Escribe José Castillo

Lo que se está haciendo en nuestro país con el gas es un auténtico saqueo. A los pulpos transnacionales se los “estimula” con subsidios y otros incentivos. La excusa es que así invertirán y producirán más. Es una mentira total. En 2017 la producción de gas retrocedió 0,9%. Este año creció 3,5%, pero como producto exclusivo del supernegociado que se está haciendo con Vaca Muerta.

Hoy el 36% de la producción total viene de estos yacimientos llamados “no convencionales”, donde se extrae a costa de producir un desastre ambiental. Pero eso no es todo. A las empresas que operan allí se les garantiza un precio de 7,5 dólares el millón de BTU (medida que se usa para el gas). Un escándalo, ya que en los Estados Unidos, en un yacimiento similar como el de Eagle Ford, se paga 3 dólares el millón de BTU.
En el resto de los yacimientos (los llamados “convencionales”) las empresas reciben 5,98 dólares el millón de BTU, cuando el costo de extracción (reconocido por YPF en sus declaraciones certificadas ante la SEC, organismo de control de las Bolsas de Valores yanquis) es de apenas 1,9 dólares.
Todo un escándalo. Pagamos el gas infinitamente más caro que otros países, teniendo un costo de extracción en promedio más barato. Un regalo para las transnacionales que vienen a dejarnos sin este vital elemento, hacer sus negocios y luego, cuando ya “no les rinda más” retirarse dejando un tendal en las regiones cercanas a cada yacimiento.

La Argentina es un país gasífero. Podríamos tranquilamente autoabastecernos y proveer ese servicio en forma accesible para toda la población. Y sin embargo vemos cómo las tarifas se acercan a lo inaccesible, mientras millones de argentinos no acceden al gas en red simplemente por la inexistencia de infraestructura. Son justamente los más pobres y necesitados, que dependen del gas en garrafa (más caro que el gas natural) o tienen que recurrir a la leña o al kerosene para calefaccionarse y cocinar.
El gas, igual que el petróleo, es un recurso fundamental y no renovable. Su uso requiere planificación y búsqueda de nuevas reservas. Para hacerlo llegar a toda la población hay que construir gasoductos y luego redes locales. La lógica no puede ser la de la ganancia, sino la de las necesidades y el derecho de todos al acceso al servicio.

Gas del Estado fue una de las empresas gasíferas más importantes del mundo. Junto con YPF fundaron pueblos, contribuyeron al desarrollo de regiones enteras y generaron centenares de miles de puestos de trabajo. Por eso, entre otras cosas, fueron desguazadas.
La única salida frente a los tarifazos, el saqueo del patrimonio de los recursos no renovables, la falta de inversiones y la baja calidad de los servicios pasa por la reestatización del conjunto del negocio gasífero petrolero. Creando una gran empresa integrada, como era Gas del Estado, que concentre la búsqueda de nuevas reservas, la extracción, el transporte y la distribución hasta los domicilios. Todo gestionado por los trabajadores de las distintas empresas en que hoy está dividido el negocio, junto con las organizaciones de usuarios. Así podremos garantizar que el gas deje de ser un negocio y se transforme en el insumo accesible y barato que necesita el pueblo trabajador.

Escribe Mercedes Trimarchi
Diputada provincial electa Izquierda Socialista/FIT Dirigente de Isadora

Como hace 33 años, el Encuentro Nacional reunió a mujeres de todo el país que viajaron a la ciudad de Trelew. Como era de esperar, en el año del debate por el derecho al aborto, a pesar de la distancia y de las dificultades para llegar, participamos unas 50.000 mujeres.

Los talleres más numerosos fueron los de “Estrategias para la legalización del aborto” en los que luego de las movilizaciones del 13J y el 8A, muchas mujeres participaron entusiastas y con fuerza para seguir la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Los planteos allí estuvieron cruzados con las organizaciones que proponen que debemos esperar a 2020 para seguir con esta lucha, porque recién allí cambia la composición del Senado. Otras agrupaciones plantean una consulta popular o plebiscito sobre el aborto. Desde Isadora e Izquierda Socialista consideramos que esas posturas son equivocadas. Primero porque esperar dos años significa más muertes por abortos clandestinos y además es confiar en el Senado y no en nuestras propias fuerzas para lograr la ley.Segundo, nuestros derechos no se plebiscitan sino que los debemos conquistar con la movilización. Así lo debatimos en los talleres y fundamentalmente fue ahí donde renovamos nuestro compromiso de seguir en las calles hasta #QueSeaLey.

