El gobernador de la UCR de Mendoza, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar la ley 9209 que permitía la megaminería, la cual estaba prohibida por la 7722. Declaró que “hay acuerdo mayoritario entre las bancadas para derogarla”, pero son las mismas bancadas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, con el aval del presidente Alberto Fernández, que habían votado la modificación para permitir la megaminería contaminante.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, declaró: “Este cambio no se debe a que Suárez, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos (radicales y peronistas) “hayan reflexionado”, sino que retrocedieron por la enorme movilización popular en Mendoza y la solidaridad nacional con esa lucha. Producto de ello es que también se logró que en Chubut, luego de enormes movilizaciones en dicha provincia y el contagio de Mendoza, no se trate la derogación a la ley que prohíbe la megaminería en esa provincia gobernada por Mariano Arcioni del Frente de Todos”.

Giordano finalizó: “Una vez más se demuestra que el camino para derrotar a la megaminería y los planes de ajuste es con la movilización. Lo opuesto a lo que pregonan la CGT y el propio gobierno nacional llamando a esperar y a tener paciencia mientras pasa el ajuste. Esto es lo que preparan con el Pacto Social contra el pueblo trabajador. Este camino de lucha es el que deberán recorrer los trabajadores para enfrentar la ley de emergencia recientemente votada que le roba a los jubilados y trabajadores para pagar la deuda y salvar las ganancias capitalistas de las patronales. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad saludamos los triunfos en Mendoza y Chubut y llamamos a seguir ese ejemplo”.

Las masivas movilizaciones en la provincia de Mendoza son parte de un proceso de lucha contra la megaminería a cielo abierto que genera tremendos impactos ambientales y humanos. ¡No a la reforma de la 7.722 votada por la UCR y el PJ con el aval de Alberto Fernández! ¡Defendamos el agua y el suelo! El gobernador anunció que por ahora no reglamentará la repudiada ley 9.209 y llama a un “diálogo”. Pero la lucha debe continuar hasta obligarlo a que se derogue.

El fuerte repudio social y las masivas movilizaciones en Mendoza obligaron a que el gobernador Suárez anunciara la suspensión de la reglamentación de la ley 9.209, que reformaba la ley provincial 7.722 que prohíbe la megaminería en Mendoza. Pero hay que seguir la lucha hasta obligarlo a que se derogue.

El lunes 23, en una de las mayores protestas que haya protagonizado esa provincia, decenas de miles de mendocinas y mendocinos se volcaron a las calles contra la reforma de la ley 7.722, la número 9.209. Al grito de: “Suarez, basura, queremos agua pura” (el gobernador de la UCR), la movilización exigía que se mantenga vigente la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. A pesar de la dura represión ordenada por el gobernador radical dejando decenas de heridos y presos, los manifestantes organizados en asambleas continúan movilizados por su justo reclamo.

Con la Legislatura vallada, el viernes 20 diputados y senadores provinciales votaron la reforma de esta ley que protegía el ambiente. Impulsada por el gobernador radical-macrista Rodolfo Suarez, el proyecto fue apoyado por los bloques del radicalismo, del macrismo y del peronismo. Fue el resultado de un acuerdo en el que intervinieron la kirchnerista Anabel Fernández (ex candidata a gobernadora) y el propio presidente Alberto Fernández junto al gobierno provincial. Aunque ahora impactados por la movilización traten de deslindarse del proyecto diciendo que es un problema provincial, avalaron la reforma, como demuestra la votación de sus legisladores. Alberto Fernández, en particular, defiende la mega minería desde que fue gobierno en los 12 años anteriores y a las ganancias de las multinacionales como la Barrick y otras, saqueadoras y contaminantes. Ahora Fernández dice que es una actividad que permitiría hacerse de dólares para pagar la usurera deuda externa. Las declaraciones del ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandié intentando “despegar” al gobierno nacional diciendo que es un “tema provincial”, es parte de un doble discurso que hace agua ante la creciente protesta social. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que designó al reconocido lobista mega minero Alberto Hensel en la función de Secretario de minería de la Nación?

