Vamos contra todos los ataques al pueblo trabajador a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista

Las declaraciones de Milei en el foro de Davos contra la comunidad LGTBI+ y los derechos de las mujeres provocaron una reacción masiva de repudio. La asamblea realizada en el parque Lezama desbordó de compañeres que resolvieron convocar a ganar las calles y llevar el repudio al gobierno al centro del poder político nacional en la denominada “marcha federal del orgullo Antifascista y Antirracista”. Junto con la asamblea de parque Lezama, se realizaron masivas asambleas en todo el país. El día previo a esas aberrantes declaraciones, Milei amenazó con perseguir a “los zurdos” “hasta el último rincón”, un ataque directo contra todos quienes somos orgullosamente de izquierda.

El gobierno de Milei viene llevando adelante un ataque no solo en los discursos sino con medidas hacia el conjunto de la clase trabajadora, los sectores populares, la juventud, el medio ambiente, la salud, la educación y la cultura. Con despidos masivos y discriminatorios, reducción de presupuestos públicos y eliminación de reparticiones enteras, que incluyen el vaciamiento de hospitales como el Bonaparte, un ataque y persecución sin precedentes al movimiento piquetero independiente, despidos en los sitios de la Memoria, la devaluación de los salarios, y un crecimiento incesante de la pobreza, sumado a la ruptura de los convenios colectivos y cierres de plantas enteras con la colaboración de la burocracia sindical de la CGT y las CTAs. Y ha desplegado un plan de criminalización y represión de las luchas y reclamos para imponer esas medidas. El ataque a los jubilados, es otro ejemplo del ataque generalizado a todos los los trabajadores de Argentina.

Respecto de la comunidad LGTBI+, el gobierno procede al vaciamiento de espacios de contención como la línea 144, despide trabajadores del cupo laboral travesti-trans, quita el derecho de tratarse por el VIH y se limita el acceso a hormonas, lo que lleva a la muerte a muches compañeres.
Ya anunciaron la presentación de un proyecto para liquidar la tipificación del agravante por motivos de género (femicidio) en el Código Penal dando luz verde desde lo más alto del poder político para que se intensifiquen los asesinatos a mujeres y disidencias por la violencia machista y patriarcal, para garantizar impunidad frente a los crímenes de odio.

El hecho de que el Presidente haya hecho declaraciones homofóbicas, transfóbicas, misóginas y machistas en un foro internacional no es casualidad. Se coloca en consonancia con Donald Trump y otros gobiernos de ultraderecha quienes también atacaron al movimiento de mujeres y diversidades. De la misma manera, ha tomado del libreto de Trump la iniciativa para lanzar una ofensiva contra los inmigrantes, anunciando una reja en la frontera de Salta, donde la gendarmería de Bullrich asesinó al bagayero Fernando Gómez en diciembre, insistiendo con excluir a migrantes de la salud y educación publica y gratuita y presentando un proyecto de ley que dificulte obtener la residencia a migrantes que viven y trabajan aquí. Si bien no es nada nuevo el ensañamiento del gobierno de La Libertad Avanza hacia la comunidad LGTBI+, las mujeres y la izquierda, es muy claro que descarga la crisis económica y el brutal ajuste sobre las espaldas de todas las familias trabajadoras.

Las luchas de las mujeres y la comunidad LGTBI+ ha obtenido muchas conquistas con la movilización. Sin embargo, a lo largo del tiempo se fue vaciando la aplicación de las leyes conquistadas. La política de cooptación e institucionalización de las luchas para sacarlas de las calles y como consecuencia la parálisis de la aplicación de las conquistas en el último gobierno de Alberto Fernández que llevo al vaciamiento y la falta de respuestas del ex Ministerio de Mujeres, géneros y Diversidad, sentaron las bases para que hoy los libertarios pretendan barrer definitivamente con todos los derechos conquistados con la lucha.

En ese sentido, denunciamos a los partidos que colaboran activamente para defender la “gobernabilidad” de Milei, votando sus leyes –incluyendo el cambio del calendario electoral como parte de una reaccionaria reforma política al servicio del gobierno ultraderechista- y desapareciendo de cualquier acción de lucha para enfrentarlo. Esto vale para su representación política, pero también para sus actores en cada movimiento de lucha, desde la burocracia sindical hasta la política de los sectores ligados al peronismo, el PRO y los radicales, que terminaron aceptando la propuesta de movilización del 1ero de Febrero ante la masividad y combatividad de la asamblea de Parque Lezama del 25 de febrero con miles de activistas.

