El Partido Socialismo y Libertad (PSL) de Venezuela, repudió las sanciones del imperialismo. Reproducimos parte de su declaración.
“El 5 de agosto, voceros del gobierno de los Estados Unidos anunciaron una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que decreta nuevas sanciones económicas en contra del Estado venezolano, al embargar todos sus activos en territorio estadounidense y prohibir el establecimiento de negocios con las instituciones estatales y los funcionarios gubernamentales del país.

Las nuevas sanciones imperialistas de Donald Trump se enmarcan en la disputa que desarrollan la fracción de la burguesía tradicional representada en la oposición patronal e imperialista de Guaidó y los partidos de la AN y el gobierno cívico-militar de Maduro, por el control del aparato del Estado venezolano” […]

En ese sentido, el PSL, sin dar ningún apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro, y enfrentando su paquete de ajuste antiobrero y antipopular, repudia categóricamente estas sanciones injerencistas del imperialismo norteamericano, y sigue reivindicando la conquista de libertades democráticas y mejores condiciones de vida, mediante la lucha del pueblo trabajador. En ese marco, reafirmamos que la salida de Nicolás Maduro, debe ser mediante la movilización obrera y popular independiente, y asumiendo demandas concretas que acaben con el gobierno autoritario, entreguista y antiobrero de los jerarcas chavistas”.

6 de agosto de 2019

*Ver texto completo en wwww.uit-ci.org

Carlos Alvarado es el reciente presidente de Costa Rica que ya avanzó en aplicar el ajuste a las trabajadoras y los trabajadores costarricenses, que pedía el FMI. En medio del déficit fiscal y el crecimiento de los intereses de la deuda externa, Alvarado avanzó en 2018 en una antipopular reforma tributaria.

La reforma fiscal fue fuertemente repudiada por los sindicatos, quienes iniciaron huelgas desde el año pasado con los docentes, y que se reavivaron este año con las trabajadoras y trabajadores del sistema de salud.

Junto a las reformas de Alvarado y el FMI, que solo buscan ajustar a los trabajadores y sectores populares para tener mas recursos y destinarlos al pago de la deuda externa, se intentó impulsar una ley que prohíba las huelgas, en junio de este año. Con el avance del ajuste, la desocupación crece y llega a ser la más alta de los últimos 10 años siendo de 12%, con despidos en el sector privado como en Call Centers y sectores de la manufactura.

El incremento de los impuestos en los servicios, los alimentos de la canasta básica y medicamentos, sumado a los recortes salariales y la quita de derechos a las y los trabajadores estatales, generaron un gran repudio popular.

En las últimas dos semanas, las y los trabajadores de salud sostuvieron una huelga contra la patronal y el gobierno de Carlos Alvarado. Luego de que, en febrero de este año, se firmara un acuerdo para el pago bisemanal de salarios, un decreto firmado por Alvarado dejaría sin validez dicho acuerdo. Esto impulsó a los trabajadores de salud a iniciar un plan de lucha para defender los derechos conquistados y denunciar las privatizaciones y el ajuste.

Escribe Martin Fú

Las masivas y espontáneas protestas que comenzaron el pasado 13 de julio y movilizaron más de un millón de personas, terminaron tirando al gobernador Ricardo Roselló. Dimitió por el repudio generalizado a sus dichos homofóbicos, machistas y violentos. Sumado al rechazo a las políticas que someten a cientos de miles a una creciente miseria y han forzado el mayor exilio de puertorriqueños de las últimas décadas.

La jornada del 22 de julio, con huelga general, bloqueos de rutas y autopistas de San Juan terminaron coronando la salida y renuncia de Rosselló del gobierno, que ha quedado acéfalo con un real vacío de poder. La figura de Wanda Vázquez, secretaria de Justicia y en la primera línea como posible sucesora en medio de esta enorme crisis, es rechazada y amplia aún más la movilización. Sumando a Colectivos Feminista que denuncia el paso de Vázquez como jefa de la Procuraduría de las Mujeres en 2010 “donde no abordó los problemas de violencia de género y fue una pieza más en la burocracia del gobierno” (Clarín, 26 de Julio) y utilizó sus influencias para acomodar a su hijo y marido en la función pública. La crisis no se ha cerrado y en la isla soplan vientos de bronca. Dos son los partidos que se alternan en el poder en Puerto Rico desde 1950, el partido Nuevo Progresista -del gobernador depuesto- y el partido Popular Democrático. Ambos son expresiones patronales, correas de transmisión del imperialismo yanqui. Cuentan con el rechazo de las mayorías que hasta expresaron el “que se vayan todos” en las enormes movilizaciones de julio. La Junta de Supervisión Fiscal, organismo creado por los banqueros yanquis para garantizar los pagos de la deuda sigue en pie. Ha perdurado con el paso de los gobiernos y según sus propios voceros el ajuste y las políticas fiscales son mandatadas por la misma. Esta crisis pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de la independencia total y definitiva de los Estados Unidos. Reflotando las pasadas luchas independentistas encabezadas por dirigentes como Filiberto Ojeda Ríos y Oscar López Rivera (ver El Socialista Nº 432).

