Escribe Jorge Adaro, secretario general adjunto de Ademys

La respuesta de la docencia porteña ante el anuncio del gobierno de Larreta de iniciar el retorno a la presencialidad en las escuelas en medio del pico de la pandemia es contundente. Primero el gobierno utilizó la excusa de darles la posibilidad a los 5.000 niños que, por falta de conectividad, no habían podido sostener el proceso educativo en la pandemia. Luego dijeron que eran 10.000. Hasta que finalmente admitieron que la habilitación de las “ciberaulas” era para todos los niños cuyas familias así lo consideraran. Se derrumbó la mentira de Larreta que repitió durante meses, de que el 95% de los niños tenían conectividad. Y quedó claro que la intención del gobierno es habilitar las escuelas como “guarderías” para poder continuar con la apertura de toda la actividad económica en la ciudad, respondiendo a los intereses de los empresarios y dejando totalmente expuestos a los alumnos, docentes y auxiliares a la posibilidad del contagio.

Pero la protesta de la docencia obligó al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, a rechazar el protocolo presentado por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aunque ya informalmente le había dado su apoyo. Lejos de calmar las aguas y ante el empecinamiento del gobierno de Larreta de insistir, entre martes y jueves de la semana pasada miles de docentes deliberaron en asambleas distritales impulsadas por los supervisores y donde no las convocaban surgían asambleas autoconvocadas. De manera unánime se rechazó la posibilidad de regresar a las escuelas y la consigna “con pandemia no se vuelve” inundó los celulares y las redes sociales de las maestras.

Sin ninguna duda es un triunfo parcial de la docencia y de las familias, que han sido parte de las campañas de rechazo organizadas escuela por escuela.

Ademys viene siendo parte fundamental en la pelea por el sostenimiento de la cuarentena, denunciando a la vez tanto al gobierno de Fernández como al de Larreta. Ambos no garantizan las condiciones materiales para que los trabajadores y los sectores populares puedan cumplir el aislamiento sin verse obligados a tener que salir a buscar el sustento diario y advirtiendo también que tanto los estudiantes como los docentes no teníamos los recursos para sostener el vínculo pedagógico en la pandemia. Basta recordar que la única medida propuesta por Trotta fue ofrecer que los docentes nos endeudáramos tomando créditos para comprar nuestras herramientas de trabajo. Estuvimos en la calle manifestándonos contra la precarización laboral y el congelamiento salarial habilitado por la sanción de la “ley de emergencia” de Larreta, contra el cese de los suplentes y ahora contra el regreso en medio de la pandemia.

El rol de la burocracia Celeste de UTE-Ctera en las asambleas distritales fue restringir todos los reclamos a la conectividad y provisión de elementos tecnológicos. UTE se negó a sacar resoluciones que tomaran otros aspectos que nos aquejan como trabajadores y que se han profundizado en la pandemia, como la exigencia a la reapertura de las paritarias, incluso no tomando la consigna “Fuera la ministra Acuña”. Esto demuestra que son parte del acuerdo de unidad nacional Fernández-Larreta que permite que siga pasando el ajuste contra los trabajadores en todo el país. Así fue como Ctera avaló con sus sindicatos de base el regreso a las aulas en varias provincias gobernadas por el peronismo. Como Formosa, donde no garantizaron siquiera los elementos de cuidado y prevención que corrieron a cargo de los docentes. Como Santiago del Estero o San Juan, donde a los pocos días tuvieron que suspender la medida en varios departamentos por el aumento de los contagios.