El frente de Izquierda-Unidad se moviliza masivamente este sábado 1 de febrero para enfrentar todos los ataques del gobierno de Milei, para enfrentar de conjunto a este gobierno y sus políticas. Las banderas y acciones de lucha intentan ser desviadas hacia el parlamentarismo por los mismos que ya gobernaron a espaldas del conjunto de los trabajadores, jóvenes, mujeres y disidencias y todos los explotados. Pero la lucha es ahora.

Este sábado movilicémonos masivamente hacia la Plaza de Mayo y todas las plazas del país contra esta avanzada oscurantista y macartista y para apoyar todas y cada una de las duras luchas que está enfrentando la clase trabajadora, y planteamos la necesidad de continuidad con nuevas medidas unitarias y preparando masivas movilizaciones callejeras para el 8M y el 24M.

Planteamos la necesidad de unir estas luchas a todas las causas del pueblo explotado y oprimido, en el camino de preparar un plan de lucha nacional y la huelga general que derrote las políticas y el brutal ajuste del ultraderechista gobierno de Milei y el FMI y a todo el régimen en el que se apoya para imponer sus políticas reaccionarias, represivas, de hambre y entrega.

FRENTE DE IZQUIERDA-UNIDAD

La Izquierda en la provincia al igual que en el Congreso de la Nación rechaza la orden de desalojo contra la Lof Pailako emitida por el juez federal Guido Otranto para el próximo 9 de enero y reivindica el derecho de los pueblos originarios, preexistentes al Estado Nacional a recuperar sus tierras ancestrales.

El desalojo a la Lof Pailako profundiza el ataque a los pueblos originarios que vienen llevando adelante tanto el gobierno nacional de Javier Milei como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, así como también la justicia federal y las justicias provinciales, a lo que se suma, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Señalamos esto porque hace pocos días el gobierno de Milei, negacionista del genocidio perpetrado por Roca, anuló por decreto la ley 26.160 que impedía los desalojos a las comunidades originarias y también votó en soledad contra los derechos de los pueblos originarios en la ONU.

Así también, desde que asumió, su aliado Ignacio Torres lanzó una campaña contra la Lof Pailako acusándolos de provocar incendios en el verano de 2024, hecho que jamás pudo demostrar, e impulsó el desalojo de esta comunidad que habita en la zona del Lago Futalaufquen las comunidades mapuche-tehuelches son preexistentes al estado nacional y particularmente a Parques Nacionales y que está a punto de sufrir el segundo desalojo de sus tierras ancestrales por parte del Estado Nacional en pos de avanzar con el extractivismo y los negocios inmobiliarios.

Esta campaña contra los pueblos originarios no es exclusiva del actual gobierno nacional ni del gobierno de Chubut, es la expresión de una nueva cruzada contra los pueblos orignarios que va de Jujuy a Tierra del Fuego en pos de avanzar con el RIGI. Pero es una política que no reconoce grieta y que tiene continuidad desde el Comando Unificado que desalojó y secuestró a las lagmien de la Lof Lafken Winkul Mapu con el Frente de Todos en 2022, al de Ignacio Torres. Milei y Bullrich para defender el extractivisno.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y en los territorios rechazamos la orden de desalojo y nos solidarizamos con la Lof Pailako.

Responsabilizamos a Milei, Torres, Bullrich y Larsen, por la integridad física de los miembros de la Lof Pailako y las infancias que allí habitan.

Por todos estos motivos, y porque reconocemos y reivindicamos el derecho a la recuperación de las tierras ancestrales de los pueblos preexistentes decimos No al desalojo de la Lof Pailako.

