Responsabilizamos por los incendios que están devorando el Amazonas al derechista presidente brasilero, Jair Bolsonaro, con el apoyo de Donald Trump. También se están quemando casi 10.000 km cuadrados en el bosque seco chiquitano de Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales. Ambientalistas han calculado que recuperar el bosque puede llevar entre 100 y 200 años. Llamamos a parar este desastre con la movilización.

Escribe Miguel Lamas

La Amazonia es la mayor selva tropical del mundo. Abarca 7 millones de kilómetros cuadrados, cubre casi el 40% de Brasil y se extiende por otros ocho países. El Amazonas provoca las lluvias para irrigar los suelos y amortigua el calentamiento global. Posee la mayor biodiversidad y cuenca hidrográfica del mundo, la reserva del 20% del agua dulce disponible en el planeta y en ella habitan diversos tipos de plantas, peces, mamíferos, aves e insectos. Posee 35 millones de habitantes, tres millones de ellos son indígenas. Esto es lo que se está destruyendo.

Bajo el gobierno Bolsonaro se ha incrementado un 50% la deforestación y un 85% los incendios forestales desde 2018. Los terratenientes -a quienes Bolsonaro defiende y representa-, deforestan indiscriminadamente y luego producen las quemas para usar esas tierras para el agro negocio, avasallando a los pueblos originarios, privando de oxígeno a la humanidad y liquidando las reservas de fauna y flora.

Bolsonaro, mientras culpa a las ONG de los incendios, “relajó” las reglas de preservación y protección del medio ambiente y las reservas indígenas, hizo recortes presupuestarios, persigue y despide a empleados y especialistas (como el presidente del INPE despedido a principios de este mes) y “reestructuró” importantes organismos como el ICMBio (con recortes presupuestarios en marzo de 5,4 millones de reales para la inspección y la lucha contra incendios) y la reducción del 50% del presupuesto del IBAMA para PrevFogo (prevención de incendios), según denuncia nuestro partido hermano de Brasil, la CST/PSOL.

Los incendios son parte de la expansión de la frontera agrícola en beneficio de los terratenientes, multinacionales y grandes empresarios. Los distintos gobiernos, como el de Bolsonaro, obedecen a los mandatos de las multinacionales de la alimentación y el “biocombustible” (gasolinas fabricadas con vegetales), muchas de ellas impulsando los monocultivos en el Cono Sur. En gran parte para la ganadería, también para la soja transgénica (resistente a la sequía y venenos) y el azúcar para producir biocombustibles.

El flagelo de la deforestación, que se vino dando también bajo los anteriores gobiernos de Lula-Dilma Rousseff y el PT, ahora se acrecentó.
En Bolivia, por su parte, el vicepresidente García Linera prometió públicamente el año pasado a los agroindustriales deforestar 10.000 km cuadrados anuales. En el mes de julio un decreto de Evo Morales autorizó la “quema controlada” (lo cual es imposible), desatando el incendio en gran escala. Y en el caso de Argentina, se está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. Con Mauricio Macri y los gobernadores peronistas, a pesar de la Ley de Bosques, en 2018 se deforestaron 112.766 hectáreas de las cuales el 40% pertenecen a bosques protegidos.

Hay que salvar al planeta
Los grandes negocios con el suelo, el aire y el agua están llevando a nuestro planeta a la destrucción. Los incendios no hacen más que agravar la situación climática mundial. Un reciente informe de la ONU elaborado por 250 científicos sobre el cambio climático pronosticó que en 2050 la tierra será inhabitable para la especie humana, culpa del calentamiento global. Esto a pesar de los acuerdos que firman los gobiernos imperialistas simulando combatir ese mal, mientras Estados Unidos y China son los dos países con mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2) del mundo.

La última cumbre climática llevada a cabo en Polonia el año pasado no tiene compromisos concretos. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París en 2017 firmado por 195 naciones en 2015 que establece una “reducción voluntaria” de las emisiones de CO2 que producen los combustibles fósiles al quemarse. El presidente francés Emmanuel Macron ha sancionado a Brasil posando de ambientalista, cuando él mismo aplicó un aumentazo a los combustibles y reprimió a los chalecos amarillos, siendo el jefe de multinacionales depredadoras francesas.

