Escribe Adolfo Santos

La CTEP, la CCC y Barrios de Pie, organizaciones sociales conocidas como “los Cayetanos”, se reunieron con la CGT y firmaron un acuerdo que, según ellos, serviría para generar empleo y evitar el aumento de la pobreza y la exclusión social. Siendo que ninguno de los dos sectores se plantea la lucha contra las medidas de ajuste del gobierno, las propuestas enunciadas no pasan de un saludo a la bandera.

La nutrida concurrencia demuestra la importancia que le dieron al evento. Esteban Castro (UTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Freddy Mariño (CCC), Gildo Onorato (Movimiento Evita) y Dina Sánchez (Frente Darío Santillán) estaban por los movimientos sociales. Juan Grabois se ausentó por un asunto familiar. Héctor y Rodolfo Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Jorge Sola, Carlos Sueiro, Juan Carlos Schmid y el mercantil Oscar Nieva representaron a la CGT.

Sin duda, los movimientos sociales juegan un papel importante en los sectores de trabajadores desocupados que, marginados por las crisis económicas, se han visto obligados a organizarse por fuera de las estructuras tradicionales, como son los sindicatos. Fue la forma de aunar fuerzas para impulsar protestas y obtener algunos beneficios que los mismos gobiernos patronales les han quitado. Sin embargo, ese aspecto positivo se pierde completamente cada vez que estos movimientos abandonan su independencia y se colocan al servicio de los gobiernos de turno. Es lo que está aconteciendo con los “Cayetanos”.

El ropaje de “centroizquierda o izquierda” que las direcciones de estos movimientos vistieron durante el gobierno Macri, impulsando movilizaciones, denunciando medidas impopulares y hasta criticando el endeudamiento externo, fue abandonado a cambio de falsas promesas y compromisos con el gobierno peronista. El apoyo y la participación en el gobierno los lleva al encuentro con la burocracia sindical detrás del proyecto de Alberto Fernández, que los necesita para neutralizar protestas y conflictos frente a la crisis.

En ese sentido, los “Cayetanos” y la CGT acaban de acordar un documento en el que se comprometen a “una articulación solidaria ante la enorme crisis económica, laboral y social producto del avance del Covid-19 y sus consecuencias en el tejido productivo”. Increíble, ¿los mismos burócratas sindicales que acordaron un 25% de reducción salarial, que aceptaron despidos y suspensiones sin abrir la boca y que preparan medidas de flexibilización laboral junto con la UIA, ahora van a ser “solidarios ante la crisis”?

El documento critica la gestión macrista que endeudó a nuestro país e incrementó el desempleo generando “una profunda ruptura del tejido social en los barrios más humildes”. Se “olvidan” de decir que lo mismo hicieron los gobiernos peronistas, cuya responsabilidad de la “ruptura del tejido social” es completa, sobre todo en regiones como la provincia de Buenos Aires, donde vienen gobernando hace décadas. Además, omiten la responsabilidad de los dirigentes sindicales que, en vez de luchar, se la pasaron negociando con el gobierno de Macri. En 2019 Carlos Acuña, uno de los jefes de la CGT, llegó a decir que “no sirve hacerle paros a este gobierno porque no se revierte nada”.

El documento elogia las negociaciones del gobierno tanto con los bonistas como las iniciadas con el FMI, lo que considera un paso importante para “poner la Argentina de pie”. Como si comprometerse a pagar una deuda fraudulenta a los usureros internacionales significara un paso adelante. Y afirman: “Apoyamos la voluntad y la estrategia del gobierno nacional de honrar sus compromisos de deuda externa”. Saben que esa “estrategia” provocará duros sacrificios al pueblo trabajador. Sin dudas, el giro que han dado estas organizaciones sociales no está al servicio de las necesidades de los trabajadores y sectores más vulnerables, sino del gobierno patronal peronista para contener la protesta.

Escribe Rodolfo Sánchez

Villa Mascardi es un emblema nacional de la lucha por la tierra. Esta hermosa zona de montañas y lagos es noticia nacional porque un reducido grupo de familias mapuches recuperaron una pequeñísima porción de tierras fiscales, que más temprano que tarde iban a terminar transformándose en negocios inmobiliarios para grandes inversionistas. Ya en 2017, la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu ocupó esas tierras, lo que generó la persecución de la ministra Patricia Bullrich, que envió al grupo Albatros, de Prefectura, a la zona donde asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Las balas salieron del arma reglamentaria de un cabo de apellido Pintos, que sigue en libertad. Desde entonces el conflicto nunca se resolvió y mostró la divisoria de aguas entre las necesidades del pueblo mapuche y el rechazo de las autoridades nacionales y provinciales, con el apoyo de un pequeño sector de la sociedad, racista y xenófobo hacia la comunidad originaria.