Fue un mal cálculo de los políticos patronales. La ley 7722 había sido aprobada con mucha lucha en 2007 y por eso representa una gran conquista que debe ser defendida. La masiva movilización unificó a docentes, alumnos, jóvenes, pequeños productores y comunidades enteras de ciudades del Valle de Uco, una de las principales regiones vinícolas del país que será gravemente afectada por la contaminación del agua si se aprueba el proyecto. La gravedad de la situación nacionalizó la lucha. Casi de inmediato comenzó a contar con el apoyo de personalidades del deporte, la cultura, los derechos humanos y entidades ambientalistas y sindicales de todo el país. Hasta las Reinas de la Vendimia pidieron no se haga la fiesta tradicional 2020 diciendo: "El agua de Mendoza no se negocia. #La7722nosetoca".

El proyecto aprobado abre las puertas para la explotación de minas de cobre, oro y plata utilizando cianuro y ácido sulfúrico para separar pequeñas cantidades de metales nobles de decenas de toneladas de roca bruta (lixiviación). Este sistema despeja grandes cantidades de sustancias tóxicas contaminando el aire y los cursos hídricos por derrames o filtraciones. Es lo que acaba de constatar un peritaje oficial en la vecina provincia de San Juan. Cinco ríos se encuentran contaminados por la acción de la multinacional Barrick Gold, que derramó un millón de litros de agua cianurada en la mina Veladero. Según el peritaje, “todas las muestras analizadas, líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro”.

Esta lucha también se está dando en Chubut donde la mega minería está prohibida pero intentan intentan avanzar con la “zonificación”, resistida por el pueblo chubutense.

La complicidad de los gobiernos patronales

Estas tragedias ambientales, con graves consecuencias humanitarias provocadas por un capitalismo salvaje y depredador, se lleva a cabo de la mano del gobierno nacional y los provinciales. Todos los partidos patronales son favorables a este tipo de proyectos como lo demuestra la votación de Mendoza. Ese apoyo se revierte en aportes económicos para financiar sus campañas y perpetuarse en el poder, cuando no para aumentar sus patrimonios personales. El ex presidente del PJ y tres veces gobernador de San Juan y actualmente diputado nacional, José Luis Gioja, acuñó la frase: “hay que promover la minería que da más plata que la soja”. No es lo que piensan en Jáchal e Iglesias, regiones de una provincia semidesértica que corren el riesgo de quedarse sin agua potable por la acción de la Barrick.

La minería a cielo abierto no es una industria que trae inversiones, puestos de trabajo y progreso. Al contrario, invierte poco en infraestructura sustentable, genera empleos precarios y limitados al tiempo que dure la extracción del metal buscado y genera impactos ambientales, geográficos, humanos y culturales profundos. Además, se lleva del país un recurso no renovable pagando por ello con bajas retenciones, que el gobierno de Alberto Fernández acaba de disminuir  del 12% al 8%.

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad nos posicionamos rotundamente en contra de la explotación de la minería a cielo abierto y a la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico o el mercurio. En Mendoza, los legisladores del FIT, tanto en diputados como en senadores, no sólo se posicionaron contra este proyecto sino que se sumaron a las marchas de protesta y a las exigencias de no reformar la ley 7722.

Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer presentó un proyecto apoyando la lucha contra la mega minería en Chubut y que se respete la prohibición de la misma, el que va en consonancia con otro que interpusimos desde Izquierda Socialista en 2017 (Proyecto de ley 2830-D-2017-diputado Giordano) disponiendo la expulsión de la Barrick Gold de Argentina.

Expresamos nuestra solidaridad con la movilización de las mendocinas y mendocinos y comprometemos nuestra militancia para difundir esa lucha desde nuestros lugares de estudio y trabajo, para impedir este nuevo crimen ambiental.

Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, 26/12/2019

Declaración del Plenario del Sindicalismo Combativo

Las organizaciones obreras deben velar por los intereses de los trabajadores. Rechazamos el Pacto Social. Preparamos los reclamos obreros y populares. Luchamos por la independencia y la democracia en los sindicatos.

En los últimos días se ha conocido las primeras medidas que el nuevo gobierno de Alberto Fernández ha definido tomar. Quienes venimos luchando contra todos los ataques recibidos a los trabajadores en la última etapa señalamos que la prioridad nacional no puede ser otra que la defensa del salario, los puestos de trabajo, la reapertura de todas las fábricas cerradas, el 82% móvil para todos los jubilados, la defensa de las conquistas de los convenios colectivos de trabajo y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos.