Las protagonistas fueron las pibas jóvenes, muchas de ellas estudiantes secundarias, las mismas que todo el año estuvieron organizando los pañuelazos en los colegios y en las plazas de todo el país. Las que reclaman que se aplique la educación sexual en las escuelas y que sea laica, científica y con perspectiva de género. Y son las que le aportaron con maquillaje y glitter color, alegría y entusiasmo a la inmensa marcha final que recorrió la ciudad y que conmovió a las lugareñas que se sumaron con aplausos o levantando en alto los pañuelos verdes.
Párrafo aparte merecen los sectores antiderechos liderados por la Iglesia Católica y las evangélicas, avalados por el gobierno que durante los meses previos hicieron lo imposible para que el evento no se haga. Los medios de comunicación decían que las mujeres que viajábamos al Encuentro seríamos violentas y que intentaríamos incendiar la ciudad. Por ejemplo, hasta el diario Clarín (14/10) tituló “Encuentro Nacional de Mujeres: venden nafta en botellas y sospechan que están armando bombas molotov”. Todo esto habilitó requisas (que no encontraron nada) en los colectivos que ingresaban a la ciudad, ataques con piedras a una escuela en la que se alojaban varias delegaciones y la razzia que realizaron policías de civil al finalizar la marcha, que culminó con represión y la detención de diez mujeres que fueron brutalmente agredidas. Repudiamos la represión y la campaña de odio hacia las mujeres que los grupos antiderechos realizaron para opacar la inmensa manifestación y fuerza que tenemos las mujeres que luchamos por nuestros derechos.

Frente a estos ataques, que no son nuevos porque ya en 2015 y en 2016 también reprimieron la marcha del Encuentro, las mujeres tenemos que responder con más fuerza y organización. Por eso, a pesar de las maniobras de la comisión organizadora (CCC, CTA, PJ y FpV) que burocráticamente intenta encorsetar el Encuentro para que no se desarrolle como un verdadero espacio de organización de las mujeres, la marea verde logró llevar su lucha a las calles de Trelew. A pesar de que la mayoría de las que participamos exigimos que la próxima sede del Encuentro sea en Buenos Aires, para potenciar nuestra lucha, el 34º Encuentro de Mujeres será en la ciudad de La Plata. Y como las mujeres estamos haciendo historia, tendremos un nuevo desafío, lograr que el próximo Encuentro de Mujeres sea aún más multitudinario para conquistar nuestros derechos.

Con mucha participación en los talleres y con una nutrida columna, las mujeres del FIT (Izquierda Socialista, PO y PTS) participamos de la marcha de cierre con una bandera común de separación de la Iglesia del Estado. Reproducimos parte del comunicado y pliego de reivindicaciones que levantó el Frente de Izquierda:
“Decimos aborto legal, seguro y gratuito ya. Exigimos la separación efectiva de la Iglesia y el Estado. Por una ESI laica, científica y con perspectiva de género. Por todos los derechos de las mujeres trabajadoras. Mientras la burocracia sindical llama a ir a rezar a Luján el 20 de octubre, desde el Frente de Izquierda exigimos paro general y llamamos a movilizarnos el 24 de octubre contra el presupuesto de ajuste del FMI, Macri y los gobernadores. El 20 de octubre llamamos a acompañar la lucha del movimiento de mujeres de Brasil contra Bolsonaro y gritamos #EleNão. Que el próximo Encuentro Nacional de Mujeres sea en ciudad de Buenos Aires.

Cientos de compañeras de Isadora viajamos hasta la ciudad de Trelew a participar del Encuentro. Muchas lo hicieron por primera vez, y otras con varios encuentros de experiencia. Pero todas, con mucho esfuerzo, fuimos juntando el dinero para poder viajar. Con bonos, haciendo fiestas, pines, pañuelos y comida para vender, logramos que todas las compañeras pudieran financiar su viaje, porque Isadora es una agrupación de mujeres trabajadoras y estudiantes que nos autofinanciamos y no recibimos dinero del gobierno, de empresarios ni de partidos patronales.

En nuestra delegación fueron trabajadoras del ferrocarril Sarmiento que vienen de conquistar que Silvia Bogado sea la primera mujer mecánica de trenes de la historia de nuestro país. Docentes, que son parte del sindicalismo combativo que luchan por aumento salarial y en defensa de la educación pública junto a las estudiantes secundarias, terciarias y universitarias que pelean por una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género. Trabajadoras estatales, bancarias y del Astillero Río Santiago que luchan día a día contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. Por eso uno de los debates que dimos en los talleres fue la necesidad de movilizarnos el próximo 24 de octubre contra el presupuesto 2019.

Somos parte del movimiento mundial de mujeres que lucha en todo el planeta contra las violencias de género y en este 33º Encuentro de Mujeres nos solidarizamos con las brasileras y repudiamos al neofascista, derechista y misógino Bolsonaro. Desde Isadora vamos a participar de la concentración en la embajada de Brasil junto al Frente de Izquierda el sábado 20 para gritar bien fuerte #EleNão.
Todas estas peleas que fuimos a dar a Trelew son las mismas que damos cotidianamente en nuestros lugares de trabajo y estudio convencidas de que sólo con la movilización lograremos conquistar nuestros derechos, porque ningún gobierno ni ningún Congreso jamás nos regaló nada. Por eso, debemos seguir luchando por todos nuestros derechos y por el aborto legal hasta #QueSeaLey. Te invitamos a ser parte de Isadora y de Izquierda Socialista y dar juntas estas peleas con mucha más fuerza.

Pañuelazo

Desde Isadora e Izquierda Socialista, como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, participamos del pañuelazo frente a la laguna Chiquichano en la ciudad de Trelew. Con los pañuelos en alto cientos de mujeres cantamos“¡aborto legal ya y que los curas se vayan a laburar!”

