial” con el único objetivo de seguir atacando el legítimo derecho de huelga de los trabajadores y sus conquistas laborales.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


Desde el lunes 5 de junio las operadoras y los choferes de la ciudad de Córdoba llevan adelante un paro por tiempo indeterminado en reclamo de aumento salarial y contra los despidos. Los trabajadores exigen que el acuerdo firmado en la paritaria nacional para 2017 y 2018 sea en un pago y sobre el sueldo bruto del convenio de Córdoba.
El acuerdo, firmado entre Roberto Fernández (UTA) y el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, es de un 21% escalonado: 8% en junio, 7% en diciembre y el restante 6% en enero de 2018. Sin retroactivo y sin tener en cuenta del “Costo Córdoba” del 11.5% más, que es una antigua conquista.
Frente al justo reclamo que están llevando las operadoras y los choferes, el gobernador de la provincia, Juan Schiarette (PJ), el intendente de la ciudad, Ramón Mestre (UCR), el interventor de la UTA, Luis Arcando, y la Iglesia a través del arzobispo de Córdoba, Carlos Ñañez, se unieron en una cruzada contra los trabajadores en una fuerte campaña pública con todo tipo de amenazas, intimidaciones y hasta telegramas de despidos incluidos.
A su vez, repudiamos la política de militarización de la ciudad que está llevando adelante el intendente con el aval del gobernador que pusieron a funcionar un servicio paralelo de colectivos a cargo de gendarmes y policías. Así, los gobiernos montaron una feroz campaña para enfrentar a usuarios y trabajadores, tal cual hicieron a principio de año Macri y Vidal contra los docentes convocando a supuestos “voluntarios” para que les den clases a los chicos.
Señalamos que es una vergüenza que los mismos políticos patronales que pretenden que las operadoras y los choferes de Córdoba acepten un 8% de aumento, acaban de aceptar un aumento del 100% de los gastos de representación de sus dietas y que desde esta banca denunciamos.
Por otro lado, repudiamos los proyectos de ley que están impulsando diputados de la UCR con la venia del PRO y la Coalición Cívica (Cambiemos) en el Congreso Nacional. Tienen el objetivo de declarar “servicio esencial” al transporte público de pasajeros. Pero lo quieren declarar esencial no para mejorarlo, otorgarles salarios dignos a sus trabajadores (como el aumento que reclaman las operadoras y los choferes de la UTA Córdoba), mejores condiciones de trabajo y terminar con los negociados entre las empresas y los gobiernos de turno, sino para restringir el derecho de huelga. Los gobiernos que ponen el servicio de transporte para engordar las ganancias de las patronales brindando un pésimo servicio, cobrando el boleto más caro del país y pactan con la burocracia de la UTA salarios a la baja, son los mismos que ahora quieren responsabilizar del desastre al que lo llevaron, empujando a los trabajadores a defender sus salarios y condiciones laborales con medidas de fuerza a las cuales hoy quieren cercenar atacando el derecho de huelga.
Repudiamos la campaña que están llevando a cabo la intendencia de la UCR y el gobierno del PJ cordobés (junto al gobierno de Macri y al ministerio de Trabajo) de enfrentar a los trabajadores con los usuarios, cuando los trabajadores y usuarios son los que tienen que unirse para enfrentar a las patronales y a los gobiernos de turno que están llevando el transporte público, un servicio esencial, al desastre, solo en beneficio de las ganancias patronales.
Hacen campaña contra las operadoras y los choferes para encubrir que el origen de la huelga son los salarios miserables, el pacto con la burocracia de la UTA, el no respeto al convenio colectivo de trabajo y los despidos justificados tanto por el gobierno de Mestre (UCR), Schiaretti (PJ) y la burocracia de Roberto Fernández (UTA), cómplice del ajuste y las paritarias a la baja.
Repudiamos que se diga en uno de los fundamentos de esas leyes que “culpa de las medidas de fuerza se priva a los ciudadanos de los servicios esenciales”. No. La privación de los servicios esenciales viene de parte de las políticas privatistas y pro patronales. Al revés, son los trabajadores quienes defienden un servicio eficiente, a costa de tremendas enfermedades laborales (como las que sufren las operadoras y los choferes) y son las patronales quienes tienen unidades que muchas veces funcionan sin mantenimiento, ahorrando “costos”, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Los usuarios son “víctimas” no de los paros, sino de un servicio privatista pésimo y caro como el que se brinda en Córdoba y el resto del país.
Estas leyes vienen a profundizar el artículo 24 de la ley 25.877 (marzo 2004) dictada bajo el gobierno del peronismo kirchnerista, que declaró esencial a los “servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”, disponiendo la garantía de “servicios mínimos” para evitar la interrupción. Ahora se le agrega el transporte público de pasajeros (colectivos, trenes y subtes) con el objetivo de impedir la protesta en esos servicios, mientras se los siguen dejando bajo el lucro privado.
Las preguntas que nos hacemos es: si el estado subsidia el gasoil a las patronales del transporte y paga con fondos del estado los aumentos de salario de los trabajadores ¿por qué las empresas siguen siendo privadas? Por eso consideramos que un servicio esencial como es el transporte y más aún cuando hay despidos y ataques laborales de parte de empresarios inescrupulosos, esas empresas deberían pasar a manos del estado (nacional provincial o municipal) para que pasen a funcionar bajo control y gestión de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única manera de poder brindar un servicio eficiente y accesible para millones de trabajadores y sectores populares que lo necesitan.
Nuestra banca está al servicio de las luchas de los trabajadores, por eso junto al sindicalismo combativo realizamos un acto frente a la casa de la provincia de Córdoba en Capital Federal en apoyo a la huelga de las operadoras y los choferes de colectivos. En esa acción exigimos el paro provincial en Córdoba en apoyo a esta lucha contra las patronales, la burocracia de la UTA y los gobiernos de la UCR y el PJ. Y que la CGT abandone la tregua con Macri y junto a las CTA dispongan una medida nacional.
Por estas razones, solicitamos a los diputados a acompañar este proyecto de resolución.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3097-D-2017&tipo=RESOLUCION