En estos días el escándalo volvió a crecer porque la comunidad retomó la ocupación de esa pequeña parcela, y rápidamente el ex gobernador Alberto Weretilneck, Patricia Bullrich y hasta el peronista jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se manifestaron contra la recuperación mapuche de Villa Mascardi. Encima fogonearon las manifestaciones públicas de rechazo de un sector de la sociedad de Bariloche y de inversionistas que viven en Buenos Aires que aparecen declarando como víctimas de un despojo, cuando en realidad son capitalistas que están recibiendo inmensas parcelas de tierra en Mascardi para sus negocios inmobiliarios.

El pasado jueves 27, estos sectores reaccionarios que manifestaban contra la reforma judicial atacaron el acto contra el gatillo fácil y por el esclarecimiento del caso de Facundo Castro Astudillo, que se realizaba con la presencia de grupos mapuches en el Centro Cívico, escrachando luego por las redes a militantes de HIJOS, de ATE y a los partidos del FIT-Unidad. Es más, el 29 realizaron una “marcha patriótica” con la finalidad de desalojar la Lof “a sangre y plomo” y en “defensa de la propiedad privada”. Un absurdo, ya que las tierras son de Parques Nacionales y un sector fue usurpado hace años por el Obispado de San Isidro. Por supuesto que la fiscal Silvana Little declaró como “pacíficas” esas manifestaciones violentas. Mientras tanto, las autoridades se pasan la pelota, la gobernadora Arabela Carreras viajó a Bariloche e inmediatamente a Buenos aires para exigir al gobierno nacional que termine con la ocupación, mientras la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Justicia Marcela Losardo se comprometieron a instalar una mesa de diálogo con los vecinos de Villa Mascardi para encontrar una solución al conflicto, que lleva más de tres años.

Fuera Benetton y Lewis

¿Cuál es el verdadero problema? Que durante años todos los gobiernos permitieron la venta de tierras fiscales a precio vil de centavos de dólar por hectárea. Dueños de grandes fortunas se han apropiado de miles de hectáreas, como el magnate Lewis, que hasta se ha apropiado del lago Escondido; Benetton, con más de un millón de hectáreas en la Patagonia; el emir de Qatar, la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, los empresarios Bulgheroni, Rocca, Roemmers. Algunos de ellos adquirentes, con el aval de Macri y como agente inmobiliario al ex tenista Gaudio, que pasea por la región sin importar las medidas de cuarentena. Todas estas superficies deberían ser recuperadas como tierras fiscales para asentamientos de viviendas, para pequeñas unidades de explotación, agricultura, ganadería y centros turísticos administrados por el Estado para goce del pueblo trabajador y de cualquier visitante y no para el enriquecimiento de unos pocos millonarios.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Después de la jornada de movilización ambiental del 25A y de un activo rechazo en las redes sociales, el gobierno anunció a través de la Cancillería la postergación hasta noviembre de la firma del pacto de entendimiento para importar las megafábricas de cerdos chinas. Una nueva movilización nacional el pasado lunes 31 ratificó el rechazo. “Ni ahora ni en noviembre”.

El anuncio de la postergación fue realizado por la cartera de Felipe Solá mediante un tuit: “Hemos incorporado especialmente al memorándum de entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”. En escasos caracteres se incluía el anuncio de un retroceso (estaba pautada su firma para este martes 1° de septiembre) y también una confesión: si no hubiese sido por las protestas el gobierno peronista se encaminaba a firmar un acuerdo que no incluía ningún tipo de reparo en sus consecuencias ambientales y sanitarias.

El proyecto

El primer anuncio de este proyecto no lo hizo el gobierno, sino el laboratorio Biogénesis Bagó, una de las empresas vinculadas con el ahora famoso empresario Hugo Sigman. Su conglomerado empresario multinacional quedaría vinculado a ambos lados de la pandemia, por un lado, como productor de una posible vacuna contra el coronavirus, y por otro, como promotor de las fábricas de potenciales próximas pandemias. Este tipo de megafábricas de cerdos ha sido señalado desde el campo científico por su potencial de provocar nuevas pandemias. De hecho, el origen de este proyecto está en el reciente brote de peste porcina africana que impulsó a la dictadura capitalista china a sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos para evitar su propagación. Esto cuando diversos estudios han demostrado la existencia de cepas de gripe porcina, G4 EA H1N1, con potencial pandémico. China busca reemplazar esa producción y para eso aleja de sus tierras estas megafábricas y que otros países corran con los riesgos sanitarios y ambientales.