Escribe Guido Poletti

Desde hace décadas los grandes negociados pasan por los sobreprecios, los contratos truchos, las inversiones prometidas y nunca realizadas, y otras mil y una “avivadas” que hacen al negocio de la obra pública. Ahora quieren “despegarlas” de los escándalos de la corrupción.

No es algo nuevo. Ya en la época de la dictadura surgieron grandes grupos económicos, como Perez Companc, Roggio, Techint, Macri o Fortabat, que se aprovecharon de las obras faraónicas de entonces (los estadios del Mundial ´78, las autopistas y los grandes contratos de recolección de residuos). Esto siguió en la década siguiente, con Alfonsín, la mayoría de ellos ganaron como contratistas de las entonces empresas del Estado. Siguieron con Menem, muchos de ellos metiéndose como socios menores en las privatizadas y, coimas mediante, entrando en cuanta contratación existía.

La corrupción no es un fenómeno “propio” de los años kirchneristas. Los grandes grupos económicos juegan a esto desde hace mucho. En cada gobierno tienen que compartir el botín con los empresarios “nuevos” que cada gobierno les pone al lado para favorecer. Así, Menem tuvo su Yabrán, los Kirchner sus Cristóbal López, Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra. A ello le tenemos que agregar un dato novedoso: la “internacionalización” de la corrupción de la obra pública, con la aparición de transnacionales como la brasileña Odebrecht.
El escándalo de los “cuadernos” volvió a poner sobre el tapete el desmadre de la corrupción kirchnerista. Frente a las denuncias y las revelaciones que surgen día a día, nosotros no tenemos ninguna duda: que todos los culpables vayan presos y sean obligados a devolver lo robado.
Es evidente que el gobierno y la Justicia hacen las mil y una maniobras para “despegar” a la familia del presidente Macri y sus empresas, cuando el Grupo Macri, a lo largo de toda su historia, participó plenamente de estas prácticas. Así sucedió cuando estatizaron su deuda, o cuando se aprovecharon de la mayoría automática de la Corte Suprema menemista para zafar de una causa de contrabando de autos. O cuando, más cerca en el tiempo, quieren evitar pagar las deudas del Corrreo Argentino. Actualmente hacen malabares para evitar que quede involucrada Iecsa, ex empresa de la familia presidencial, en los escándalos vinculados al soterramiento del Sarmiento.
Pero tanto el gobierno como la Justicia no pueden escapar ante la flagrante evidencia de coimas, de tener que investigar, junto con el coimero, al “coimeador”. Y ahí es donde queda pegada parte importante de la elite de los grupos económicos locales, pasando por Carlos Wagner (dueño de Esuco y titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Angelo Calcaterra (ex titular de Iecsa), Luis Betnaza (director corporativo de Techint), Armando Loson (Grupo Albanesi), Juan Chediak (también ex titular de la Cámara de la Construcción), Aldo Roggio (de su propio grupo), Héctor Zabaleta (ex director de Administración de Techint), Javier Sánchez Caballero (ex gerente de Iecsa), Jorge Guillermo Neira (gerente de Electroingeniería), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux Argentina), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) y Gabriel Romero (Grupo Emepa).

El gobierno de Macri, los jueces y las cámaras empresarias han puesto en juego entonces una justificación: que el límite de investigación de la corrupción es no poner en riesgo las futuras “inversiones”. En particular se refieren a los contratos de “participación público-privada” (PPP), la nueva forma que ha encontrado para que la obra pública pueda seguir generando negociados, con las propias empresas buscando financiamiento que luego será abonado por el Estado. Un sistema que fomenta incluso más que antes los sobreprecios y la corrupción en todo el entramado de la obra pública. Para que estos negociados puedan seguir realizándose plantean que no se debe confundir a un “directivo corrupto” de una empresa con la propia compañía. Así, Paolo Rocca de Techint, por ejemplo, podría “entregar” a su directivo Luis Betnaza, aduciendo que “la empresa no sabía nada”. En síntesis, se trata de salvar a las empresas y a sus verdaderos dueños, para que sigan robando.
Este mecanismo no es novedoso. Es tan viejo que, al final de la Segunda Guerra Mundial, se dijo que el hecho de que Mercedes Benz, Volkswagen o Bayer hubieran usado mano de obra esclava de los campos de concentración no afectaba “a las compañías”, sino a lo sumo a un pequeño núcleo de gerentes. Se trata del mismo razonamiento: ahora Techint, Roggio, el Grupo Macri y los otros dueños del negocio de la obra pública seguirán lucrando con el presupuesto de los argentinos y llevándose el dinero que debería ir a educación, salud o vivienda.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda afirmamos que los corruptos son todos, incluyendo a los empresarios y las propias empresas. Si una firma estuvo involucrada en un acto de corrupción debe ser expropiada, estatizada y puesta a funcionar gestionada por sus propios trabajadores. Y la obra pública debe ser realizada acorde con un plan que priorice las más urgentes necesidades populares y no, como hasta ahora, los negocios de un puñado de grandes empresas.