PTS-PO-Izquierda Socialista
CHUBUT
8/1/25

Escribe Adolfo Santos, dirigente de izquierda Socialista/FIT Unidad

En su escalada anti derechos, el gobierno ultraderechista de Milei trata de golpear a los que luchan. Una de sus herramientas es la represión a las manifestaciones, criminalizando el derecho de protesta. La otra es apoyarse en una justicia patronal y corrupta para armar causas contra dirigentes sociales de norte a sur del país. Uno de esos casos es el proceso montado contra el compañero Eduardo “Chiquito” Belliboni y demás integrantes del Polo Obrero, que constituye una notoria persecución al movimiento piquetero y pretende enjuiciar a militantes y dirigentes de esa agrupación.
Acusados por “amenazas coactivas y extorsión”, pretenden procesar a Belliboni y más de diez dirigentes del Polo Obrero por el “delito” de reclamar por la continuidad de comedores populares y planes sociales para enfrentar la miseria generada por los sucesivos gobiernos de las últimas décadas y profundizada por la motosierra de Milei y el FMI. Esta justicia que mira para otro lado ante flagrantes delitos de corrupción de quienes vienen detentando el poder desde hace años, fija la mirada en los que nada tienen y se ven obligados a protestar contra el hambre, el desempleo, los bajos salarios, las privatizaciones o los recortes presupuestarios implementados por el plan motosierra.

En los últimos días se ha dado un paso más en este atropello. La Cámara de Casación, rechazó la apelación presentada por la defensa del Polo Obrero contra la ampliación del procesamiento por los delitos de coacción y extorsión. Es una decisión que viola una garantía constitucional elemental que es el derecho a que una decisión, con consecuencias gravísimas como la prisión sea revisada por una segunda instancia. Desenmascaran así el verdadero objetivo del gobierno ultraderechista, la justicia, los políticos patronales y los que detentan el poder económico: criminalizar la protesta social.
Por eso no es de extrañar que centenas de militantes y dirigentes sociales, políticos, de derechos humanos y de la juventud, entre ellos los de Izquierda Socialista/FIT Unidad, se hayan sumado al rechazo del fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento de los compañeros y el intento de elevación a juicio por parte del juez Sebastián Casanello. En una publicación de la edición de Página12 del domingo 29 de diciembre, los firmantes denuncian que el fallo es “de extrema gravedad para las libertades democráticas y el derecho a la protesta”.

En el texto, se expresa el firme rechazo a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones porque avala los atropellos del derecho a defensa mediante argumentos a la medida de Patricia Bullrich, para avanzar en amedrentar a quienes se organizan y se movilizan por los reclamos populares. La nota afirma que “una condena sentaría un precedente gravísimo para la libertad de organización y movilización en el país. Los argumentos de la Cámara el gobierno los extiende a todas las organizaciones sociales y más ampliamente, también contra las huelgas, los bloqueos sindicales y las medidas de fuerza en general”.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, nos sumamos al llamado a rechazar este y todos los procesos contra los que luchan y a defender el derecho de protesta, organización, huelga y las libertades democráticas, hoy amenazadas por el gobierno ultraderechista de Milei, apoyado en una justicia corrupta al servicio del poder económico.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El dirigente del MST Alejandro Bodart fue denunciado por la DAIA por “antisemitismo” por expresar su solidaridad con el pueblo Palestino contra el genocidio que el Estado sionista de Israel está implementando en Gaza.
Este mecanismo de denunciar y acusar difamatoriamente de antisemitas a todos los que somos solidarios con Palestina es el que viene implementando el sionismo en todo el mundo, particularmente en Argentina, como ocurrió nuevamente hace unas semanas contra el actor y dramaturgo Norman Briski.

La justicia en primera instancia rechazó esa acusación y absolvió a Bodart, pero la DAIA apeló. Ahora, en una resolución vergonzosa la Sala lll de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal de CABA, revirtió el rechazo y condena a Bodart a 6 meses de prisión en suspenso.

Apoyamos la apelación que realizará el MST y repudiamos este fallo condenatorio, que se coloca en la trinchera del genocida Netanyahu, que ya fue denunciado y está siendo condenado y repudiado a nivel mundial por su política genocida contra el pueblo palestino.

Aquí, en cambio, la Justicia argentina decide condenar a quienes lo repudian.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a rechazar esta condena, exigir el inmediato desprocesamiento y absolución de Bodart y seguir apoyando con todas nuestras fuerzas a la justa causa del pueblo palestino.

¡Fuera el ejército israelí de Palestina! ¡Basta de bombardeos en Gaza!
Absolución ya de Alejandro Bodart

Escribe Adolfo Santos

El gobierno de Milei ha enviado al Congreso dos proyectos de Ley para cambiar el sistema político electoral. Por supuesto que no es para mejorarlo, sino para hacerlo más proscriptivo y antidemocrático, lo cual podría implicar una proscripción para la izquierda y otras fuerzas opositoras menores.
 