Desde la conducción Multicolor de Ademys vamos a seguir incentivando la realización de asambleas que profundicen la organización de la docencia para no permitir que el gobierno logre mandarnos a las escuelas cuando tenemos arriba de 8.000 infectados diarios y más de 200 muertos por día a causa del Covid. También proponemos continuar con la articulación de acciones con las familias y con los trabajadores de la salud que se han sumado a las campañas contra el regreso a la presencialidad, siendo conscientes de los límites del sistema sanitario, que se profundizarían sin dudas con la exposición de miles de niños y trabajadores en las escuelas. Y tal como se votó en una nueva asamblea con centenares de docentes, participar de las acciones impulsadas por el Plenario Sindical Combativo y parar el próximo lunes 7 de septiembre si Larreta y Acuña intentan ese día la vuelta a la presencialidad realizando una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Educación.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia de Buenos Aires (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cristina Vázquez tenía 38 años, de los cuales once los pasó tras las rejas, encerrada por un crimen que no cometió. Sin pruebas, la Justicia misionera la condenó a ella, a su amiga, Cecilia Rojas, por el asesinato de una jubilada. En un juicio sin el debido proceso, cargado de irregularidades y hasta con torturas para que “confesara” un delito que no había cometido, en 2010 la condenaron a cadena perpetua basándose en prejuicios y alegando que su estilo de vida daba con el perfil de asesina. Cristina fue condenada por mujer y pobre. Pero con la lucha incansable de su familia, de las organizaciones de derechos humanos y con el ascenso del movimiento feminista, se logró en diciembre del año pasado la absolución para ambas.

Libre, sin ningún tipo de acompañamiento estatal, Cristina estaba totalmente desamparada. Sin apoyo psicológico, con precariedad laboral y con su juventud robada, luego de ocho meses de haber sido absuelta, apareció muerta en la habitación que alquilaba en el barrio El Palomar de la ciudad de Posadas. Según su círculo más íntimo, ella estaba muy preocupada por su estabilidad económica. Ningún organismo estatal, ni los funcionarios de gobierno, ni los jueces que la condenaron sin pruebas, fueron capaces de pedir disculpas por el “error” cometido, ni tampoco le ofrecieron alguna reparación económica, ni una atención integral, ni a ella ni a su familia.

María Ovando, otra víctima de la Justicia misionera, estuvo un año y medio presa acusada de “no impedir” la muerte de su hija de 3 años por desnutrición. La saña con la que la acusaron en 2012 a María fue escandalosa. Ella, analfabeta, abandonada, entregada a un hombre a los 13 años y con doce hijos, víctima de una pobreza extrema, cuando se conoció su historia y por la fuerza de la movilización feminista se logró que la absolvieran. Sin embargo, María irá nuevamente a juicio en septiembre, ahora se la acusa de “no impedir” los abusos contra una de sus hijas y su nieta. Desde que recuperó su libertad, María fue monitoreada sistemáticamente por el Estado que “evaluaba” la relación con sus hijxs y nietxs y desarraigada sin una ayuda integral.

La Justicia es clasista, patriarcal y misógina

Hace unas semanas se estrenó la película Crímenes de familia, basada en hechos reales. En el filme se puede ver cómo la Justicia actúa en dos juicios distintos que involucran a una misma familia adinerada de la ciudad de Buenos Aires. En uno, el acusado es el hijo y enfrenta un juicio por violencia de género y violación. En el otro caso, quien está en el banquillo de los acusados es la empleada doméstica de esa misma familia, quien sin saber que estaba embarazada, da a luz en el baño de servicio de la casa y el bebé nace sin vida. A él, niño rico, a pesar de ser culpable lo absuelven porque logran borrar las pruebas coimeando a funcionarios. A ella, mujer pobre y analfabeta, a pesar de ser inocente, la condenan a prisión.

Lo que se puede ver con claridad es que la Justicia actúa siempre de la misma manera. Mientras los poderosos ricos se manejan con total impunidad, son los sectores más vulnerables y pobres -entre quienes se encuentran las mujeres- quienes se llevan las penas. De ahí el dicho de que las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, mientras que los ladrones de guante blanco están libres. Algunos datos lo demuestran: siete de cada diez mujeres privadas de la libertad se encuentran sin condena firme, un porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. Según lo advirtió un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en el diario Perfil el 23/10/18, la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto.

Nos queda por agregar que el carácter patriarcal de la Justicia también se ve cuando se le llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. También al mirar para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad bajo la venia de funcionarios, jueces, policías y proxenetas. Por todo esto, insistimos en que se deben destinar recursos suficientes para capacitar y formar con perspectiva de género a todos los funcionarios de la Justicia. Pero, a la vez, también deben ser sancionados y castigados todos aquellos jueces y fiscales que son responsables de las condenas por “error”, como se demostró en el caso de Cristina Vázquez. Esto en el marco más general que proponemos desde la izquierda para que haya cambios inmediatos dentro de la Justicia, como que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que no tengan esos sueldos millonarios y que los cargos sean revocables.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El martes 1º de septiembre se reunió la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo para encaminar las resoluciones aprobadas en el plenario nacional virtual realizado el 12 de agosto. Participaron el Pollo Sobrero y compañeros de la Unión Ferroviaria Oeste; dirigentes del Sutna; Mariana Scayola, de Ademys; Angélica Lagunas, de ATEN Neuquén; Ileana Celloto, de AGD-UBA; Guillermo Pacagnini, de Cicop; Alejandro López, de Ceramistas de Neuquén; Claudio Dellecarbonara, del Subte; docentes de la Multicolor y dirigentes sindicales de varias provincias.