En oposición a estas necesidades elementales, la “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva” que aprobó el Congreso Nacional, se concentra en darle nuevos beneficios a las patronales y grupos especulativos. Esto se verifica en la rebaja del 4% en las retenciones a los pulpos petroleros o la quita del impuesto a la renta financiera en beneficio de los especuladores. A esto se suma la potestad del poder ejecutivo de otorgar todo tipo de beneficios impositivos a los empresarios, incluyendo la rebaja o exención en los aportes patronales.

La quita por Ley de la movilidad jubilatoria atada a la inflación y la sustitución por un aumento menor en las jubilaciones mínimas constituye una herramienta para el Estado para darle un nuevo manotazo a las cajas jubilatorias y un ajuste a los jubilados, en lugar de garantizar el 82% móvil. Estas cajas son el aporte permanente que hacemos el conjunto de los trabajadores. Cuando se ataca a los jubilados, se ataca a todos los trabajadores. La finalidad de este ajuste se encuentra en las garantías que el gobierno ha otorgado a los especuladores de la deuda y al Fondo Monetario Internacional.

La pérdida de los salarios en promedio en estos años pasados es de un 20%, en algunos convenios mucho más. Quienes hemos defendido el salario y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros como piedra fundamental, entendemos que la prioridad debe ser la recomposición salarial de todos los trabajadores como punto de partida de un plan económico alternativo para que la crisis de la Argentina no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores.

Las direcciones burocráticas de los sindicatos tanto de la CGT como de las CTA han definido formar parte del gobierno y ya han metido sus funcionarios en el aparato del nuevo gobierno. De Daer a Baradel, la burocracia sindical se postula como garante de una política que promete “reactivación” pero que tendrá por eje el pago de la deuda en un cuadro internacional de crisis capitalista y recesión mundial creciente. De esto se trata el “pacto social” que venimos rechazando hace tiempo y que ha comenzado a dar sus primeros pasos. Se están dando las herramientas para continuar avanzando con salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, ataque a los convenios colectivos de trabajo y beneficios impositivos a las patronales. La doble indemnización no frena los despidos y además se propone la suspensión de paritarias por 6 meses. Todo lo contrario a la recomposición salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales.

La llamada “economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar” como estrategia, es en base a trabajo por fuera de los convenios colectivos de trabajo. Es lo que ha planteado con mucha difusión mediática el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que promueve micro-créditos que permitan que los desocupados obtengan herramientas, y puedan –vía organizaciones sociales que han sido cooptadas al gobierno con cargos en ese ministerio- integrarse a trabajos dirigidos por cooperativas garantizando así la contraprestación del plan social… de $7.500. Este objetivo, junto al de atacar los convenios y enchalecar los reclamos obreros, es el verdadero contenido del Pacto Social que se prepara junto a los empresarios, la iglesia y la burocracia sindical.

La combativa clase obrera argentina, a pesar de la atomización y contención que imponen las direcciones sindicales burocráticas, viene sin embargo dando luchas tenaces, como la de los trabajadores de Kimberly Clarck, de Minetti, los residentes y concurrentes que derrotaron a Larreta, los de Egger que lograron su reincorporación o las batallas permanentes de los trabajadores del neumático por el salario y los ataques al convenio colectivo, como así también el sindicalismo combativo docente en todos los sindicatos, asociaciones y seccionales recuperadas, los Ferroviarios del Sarmiento, etc. También los trabajadores desocupados del movimiento piquetero combativo o los docentes y estatales de Chubut.

Impulsamos la deliberación para definir el programa y organizar nuestra lucha

Necesitamos es una acción de conjunto, un plan de lucha en defensa de los salarios y jubilaciones, contra los despidos y contra la destrucción de nuestros convenios laborales.
Planteamos la más amplia deliberación del movimiento obrero ante la etapa que se avecina. Asambleas, plenarios de gremio mandatados por asambleas de cada lugar de trabajo, reuniones de activistas. Los trabajadores no podemos esperar más. Argentina se encuentra económica y socialmente como el conjunto de América Latina, cuyos trabajadores luchan en todos los países.

El Plenario del Sindicalismo Combativo denuncia a la burocracia sindical que pretende estatizar al movimiento obrero en un “Consejo Económico Social”. Promovemos que los trabajadores nos organicemos para enfrentar la ofensiva capitalista de la que somos víctimas, donde ellos descargan su crisis sobre nuestras espaldas.

El Plenario del Sindicalismo Combativo convoca a todos los sectores antiburocráticos e independientes del movimiento obrero a poner en pie una agenda obrera para el país y un plan de lucha para conseguirlo.