En julio, una comunicación oficial del gobierno señaló que le habían pifiado por un cero en enero, y que no eran 9 millones sino 900.000 las toneladas que buscaban producirse. Aun así, de lo que trata el proyecto es de enormes establecimientos donde 12.000 madres darían a luz un promedio de treinta cerdos, culminando con 375.000 al año, en estado de hacinamiento, tortura, mutilación, proliferación de enfermedades, un consumo de millones de litros de agua y una generación de desechos gigantesca con riesgos ambientales colosales. El gobierno aclaró que se los alimentará con el maíz y la soja que hoy en día se producen en el país. Solá definió al proyecto como “empaquetar maíz y soja en cuatro patas”. Por otra parte, se afirma que se espera que las locaciones donde se instalen estas fábricas van a contar con cercanía o capacidad de generar esa alimentación. Como fuera, este proyecto culminará indefectiblemente en nuevos procesos de desmonte, mayor concentración de la producción, en riesgos sanitarios monumentales y en un aumento del precio del maíz en el mercado interno por el crecimiento de su demanda. Todo para que un puñado de empresas amasen fortunas y el gobierno del Frente de Todos recaude dólares para pagar la deuda externa. El verso de que estamos ante un proyecto que busca la soberanía alimentaria es menos creíble aún que el ya difunto anuncio de expropiar Vicentin.

Ni en noviembre, ni nunca

La postergación de la firma del memorando de entendimiento fue vista por el movimiento de lucha ambiental como un primer triunfo, pero la pelea debe seguir hasta que caiga definitivamente. El gobierno peronista ha salido a decir que quienes protestan son “sectores urbanos, ideologizados, que no saben cómo funciona el campo”. Pero fue desde las propias provincias señaladas como receptoras del emprendimiento que surgieron las alertas, e incluso desde los pequeños productores y campesinos que ven en este proyecto una profundización del modelo de agronegocios depredador y contaminante vigente hace décadas. Ese modelo que ganó fisonomía justamente con Felipe Solá como secretario de Agricultura del menemismo, cuando en otro memorándum, redactado en inglés, como el actual, dio luz verde al copamiento del campo argentino por parte de multinacionales como Monsanto.

También el gobierno lanzó la campaña de tratar de decir que quienes protestan contra este acuerdo son financiados por la embajada yanqui, argumento trillado de la liturgia peronista kirchnerista si los hay. La realidad, desde ya, es bien distinta. La convocatoria del 25A dijo claramente: “No al pacto de megafábricas de cerdos ni con China, ni con nadie”. Pero a su vez, se trata de un reclamo dentro de un pliego más general que incluye el rechazo al conjunto de la política de sometimiento al FMI y los acreedores externos que desarrolla el gobierno de Fernández. Con la misma vehemencia con que repudiamos este acuerdo con China, saldremos a rechazar el proyecto de ley de hidrocarburos que promueve el gobierno al servicio del fracking y Chevron.  

Escribe César Baudino, integrante del Colectivo de Trabajadores por la Ventana, Entre Ríos

Los humedales son ecosistemas con un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Se estima que el 40% de las especies del mundo habitan o se crían en los humedales, ocupando entre el 5% y el 8% de la superficie. Los del delta del Paraná se ubican entre los tres más importantes del planeta.

Ante la voracidad del fuego, lo inmediato y urgente es apagar los focos de incendio y precisar que la responsabilidad indelegable de sofocarlos es del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y los municipales. Paralelamente, es imperativo exigir el castigo penal de los propietarios que provocaron las quemas.

El problema de fondo de las quemas en las islas está relacionado con la posesión y uso de la tierra. El fin es avanzar en la frontera agrícola con emprendimientos ganaderos a gran escala y/o negocios inmobiliarios.

Desde el Colectivo de Trabajadores por la Ventana, en Paraná venimos participando de la Multisectorial por los Humedales, que se reunió por primera vez el 1º de agosto pasado. Su conformación es variopinta, conviven grupos e individuos, especialmente jóvenes, con muchas energías para denunciar y movilizar por una ley de protección de los humedales y las islas que promueva la integridad ecológica de manera efectiva, definida y concreta. En ese marco, nuestra tarea de intervención política apunta a convocar a la más amplia movilización que promueva una salida integral a la depredación capitalista.

Consideramos a los territorios bienes comunes de los pueblos de incalculable valor ecosistémico, de interés público, y deben estar administrados, protegidos, conservados y restaurados ecológicamente desde el Estado, donde la prioridad son las personas que lo habitan, el agua dulce, la flora y la fauna. Entendemos perfectamente que cualquier legislación reformista en este modo de producción es acotada y vulnerable, pero hoy es un eslabón que nos permite luchar e intentar incidir en cuestiones de fondo. Por eso es importante, en este contexto, avanzar en una legislación para que los humedales y las islas, en tanto sujeto de derecho, tengan un ordenamiento territorial para el mismo ecosistema y sea de orden estatal.