Aunque el G7, que agrupa a los principales países imperialistas, resolvió una ayuda para combatir los incendios amazónicos, los principales beneficiarios de la destrucción del Amazonas son las multinacionales agroindustriales, como la norteamericana alemana Monsanto-Bayer, la suiza Syngenta, Dupont Pioneer, Dow y Basf, que son las que venden semillas transgénicas, fertilizantes y agrovenenos en todo el mundo.

Los socialistas luchamos para combatir de raíz a este sistema capitalista y reemplazarlo por el socialismo, que expropie a quienes nos llevan a la destrucción (terratenientes, megamineras, petroleras, multinacionales de las semillas, etcétera). En ese camino, ponemos toda nuestra fuerza para acompañar, impulsar y ser parte de las luchas juveniles, campesinas, obreras e indígenas por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, impulsando las movilizaciones que se dan hoy en Brasil y Bolivia, exigiendo medidas contra los incendios de la selva y la prohibición de la deforestación.

Crecen las protestas tras diez semanas de movilizaciones de cientos de miles en Hong Kong. Manifestaciones que comenzaron contra la ley de extradición pro Pekín, a principio de junio y terminaron en la lucha por reivindicaciones democráticas y la renuncia de la primera ministra de Hong Kong, Carrie Lam.

Escribe Eduardo Ruarte

El Aeropuerto Internacional de Hong Kong es el 8vo aeropuerto más transitado en el mundo, el tercero en Asia y el primero en transportar mercancías. Fue el epicentro de protestas que lo bloquearon varios días consecutivos, a partir del viernes 9 de agosto. Es el principal nexo de conexión con China y el resto del continente. Hong Kong es uno de los centros financieros y económicos más importantes del mundo. Miles de manifestantes, con sus características remeras negras, llegaron al aeropuerto el pasado viernes para seguir exigiendo la retirada definitiva de la ley de extradición y por libertades democráticas. Tras cuatro días con el aeropuerto tomado, la represión policial dejo como saldo cientos de manifestantes detenidos, 45 heridos y una mujer perdió un ojo por el impacto de una bala de goma.

Desde la dictadura capitalista de China y el Partido Comunista chino (PCCh) recrudecen las denuncias contra las jornadas de protestas en Hong Kong. Abiertamente hablan de “terrorismo” y llama a la policía hongkonesa a reprimir sin piedad para frenar las movilizaciones, levantar los bloqueos y disciplinar a los manifestantes. El temor de la dictadura del PCCh a que las masivas manifestaciones se extiendan y repliquen en la China continental, donde millones y millones son superexplotados y sin libertades y derechos democráticos, hace crecer la idea de una posible intervención militar china. Incluso, el PCCh, comenzó a mandar tropas y convoyes militares a la localidad de Shenzen, a 30 km de la ex colonia británica. Una acción que pretende amedrentar y amenazar a los manifestantes.

Las manifestaciones iniciadas en junio, tiene un trasfondo de crisis y desigualdad en la ex colonia británica. Hong Kong no solo es uno de los centros financieros y económicos más importantes del mundo, si no que sirve de puente a la dictadura china para abrirse al mercado mundial en su restauración capitalista. En una ciudad con más de siete millones de habitantes, la desigualdad entre la oligarquía hongkonesa pro Pekín y la creciente pobreza, es abismal. Entre los más ricos de Hong Kong, se manejan ingresos mayores a los 30 mil millones de dólares, mientras que cada cinco ciudadanos uno vive completamente en la pobreza. Más del 20% de niños y niñas están por debajo de la línea de pobreza. Más de 200.000 personas viven en cubículos habitacionales ilegales de hasta dos metros cuadrados o incluso en camas cápsulas de dos metros de largo por uno de alto.