Inmediata reapertura de paritarias, defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo, salarios equivalentes a la canasta familiar actualizados por inflación, otorgamiento y respeto de cláusulas gatillo, mínimo salarial y jubilatorio equivalente a la canasta básica, movilidad jubilatoria trimestral por índice de costo de vida, duplicación del importe y apertura de los planes sociales, doble aguinaldo para afrontar aumentazos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, reincorporación de todos los despedidos estatales, reapertura de las fábricas cerradas en los últimos años garantizada por el Estado, apertura de los libros y control obrero de los precios, anulación de los tarifazos aplicados desde 2016, estatización bajo control de los trabajadores y usuarios de todas las empresas privatizadas, no pago de la deuda externa, ruptura con el FMI, nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, bajo control de los trabajadores, aborto legal, seguro y gratuito, autonomía política de los sindicatos, plan de lucha, resuelto en asambleas y congresos de delegados con mandato.
No al Pacto Social, no a las reformas laboral ni jubilatoria, no a la flexibilización laboral y el trabajo precarizado, blanqueo de todos los trabajadores.

Mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo
20/12/2019
- Alejandro Crespo, secretario general SUTNA
- Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste
- Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza
- Alejandro López, secretario general Ceramistas Neuquén
- Guillermo Pacagnini, secretario general CICOP
- Mariana Scayola, secretaria general ADEMYS
- Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA
- Angélica Lagunas, comisión directiva ATEN Neuquén
- César Latorre, delegado general Comisión Interna Hospital Italiano
- Federico Navarro, comisión interna ALUAR (Puerto Madryn)
- Gastón Vacchiani, secretario general UTS

Con el pretencioso nombre de “ley de solidaridad social y reactivación económica”, el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos ha enviado al Parlamento para un tratamiento exprés un verdadero plan de ajuste. Además de delegar súper poderes en el Presidente, el corazón de las medidas representa un robo de la movilidad a los jubilados. El objetivo de fondo del conjunto de las medidas tomadas por medio de esta ley y de varios decretos de necesidad y urgencia es garantizar el pago de la deuda a futuro, metiendo a la Argentina en una senda de ajuste contra los trabajadores y el pueblo. A tal punto que el primer artículo dispone autorizar la renegociación de la deuda, es decir, reconocer el acuerdo con el FMI y pagar una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta.

El gobierno de Fernández-Fernández borra de un plumazo la ecuación que actualizaba todas las jubilaciones teniendo en cuenta la inflación, al mismo tiempo que anula la movilidad jubilatoria de los regímenes especiales, afectando a más de 250 mil jubilados entre los cuales se encuentran los docentes nacionales, universitarios, científicos e investigadores. Todo a cambio de un bono desdoblado de diez mil pesos por única vez para quienes cobran la mínima. Esto sucede al mismo tiempo que se quita el impuesto a la renta financiera, favoreciendo los negocios de los fondos especulativos, y se rebaja el 4% de las retenciones a los pulpos petroleros que saquean los recursos naturales. El modesto aumento de las retenciones al capital agrario, actualizando la medida que había tomado Macri, como ayer, tiene por destino el pago de la deuda. A esto le llama el nuevo gobierno “reactivar la economía”.

El “congelamiento” de tarifas suma a esto otra maniobra. En primer lugar, ratifica y evita terminar con el régimen de servicios públicos privatizados desde el menemismo. Al mismo tiempo, consolida los brutales tarifazos que se produjeron en la última etapa. Sólo el último año, las tarifas de los servicios elementales aumentaron más del 85% a pesar de los subsidios millonarios que le otorga el propio Estado. Lejos ha quedado el proyecto del PJ-kirchnerismo de retrotraer el monto de las tarifas a noviembre de 2017. En el poder, gobiernan de la mano de los capitalistas beneficiados con la entrega de los servicios públicos.

El decreto presidencial que impone la doble indemnización frente a nuevos despidos llega luego de que las patronales despidieran masivamente o cerraran las fábricas. Sólo en el último año, las cifras oficiales arrojan que se perdieron 135 mil puestos de trabajo en la industria. Incluso esta medida es también cosmética, porque no sólo no prohíbe los despidos y suspensiones, sino que además permite a las patronales solicitar un “recurso preventivo de crisis” que en connivencia con la burocracia sindical pueden estar habilitadas a despedir, incluso por menos que una indemnización simple. El decreto de “doble indemnización” contrasta con la ley de “prohibición de despidos” que había votado el propio PJ-kirchnerismo y luego vetada por Macri. Atrás ha quedado la demagogia de los tiempos de “opositores”.