Puerto Rico ha autodecretado su bancarrota económica desde mayo de 2017, con una deuda externa de 70.000 millones de dólares que no para de crecer. Ser un estado asociado a Estados Unidos no le supone ninguna ventaja o mejor ubicación a los puertorriqueños, frente al resto de Latinoamérica. El país tiene una tasa de desempleo del 15%, tres veces superior a la de cualquier estado de la Unión, siendo el costo de vida más caro que en el continente y los salarios sensiblemente inferiores. Las políticas de ajuste y los recortes de presupuesto fueron los detonantes en la decisión de decenas de miles de emigrar hacia Estados Unidos, sumado a la corrupción y la desidia, condiciones que se repiten y multiplican en la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica. Los doce años de recesión económica y la crisis del endeudamiento han servido de aliciente en el proceso revolucionario iniciado el 13 de julio en San Juan de Puerto Rico. La isla sufrió en 2017 los embates de los huracanes Irma y María que la arrasaron de punta a punta, sintiéndose en los barrios más pobres debido a su precaria infraestructura. Hubo miles de muertos, cientos de desaparecidos y durante meses sectores populares vivieron sin luz ni agua. Las mayorías populares debieron sufrir también el abandono de un gobierno que no dio respuesta y del gobierno de Trump, que miraba hacia otro lado. Luego Trump, ante la presión popular, hasta ventiló el desvergonzado robo de los fondos destinados a los primeros auxilios y planes de reconstrucción de la isla más urgentes.

Eduardo Lato, escritor puertorriqueño, señaló que “han sido doce días en que los que por primera vez en décadas vivimos sin amos, descubrimos en estas jornadas la fuerza indetenible de la libertad” (Clarín, 26 de julio). Parece ser la mejor ilustración de lo que fueron las jornadas revolucionarias de julio y el espíritu de jóvenes, trabajadores y el pueblo en general supieron expresar en las calles. Sin una dirección política y con figuras del arte como la del músico Ricky Martín, René de Calle 13, el rapero Bad Bunny encabezando las movilizaciones y con la solidaridad de otros artistas como Benicio del Toro y Luis Fonsi, la exigencia del cambio de la dirigencia política de la isla es uno de los reclamos que unifica la rebelión. Esto pone en el tapete la necesidad de que la juventud rebelde, los artistas, los trabajadores, las mujeres y sectores de la izquierda, den paso en la formación de un nuevo partido de los de abajo.

La crisis política no está resuelta. La movilización popular rechaza el recambio de Wanda Vázquez. El pueblo boricua debe seguir su lucha hasta lograr un gobierno surgido de la movilización revolucionaria y de las nuevas organizaciones populares que vayan surgiendo. La movilización debe reclamar el no pago de la deuda externa para utilizar ese dinero en un plan de emergencia de obras públicas para generar trabajo y reconstruir las ciudades más afectadas por el huracán. En ese camino retomar la pelea por la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) acompañamos este proceso y llamamos a rodear de solidaridad al pueblo de Puerto Rico, que nuevamente se ha puesto de pie y ha salido a las calles a luchar por un futuro más digno para su pueblo.

Escribe Martín Fú

La huelga general del transporte fue convocada por las centrales sindicales FILT-CGIL, FIT-CISL y UilTrasporti se realizó los días 24 y 26 de julio.

La medida es en reclamo de una mesa de negociación con el gobierno reaccionario de Salvini-Di Maggio, que vienen negando para el sector que nuclea la inmensa mayoría de los trabajadores del transporte.

La protesta fue escalonada y con paros parciales, evitando las centrales sindicales paralizar el país y convertir una huelga del sector en una medida de lucha más contundente. Los trabajadores del subte y bus pararon durante cuatro horas, lo mismo que los de autovías, los de la aviación civil y logística, ocho horas para los ferrocarriles y 24 horas los servicios portuarios y marítimos. Pese al carácter inconsulto y burocrático de las medidas, el paro tuvo un alto acatamiento y mostró la predisposición de luchar ante una situación económica y social difícil para los trabajadores.

Desde sectores de la izquierda clasista se denunció el carácter inconsulto de las medidas, la falta de un programa de consignas y reivindicaciones así como la continuidad de la lucha.

Escribe Martín Fú

El gobierno de Israel inició el lunes pasado la demolición de decenas de viviendas palestinas, la mayoría en construcción, en Wadis Humus y Sur Baher, en Jerusalem Este. Setecientos policías y doscientos soldados fue la fuerza que utilizó para desalojar a 17 palestinos, facultando a los terroristas de la FDI (Fuerza de Seguridad de Israel) a dinamitar y usar topadoras en la demolición.

El Estado genocida lanzó esta nueva ofensiva contra el pueblo palestino argumentando la cercanía de las viviendas con el “cordón de seguridad” construido y decretado unilateralmente por el usurpador israelí en 2004, con el cual se terminó anexando algunas zonas de Cisjordania bajo control de los sionistas. Las demoliciones tienen como fin aumentar las áreas de ocupación y control israelí donde viven cerca de 300.000 palestinos, aislando a las comunidades originarias de la zona y despojándolos de sus viviendas y medios de vida. Según Amnistía Internacional, Israel ha demolido 50.000 viviendas o instalaciones palestinas desde 1967.

“La demoliciones de Sur Baher representan un crimen de guerra, una limpieza étnica que debe ser investigada por la fiscalía de la Corte Penal Internacional”, denunció la veterana dirigente palestina de la OLP en Ramalá, Hanan Ashrawui. Repudiamos esta nueva acción criminal del estado racista de Israel como otro intento de doblegar al heroico pueblo palestino. Llamamos a redoblar el apoyo a la resistencia del pueblo palestino. No habrá paz en la región hasta expulsar al invasor sionista y lograr un Estado único palestino, laico, no racista y con amplios derechos democráticos para todos sus habitantes.