Esto es parte de una política que quiere acallar las voces discordantes y en particular de quienes lo enfrentamos consecuentemente, embiste contra los derechos democráticos esenciales con el fin de que lleguen a la contienda electoral sólo los partidos patronales financiados por grandes capitalistas.

Uno de los proyectos elimina las PASO. El Frente de Izquierda siempre denunció que las PASO son proscriptivas, ya que imponen un filtro con el piso de votantes para poder pasar a las generales. Desde su conformación, las PASO fueron un claro intento de proscribir a partidos menores y a la izquierda, pero la reforma de Milei va más allá.

Con esta reforma el Estado dejará de aportar a las campañas electorales y se abrirá paso al financiamiento privado casi sin límites. Así sobrevivirán sólo las fuerzas políticas financiadas por grandes empresarios y banqueros, tal como lo hizo La Libertad Avanza (LLA) de Milei con una cena donde recaudó, de parte de esos personajes, diez millones de dólares.

El gobierno miente diciendo que con esto dejará de financiar a los “sellos de goma”. A diferencia de los sellos de goma que usó Milei para presentarse en varias provincias, el Frente de Izquierda Unidad, participa en las elecciones e interviene políticamente en todo el país; cuenta con cinco bancas nacionales y otras en distintas provincias y distritos. Además tiene presencia en el sindicalismo combativo, organizaciones piqueteras combativas, centros de estudiantes, en defensa del ambiente, mujeres y disidencias, derechos humanos, etcétera.

El gobierno también pretende eliminar los espacios electorales gratuitos en radio y televisión que, por los costos prohibitivos de la publicidad, este cambio llevará a monopolizar la propaganda electoral. Por ejemplo, un espacio de apenas quince segundos en un canal de televisión abierta cuesta más de cinco millones de pesos; sólo La Libertad Avanza, el PRO, los radicales y el PJ, financiados por bancos, laboratorios o grupos de inversión, tendrán acceso a difundir sus propuestas y se beneficiará su aparato clientelar con punteros o trolls pagados para hacer política. La izquierda, que denuncia sistemáticamente los negociados de esos sectores, no podrá hacerlo.

Los proyectos acaban con los debates presidenciales obligatorios para evitar que la izquierda pueda desenmascarar las mentiras de los candidatos patronales. Y también van por las personerías de los partidos nacionales, aumentan a diez las personerías provinciales necesarias, cuando hoy son necesarias cinco, y le agregan el requisito de contar con casi 40.000 afiliados. Los partidos deberán contar como mínimo con más del doble de afiliados de lo que exige la Ley actual. Y elevan del 2% al 3% los pisos de votos a obtener en al menos una de dos elecciones consecutivas para no ser declarados caducos. En el caso de tratarse de un frente electoral como el Frente de Izquierda, ese 3% se multiplica por los cuatro partidos que lo integramos, llevando el piso final a un 12% del padrón (unos cuatro millones y medio de votos), una clara proscripción. La clase trabajadora y sectores populares no tendrán opciones distintas a las que financian los grandes grupos económicos para su beneficio.

Es evidente que el gobierno no quiere diputadas y diputados que estemos en las luchas, ganemos como una maestra, juremos por los 30 mil, defendamos al pueblo de Palestina, postulemos el no pago de la deuda externa y un gobierno de la clase trabajadora. Los operadores de Milei ya están negociando con sectores de la oposición patronal, incluso con el peronismo kirchnerista, para que estos proyectos puedan ser aprobados en el Congreso Nacional como parte de las negociaciones que mantienen con el Presupuesto 2025 o la puja en la designación de los jueces. Ya que esta reforma depende de los votos de las bancadas cómplices, que incluye a sectores de Unión por la Patria, como ya ocurrió con otras leyes, vetos y los DNU. Por ello, le exigimos a los legisladores peronistas, que dicen defender los derechos democráticos, que no voten y rechacen de plano estos proyectos.

Desde el Frente de Izquierda Unidad llamamos a la más amplia unidad de todos los partidos y personalidades que se reclaman democráticos, organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, barriales y estudiantiles a pronunciarse para frenar este proyecto reaccionario, antidemocrático y proscriptivo. Lanzamos esta campaña en todo el país con un petitorio que invitamos a firmar y sumarse a la pelea contra la proscripción.