Ahora en el gobierno, Alberto Fernández junto con la burocracia del Smata pusieron en marcha el “contrato social” que combina todo tipo de concesiones impositivas a las patronales, junto con un nuevo régimen laboral de súper explotación obrera. Es lo que ya se implementó en el convenio petrolero en Vaca Muerta, con consecuencias fatales para los trabajadores. El plan de suspensión de todas las negociaciones paritarias “por seis meses” que tejen con las centrales sindicales completa el círculo de una reforma laboral “convenio por convenio” y un retroceso salarial sin precedentes para todos los trabajadores de la Argentina. El nuevo proyecto de ley otorga la potestad al Poder Ejecutivo de dar aumentos según su propio criterio. Con esta medida se pretende quitar a los trabajadores y a sus organizaciones el derecho a exigir y luchar por un salario que cubra las necesidades de cada trabajador y sus familias y por sus condiciones laborales.
Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un "pacto social" de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, en pos de defender la ganancia capitalista.

El Frente de Izquierda - Unidad denuncia este nuevo ataque a los jubilados y trabajadores de la mano de una ley para complacer al FMI y los usureros de la deuda. Llamamos a todos los trabajadores a impulsar asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para rechazar la entrega de las direcciones burocráticas de los sindicatos que pactan con el gobierno a espaldas de los trabajadores.

Nos pronunciamos por un aumento general de salarios con actualización automática según la real inflación hasta cubrir la canasta familiar, el 82% móvil para todas las jubilaciones y que la mínima cubra la canasta básica, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en los últimos años, la reapertura de las fábricas cerradas con control de sus trabajadores y la prohibición efectiva de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y plan de obras públicas para generar empleo genuino. Por paritarias libres. Nacionalización de las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores. No pago de la deuda. Ruptura inmediata con el FMI. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

 Frente de Izquierda - Unidad (PTS - PO - Izquierda Socialista - MST)

Izquierda Socialista ha aportado con mujeres y hombres, luchadoras y luchadores, para ocupar las bancas rotativas que logramos conjuntamente con el Frente de Izquierda Unidad. Todo lo que han hecho cada una de ellas lo mostramos en estas páginas, siguiendo los consejos de los revolucionarios rusos Lenin y Trotsky sobre el rol que tienen que cumplir los diputados obreros en esa cueva de bandidos, como lo son el Congreso Nacional, las legislaturas y Consejos Deliberantes. Podemos decir, “tarea cumplida”.

Mónica Schlotthauer, junto a Nicolás Del Caño y Romina Del Plá como diputados nacionales, junto al resto de los puestos de lucha en todo el país, llevaron adentro y afuera del Congreso los reclamos obreros y populares, de las mujeres y de la juventud. Denunciamos a los políticos patronales. Propusimos medidas alternativas y soluciones de fondo. Y pusimos nuestras bancas al servicio del internacionalismo, en apoyo a las luchas de Chile, Ecuador y el mundo. Y siempre sostuvimos que solo un gobierno de los trabajadores y la izquierda en camino al socialismo podrán erradicar los males capitalistas y construir una sociedad sin oprimidos ni explotados. Las bancas de Izquierda Socialista y del FIT Unidad se destacaron, además, por cobrar como un trabajador, donar para los fondos de huelga y rotar las mismas entre todos los partidos que componemos el Frente de
Izquierda Unidad. En el caso particular de Schlotthauer, volviendo a trabajar como ferroviaria después de cumplir su mandato. Como siempre, juramos por la memoria de los 30.000 y nuestros caídos del glorioso PST, en apoyo a las luchas y por un gobierno obrero y socialista. Para eso están y seguirán estando nuestras bancas.

Legislatura de Córdoba: Cuatro años al servicio de las luchas

Escribe Ezequiel Peressini, Legislador (mandato cumplido) por Izquierda Socialista en el FIT

Desde el 2015 ocupé una de las tres bancas del Frente de Izquierda. Arrancamos rechazando el ajuste previsional con el que inauguraba su gestión el Gobernador Schiaretti, recortando el 7% de los haberes jubilatorios provinciales. Acompañamos la defensa del Ambiente, contra la Ley de Bosques que buscaba liquidar el 3% del bosque nativo y que la movilización popular impidió, junto a los vecinos de Barrio Inaudi que exigen el traslado de la planta de bioetanol de Porta Hermanos, y los vecinos de Santa Ana contra la instalación del mega basurero provincial.