La legislación debe incluir en el contralor al conjunto de las asambleas ambientales y organizaciones de trabajadores que tengan por fin defender la biodiversidad. Es necesario elaborar un inventario catastral de los propietarios y/o usurpadores capitalistas de las tierras, y en especial un relevamiento que incluya a los pescadores artesanales, pequeños productores ganaderos, pobladores isleños, artesanos de cestería, alfareros, carpinteros, apicultores y trabajadores de otras actividades. A partir de la recopilación de estos datos, impulsar un nuevo régimen de tenencia y usos de la tierra organizando cooperativas de trabajadores de las distintas ramas que formen parte de la defensa de los bienes comunes y sean convivientes de esos territorios.

En conclusión, nuestra propuesta centralmente tiene como norte la expropiación sin resarcimiento de las tierras usurpadas por los especuladores capitalistas del delta para formar un parque nacional del patrimonio común.

En la movilización por los humedales debemos sostener un programa de intervención política de la clase trabajadora convocando a ser inflexibles con los poderes del Estado serviles al sistema de muerte. Estos argumentos nos parecen vitales a la hora de enfrentar la barbarie capitalista.

El maquillaje del “capitalismo verde” en el Congreso

En el Congreso hay doce proyectos de ley en Diputados y el Senado, la mayoría con el maquillaje del “capitalismo verde”. Todos plantean más o menos lo mismo, presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible. Se definen humedales, se plantean objetivos, se proponen autoridades de aplicación y sus competencias, los fondos y establecen un régimen de sanciones. Sostienen el principio precautorio y preventivo, es decir, no intervenir el territorio hasta que estén finalizados los estudios que demuestren que no impactan en el ambiente y, por consiguiente, en la salud pública. Además, enuncian vagamente inventarios sin muchas precisiones.

Escribe Silvia Flamini

Una vez más, los vecinos del paraje serrano de Casa Bamba, perteneciente a La Calera, salen a luchar exigiendo el libre tránsito por el camino público que fue bloqueado por la minera Camarassa hace más de un año, entre otros reclamos. Desde el domingo 30 de agosto se encuentran acampando frente al portón ubicado en la ruta E55, que es el único acceso al poblado.

A pesar de las reiteradas denuncias, pedidos y presentaciones realizados por los vecinos y vecinas ante el municipio de La Calera y ante el gobierno de la provincia de Córdoba, el portón continúa bloqueando el paso y Camarassa lleva adelante su actividad de explotación minera sin ningún tipo de controles dentro de una reserva natural.

Sumado a este impedimento, los habitantes de Casa Bamba reclaman también la colocación de un puente pasarela que les permita cruzar el río de forma segura, ya que lo tienen que hacer por vados o cruces de piedra imposibles de hacer cuando el río crece. Hace dos años que un puente de hierro se oxida a la orilla del camino y las autoridades no han hecho nada para colocarlo.

En la última semana la situación se vio agravada, tomando un mayor estado mediático debido a los incendios que, en una vasta extensión de la provincia, arrasaron con el bosque nativo para beneficio del agronegocio y la especulación inmobiliaria. En Casa Bamba los habitantes quedaron acorralados entre el fuego, que rodeaba la comuna, y el río, crecido por la apertura de las compuertas, teniendo que ser evacuados a través de las vías del tren por los bomberos.

Desde Izquierda Socialista venimos apoyando esta lucha y denunciando, junto a las y los vecinos, la responsabilidad del municipio de La Calera, del gobierno provincial y de la Justicia cómplice que cuidan los intereses empresariales sin importar el costo ambiental y las condiciones de vida de la población. Exigimos que se dé una solución inmediata a esta situación insostenible que atenta contra los derechos básicos y contra la salud y la vida de los habitantes de Casa Bamba.

Asimismo, reclamamos que se respete la reserva a través de su reglamentación con guardaparque, plan de manejo del fuego y presupuesto. Y que se termine con la explotación minera y retiren la cantera. Exigimos también la inmediata colocación del puente, el cierre de las compuertas del dique San Roque y la liberación del camino de ingreso a la reserva mediante declaración de servidumbre de paso, que obliga a la propiedad a dar camino y paso de entrada y salida.

Finalmente, y en el marco del desastre ambiental que recorre a la provincia y que se manifestó recientemente con los incendios y destrucción del bosque nativo, exigimos al gobierno de Schiaretti que deje de pagar la deuda externa provincial y que ese dinero, junto con un impuesto especial a las grandes fortunas, se destine a atender las urgentes necesidades de la población.