El Pollo Sobrero reafirmó la importancia de que se le pusiera fecha a la jornada nacional de lucha, que quedó unánimemente acordada para el jueves 17 de septiembre. En cada provincia donde funciona el PSC se realizarán diversas acciones, según la realidad de la pandemia. Las características específicas de la modalidad de la jornada de lucha las definirán las diferentes mesas del PSC que se están armando por provincia y por región. En la reunión se hizo un balance muy positivo del plenario virtual de agosto, se debatió la declaración para convocar a la jornada de lucha y también se informó la situación de la organización de los plenarios regionales del sindicalismo combativo que se realizarán en Santa Cruz-Chubut-Tierra del Fuego y en Neuquén-Río Negro.

Hubo bastante acuerdo sobre el balance del plenario nacional virtual de agosto. Mariana Scayola consideró que el PSC se está fortaleciendo como polo de organización y coordinación de los luchadores ante la traición de la burocracia sindical de la CGT y las CTA, hecho confirmado por la participación de representantes de casi cincuenta luchas en curso en el plenario virtual. Hubo críticas a los ataques desubicados (por contenidos y formas) que realizaron los compañeros del MAC/PTS en el plenario, con intervenciones poco constructivas y poco fraternales que no ayudan a fortalecer el PSC.

Sobre los plenarios regionales, se informó que el de Patagonia Sur (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut) se realizará este sábado 5 de septiembre, con la participación de importantes dirigentes sindicales combativos y luchadores de las tres provincias, con su organización ya encaminada.

En tanto, el dirigente del Sindicato Ceramista, Alejandro López, y la dirigente de ATEN de Neuquén, Angélica Lagunas, informaron que se están impulsando reuniones para la organización del plenario Neuquén-Río Negro. Y llamaron en común a los dirigentes de las demás corrientes sindicales que integran el PSC (PO, PTS, etc.) a que mantengan los criterios generales unitarios que venimos teniendo, con la participación de los principales dirigentes gremiales de cada provincia y las principales luchas y sectores independientes para que se puedan sumar al PSC.

Sobre la convocatoria a la jornada nacional de lucha hubo polémicas con el PTS y el MST sobre el carácter de la misma y se resolvió que en la zona del AMBA (CABA y Gran Buenos Aires) se llame a todos los sectores en lucha a realizar una gran caravana en la CABA (en función de garantizar el aislamiento social y evitar poner en riesgo la salud de los participantes), a la que se sumarán sectores de los movimientos sociales en la avenida 9 de Julio para confluir en Plaza de Mayo y realizar un breve acto con oradores de la mesa nacional.

Llamamos a todos los sectores en lucha en el país a sumarse a esta jornada, a los aeronáuticos, docentes, estatales y todas las luchas contra los despidos y la falta de pago, que cruzan todas las provincias ante el ajuste del gobierno y las patronales. A los trabajadores del Sur del país a participar en los plenarios regionales del 5 y el 12 de septiembre.

Y a los compañeros de Latam, docentes de Ademys y Suteba Multicolor, a los trabajadores de la salud y a todos los sectores obreros y populares que están en lucha, que son abandonados por la burocracia sindical, a sumarse a la caravana y el acto en Plaza de Mayo el jueves 17 de septiembre.

Javier Leonforte, para El Socialista, entrevistó a una de las tripulantes de cabina, mal llamadas azafatas, de Latam.

–¿Cómo ingresaron los y las tripulantes de cabina a la lucha contra los despidos en Latam? ¿Qué rol viene cumpliendo su gremio, la Asociación de Aeronavegantes Argentinos?