Acompañamos el reclamo del movimiento de mujeres que ganó masivamente las calles al grito de Ni Una Menos, contra los femicidios, la violencia machista y por el aborto legal seguro y gratuito y peleamos contra los crímenes de odio exigiendo justicia para Laura Moyano y Azul Montoro.

Estuvimos en las luchas obreras contra el ajuste de Macri y su socio Schiaretti. Contra los despidos suspensiones y cierres de fábricas de Efacec, Plascar y ahora Minetti. Por la defensa de la EPEC estatal e integrada y del convenio colectivo de trabajo de los lucifuercistas.

Rechazamos en las calles y la Legislatura la represión, el gatillo fácil y la impunidad de policías y militares. Acompañamos la pelea contra el Código de Convivencia, la antiobrera “Ley de Servicios Esenciales” y los acuerdos que la Legislatura transformó en Ley entre la gendarmería de Bullrich y la policía de Schiaretti. Acompañamos a los vecinos de Juárez Celman cuando con palos y topadoras, el gobierno y la justicia desalojaron e incendiaron las casas de quienes allí vivían.

También llevamos importantes acciones de solidaridad internacional con el pueblo de Palestina ante la masacre perpetrada por el nazi-fascista Estado de Israel, por la autodeterminación del pueblo catalán, nos solidarizamos con la revolución Siria contra el carnicero Bashar Al Assad. Y recientemente visitamos Chile para solidarizarnos de manera activa con quienes heroicamente enfrentan al gobierno de Piñera.

Luego de cuatro años dejo la legislatura con la convicción de haber cumplido con el juramento de poner la banca al servicio de las luchas y de que nuestra compañera Noelia Agüero, en la rotación de la banca conquistada en estas elecciones, continuará con esta política. Como así también Alfredo Leytes lo hará con la conquistada por primera vez en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, impulsando una política revolucionaria al servicio del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud de la misma manera que lo hizo Liliana Olivero durante más de doce años. Nuestras bancas son del pueblo trabajador y al servicio del desarrollo y construcción de una herramienta política de los trabajadores para pelear por un mundo sin explotación ni opresión, por un mundo socialista.

Mónica Schlotthauer: Una luchadora obrera en un Congreso de ajustadores

Escribe Nicolás Núñez

Nuestra compañera Mónica Schlotthauer -delegada ferroviaria, feminista y socialista-, impuso una voz propia en el Congreso junto al FIT-Unidad. Acompaño las luchas obreras y populares, presentó proyectos y colaboró con la organización y las luchas de sus compañeras y compañeros del ferrocarril Sarmiento, al cual vuelve a trabajar al sector limpieza luego de ocupar su banca en todo este año 2019.

“Confirmé que estaba rodeada de cínicos desde el primer día cuando escuché al diputado Saadi de Catamarca vociferar en el recinto que le preocupaba la violencia contra las mujeres. El representante de los hijos del poder que mataron a María Soledad en los años 90”, cuenta Mónica.

“Si seguimos con el Fondo caemos hondo”, fue su primera denuncia al plantar bandera con su proyecto para desconocer el acuerdo entre Macri y el FMI y el no pago de la deuda. Lo mismo con el de prohibición de despidos y suspensiones, las dos primeras leyes para combatir la crisis económica y social del país. Siguieron los proyectos en defensa de la salud pública elaborado y presentado junto a referentes de las luchas de los hospitales y contra los aumentos de los remedios el proyecto de producción estatal y distribución gratuita de medicamentos.

Fue un año electoral, de pocas sesiones, de guerras de discursos en redes, actos y TV, pero con muchos acuerdos entre el peronismo y el macrismo que votaron juntos las principales leyes para que sigan amasando fortunas los de arriba. Se rechazaron tratar todos los proyectos que presentaron Mónica y el FIT, pero cada uno tuvo el objetivo de dejar claro que tenemos propuestas para que la crisis la paguen los capitalistas y se termine con el ajuste contra el pueblo trabajador.

Se convirtió en un grito de denuncia contra Macri y el PJ la abstención en soledad contra la mentirosa “Ley de Emergencia Alimentaria”, de la que pasaron ya dos meses de su aprobación y todavía no se implementó. Que 15 pesos por plato no resolvía el flagelo del hambre de los niños ni nuestros viejos ni los millones sin trabajo ni sueldos dignos. Y propusimos medidas de fondo: nacionalizar el comercio exterior y terminar con el saqueo de un puñado de multinacionales exportadoras que se apropian de las riquezas alimenticias.

Denunciamos que la “ley de góndolas” no va a reactivar las economías regionales y que para frenar la inflación hay que imponer precios máximos y castigo real a los supermercados oligopólicos. Y con la ley de alquileres denunciamos que no se castigaba a los pulpos inmobiliarios y propusimos la necesidad de un plan de viviendas para los casi 10 millones de familias sin techo.

Mónica permaneció en las trincheras del sindicalismo combativo y las luchas del movimiento de mujeres. Acompañó en Chubut el campamento docente y fue vocera permanente de esa heroica lucha. Acompañó en Mar del Plata la denuncia de desidia, corrupción y flexibilización que lleva más de 100 asesinatos laborales en el SOMU, que los sindicatos callan. Estuvo en decenas de movilizaciones y conflictos. Fue constante el reclamo por la libertad de Daniel Ruiz y contra la represión a las luchas y el gatillo fácil. Viajó para reclamar justicia por la masacre de los jóvenes de San Miguel del Monte junto a los familiares.

Como antes nuestro compañero Giordano, nuevamente nuestra firma dijo presente, con Mónica, en el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Y no faltó a la lucha de sus compañeras y compañeros guardas del Sarmiento contra la discriminación. Terminó su mandato presentando el proyecto del cupo femenino y trans para todo el transporte público y privado de cargas y de pasajeros y un día después fue gaseada con gas pimienta junto al movimiento feminista que en Luján exige justicia por la violación “manada” a una joven.

La lucha contra la destrucción capitalista del ambiente también estuvo presente en la agenda de Schlotthauer y de Izquierda Socialista con la participación en las movilizaciones ante los incendios en el Amazonas, el impulso de un proyecto junto a organizaciones ambientalistas de La Matanza y el proyecto de apoyo a la lucha del pueblo de Chubut contra el intento de reinstalar la megaminería.

La banca fue bandera de toda la militancia de Izquierda Socialista y palanca para la construcción de nuestro partido con decenas de recorridas y charlas en varios puntos del país. Y también al servicio de la Unidad Internacional de los Trabajadores, viajando a apoyar la rebelión chilena y a nuestros compañeros del MST de ese país con el proyecto de ruptura de relaciones con Piñera.

En síntesis, allí en el Congreso ante un poder de patrones ajustadores, tres bancas representaron a la clase trabajadores, a las mujeres y la juventud.

Laura Marrone: Presente en las luchas de la Ciudad de Buenos Aires

Finaliza un nuevo mandato de Izquierda Socialista en el FIT en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue un año de mucho trabajo. Enfrentamos la política del PRO que a la par que favorecía los intereses de los sectores empresariales más poderosos, bajándoles más de 20.000 millones de pesos en impuestos, nos endeudó. La ciudad más rica del país pagará 38.000 millones de pesos en concepto de deuda pública en 2020, tres veces el presupuesto de La Matanza en 2019. Denunciamos que los últimos presupuestos bajaron la participación de salud y educación, al tiempo que aumentaron la de la policía que el año próximo construirá más comisarías que escuelas. La Ciudad ha pasado a tener un policía cada 100 habitantes, superando a las megalópolis como Londres o Nueva York.

Tenemos hoy una ciudad llena de macetas y nuevas veredas, con obras púbicas que favorecen una ribera del río preparada para el turismo internacional, a la par que se duplicó la población de las villas, la mitad de su población alquila a cifras imposibles y más de 7.500 personas duermen en las calles.

Nos opusimos a la privatización de la tierra pública. En doce años de gobierno el PRO vendió más de 500 hectáreas. Desde los playones de los ferrocarriles hasta centenas de inmuebles fueron entregados a precios devaluados a los especuladores inmobiliarios como Epstein, Werstein, Constantini, en una ciudad donde faltan plazas, hospitales y escuelas.

Pero además de denunciar propusimos cómo organizar la ciudad mirando el interés de su población trabajadora. Volvimos a presentar nuestro proyecto por el fin de la concesión vergonzosa del Subte a Roggio y por su estatización bajo control de trabajadores y usuarios. Cuando Edenor y Edesur, bajo las imposiciones del FMI, pasaron a depender de la Ciudad para que ésta pague los subsidios sociales, planteamos su estatización bajo control de trabajadores y usuarios. Así mismo propusimos la ampliación de la tarifa social.

Fuimos infatigables en la defensa de vacantes para todos presentando más de 10 proyectos de leyes proponiendo la construcción de escuelas públicas. Propusimos un proyecto de ley para el pase a Educación de todos los Centros de Primera infancia, CPI, que hoy abarcan el 20% de la matrícula del sector en establecimientos precarizados.

La muerte de Cinthia Choque, agente de tránsito atropellada, puso al rojo la situación de los más de 20.000 trabajadores precarizados en la Ciudad. Presentamos proyectos de ley exigiendo el cumplimiento de las leyes laborales vigentes que establecen el ingreso por concurso público y la estabilidad laboral. Propusimos el pase a planta permanente de todos los trabajadores, incluso aquellos que bajo la tramposa forma de contratación tercerizada con ONGs, y fundaciones han reemplazado a trabajadores con derechos laborales.

Acompañamos la lucha de los 29 profesorados contra la UniCABA, y la lucha educativa contra el cierre de las escuelas nocturnas y del Jardín del Ramos Mejía, nos opusimos al traslado del Romero Brest y el Cenard, así como a la persecución a los docentes de Ademys y UTE sumariados por la Ministra Acuña. Acompañamos a enfermeras y residentes en su lucha por sus derechos.

Las luchas de los pueblos hermanos tuvieron una tribuna en nuestra banca. Defendimos al pueblo palestino de los crímenes del estado sionista de Israel, al venezolano contra la dictadura de Maduro, al chileno contra el gobierno sanguinario de Piñera.

Legislatura de la provincia de Buenos Aires: asumió Mercedes Trimarchi

Mercedes Trimarchi juró en la legislatura bonaerense como diputada provincial. Lo hizo reivindicando a los 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar y en especial a los militantes del PST, partido antecesor de Izquierda Socialista. Con el pañuelo verde en su puño izquierdo saludó las luchas de las mujeres en todo el mundo y reclamó por el aborto legal. En su discurso reivindicó la pelea por el socialismo y la necesidad de que gobierne la clase trabajadora. Una nueva banca que estará al servicio de las luchas.

Neuquén: las peleas en el Concejo Deliberante de la Capital

Al finalizar su mandato y dar lugar a la rotación, le pedimos a Manuel Sánchez, concejal por Izquierda Socialista en la ciudad de Neuquén, que nos comente sintéticamente su balance: “logramos que se aprobara el rechazo al proyecto fallido del Gobierno Nacional que intentó modificar la edad de Imputabilidad de niños, niñas y adolescentes; el rechazo al Decreto Nº 092/2019 de Necesidad y Urgencia para crear la Agencia de Deporte Nacional; y el rechazo a la sanción impuesta por la empresa “Autobuses de Neuquén” contra el chofer solidario de la Línea 502 que cambiaba el recorrido para acercar los alumnos y docentes a una escuela en zona riesgosa y que tuvo repercusión nacional. También tratamos de dar respuesta a otras demandas de carácter más local como lo es la imperiosa necesidad de contar con una garrafa a precio social para miles de familias sumidas en la pobreza con la creación de un Registro Único Municipal para el acceso a la Garrafa Social sin costo, que evitará el uso clientelar del bono gas. Otros proyectos aprobados ante reclamos puntuales como la obligatoriedad de instalar cambiadores de pañales accesibles en todos los sanitarios públicos para facilitar la crianza compartida y la equidad de género a miles de familias con niños pequeños. Por último, y siempre apoyándonos en la lucha y la movilización, dejamos dos proyectos en curso para que lo continúen las dos concejalas que tendrá el FIT-Unidad, uno sobre el boleto estudiantil gratuito, y otro sobre el loteo social y urbanización de la ocupación de tierras conocida como “Vecinos Toma Obrero Argentino del barrio Confluencia” que lleva casi dos meses de lucha y sufriendo salvaje represión.

Angélica Lagunas concejal

Angélica Lagunas juró como concejal de la ciudad de Neuquén: “Por la memoria de los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Por justicia completa para Carlos Fuentealba y que todos los responsables políticos de su fusilamiento vayan tras las rejas. Por el triunfo del pueblo chileno y de todas las luchas del mundo que se plantan contra el capitalismo. Por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Hubo un fuerte repudio contra la presencia del ex gobernador Jorge Sobisch.”