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3111-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 68 Fecha: 13/06/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Rechazar todo intento del gobernador Alfredo Cornejo y el Poder Judicial de Mendoza de desaforar y procesar penalmente a los legisladores provinciales del Frente de Izquierda y los Trabajadores: Héctor Fresina, Víctor da Vila y Lautaro Jiménez, por haber participado de las concentraciones y movilizaciones de trabajadores en el marco del paro nacional del 6 de abril del corriente año, en un claro ejercicio del derecho a peticionar y participar de toda movilización social.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


El 24 de mayo del corriente han sido notificados los diputados provinciales de Mendoza Héctor Fresina y Lautaro Jiménez y el senador provincial Víctor da Vila, pertenecientes al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por la Fiscalía de Instrucción n°33 del Poder Judicial de Mendoza, sobre una causa abierta por “impedimento del normal funcionamiento de transportes por tierra”.
Cabe destacar que la imputación se notifica a un año de la represión a los trabajadores estatales donde la infantería golpeó y roció de gas al diputado Fresina, y los dirigentes sindicales Blas y Chávez (https://www.clarin.com/politica/mendoza-reprimen-desalojan-protesta-despidos_0_4ye8IOpG-.html).
En esta ocasión, se trata de la aplicación del art.194 del Código Penal, que proviene del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Esta imputación se aplicó también sobre miembros de la comisión directiva de ATE Mendoza: Raquel Blas y Jorge Chávez, sobre el Secretario General de CTA Autónoma: Guillermo Martínez Agüero, y otros activistas sindicales.
El hecho que les imputan es haber acompañado el pasado 6 de abril del corriente año, la concentración y movilización de trabajadores en el marco del Paro Nacional de las centrales obreras del país.
El gobernador Alfredo Cornejo dispuso para esa ocasión, una fuerte y desproporcional presencia policial para desarticular la concentración callejera y movilización en esa jornada, y fue gracias a la presencia de los legisladores que se evitó una represión sobre los manifestantes.
El mismo día, desde el gabinete del gobierno provincial declararon ante medios locales que procederían al desafuero de los legisladores de la izquierda para que avance la causa penal (http://www.mdzol.com/nota/727472-el-gobierno-pediria-el-desafuero-de-los-legisladores-del-fit-por-el-corte-en-el-centro/; http://www.losandes.com.ar/noticia/por-los-cortes-el-gobierno-busca-el-desafuero-del-fit; http://www.diariouno.com.ar/mendoza/el-gobierno-mendoza-pediria-el-desafuero-los-legisladores-del-fit-un-corte-calle-20170406-n1371596.html).
Consideramos que esta imputación que efectivizan los fiscales del Poder Judicial de Mendoza, no es una simple decisión judicial, sino una decisión política del gobierno.
Se trata de un “salto en calidad” represivo; es una declaración de guerra contra las libertades democráticas. El gobierno pretende que la acción política de los senadores y diputados de la izquierda se limite a las cuatro paredes de la legislatura, es por esto que no es casual que se avance contra los legisladores que estuvieron acompañando cada una de las luchas populares en la provincia y expresándolas al interior del recinto, y que denunciaron los actos de corrupción de funcionarios y legisladores -como el actual ministro de Economía Martín Kerchner (http://www.mdzol.com/nota/555743-piden-investigar-penalmente-a-los-que-viajaron-a-macedonia/)
Si esta medida prospera, la legislatura deberá revocar los fueros de los parlamentarios consumando un régimen de “excepción jurídica” a criterio de gobierno. Ya son violados los fueros, pues se está imputando a quienes ejercen una acción política consecuente con las plataformas electorales por las que fueron votados.
Al mismo momento de la notificación, expresaron su rechazo distintas organizaciones sociales y personalidades políticas. Buscamos que esta cámara de diputados se exprese en la defensa de las libertades democráticas, por el cese de la persecución política a las minorías dentro de la legislatura provincial.
Por estos motivos solicitamos a los señores Diputados que acompañen este proyecto de resolución.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3111-D-2017&tipo=RESOLUCION

PROYECTO DE LEY

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3204-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 69 Fecha: 14/06/2017

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3204-D-2017&tipo=LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

 

Ley para que se paguen todas las pensiones no contributivas.
ARTÍCULO 1°: Anúlense todos los decretos, leyes y disposiciones administrativas del ministerio de Desarrollo Social que atacan el pago de las pensiones no contributivas.
ARTÍCULO 2°: Devuélvase con carácter urgente todas las pensiones que se dieron de baja desde la asunción del actual gobierno, junto con la cobertura de la obra social y provisión de medicamentos.
ARTÍCULO 3°: Elévense al valor de la canasta familiar los actuales montos que se pagan por pensiones no contributivas, ampliándose de oficio a todas aquellas personas que deban y tengan que percibirlas.
ARTÍCULO 4°: Por el estricto cumplimiento del cupo laboral en todas las reparticiones estatales; pase a planta permanente de todo empleado con discapacidad; plena accesibilidad física y comunicacional en todos los edificios estatales y accesibilidad y gratuidad de todos los transportes públicos de pasajeros, entre otros reclamos de las organizaciones que defienden a los discapacitados.
ARTÍCULO 5°: Destínense las partidas presupuestarias a tal fin en base a la suspensión inmediata de los pagos de la fraudulenta deuda externa.
ARTÍCULO 6°: de forma.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