–Luego de pasar de Lafsa a Lan, en 2009, logramos organizar la elección de delegados de Aeronavegantes y sufrimos persecuciones y despidos de la patronal chilena de Lan, con la complicidad del gremio Atcpea. Luego, con medidas de fuerza se lograron reincorporaciones y en 2010 conquistamos nuestro primer convenio colectivo de trabajo que recién fue homologado en 2015. Lamentablemente en la lucha actual la conducción de Aeronavegantes (AAA encabezada por Pablo Brey) solo nos representa de forma administrativa en las reuniones en el Ministerio de Trabajo, pero no impulsan asambleas, ni comunican el curso de las negociaciones.

La toma del hangar de los mecánicos de Ustara fue el puntapié para iniciar la lucha. Ahí nos autoconvocamos en asambleas para apoyar la ocupación desde los sectores de tierra, tripulantes y cargas, frente al silencio cómplice de las conducciones gremiales.

–¿Qué sectores los vienen apoyando?

–Logramos el apoyo de personalidades del espectáculo, deportistas y periodistas a través de videos solidarios. Sindicalmente nos apoyan los tercerizados y trabajadores de Austral, Aerolíneas Argentinas, Gate Gourmet, GPS, los ferroviarios del Sarmiento, el gremio docente Ademys, que puso 20.000 pesos para el fondo de lucha, autoconvocados de Coto y muchas organizaciones sociales y políticas. Destacamos el rol del Pollo Sobrero, que cuando le pedimos un video nos pidió venir personalmente a Aeroparque compartiendo días de lucha. Y ahora hicieron un video con decenas de trabajadores ferroviarios apoyando a los trabajadores de Latam.

–¿Cómo sigue la lucha y qué respuesta esperan del gobierno?

–Hicimos varias caravanas, muy emocionantes, en apoyo a la toma del hangar, a la embajada de Chile y al Obelisco. Las tripulantes de cabina hicimos una demostración de seguridad, como al iniciar los vuelos, con nuestros uniformes de trabajo en los semáforos, esa imagen impactó mucho en la población.

El gobierno nacional es quien tiene que resolver el conflicto, logramos que nos atiendan en el Ministerio de Transporte, y este jueves tenemos una audiencia como autoconvocados. Luchamos porque la representación no la tienen las conducciones gremiales, sino nosotros, y por eso tenemos que ser parte fundamental del diálogo. El capital más importante que tiene Latam somos sus trabajadores y sus rutas aéreas, el gobierno tiene que responder qué va a hacer, si pasamos al Estado en Aerolíneas Argentinas sería poder mantener nuestros puestos de trabajo.

Escribe María Isabel Giordano

El sábado al mediodía reinaba la alegría entre los trabajadores textiles por el triunfo logrado. Desarmaron la carpa que albergó durante tres meses a los compañeros en lucha por recuperar su fuente de trabajo.

Esto nos contó José, obrero de la textil Río Grande, sobre la historia de este conflicto: “El 16 de marzo dejamos de producir en la fábrica porque adherimos al decreto nacional por la cuarentena, mientras el gremio nacional nos apuñalaba por la espalda haciendo el acuerdo con FITA (Federación de Industrias Textiles Argentinas). Gran parte de los delegados de base de las diferentes fábricas textiles rechazaron ese acuerdo bochornoso que había acordado la AOT (Asociación Obrera Textil) a espalda de los trabajadores, que consistía en cobrar un sueldo al 50 por ciento. Luego se reunieron con los empresarios y la CGT, donde se firmó un acuerdo para cobrar el 80% del sueldo.

Y la AOT, después de haber sido repudiada por varios delegados de base de diferentes fábricas, se alineó con la CGT. Así comenzaba una gran pelea para recuperar nuestros puestos de trabajo. Habíamos cobrado el ATP y fuimos notificados para que nos desvinculáramos con retiros voluntarios.

En plena pandemia denunciamos en el ministerio de Trabajo a la empresa por la falta de pago de tres quincenas. Luego presionamos al gremio para que hiciera una asamblea, que se realizó en forma desdoblada,  ya que cada reunión era de cuarenta compañeros porque había que respetar el distanciamiento. Decidimos rechazar la desvinculación y se presentaron dos mociones: tomar la fábrica o montar una carpa en la entrada de la fábrica. El 25 de mayo armamos la carpa. La cubríamos desde las 10 hasta las 18, soportando temperaturas bajísimas, nieve, lluvia y viento. Tuvimos reuniones en el ministerio de Trabajo y con legisladores, de las que no obtuvimos respuestas.

