Escribe Guido Poletti

No es la primera vez que sucede. Pero lamentablemente el negacionismo del genocidio vuelve a levantar cabeza.

A lo largo de los años tuvo distintas manifestaciones. Tenemos la llamada “teoría de los dos demonios”, que planteó que lo que sucedió en la época de la dictadura fue “una guerra” con “dos bandos”. Dentro de ese planteo, estuvieron los defensores de genocidas, que directamente decía que frente a lo que llamaban “la subversión marxista”, los militares genocidas eran en realidad próceres que defendían a la patria.

Siempre existieron y existen estos personajes. Incluso han ganado algún espacio, como la diputada nacional Victoria Villarroel, del partido del liber-facho Javier Milei. Que, a su vez, no duda en unirse a otros reivindicadores del genocidio, como la Fuerza Republicana, el partido de Bussi en Tucumán.

En los últimos tiempos, ante la imposibilidad de negar los crímenes de la dictadura, con evidencia abrumadora en los juicios, muchos han optado por “minimizar” el genocidio. Su argumento es que “no fueron 30.000”. Recurren para esto a tomar en cuenta sólo las listas de denuncia de la Conadep de 1983 (8.961), o las presentadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1979 (5.580 denuncias). Cuando fueron miles los que en esos momentos no pudieron presentar denuncia alguna. Con los años se siguen descubriendo crímenes, niñas y niños apropiados que ahora descubren quienes fueron sus padres, cuerpos que son identificados ahora que existe el ADN (cosa que no sucedía en los años inmediatos posteriores a la dictadura).

Los genocidas y sus defensores siempre mantuvieron el pacto de silencio, nunca dieron información, niegan el número de desaparecidos, pero ellos y los negacionistas nunca aportaron dato alguno.
Por el contrario, es un hecho que, en el año 1978, a apenas dos años de comenzada la dictadura, el informe secreto del agente del servicio chileno Arancibia Clavel, que contaba con un acceso privilegiado a las altas esferas militares argentinas, ya afirmaba que había 22.000 desaparecidos. La mismísima embajada de los Estados Unidos, en 1979, sumaba 20.000. Los operativos, las desapariciones continuaron en los años siguientes.

Hoy, que a los militares genocidas y abogados defensores, se le suman figuras nefastas como Milei, Espert y Gómez Centurión, en un nuevo aniversario del golpe genocida, queremos que resuene más fuerte que nunca: ¡Cómo a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar!

Cada 24 de Marzo también marchamos para recordar y rendir homenaje a los más de cien asesinados y desaparecidos del glorioso PST (Partido Socialista de los Trabajadores, antecesor de Izquierda Socialista).

El PST se había ganado un lugar en la vanguardia obrera y popular luchando contra el pacto social del gobierno peronista de 1973. Era un baluarte en la oposición a la burocracia sindical de entonces.
Por eso ya había sufrido la represión durante el mismo gobierno peronista. Bandas de ultraderecha habían asesinado a varias compañeras y compañeros, en diversos sucesos, siendo los más conocidos los ataques a los locales partidarios de Pacheco (1974) y La Plata (1975).

Comenzada la dictadura, y en la más estricta clandestinidad, las y los militantes del PST siguieron resistiendo y dando pelea. Participando en las luchas sindicales de entonces, en la reorganización del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y en la resistencia junto a los organismos de derechos humanos. A lo largo de toda la dictadura, en durísimas condiciones, el PST siguió sacando su periódico.
Toda esta actividad le costó más de un centenar de compañeras y compañeros detenido-desaparecidos. En cada 24 de Marzo, sus fotos encabezan nuestras columnas. Por ellas y ellos también marchamos, por su memoria. Por eso decimos que es una cita de honor.

Escribe Guido Poletti

El peronismo kirchnerista se reivindica como haber sido “el gobierno de los derechos humanos” y coloca a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en esa categoría. Lamentablemente, un conjunto de organismos de Derechos Humanos históricos aceptan esa idea y han sido cooptados para su política.

La realidad es bien diferente. Empecemos por la realidad histórica, ni Néstor ni Cristina fueron “luchadores” contra la dictadura. En esos años, vivieron en Santa Cruz, haciendo su fortuna como abogados que liquidaban propiedades de las víctimas de una de las estafas de esos años: la circular 1050. No se conoce una sola acción de ninguno de los dos, ni siquiera una mínima presentación de habeas corpus, a favor de algún desaparecido, preso político o torturado.

En los años siguientes, ya posteriores a 1983 y siendo ambos dirigentes del peronismo santacruceño, ni Néstor ni Cristina participaron jamás de las gigantescas manifestaciones del movimiento de derechos humanos en las décadas del ‘80 y ‘90. No hay declaraciones de ninguno de los dos oponiéndose a los indultos, llevado adelante por Menem, gobierno del cual eran parte.

El kirchnerismo empieza a tener un discurso “pro-derechos humanos” cuando están en el gobierno, y en particular cuando Néstor manda descolgar el cuadro de Videla en el Colegio Militar. Otro hito fue su discurso en la ex Esma, el 24 de marzo de 2004. Pero, más allá de lo discursivo, nada de lo que se atribuye le corresponde.