Desde el Frente de Izquierda repudiamos el desprecio y ensañamiento para con los discapacitados por parte de Mauricio Macri y su funcionaria Stanley. Valiéndose de un decreto del gobierno peronista de Carlos Menem de 1997, recortó miles de ayudas, hecho que tildamos de escandaloso.
Macri les quita pensiones a 170.000 personas por 800 millones de pesos para seguir entregando ese dinero a los pagos de la deuda externa. El mismo gobierno que autorizó un “dietazo” a los diputados del PRO, la UCR, el FpV y el PJ ahora se ensaña quitándoles lo mínimo e indispensable a personas que no se pueden valer por sus propios medios. Le dicen a los afectados que llamen a un 0800 para ver si “revisan” la medida. Una barbaridad.
Macri desprecia a los niños con síndrome de down, a quienes sus funcionarios mandaron a trabajar. También actúa contra aquellos que tienen enfermedades incurables, parálisis cerebral o no cuentan con un brazo o una pierna, entre tantas otras desgracias. Decir que sacan una pensión de $4000 porque un discapacitado tiene un auto usado o su cónyuge gana una jubilación mínima de $6.394 es propio de un gobierno de gerentes y Ceos que desprecian la vida de los más humildes.
Además, le quitan la obra social y los medicamentos; no cumplen con el cupo laboral; los mantienen precarizados y no tienen accesibilidad en oficinas ni transporte público. Esto se suma a la quita de medicamentos del PAMI o el recorte a los comedores escolares. Macri aplica un violento ajuste que impacta contra millones de trabajadores y sectores populares con despidos y robo salarial, mientras destina la plata para pagar la deuda externa, subsidia a las privatizadas y petroleras y exime de impuestos a las mega mineras y oligarcas del campo. Llamamos a movilizarnos para que retroceda esta repudiable medida. Y con el presente proyecto de ley pedimos la nulidad del decreto menemista usado por el gobierno de Macri en contra de los discapacitados; planteamos que se deben aumentar las pensiones no contributivas de que se trata en base a la suspensión de los pagos de la deuda externa. Responsabilizamos al gobierno de Cambiemos y a los anteriores del peronismo y la UCR que han destinado el dinero para beneficiar a los de arriba en vez de usarlo para combatir los graves problemas estructurales y sociales.
Por todas estas consideraciones, solicito a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de Ley.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3405-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 76 Fecha: 26/06/2017

 

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Declarar su apoyo al reclamo que están llevando adelante las trabajadoras de limpieza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue que luchan por la reincorporación a sus puestos de trabajo en las instalaciones de la FADECS.
Exigimos a las autoridades del rectorado y del decanato que contraten en forma directa a las trabajadoras de limpieza, que pasen a ser parte de la planta permanente y que las tareas que realicen sean bajo el convenio colectivo de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Comahue.
Repudiamos la respuesta del rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli, quien realizó una denuncia penal contra las trabajadoras que reclaman por su fuente laboral generando las condiciones para la intervención policial o el intento de desalojo violento por parte de fuerzas políticas afines a la gestión.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


Las trabajadoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue vienen desarrollando una fuerte lucha en defensa de sus puestos de trabajo y en contra de la política de tercerización laboral que vienen sufriendo hace dos años. El conflicto actual comenzó a principios de año cuando las autoridades despidieron a doce trabajadoras, rescidiéndole el contrato a la cooperativa que las empleaba como parte de la política de tercerización que viene aplicando el rectorado de la universidad del Comahue, encabezado por el Kirchnerista Gustavo Crisafulli.
Las despedidas lanzaron un plan de lucha progresivo, ocupando la sede del Decanato y del rectorado, apoyadas por un sector importante del estudiantado, sindicatos combativos y agrupaciones estudiantiles de izquierda. Han sufrido todo tipo de ataques, amenazas, visitas policiales y presiones por parte de las autoridades de la universidad y del gobierno provincial del MPN, aliado del macrismo.
La historia de lucha de las trabajadoras de limpieza de FADECS-Comahue viene desde el año 2015 cuando ingresaron a trabajar en relación de dependencia con la empresa Litoral Cleaning S.R.L, empresa que sistemáticamente violó los derechos laborales, no pagando los aportes jubilatorios y no garantizando las condiciones de trabajo.
En el año 2016, luego de finalizadas las vacaciones, las trabajadoras se encuentran con la noticia de estar despedidas y la empresa vuelve a tomar represalias. Las trabajadoras con su lucha logran ser reincorporadas, pero bajo la figura de cooperativa. Si bien la figura de cooperativa permitió mantener los puestos de trabajo, también es cierto que mantuvo una fuerte precarización de las condiciones de trabajo, sin estabilidad, sin obra social, aportes jubilatorios y con una carga de polifuncionalidad.
Al momento de la presentación de este proyecto, las trabajadoras llevan varios meses de lucha, reclamando la reincorporación a sus puestos de trabajo, estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo. Y resistiendo todo tipo de ataques a la integridad física y psicológica. El ingreso de la Policía Federal al predio, la privación de servicios básicos para vivir, amenazas telefónicas han sido uno de los tantos atropellos que han debido soportar.
Repudiamos enérgicamente la salida represiva del rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli, quien realizó una denuncia penal contra las trabajadoras y exigimos la inmediata reincorporación de las trabajadoras y que pasen a formar parte de la planta permanente de la Universidad Nacional del Comahue.
Por estas razones, solicitamos a los diputados a acompañar este proyecto de resolución.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3405-D-2017&tipo=RESOLUCION