Nuestros representantes organizaron una asamblea de delegados de todas las textiles de Río Grande en la sede del gremio pidiendo la adhesión para movilizarse hacia el Concejo Deliberante para entregar un petitorio. Era la primera marcha que realizábamos en plena cuarentena.

Entre reuniones, enojos y discusiones, algunos compañeros, por su situación económica, fueron forzados a firmar la desvinculación. El 23 de junio los delegados fueron citados a la Legislatura, donde se les planteó nuestro conflicto. Los legisladores resolvieron formar una comisión para hacer un seguimiento a todas las fábricas, no dieron ninguna respuesta concreta. Días después fueron citados los delegados al ministerio de Trabajo, donde las autoridades de la empresa, desde Buenos Aires, anunciaron el cierre definitivo de la planta.

Decidimos en asamblea hacer una movilización al ministerio de Trabajo de la provincia y al de la Nación. Ese día se descompensó en plena marcha nuestro compañero Tatti: le había agarrado un fuerte ACV. Los médicos no daban mucha esperanza de vida y estuvo una semana en coma.

La Legislatura citó a la apoderada de la textil, donde expuso la situación de la empresa y ratificó el cierre de la fábrica. Ese día falleció Tatti. Fueron días terribles para nosotros, perder un compañero en medio de una situación que estábamos atravesando prácticamente en la calle. Ya no teníamos aporte para la jubilación, ni obra social. Cobrábamos solo el IFE. La única salida que nos ofrecían era la desvinculación y cobrar en doce cuotas, si queríamos la indemnización al ciento por ciento.

Cualquiera hubiera tirado la toalla. Lejos de esa decisión, apareció el orgullo, la furia, esa fuerza interior que no todos tienen, donde la mayoría de los compañeros pusieron la fuerza capaz de convertir las situaciones más complejas angustiantes y dolorosas en fortaleza para enfrentar nuevamente la pelea. El gremio textil estuvo prácticamente ausente: su posición fue que aceptáramos los retiros voluntarios.

Nuestra lucha fue ganar el apoyo de otras fábricas y de la comunidad. Hicimos varias colectas para familias que perdieron todo en un incendio, para el Día del Niño y para el hospital.

Después de tres meses, el gobernador se reunió con el gerente de la empresa, donde se informó a los delegados que se reabría la fábrica. Aquí nadie nos regaló nada, lo logramos con la lucha. Hoy podemos decir que es un round ganado, pudimos recuperar nuestros puestos de trabajo, fue una victoria de los trabajadores de la Textil Río Grande y del resto del movimiento obrero.

La empresa se reunió con los delegados de la AOT y el Setia (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines), donde el gerente general explicó la situación de la fábrica y que íbamos a entrar a trabajar el 1° de septiembre. Informó también que no íbamos a entrar todos, el que trabaje cobraría el 100% del sueldo y el que no, el 80 por ciento.

No vamos a bajar los brazos, nos queda un round más, seguir peleando desde adentro hasta que entren todos, recuperar el gremio y pedir justicia por nuestro compañero”.

Como expresó José, se ganó un round a una patronal que ganó mucho dinero durante cincuenta años. Este grupo empresarial, Sedamil, fue el “caballo de Troya” en la industria textil, con comercialización nacional e internacional. Funcionaba en Capital, Buenos Aires, Trelew y Río Grande. Durante muchos años se benefició con la ley 19.640 en Tierra del Fuego, a través de la reducción de impuestos.

El gobierno dilató hasta último momento sentarse con la patronal para tomar una decisión, después de tres meses de conflicto, acompañado por los dirigentes sindicales en silencio, que esperaban el desgaste, pero eso no sucedió. Esto plantea la necesidad de construir nuevas direcciones en los sindicatos con dirigentes que surgen de los conflictos, que respeten las decisiones de las bases y fomenten la solidaridad entre nosotros para enfrentar el ataque de las patronales. Hacemos un llamado a confluir con el sindicalismo combativo para fortalecer este frente de lucha.