Crece la crisis social y política y el gobierno pro dictadura china, de Carrie Lam, se vuelve más vulnerable con cada semana que avanza y crecen las protestas. Las protestas no solo exigen la renuncia de la primera ministra y el llamado a elecciones democráticas, sino que comienzan a cuestionar a la dictadura del Partido Comunista chino en su intento de avanzar sobre la semi autonomía que tiene Hong Kong. Ante esto, miles y miles siguen movilizados, denunciando la represión y la intromisión del PCCh y exigiendo mayores libertades democráticas.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional, condenamos la represión policial de Carrie Lam y la amenaza de intervención militar de la dictadura capitalista china y el PCCh. Exigimos la liberación de todas y todos los detenidos por protestar. Llamamos a los trabajadores, las mujeres y la juventud del mundo a llenar de solidaridad a los trabajadores y la juventud hongkongnesa que encaran una gran rebelión popular y democrática contra el gobierno pro Pekín de Carrie Lam y la dictadura capitalista china.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) de Venezuela, repudió las sanciones del imperialismo. Reproducimos parte de su declaración.
“El 5 de agosto, voceros del gobierno de los Estados Unidos anunciaron una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que decreta nuevas sanciones económicas en contra del Estado venezolano, al embargar todos sus activos en territorio estadounidense y prohibir el establecimiento de negocios con las instituciones estatales y los funcionarios gubernamentales del país.

Las nuevas sanciones imperialistas de Donald Trump se enmarcan en la disputa que desarrollan la fracción de la burguesía tradicional representada en la oposición patronal e imperialista de Guaidó y los partidos de la AN y el gobierno cívico-militar de Maduro, por el control del aparato del Estado venezolano” […]

En ese sentido, el PSL, sin dar ningún apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro, y enfrentando su paquete de ajuste antiobrero y antipopular, repudia categóricamente estas sanciones injerencistas del imperialismo norteamericano, y sigue reivindicando la conquista de libertades democráticas y mejores condiciones de vida, mediante la lucha del pueblo trabajador. En ese marco, reafirmamos que la salida de Nicolás Maduro, debe ser mediante la movilización obrera y popular independiente, y asumiendo demandas concretas que acaben con el gobierno autoritario, entreguista y antiobrero de los jerarcas chavistas”.

6 de agosto de 2019

*Ver texto completo en wwww.uit-ci.org

Carlos Alvarado es el reciente presidente de Costa Rica que ya avanzó en aplicar el ajuste a las trabajadoras y los trabajadores costarricenses, que pedía el FMI. En medio del déficit fiscal y el crecimiento de los intereses de la deuda externa, Alvarado avanzó en 2018 en una antipopular reforma tributaria.

La reforma fiscal fue fuertemente repudiada por los sindicatos, quienes iniciaron huelgas desde el año pasado con los docentes, y que se reavivaron este año con las trabajadoras y trabajadores del sistema de salud.

Junto a las reformas de Alvarado y el FMI, que solo buscan ajustar a los trabajadores y sectores populares para tener mas recursos y destinarlos al pago de la deuda externa, se intentó impulsar una ley que prohíba las huelgas, en junio de este año. Con el avance del ajuste, la desocupación crece y llega a ser la más alta de los últimos 10 años siendo de 12%, con despidos en el sector privado como en Call Centers y sectores de la manufactura.

El incremento de los impuestos en los servicios, los alimentos de la canasta básica y medicamentos, sumado a los recortes salariales y la quita de derechos a las y los trabajadores estatales, generaron un gran repudio popular.

En las últimas dos semanas, las y los trabajadores de salud sostuvieron una huelga contra la patronal y el gobierno de Carlos Alvarado. Luego de que, en febrero de este año, se firmara un acuerdo para el pago bisemanal de salarios, un decreto firmado por Alvarado dejaría sin validez dicho acuerdo. Esto impulsó a los trabajadores de salud a iniciar un plan de lucha para defender los derechos conquistados y denunciar las privatizaciones y el ajuste.

Escribe Martin Fú

Las masivas y espontáneas protestas que comenzaron el pasado 13 de julio y movilizaron más de un millón de personas, terminaron tirando al gobernador Ricardo Roselló. Dimitió por el repudio generalizado a sus dichos homofóbicos, machistas y violentos. Sumado al rechazo a las políticas que someten a cientos de miles a una creciente miseria y han forzado el mayor exilio de puertorriqueños de las últimas décadas.