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3495-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 78 Fecha: 28/06/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Solicitar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la citación de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Lic. Carolina Stanley, a fin de proceder a su interpelación respecto de la baja automática de más de 80.000 pensiones no contributivas por discapacidad en total violación de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que adquirió rango constitucional por ley n° 27.044.
Para que la Sra. Ministra informe:
1.- Cantidad de Pensiones solicitadas y otorgadas, a las personas con discapacidad, en los últimos 5 años, discriminando jurisdicción y región.
2.- Cantidad de Pensiones suspendidas y dadas de baja, a las personas con discapacidad, en los últimos 2 años, discriminando jurisdicción y región.
3.- Motivo por el cual se volvió a aplicar el decreto 432/97 –que había caído en desuetudo- para suprimir las pensiones a las personas con discapacidad.
4.- Explique el motivo por el cual violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar al interesado para evaluar y decidir si corresponde o no mantener su pensión.
5.-Explique si previo a dar de baja una pensión no contributiva se realiza un estudio socio ambiental del beneficiario.
6- Cantidad de Pensiones restituidas a personas con discapacidad en el marco de las denuncias realizadas por los damnificados.
7.-Motivo por el cual se sostiene la vigencia del Decreto 432/1997 siendo éste manifiestamente inconstitucional como han advertido múltiples referentes de la discapacidad.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


Considero de suma importancia y urgencia, citar para interpelación a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Lic Carolina Stanley, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, atento a la gravedad institucional que ha ido adquiriendo la baja masiva de pensiones no contributivas a personas con discapacidad.
El decreto 432/1997 reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 y sus modificatorias, que otorga pensiones, entre otros casos, a personas con una discapacidad laboral evaluada en el 76% o más.
Dentro de los requisitos que enumera el decreto para acreditar que las personas que aspiran a recibirlo se encuentran dentro de las tres categorías de beneficiarios incluidos en la ley, establece la condición de indigencia o pobreza.
Los incisos que establecen el requisito de “indigencia o pobreza” y dejan fuera de la posibilidad de recibir la pensión son:
g) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo. (amparo).
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
Con relación a lo determinado en los apartados g) y h), la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar, como así también, cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo.
 
 
2- Cuando se tratare de un matrimonio, la pensión a la vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.
3- Cuando el beneficiario de pensión a la vejez conviva con parientes incapacitados a su cargo, que reúnan los requisitos para el otorgamiento de pensiones por invalidez; la prestación a otorgarse por esta última causal no podrá exceder de DOS (2) beneficios por núcleo familiar.
4- Si el peticionante o cónyuge no beneficiario hubiera sido abandonado por su cónyuge, estuviera separado de hecho o divorciado, tales circunstancias se probarán mediante, información sumaria producida por autoridad competente o testimonio o copia certificada de la sentencia Judicial, según corresponda. De la misma manera se procederá para los casos de ausencia con presunción de fallecimiento o desconocimiento de la residencia o domicilio de los familiares obligados.
El Decreto 432/1997 que no se venía aplicando, ha empezado a utilizarse en los últimos meses para justificar la denegación de pensiones a personas con discapacidad (en la mayoría de los casos porque tienen “amparo”). Esta condición de amparo no se relaciona con las personas con capacidad sino con los terceros que pudieran mantenerlas para que aquellas alcancen la “subsistencia”.
La aplicación inopinada de la norma que no se venía aplicando en rigor, ha provocado la pérdida de pensiones por “incapacidad” (término utilizado en la ley 13.478) a una cantidad crecientes de personas con discapacidad poniéndolas a ellas y a su grupo familiar, cuando lo tienen, en una situación de vulnerabilidad económica que constituye una clara violación a los derechos humanos. Ha provocado también la incertidumbre y el temor de quienes están
 
2017- “Año de las Energías Renovables
percibiendo este magro beneficio que ronda aproximadamente los $ 4.300.- y temen perderlo sin previo aviso.
En el año 2014 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adquirió rango constitucional, también se sancionó recientemente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ambos cuerpos normativos posicionan a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho, no un objeto del asistencialismo que depende de la ayuda de terceros, sean o no sus familiares, para “subsistir”.
El Código Civil y Comercial de la Nación ahora vigente adopta una nueva concepción sobre la capacidad, ya no es un atributo que se le otorga o se le quita a una persona sino un derecho humano, y en consecuencia, la incapacidad se prevé como excepción debiendo mediar sentencia judicial.
Concretamente en el artículo 4°. Inc. g. ap. 2°,se establece como obligación de los Estados parte: “Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
 
2017- “Año de las Energías Renovables”
Y en el último párrafo del Preámbulo el Tratado de Derechos Humanos que forma parte de la Constitución Nacional, define en general cuáles son esos derechos que el Estado debe garantizar con “el máximo de sus recursos disponibles” de la siguiente forma: “Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados”
Es evidente que la pensión de $ 4.300.- y el concepto de “subsistencia” vulneran de por sí lo dispuesto en la Convención. También lo vulnera la forma en que se están dando de baja las pensiones. No existe aviso previo, la pensión se retira en forma automática la mayoría de las veces por considerar que la persona tiene “amparo” de otras personas obligadas a pagar por su subsistencia.
Este mecanismo afecta la dignidad de las personas con discapacidad en primer término, dado que cuentan con esta paupérrima suma para gastos que -en la mayoría de los casos- se destinan a medicamentos, dado que tampoco está funcionando el suministro de estos medicamentos por parte del Estado para aquellos que no tienen ninguna cobertura.
De manera que la violación a la norma constitucional tiene dos aspectos: considerar en primer término que la persona con discapacidad no es
 
2017- “Año de las Energías Renovables”
sujeto de derechos, y otorgar la pensión como una “asistencia” o “caridad” que como tal puede ser retirada en cualquier momento. Se desconoce completamente el concepto de derechos adquiridos, no sólo al amparo del artículo 9° de la ley 13.478 sino de la Convención ya mencionada y del Código Civil y Comercial de la Nación.
El Decreto 432 de 1997 considera que los beneficiarios de la pensión por discapacidad deben ser indigentes para recibir la pensión. Esto vulnera el derecho a una vida digna que debe garantizar el Estado, no ya como un compromiso internacional, sino directamente frente a la ciudadanía argentina, porque los derechos de las personas con discapacidad se agregan en el 2014 a los enumerados en la Constitución Nacional.
Al tratarse de un Tratado de Derechos Humanos, el modo desaprensivo en que se está llevando a cabo el retiro de las pensiones: en forma automática, sin otorgar un tiempo para acreditar los extremos que se requieren para mantener la pensión, sin evaluar el daño ni la situación en que puedan quedar quienes pierden el beneficio y sus familiares; es un acto violatorio de los derechos humanos de los prohibidos por la Convención que establece claramente que los Estados parte deben: “ Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella”
Estamos presenciando de manera explícita cómo el ajuste de este gobierno viene por los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Nos referimos al colectivo de personas con discapacidad (PCD). Se están quitando, sin previo aviso, las pensiones no contributivas que reciben muchas PCD por parte
 
2017- “Año de las Energías Renovables
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación bajo la excusa de aplicar más condiciones y requisitos a quienes precisan acceder a una pensión y reflotando un decreto de 1997.
En segundo lugar –como decíamos-, no hay una evaluación de las consecuencias de este ajuste, para las familias con un miembro con alguna discapacidad los gastos médicos suelen ser mucho más altos que la media. Por ejemplo, un audífono cuesta alrededor de 30 mil pesos y hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Sacar las pensiones es restringirles el acceso a la salud y a una vida digna.
Por otra parte, la suspensión de las pensiones se está implementando sin evaluar caso por caso. Creemos que es necesario hacer, al menos, un socio-ambiental antes de realizar semejante recorte.
Está claro que la arbitraria medida responde a la decisión política de reducir el déficit fiscal, pero esto no puede llevarse a cabo afectando a los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El decreto 432 de 1997 otorga un margen para ser usado en ese sentido ya que establece restricciones para acceder a la pensión como el hecho de tener auto, vivienda o vivir con un familiar que esté obligado a hacerse cargo de la persona que quiere solicitar el beneficio. Además, deja a criterio de la autoridad de aplicación evaluar otros elementos, los cuales no define, para negar una pensión no contributiva.
Como agravante no está previsto un mecanismo para informar a los beneficiarios con antelación. Cuando se les da de baja no hay una instancia para hacer el reclamo. El ANSES no brinda información porque desconoce qué criterios se aplican para determinar la eliminación, lo mismo que el Ministerio de Desarrollo Social, porque al parecer el brazo ejecutor es el Ministerio de Economía.
 
Reiteramos que el hecho de que el Decreto 432/1997 no tenga establecido con carácter taxativo los requisitos para acceder a la pensión, convierte un derecho en una dádiva, dado que al dejar a criterio de la autoridad de aplicación, en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, la decisión de otorgar o no el beneficio evaluando, además de los requisitos establecidos, cualquier otro elemento, las personas con discapacidad y sus familiares no saben si les corresponde el beneficio, ni cuando la pueden perder.
Al tratarse de derechos adquiridos amparados por la Constitución Nacional no puede quedar a criterio de la autoridad de aplicación la garantía de su ejercicio ni el mantenimiento del beneficio, que no debe ser otorgado para la “subsistencia” de la persona con discapacidad sino para que ésta pueda llevar una vida digna.
El 76% de incapacidad laboral que establece la ley, implica que se trata de personas con discapacidad que no están en condiciones de trabajar aunque quisieran hacerlo. De manera que la denegación inopinada de la pensión, sin un examen previo de la situación de cada persona con discapacidad es un acto inconstitucional y de una falta de humanidad incalificable.
Confiamos que el Poder Ejecutivo Nacional procederá, después de ponderar los argumentos expuestos, a la inmediata derogación de un decreto que, además de ser inconstitucional, ha dado pie a la generación de un daño gravísimo en un sector de extrema vulnerabilidad de la población.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3495-D-2017&tipo=RESOLUCION

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3597-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 81 Fecha: 03/07/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Repudiamos la detención arbitraria del líder mapuche, “Lonko”, Facundo Jones Huala en la provincia de Río Negro el día 27 de junio de 2017 y exigimos su inmediata libertad. Huala es un preso político, por lo cual no hay razones para que siga detenido por el solo hecho de encabezar la lucha del pueblo mapuche por sus tierras y en contra de las multinacionales y terratenientes usurpadores. Huala está en huelga de hambre reclamando por su libertad, por lo cual hacemos responsable al gobierno nacional, provincial y a la justicia que lo encarceló por su integridad física.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


El Lonko Weichafe, Francisco Facundo Jones Huala, es un preso político por luchar por tierra para su pueblo mapuche, denunciando la usurpación de los Benetton y Lewis y tantos otros terratenientes. Este 27 de junio lo detuvieron en un puesto de control de Gendarmería en la Ruta 40, Bariloche, fue demorado por averiguación de antecedentes y terminó detenido en un cuartel de Gendarmería. Quedó a disposición del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez subrogante Gustavo Villanueva y el fiscal Jorge Bagur Creta.
Quieren justificar su detención con el pedido de captura de INTERPOL que fue emitido por una solicitud del gobierno chileno para extraditarlo. Pero ese mismo pedido de extradición ya fue tratado en juicio en el año 2016 y concluyó en su libertad y no extradición por parte del juez Guido Otranto. Cabe recordar que el juicio anterior fue declarado nulo por una serie de irregularidades, que van desde el espionaje ilegal por un agente de la AFI hasta la tortura a un miembro de una comunidad mapuche por la policía de Chubut. La fiscal Ávila y posteriormente el subprocurador Casal le pidieron a la Corte suprema de Justicia de la Nación que revoque la nulidad y que conceda la extradición de Facundo a Chile. Luego la defensa presentó un informe ante la Corte, y desde fines de año 2016 el caso está pendiente de resolución. Esto quiere decir que Facundo fue detenido dos veces por la misma causa, que ya fue anulada por irregularidades en un juzgado federal. Esta doble persecución es ilegal e inconstitucional.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda repudiamos su nueva detención, que responde a los intereses de los grandes terratenientes que en Argentina y Chile se apropian de las tierras y desplazan a las poblaciones originarias a sectores empobrecidos de las ciudades.
No es casual que el gobernador Das Neves (PJ) haya encabezado una feroz campaña de desprestigio público y exigencia de destitución al juez Otranto cuando liberó el año pasado a Facundo. Y mucho menos que realicen este operativo pocas horas después de la reunión entre Macri y la presidente chilena Bachelet, donde discutieron la extradición del Lonko.
En un comunicado público tras su detención, Jones Huala advierte que el gobierno de Macri, con el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich a la cabeza, se declaró enemigo de la nación mapuche, porque la lucha por su tierra y contra las multinacionales representan “un problema real para las inversiones capitalistas y las oligarquías”. El Lonko afirma que “La ley de extradición dice que lo único que no es extraditable son los delitos políticos o la persecución por motivos raciales, religiosos, ideológicos, o lo que causare conflictividad social en el país; todas estas condiciones se dan en este caso”. A Huala lo mantienen aislado, en una celda de castigo, padeciendo una situación denigrante y discriminatoria y sin que se brinde información sobre las condiciones de su detención. Contra todo esto comenzó una huelga de hambre. Responsabilizamos a Macri, al gobernador y a la justicia por su integridad física.
Por tratarse de una detención arbitraria e ilegal, que solo se justifica con la persecución política a los pueblos originarios y como parte de la criminalización de la protesta social por el gobierno de Macri y los gobernadores, puesta al servicio de los grandes terratenientes y multinacionales como Benetton y Lewis, exigimos la inmediata libertad del Lonko Weichafe Francisco Facundo Jones Huala.
Por estos motivos, solicito a los señores diputados que acompañen este proyecto de resolución.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3597-D-2017&tipo=RESOLUCION

PROYECTO DE LEY

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3598-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 81 Fecha: 03/07/2017

El Senado y Cámara de Diputados...


Ley de emergencia laboral: prohibición de despidos y suspensiones; estatización de toda fábrica que cierre y reparto de las horas de trabajo con igual salario.
 
ARTÍCULO 1º: Prohíbanse los despidos y suspensiones contra cualquier trabajador en relación de dependencia -tanto en el ámbito público como privado-, sean registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios, monotributistas o bajo cualquiera otra forma contractual. Caso contrario, el despido o suspensión será declarado nulo de nulidad absoluta, debiendo el empleador proceder a la reincorporación inmediata del trabajador en su puesto normal y habitual bajo la fuerza pública.
ARTICULO 2º: Toda empresa o establecimiento que cierre o despida pasará a la órbita del estado nacional y con los fondos necesarios estatales y bajo control de sus trabajadores, comenzará nuevamente la producción o actividad, poniendo la misma al servicio de satisfacer las urgentes necesidades populares.
ARTÍCULO 3º: Procédase al reparto equitativo de las horas de trabajo entre toda la demanda de mano de obra disponible, estableciéndose la reducción de la jornada laboral con igual salario, hasta alcanzar el valor de la canasta familiar.
ARTÍCULO 4º: De forma.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda presenta este proyecto que ataca de raíz el flagelo de la desocupación y frena las arbitrariedades de las patronales que siguen haciendo fabulosas ganancias a costa de los despidos y suspensiones. Todo con la complicidad del gobierno y del Ministerio de Trabajo, los dirigentes sindicales vendidos y los políticos de la oposición patronal que dejan correr estas políticas anti obreras. Junto a Macri, el Frente Renovador, el PJ, el FpV y el resto de los políticos patronales se niegan sistemáticamente a tratar este tipo de proyectos porque están a favor que se ataquen los derechos laborales en pos de seguir engordando las ganancias de las patronales.
Estamos ante una ola de despidos. Solo en la última semana fueron 2.000 los nuevos despidos que se sumaron a la ya larga lista de meses atrás. Lidera el ranking la multinacional estadounidense Pepsico, que acaba de dejar en la calle a 600 trabajadoras y trabajadores. Se suman los 51 despedidos de Walmart en Sarandí; 637 operarios de Atucha por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina; el cierre de Atanor en Baradero dejó a 60 trabajadores en la calle; Carboclor a unos 150 e Ingredion a 186 entre las plantas de Baradero y Chacabuco; hay posibles despidos en Argensun (Luján), etcétera. Esto se suma a la larga lista de suspensiones en automotrices y autopartistas, entre otros lugares de trabajo, y a los despidos que las patronales en complicidad con los gobiernos ejecutan ante luchas justas, como la reciente de las trabajadoras y choferes de la UTA Córdoba donde decenas fueron despedidos por enfrentar el 8% de aumento para 2017 que firmó la burocracia central. Esto sin contar los despidos y precarización en el ámbito estatal.
A pocas semanas de la visita al país de la canciller alemana Angela Merkel, quien celebró la “apertura de la economía al mundo” de Mauricio Macri y diagnosticó “condiciones más favorables” para la llegada de inversiones al país, la alemana Lanxess anunció el cierre de su planta en la localidad bonaerense de Zárate y despidió a 170 trabajadores.
De acuerdo a los datos oficiales del Indec, para el primer trimestre del año 1.7 millones de personas no tiene trabajo y la tasa de desempleo ascendió a 9.2%, siendo mucho mayor el porcentaje cuando se trata de mujeres y jóvenes. Hay 48.706 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y marzo de 2017. Con el denominado “Plan de reconversión industrial” basado en una mayor productividad (léase súper explotación laboral) peligran 364.000 puestos de trabajo, ya que en determinadas industrias se pretenderá reducir el 50% del personal. Según un sondeo de Sel Consultores sobre 1.400 firmas, el 62% de las grandes y el 50% de las Pymes “ajustó sus costos laborales” con rebaja de horas extras, despidos y suspensiones de personal (Clarín, 3/7). A su vez, la cifra del empleo en negro se mantiene en un 33.3%. Esto significa que 4 millones de asalariados no cuentan con aportes jubilatorios ni acceso a la seguridad social. El kirchnerismo ya había dejado allanado el camino a Macri con un 30% de trabajadores tercerizados y un 40% de trabajadores en negro cuando dejó el gobierno.
Esto se suma al escandaloso robo salarial. Las últimas estadísticas oficiales señalan que el promedio salarial es de $12.695 (mucho menos de la canasta familiar que asciende a $25.000); la mitad de los trabajadores percibe $9.700 promedio y quienes lo hacen en negro, $6.919 (el 27% de estos últimos perciben menos de $3.600), mientras se calcula que con las medidas oficiales desde que asumió este gobierno hubo una transferencia de 16.000 millones de dólares desde los trabajadores y sectores populares a las grandes patronales, petroleras, mega mineras y bancos. Esto ha llevado a que el 10% más rico tenga ingresos 22 veces superiores al 10% más pobre, acrecentándose la desigualdad social y por ende la miseria y pobreza.
Esta ley, en primer lugar, tiende a tomar medidas urgentes y de emergencia para frenar la ola de despidos y suspensiones. No puede ser que las mismas empresas que hicieron ganancias en todos estos años, ahora, ante la no reactivación de la economía y alegando “una crisis”, usen de variable de ajuste a los trabajadores. Prohibir por ley los despidos y suspensiones es una medida ultra necesaria para evitar que se siga adelante con la desocupación.
El Ministerio de Trabajo es cómplice de los despidos y suspensiones. No solo deja correr los ataques laborales sino que los fomenta. Dice que son “conflictos entre privados” para dejar las manos libres a las patronales para despedir. Es el mismo ministerio que se entromete para frenar los aumentos en las paritarias cuando superan el techo salarial (bancarios) o iniciar juicios políticos a jueces cuando fallan para evitar los descuentos de los días de paro, como ocurrió con los docentes bonaerenses.
En segundo lugar, la presente ley dispone que toda fábrica que cierre o despida masivamente debe pasar a manos del estado, para seguir manteniendo las fuentes de trabajo y la producción. No puede ser que la trasnacional yanqui Pepsico, con el objetivo de desprenderse de sus empleados y de la comisión interna combativa, presentó un “Procedimiento Preventivo de Crisis” (protocolo que las patronales utilizan para despedir trabajadores a bajo costo), con el aval del gobierno y en acuerdo con la cúpula del sindicato. Una empresa que facturó en 2016, a nivel global, 10.000 millones de dólares y un ocho por ciento (800 millones de dólares) proviene de sus filiales latinoamericanas, donde la de Argentina es una de las estrellas en producción y ventas. Pepsico no tiene ninguna crisis como lo resaltan los trabajadores y todo esto es un fraude, avalado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en complicidad con el burócrata Rodolfo Daer.
El sindicato de la Alimentación, con Daer a la cabeza, decidió entregar los puestos de trabajo sin luchar, llamando a que los obreros acepten “indemnizaciones dignas”, desestimando el pedido de un paro general del gremio, un plan de lucha hasta reincorporar a los despedidos y el aporte solidario del 2% al fondo de lucha, mandato de la comisión interna. En lo que va del año, 7.000 trabajadores de la alimentación perdieron sus empleos, pero Daer les pide a los despedidos que no luchen y que expresen su bronca “en las urnas” mientras él apoya las listas del PJ de Randazzo. Acá no hubo nada de “preventivo (al otro día de la presentación judicial dejaron en la calle a 600 familias) ni de “crisis” (porque la multinacional yanqui tiene ganancias millonarias).
Lo mismo ocurrió con AGR-Clarín, donde se despidieron a todos los trabajadores (380 familias) sin que haya ninguna crisis, al revés, se trata de un multimedio que está haciendo fortunas. En estos casos, esas empresas deben pasar a manos del estado para que sigan produciendo (alimentos la primera, impresiones la segunda) para el pueblo trabajador.
En tercer lugar, para dar empleo a toda la mano de obra disponible, se hace necesario repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores en condiciones de prestar servicios. Terminando con la paradoja de que hay trabajadores con jornadas agotadoras y extenuantes y miles de trabajadores que están desocupados. Esta medida permitiría combatir inmediatamente el problema del empleo. Y llevaría necesariamente a la reducción de la jornada laboral, con igual salario.
Esto evitaría lo que ocurrió en General Motors, una empresa estadounidense que recibió préstamos y pago de parte de los salarios por parte del estado. Resulta que suspendió a 350 trabajadores (que serán despedidos dentro de poco) y los ritmos de producción aumentaron para la menor cantidad de trabajadores que sigue trabajando en la plata de Alvear-Rosario, quienes sufren, además, enormes accidentes laborales.
Las medidas que proponemos en el presente proyecto evitarían estos casos aberrantes como tantos otros que se dan bajo este plan de ajuste capitalista que aplica Macri de la mano de las patronales y de la burocracia sindical, a lo que se agregan los cambios en los convenios colectivos con quita de conquistas y mayor flexibilización laboral.
Las medidas de emergencia que proponemos en este proyecto las consideramos parte de un plan alternativo obrero y popular para combatir a las patronales capitalistas y sus planes de explotación de la mano de los gobiernos de turno y de la burocracia sindical. Y una contribución al apoyo a las luchas en curso contra los despidos y suspensiones y los atropellos patronales.
Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3598-D-2017&tipo=LEY