Las leyes de impunidad no fueron anuladas por Néstor Kirchner, sino por un proyecto presentado por la entonces diputada nacional por Izquierda Unida, Patricia Walsh, y aprobada gracias a la presión de una enorme manifestación popular. Después de ello, el autodenominado “gobierno de los derechos humanos” no hizo absolutamente nada para esclarecer la desaparición de Jorge Julio López, jamás avanzó en abrir los archivos de la época de la dictadura, reprimió luchas populares (recordemos Terrabusi, Lear, los Qom de Formosa), tuvo a Berni como su “rambo” y terminó nombrando al genocida Milani como jefe del Ejército. Más de 5.000 luchadores populares fueron procesados durante esos años. Esa es la auténtica realidad, más allá de cualquier doble discurso.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad

La muerte de la policía Maribel Zalazar fue utilizada por los partidos patronales para traer el debate sobre el uso de las armas taser. El gobierno peronista del Frente de Todos aprobó la compra de cien pistolas de ese tipo que serán utilizadas por la Policía Federal y dio luz verde al debate. Bullrich aprovechó para disputar en la interna de Juntos por el Cambio con Larreta, a quién acusa de “tibio”. Larreta, mientras lanzaba su candidatura presencial, le respondió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “decidió usar la taser”. Como era de esperar, los liberfachos de Milei y Ramiro Marra no tardaron en pronunciarse a favor de estas armas de tortura. Solo la Izquierda rechaza su uso y la política de más mano dura que buscan aplicar tanto el peronismo como Juntos por el Cambio y los liberfachos. Lo que está por detrás es la necesidad de los partidos patronales de profundizar la represión para hacer pasar el ajuste y criminalizar la protesta social. Así lo demostró la amenaza de muerte por parte del diputado  de “La Libertad Avanza” aliado de Milei, Luis Espert, que pidió “bala o cárcel” para el dirigente del Partido Obrero Belliboni.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos el uso de estas armas letales. Su funcionamiento se basa en la aplicación y paso de hasta 50.000 voltios a través del cuerpo y puede causar la muerte, como lo han demostrado los cientos de casos de víctimas fatales en Estados Unidos a mano de la represión policial. Incluso el Comité contra la Tortura de la ONU las define como “provocadoras de un dolor intenso” y que constituyen “una forma de tortura que en algunos casos puede provocar la muerte”.

La inseguridad crece de la mano del plan de ajuste de los gobiernos y el FMI. Es un flagelo social que se profundiza de la mano del crecimiento de la pobreza que supera el 40% en el país y llega al 60% en los niñes y adolecentes, y afecta particularmente a les trabajadores y sectores populares.

Pero el problema de la inseguridad no se resuelve con más policía o con más armas de tortura. Es la propia policía la que aplica el gatillo fácil en los barrios y es cómplice del delito organizado y el narcotráfico, como lo dejó en evidencia el caso de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires y tantos otros a lo largo y ancho del país. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad decimos que para terminar con la inseguridad tenemos que impulsar un plan obrero y popular que ataque la pobreza, la desigualdad y los salarios de miseria, que parta de romper con el FMI, y que el dinero que va a la deuda se dirija a terminar con las problemáticas sociales del país.

Escribe Nicolás Núñez

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, del que somos parte desde Izquierda Socialista, y los distintos organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, se encuentran preparando una nueva movilización para ganar las calles de todo el país a 47 años de iniciado el último golpe genocida cívico-militar. Se sale a las calles porque una de las tantas promesas incumplidas de los “40 años de democracia” fue la de juzgar al conjunto de los criminales que llevaron adelante un plan sistemático de exterminio contra la resistencia obrera y popular a los planes del imperialismo en nuestro país.
Esa impunidad se gestó en gobiernos radicales y peronistas, y si bien la lucha consiguió dar de baja insultos a la memoria, la verdad y la justicia, como las leyes de impunidad y los indultos, y se logró que comiencen los juicios y encarcelar a más de mil genocidas, la mayoría sigue aún en libertad, o camino a terminar biológicamente sus vidas en libertad. Aún siguen ocultando qué hicieron con las niñas y niños apropiados. Recordemos que en nuestro país funcionaron más de seiscientos centros clandestinos de detención para tener un número de los partícipes aún impunes, y que dicho plan contó con participación de las cúpulas empresariales que al día de hoy siguen siendo mandamases de la economía argentina.

Señalemos nomás las centenas de delegados desaparecidos de firmas como Ledesma, Ford, Acindar, FIAT, Siderca (Techint), y Propulsora Siderúrgica, una de las empresas sobre cuyos representantes obreros golpeó antes que la propia dictadura la Triple A (creada durante el gobierno de Juan Domingo Perón), como lo grafica el asesinato en enero de 1976 de Carlos Scafide, militante de nuestro partido antecesor, el glorioso PST. Efectivamente, nuestra corriente fue parte de la historia de la resistencia frente a las bandas fascistas paraestatales primero y de la dictadura militar luego. Y es también en homenaje a los compañeros caídos en esas batallas que saldremos este 24.

Vamos a escuchar a Alberto y al kirchnerismo llenarse la boca en esta importante fecha, pero es su gobierno el que sigue sin entregar los archivos de inteligencia de la dictadura, así como fue Cristina Kirchner quien puso a un genocida como César Milani a cargo del ejército, buscando siempre instalar la idea de “reconciliación”. También vamos a toparnos en la previa al 24 con los liberfachos, desde Milei hasta Lopez Murphy, negando el número de desaparecidos.  Ante todos ellos, como decimos cada 24 de marzo: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡Presentes!