Escribe Mariano Barba

Si hay una lucha obrera emblemática desde 2001 en adelante, es la de los ceramistas de Neuquén, que encabezados por los obreros de Zanon iniciaron las gestiones obreras para salvar su fuente de trabajo. Como toda experiencia importante del movimiento obrero, tiene entre sus gestores fundamentales a trabajadores con nombre y apellido. A finales de la década del ’90 la seccional Neuquén del sindicato Soecn era dirigida por la vieja burocracia propatronal, más amiga del empresario italiano Luigi Zanon que de los obreros. Hubo dos activistas que le salieron al cruce a esa vieja burocracia, Mario Balcaza y Miguel Ramírez. Y es justamente a Miguel a quien estamos despidiendo, lamentablemente, ya que falleció la semana pasada tras una dura lucha contra el cáncer.

Llegó a Neuquén en búsqueda de un mejor porvenir luego de partir de su provincia natal, Entre Ríos, y de trabajar en varias fábricas. A Miguel lo conocimos en la puerta de la fábrica, en el paro nacional de finales de los ’90 convocado contra Menem por el MTA. En esa oportunidad, la burocracia ceramista llamó a no parar y los obreros de Zanon decidieron parar. Desde ese momento, Miguel no se detuvo ante las amenazas de la burocracia y la patronal e inició un camino, junto a Balcaza, fundamental para tirar a la comisión interna burocrática. Por sus méritos en organizar la resistencia a la patronal y a la burocracia fue electo miembro de la nueva comisión interna antiburocrática y posteriormente integró la primera comisión directiva del sindicato combativo. Además, fue uno de los fundadores de la Agrupación Marrón. Defendió y aplicó a rajatabla la democracia sindical. No dudó en ser el organizador del campamento que derivó en la ocupación de Zanon en 2001/2002. Sus ollas populares y la administración del almacén de alimentos fueron inolvidables. También lo son las piezas que creaba como matricero para reemplazar a aquellas que se habían roto y no se conseguían.

Fue un compañero solidario, como el mejor, llevaba el apoyo de Zanon a todas las luchas del país, desde la Patagonia hasta Jujuy y Salta, mientras buscaba la solidaridad para las gestiones obreras. Muchos, en nuestro partido, fuimos aportantes de la colecta para Zanon que él encabezó en un acto en el estadio de Obras Sanitarias.

Su personalidad era extrovertida y bulliciosa, por eso se ganó como apodo “el loco Ramírez”, lo de loco porque hablaba muy fuerte, cantaba más fuerte aún y ponía los puntos sobre las íes más fuerte todavía. Con este “loco” andabas derecho o no andabas. No le gustaban las medias tintas, los entuertos ni las trampas de propios ni de ajenos. Esa personalidad lo llevó a jugar un papel fundamental en la lucha contra la burocracia, primero, y a chocar, más de una vez, con sus propios compañeros de la gestión obrera, exigiendo  limpieza en todo, en el trabajo, en la conducta, en las finanzas, en el respeto al otro trabajador, en la vida. Las reuniones amplias de Izquierda Socialista lo tenían como un animador, y en las fiestas de fin de año esperábamos que llegara con las empanadas y el pernil que preparaba junto a su compañera.

Como escribió Angélica en su Facebook: “Se nos fue Miguel, un compañerazo, un amigo, un padre, el compañero de vida de Normita”. Con este recuerdo imborrable e inmejorable despedimos a Miguel y acompañamos a Normita, a sus hijos Sergio y María Laura y a sus nietos con un fuerte ¡hasta el socialismo siempre!

Recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro, en negociaciones con sectores de la oposición patronal encabezada por Enrique Capriles, liberó a 110 perseguidos políticos. Sin embargo, continúan presos Rodney Alvarez y muchos otros trabajadores encarcelados por luchar. A continuación reproducimos un extracto de una nota del Partido Socialismo y Libertad (PSL), UIT-CI.

Estas negociaciones contaron con la intermediación del reaccionario presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, en coordinación con la Unión Europea y el conocimiento de Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, evidenciándose una vez más los lazos del imperialismo, tanto europeo como estadounidense, con los referentes de la oposición patronal venezolana, interfiriendo en los asuntos internos.

En principio, celebramos la liberación de todas estas personas porque estamos por la defensa de las libertades democráticas, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, independientemente de las preferencias políticas y religiosas de los afectados.

Entre los liberados se encuentran varios trabajadores, médicos y profesores universitarios. Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, quien había sido sentenciado a más de cinco años de cárcel por un tribunal militar […] Nicmer Evans, profesor universitario y comunicador, fue detenido luego de criticar al gobierno […], entre otros.

También fueron liberados diputados, líderes políticos y activistas de los partidos patronales, por los cuales reclamó Capriles.

Estas liberaciones constituyen una cortina de humo ante los graves problemas de hambre, miseria y salud que aquejan al pueblo venezolano. El gobierno se presenta como “benefactor” de una acción de libertad que utilizará a favor del fraude electoral anunciado para el 6 de diciembre en acuerdo con sectores de la oposición patronal. Esta liberación no es gratuita.

Pero también demuestra el terror que la oposición y el gobierno sienten ante la acción autónoma e independiente de sectores sociales organizados y movilizados que puedan asumir no solo en la exigencia de libertad de los presos, sino también por protestar en plena cuarentena contra los salarios de hambre […] y la falta de atención para los trabajadores y sus familias […] en la pandemia, la falta de servicios: gas, agua potable, gasolina, cortes de electricidad, malos servicios telefónicos y de internet y la exigencia de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Además de que existe un amplio sentimiento de desconfianza por parte del pueblo ante las muestras del fraude electoral en proceso fraguado desde el gobierno.

Pero entre los liberados no se menciona a trabajadores como Rodney Álvarez, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, entre otros –son muchos más– por quienes un amplio número de organizaciones políticas, sindicales, populares hemos hecho campaña y acciones de calle y por las redes sociales exigiendo su libertad […]

El PSL denuncia que a todos se les violó el debido proceso, se les forjaron y amañaron expedientes, culpándolos y criminalizándolos, a razón de las necesidades políticas y económicas del gobierno.

El sistema de justicia en Venezuela está podrido. Se restringen las libertades democráticas, incluso los derechos establecidos en la Constitución. Por eso asumimos la exigencia de libertad de todos los presos políticos y especialmente de los trabajadores, dirigentes campesinos y populares que no tienen voz, cuya defensa no es asumida por las centrales sindicales ni los partidos patronales.

Hacemos un llamado amplio e incluyente a los sindicatos de base, las organizaciones de derechos humanos, al activismo de género, a las corrientes y grupo sindicales y de trabajadores, a las organizaciones gremiales, movimientos de jubilados, a multiplicar los esfuerzos por la exigencia de libertad de los trabajadores presos […] Las organizaciones y dirigentes sindicales deben pronunciarse por la libertad de los trabajadores presos, sin distingos políticos o ideológicos. Se trata de defender a los presos que son nuestros, porque son trabajadores o dirigentes populares. Nosotros debemos romper el silencio por ellos y evidenciar con nuestra lucha que podemos arrancarlos del secuestro al que los han sometido el gobierno y los partidos patronales al guardar silencio. Ahora se hace más visible el cerco que ha tendido este gobierno antiobrero e impopular.

Exigimos la libertad de todos los presos políticos.

Exigimos la libertad de todos los trabajadores presos.

Exigimos la libertad de Rodney Álvarez, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, los trabajadores de la salud y demás detenidos.

Por la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

Nicaragua enfrenta una agobiante crisis social y económica, en cuyo marco la lucha por la liberación de los presos políticos y la denuncia del continuo hostigamiento a los luchadores sociales y sus familiares es de enorme importancia. Al 5 de agosto se contabilizaban noventa y nueve presos políticos, de los cuales diez se encuentran encarcelados desde antes de la rebelión de 2018.

A pesar de que en junio de 2019 se emitió una amnistía, que redujo el número de presos políticos… las agrupaciones de defensa de los presos políticos describen la continuidad de la persecución. La amnistía también tuvo un gran repudio popular por estar diseñada para dejar en la impunidad los crímenes represivos del propio orteguismo, que asesinó a más de cuatrocientas personas. La persecución contra toda forma de disidencia obrera, estudiantil y popular ha continuado con expulsiones masivas de estudiantes en las universidades públicas y la realización de numerosos montajes judiciales.

Entre los presos hay personas que no han sido acusadas, o que han sido absueltas de los falsos crímenes imputados, pero se las retiene arbitrariamente. Uno de los métodos preferidos por los policías orteguistas es fabricar acusaciones de posesión de drogas para encarcelar a activistas opositores y luchadores sociales e imponerles largas condenas de prisión. El estudiante Kevin Solís fue condenado a diez años de prisión, sometido a confinamiento solitario y torturas luego de que un simpatizante de Ortega lo acusara de haberle robado el equivalente a 15 dólares.

La salud de decenas de presos se ha deteriorado como consecuencia de las pésimas condiciones sanitarias de las cárceles. Más de cuarenta detenidos denunciaron haberse contagiado de Covid-19.

Varios presos políticos y sus familiares acusan a los partidos de la oposición tradicional y el empresariado, que han pactado en numerosas ocasiones con Ortega desde que volvió al poder en 2007, porque hacen muy poco por lograr su libertad.

Apoyamos los intentos de sectores de la juventud y el pueblo trabajador nicaragüense para constituir una alternativa política para luchar consecuentemente por las libertades democráticas y contra el capitalismo explotador y saqueador en Nicaragua. Llamamos a las organizaciones obreras y populares latinoamericanas y del mundo a solidarizarse con la exigencia de libertad para todas las personas presas por razones políticas en Nicaragua.

Petitorio para sumar firmas a esta campaña

Nosotros y nosotras, activistas e integrantes de organizaciones políticas, sindicales, campesinas, de mujeres, estudiantiles y populares, exigimos al gobierno de Nicaragua la inmediata e incondicional liberación de todas las presas y los presos políticos.

Firmas: 

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Brasil. Gran huelga de trabajadores del correo por derechos laborales y contra su privatización

Hace dos semanas están en huelga nacional los trabajadores del correo. El gobierno ha desconocido setenta cláusulas del acuerdo colectivo, reduciendo pagos extras por trabajar los feriados, los planes de salud y otros. Más de ciento veinte trabajadores fallecieron por Covid-19. Estos ataques intentan avanzar en la privatización del correo.

Adriano Dias, de la Coordinación de la Corriente Socialista de los Trabajadores (UIT-CI) y delegado sindical de Correos RJ, hizo un llamado a los trabajadores para permanecer en huelga y exigir que las direcciones sindicales, como el Sintect-RJ, organicen acciones concretas para fortalecer la lucha. Del mismo modo, se llama a la CUT, CTB, Força Sindical, UGT a organizar el apoyo efectivo a la huelga del correo a través de acciones concretas y unificando campañas salariales y luchas.

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Bulgaria. Masivas protestas exigen que se vaya ya el gobierno derechista

Al menos cien personas resultaron heridas, entre ellas ochenta policías, que intentan victimizarse después de la represión, y 126 manifestantes fueron detenidos durante las protestas que vivió el miércoles Sofía, capital de Bulgaria, en el este de Europa. Fue la jornada más violenta de estos dos últimos meses desde que comenzaron las marchas exigiendo la renuncia del gobierno. Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea (UE), atraviesa una de las peores crisis políticas e institucionales desde 1989, cuando cayó el régimen estalinista del Partido Comunista.

Las protestas empezaron la mañana del miércoles, cuando se reanudó la actividad parlamentaria.

La intensa ola de protestas revela el profundo descontento de la población con el gobierno actual, una coalición de conservadores y ultranacionalistas que encabeza el primer ministro Boiko Borisov desde 2009. En un intento por calmar los ánimos, Borisov propuso hace pocas semanas abandonar el cargo si el Parlamento aprueba una iniciativa para redactar una nueva Constitución. Pero la oferta no convenció a los manifestantes, que la ven como un engaño, un mero intento del gobierno para ganar tiempo.

Turquía. Murió abogada de derechos humanos que estaba en huelga de hambre

La semana pasada, después de 238 días de huelga de hambre, murió la abogada Ebru Timtik. Había sido detenida junto con cientos de otros abogados por su compromiso con la defensa de los derechos civiles en Turquía. El régimen turco, bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdogan desde hace diecisiete años, se basa en elecciones periódicas y una democracia formal. Sometió a la Justicia con métodos dictatoriales, mientras atropella los derechos humanos de la mayoría de la población y persigue a la oposición política, especialmente a la minoría kurda.  

Ebru Timtik fue condenada a trece años de cárcel y estaba en huelga de hambre desde febrero en protesta contra las condiciones penitenciarias y las violaciones de los derechos de las que había sido víctima. Repudiamos este nuevo asesinato de Erdogan.

Estado español. Docentes en huelga exigen protocolos en las aulas por el coronavirus

En Galicia, los sindicatos CIG, Comisiones Obreras, STEG y CSIF convocaron a una huelga el día 10 en los colegios de infantes y primaria, y el 16 en los secundarios, FP y enseñanzas de régimen especial. Son los días en los que están previstos los inicios de clases en esos centros. Con la protesta reclaman que Educación elabore otro protocolo, que contemple más personal y recursos, mayores medidas de seguridad que garanticen una mejor salud y menos cantidad de alumnos por aula, según los metros cuadrados de cada sala, para que se cumpla el requisito de distanciamiento, como indican el Ministerio de Educación y la OMS.

Por motivos similares, se anunciaron huelgas de la enseñanza en el País Vasco para el 15 de septiembre.

La desaparición de Facundo Castro Astudillo ha conmocionado al país. Cada vez surgen más elementos que demuestran la responsabilidad de la policía bonaerense y del gobierno, tanto en el hecho en sí como en su posterior encubrimiento. Vergonzosamente, en una copia burda de lo que hace unos años hacía Patricia Bullrich para defender a la Gendarmería, hoy desde el gobierno peronista y sus periodistas afines se hace correr la hipótesis de que se trató de un “accidente”. Repudiamos estas maniobras, apoyamos la lucha y las denuncias de la madre de Facundo y nos seguiremos movilizando exigiendo castigo a los culpables.

Mientras tanto, la pandemia sigue su curso ascendente. Los casos se siguen contando de a miles y el tan temido colapso del sistema de salud ya empieza a llegar a algunas ciudades. Tal es el caso de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, donde los médicos ya se ven obligados a elegir a quién le dan asistencia respiratoria y a quién no. La apertura de actividades, justo en el momento de mayor número de contagios, mostró su irresponsabilidad y peligrosidad, incluso en aquellos lugares donde más se suponía que se podía hacer con todos los cuidados, estalló la burbuja sanitaria del equipo profesional de Boca Juniors, con catorce jugadores contagiados.

En otro orden de cosas, sigue la crisis política en las alturas, en una pelea totalmente alejada de las reales preocupaciones populares. Entre el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio continúan peleándose por la reforma judicial. Se trata de una disputa por ver quién maneja los jueces, cruzado con la búsqueda de impunidad para las causas de corrupción de unos y otros. Ahora esto llevó a una crisis por el funcionamiento virtual, o no, del Congreso. Pero no debemos confundirnos, en los temas fundamentales todos los políticos patronales están de acuerdo: pagar la deuda externa, ir a un nuevo acuerdo con el FMI y subsidiar a los empresarios. En síntesis, hacer que la crisis la paguen los trabajadores.

El gobierno peronista de Alberto Fernández, desde la semana pasada, trató de recuperar la iniciativa política. Lo hizo con la presentación, injustificablemente tardía, del tantas veces anunciado “impuesto a la riqueza”, que ni de lejos está a la altura de las necesidades de la emergencia. Casi la mitad del destino de los fondos no irá a resolver ningún problema relacionado con la pandemia –ni sanitario ni social–, sino a subsidiar a los empresarios. Además, y para hacer una mínima comparación con el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, se podría recaudar cinco veces más que con el del gobierno. Esto es así porque no incluye a las empresas –sólo está dirigido a las personas– y el monto a pagar por la riqueza de cada millonario es mínimo. 

Pero sin duda, la mayor puesta en escena se realizó este lunes en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, festejaron el cierre de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores privados. Un festejo compartido no solo por los presentes en esa reunión, aplaudieron toda la oposición patronal, el conjunto de los empresarios y los economistas del establishment. Más aún, también felicitaron el acuerdo el FMI, el Papa y los jefes de gobierno de las principales potencias del mundo.

Lo decimos una y mil veces, los únicos que no tienen nada para festejar son los trabajadores y los sectores populares. Primero y principal porque no es cierto que nos hayamos sacado de encima la carga de la deuda. Ya en julio del año próximo tendremos que empezar a pagar a esos buitres, la quita de capital es casi inexistente y ni qué hablar de los vencimientos a partir de 2024, una montaña enorme, tan impagable como la actual. Pero, y principalmente, porque todavía falta la renegociación más importante, la de la deuda con el FMI. Al ajuste actual se le sumará uno mayor el año próximo.

Expliquémonos. Aunque el gobierno del Frente de Todos lo disfrace con discursos progresistas, o vendiendo que se vienen “las 60 medidas para reactivar”, la realidad es que hay un ajuste en curso que está cayendo sobre las espaldas de los trabajadores. La inmensa mayoría no ha tenido aumento alguno mientras los precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Muchos incluso han visto reducidos sus sueldos 25%, gracias a la complicidad de la burocracia de la CGT. A esto tenemos que sumarle los 700.000 suspendidos, que cobran porciones aún menores de sus ingresos habituales. Y los más de 300.000 despedidos. Aclarando que todos estos números son solo de los trabajadores en blanco, por lo que habría que sumar un número mayor aún de aquellos que están en negro. También siguen perdiendo todos los jubilados, sin excepción, desde la suspensión de la fórmula de reajuste a partir de diciembre pasado. Por contrapartida, los millones de cuentapropistas, monotributistas y aquellos que viven de changas tienen que arreglárselas con el absolutamente insuficiente IFE, de 10.000 pesos por familia, cada dos meses.

Pero lo peor está por venir, el acuerdo con el FMI exigirá un ajuste mucho mayor. Así lo reconoció el propio ministro de Economía Martín Guzmán en el evento del lunes pasado. Lo dijo técnicamente, seguramente a propósito para que el pueblo trabajador no lo entendiera, mientras el establishment y los funcionarios del FMI tomaban nota. El gobierno se propone reducir a 4,5% del PBI el déficit fiscal de 2021, desde el 8% actual. Lo bajamos a tierra para que se comprenda, “bajar el déficit” quiere decir achicar el gasto público. Guzmán está diciendo que van a hacer un ajuste de 1,4 billones de pesos (14.000 millones de dólares). Eso es casi el doble de toda la ayuda social, IFE incluido, gastada durante la pandemia. Ese es el ajuste que ofrece el gobierno al Fondo para comenzar la negociación. Sabiendo que el FMI, encima, va a exigir que se le sume el compromiso de realizar una reforma previsional (léase mayor ajuste todavía sobre los jubilados actuales y futuros) y otra laboral, donde se quiere avanzar más a fondo aún con la flexibilización y el ataque a los convenios colectivos. 

Como lo demuestran los trabajadores de Latam, los docentes de varias provincias, los textiles de Río Grande en Tierra del Fuego, los choferes de Rosario, las compañeras y compañeros del gremio de pasteleros, los trabajadores de prensa de varios medios, no se deja pasar el ajuste sin luchar. Aunque aisladas por la más absoluta tregua de la burocracia, tanto de la CGT como de las CTA, los trabajadores siguen dando pelea. Por eso resulta fundamental brindarles todo el apoyo y ayudar a su coordinación, como lo estamos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Pero además, frente a un gobierno que nos invita a “festejar” el acuerdo con los pulpos acreedores y que ahora nos quiere vender la posibilidad de un pacto “progresista” con el Fondo Monetario, resulta más importante que nunca postular un programa alternativo, de emergencia, que priorice realmente los problemas generados por las dos pandemias, la sanitaria y la social. Comenzando por el cobro de un impuesto a las grandes riquezas, tal como lo planteamos en nuestro proyecto del Frente de Izquierda Unidad. Y, por sobre todo, dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para poner todos los recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares. Ese es el programa que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad. Te invitamos a apoyarlo y a luchar con nosotros para imponerlo.