La jornada del 22 de julio, con huelga general, bloqueos de rutas y autopistas de San Juan terminaron coronando la salida y renuncia de Rosselló del gobierno, que ha quedado acéfalo con un real vacío de poder. La figura de Wanda Vázquez, secretaria de Justicia y en la primera línea como posible sucesora en medio de esta enorme crisis, es rechazada y amplia aún más la movilización. Sumando a Colectivos Feminista que denuncia el paso de Vázquez como jefa de la Procuraduría de las Mujeres en 2010 “donde no abordó los problemas de violencia de género y fue una pieza más en la burocracia del gobierno” (Clarín, 26 de Julio) y utilizó sus influencias para acomodar a su hijo y marido en la función pública. La crisis no se ha cerrado y en la isla soplan vientos de bronca. Dos son los partidos que se alternan en el poder en Puerto Rico desde 1950, el partido Nuevo Progresista -del gobernador depuesto- y el partido Popular Democrático. Ambos son expresiones patronales, correas de transmisión del imperialismo yanqui. Cuentan con el rechazo de las mayorías que hasta expresaron el “que se vayan todos” en las enormes movilizaciones de julio. La Junta de Supervisión Fiscal, organismo creado por los banqueros yanquis para garantizar los pagos de la deuda sigue en pie. Ha perdurado con el paso de los gobiernos y según sus propios voceros el ajuste y las políticas fiscales son mandatadas por la misma. Esta crisis pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de la independencia total y definitiva de los Estados Unidos. Reflotando las pasadas luchas independentistas encabezadas por dirigentes como Filiberto Ojeda Ríos y Oscar López Rivera (ver El Socialista Nº 432).

Puerto Rico ha autodecretado su bancarrota económica desde mayo de 2017, con una deuda externa de 70.000 millones de dólares que no para de crecer. Ser un estado asociado a Estados Unidos no le supone ninguna ventaja o mejor ubicación a los puertorriqueños, frente al resto de Latinoamérica. El país tiene una tasa de desempleo del 15%, tres veces superior a la de cualquier estado de la Unión, siendo el costo de vida más caro que en el continente y los salarios sensiblemente inferiores. Las políticas de ajuste y los recortes de presupuesto fueron los detonantes en la decisión de decenas de miles de emigrar hacia Estados Unidos, sumado a la corrupción y la desidia, condiciones que se repiten y multiplican en la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica. Los doce años de recesión económica y la crisis del endeudamiento han servido de aliciente en el proceso revolucionario iniciado el 13 de julio en San Juan de Puerto Rico. La isla sufrió en 2017 los embates de los huracanes Irma y María que la arrasaron de punta a punta, sintiéndose en los barrios más pobres debido a su precaria infraestructura. Hubo miles de muertos, cientos de desaparecidos y durante meses sectores populares vivieron sin luz ni agua. Las mayorías populares debieron sufrir también el abandono de un gobierno que no dio respuesta y del gobierno de Trump, que miraba hacia otro lado. Luego Trump, ante la presión popular, hasta ventiló el desvergonzado robo de los fondos destinados a los primeros auxilios y planes de reconstrucción de la isla más urgentes.

Eduardo Lato, escritor puertorriqueño, señaló que “han sido doce días en que los que por primera vez en décadas vivimos sin amos, descubrimos en estas jornadas la fuerza indetenible de la libertad” (Clarín, 26 de julio). Parece ser la mejor ilustración de lo que fueron las jornadas revolucionarias de julio y el espíritu de jóvenes, trabajadores y el pueblo en general supieron expresar en las calles. Sin una dirección política y con figuras del arte como la del músico Ricky Martín, René de Calle 13, el rapero Bad Bunny encabezando las movilizaciones y con la solidaridad de otros artistas como Benicio del Toro y Luis Fonsi, la exigencia del cambio de la dirigencia política de la isla es uno de los reclamos que unifica la rebelión. Esto pone en el tapete la necesidad de que la juventud rebelde, los artistas, los trabajadores, las mujeres y sectores de la izquierda, den paso en la formación de un nuevo partido de los de abajo.

La crisis política no está resuelta. La movilización popular rechaza el recambio de Wanda Vázquez. El pueblo boricua debe seguir su lucha hasta lograr un gobierno surgido de la movilización revolucionaria y de las nuevas organizaciones populares que vayan surgiendo. La movilización debe reclamar el no pago de la deuda externa para utilizar ese dinero en un plan de emergencia de obras públicas para generar trabajo y reconstruir las ciudades más afectadas por el huracán. En ese camino retomar la pelea por la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) acompañamos este proceso y llamamos a rodear de solidaridad al pueblo de Puerto Rico, que nuevamente se ha puesto de pie y ha salido a las calles a luchar por un futuro más digno para su pueblo.