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 3656-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 83 Fecha: 05/07/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Repudiamos la detención arbitraria del líder wichí Agustín Santillán en la provincia de Formosa el día 14 de abril de 2017 y exigimos su inmediata libertad. Santillán es un preso político, y no hay razones para que siga detenido por el solo hecho de encabezar la lucha del pueblo wichí por sus tierras, por agua, educación, salud y por el cumplimiento de los derechos indígenas. Santillán está en huelga de hambre reclamando por su libertad, por lo que hacemos responsables por su integridad física al gobierno nacional, provincial y a la justicia que lo encarceló.
 

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:


Agustín Santillán es un referente de la lucha del pueblo wichí desde el año 2007, cuando siendo un docente bilingüe comenzó a reclamar la falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Participó en el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y luego de eso lo echaron de su trabajo en la escuela y comenzó a ser perseguido por el gobierno provincial de Gildo Insfrán (PJ). Por diferentes medios efectuó denuncias sobre las condiciones de vida de su pueblo: desde notas a los ministerios provinciales que no tuvieron respuesta hasta su participación en importantes medios de comunicación, denunciando las escuelas rancho y las violaciones de derechos humanos a la comunidad wichí.
Vive en la localidad formoseña de Ingeniero Juárez, una de las más pobres del norte y territorio ancestral de los wichí. En diciembre de 2015 ganó la intendencia Rafael “Pachanga” Nacif, que dejó segundo a Cristino Mendoza (intendente durante doce años). Comenzó un enfrentamiento entre ambos en el que se valen de los jóvenes de comunidades wichí como fuerza de choque, aunque los dos están alineados con el gobernador Insfrán.
Desde el mes de marzo de 2017 Juárez padece inundaciones. Las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal y los reclamos fueron en ascenso. En ese contexto, se produjeron saqueos a viviendas y comercios. El 14 de abril Agustín fue detenido, acusado de participar en los saqueos, pero su esposa Gabriela Torres, que también fue encarcelada y ahora está libre por falta de mérito, afirma que no estuvo presente en ninguno de los mismos. Fue brutalmente golpeado, y lo trasladaron al penal de Las Lomitas, en donde permanece detenido en aislamiento. En una entrevista realizada telefónicamente por RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) durante su detención, Agustín explica que por motivo de las inundaciones mandaron cosas a Juárez y “el gobierno en lugar de repartir, guardaron en depósitos. Entonces la gente decidió ir a la municipalidad y encontraron mercaderías, colchones y frazadas. Algunas cosas ellos llevaron porque sabían que eran de ellos. Ahí me armaron la causa por robo en poblado y en banda”.
Su abogado defensor, el doctor Daniel Cabrera, también entrevistado por RNMA, explicó que “De las 28 causas que tiene, solo se ha investigado en una de ellas y se ha dictado la falta de mérito. En todas las otras no se ha investigado”. El expediente 752/17, en el que se dictó el procesamiento con prisión preventiva para Agustín Santillán y para Víctor Hugo Delgado, se recaratuló con el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego, que se le imputó a Agustín Santillán y a 17 personas más. Sobre esto, el abogado aclara que el juez “no tiene probada la existencia de algún arma […] Inclusive (el delito) es agravado por arma de fuego, o sea hace una aclaración que no es solo el arma sino que es de fuego […] siendo que en el hecho en sí no existen constancias de que se haya secuestrado a alguno de todos los imputados o que se haya allanado en el domicilio de alguno de todos los imputados. Tampoco existe constancia de que se haya disparado algún tipo de arma de fuego […] Quieren ocultar el reclamo que venía realizando Agustín solo por el hecho de mantenerlo privado de su libertad buscando argumentos que carecen de lógica y de prueba”.
Agustín Santillán está preso por denunciar las condiciones de pobreza extrema en las que vive su pueblo. La comunidad wichí no tiene trabajo, agua, educación, salud ni viviendas, realidad que el gobernador peronista Gildo Insfrán y el gobierno de Macri quieren ocultar. Al momento de la presentación de este proyecto Santillán lleva más de dos semanas en huelga de hambre (su segunda huelga de hambre desde que está detenido), poniendo en peligro su vida para denunciar la injusticia de su detención. Exigimos su liberación inmediata, y hacemos responsables al gobierno de Cambiemos, a Insfrán, al intendente y a la justicia que lo encarceló por su integridad física.
Por estos motivos, solicito a los señores diputados que acompañen este proyecto de resolución.

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3656-D-2017&tipo=RESOLUCION

Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

Es una herramienta fundamental para fortalecer a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

La suscripción del periódico impreso nos permite también seguir editándolo, ya que nos financiamos con nuestros propios aportes y del de los suscriptos.

 

Suscribite a la versión Impresa

Más Leídos