Nahuel y Aaron eran primos. Tenían catorce y quince años respectivamente y vivían en el barrio Los Ceibos, en González Catán. El lunes 15 de enero fueron acribillados por policías de la Comisaría de Villa Dorrego.

Según los testigos, fueron a buscar un cargador de celular a lo de su tía, a una cuadra y media de su casa. Después se escuchan siete disparos, y uno de los amigos de Nahuel gritó: ‘María, le pegaron a Nahuel’. Los testigos cuentan que eran policías en un auto gris; uno se bajó, le disparó primero a uno y luego al otro.

La causa está en manos del Juzgado de Menores de San Justo, pero la familia de las víctimas denuncia que no avanza. Por eso el miércoles pasado se realizó una movilización en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 32, para exigir que la investigación se acelere. “La policía siempre pasaba y le decía cosas a los pibes que estaban sentados en la esquina. A mi sobrino, cuando caminaba por la calle, le decían `subite a la vereda, negro de mierda´. Así tratan a todos los pibitos”, cuenta María, que define a su hijo como “un chico bueno, sin maldad, al que le gustaba jugar a la pelota, salir y juntarse con los amigos”. “Estamos todos devastados, es algo que no puedo explicar. Cuando cortamos la ruta se sumaron muchos vecinos, en el barrio hay muchos chicos de la misma edad y tenemos miedo de que esto vuelva a pasar”, finaliza. Exigimos justicia por Aaron, por Nahuel. Basta de gatillo fácil. El gobierno nacional, el provincial de Kicillof y el intendente de La Matanza Fernándo Espinoza son responsables.     

Corresponsal               

Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En la entrega número noventa y cinco de los premios de la academia de Hollywood, nuevamente una película argentina va a competir por un premio Oscar. “Argentina, 1985”, la película dirigida por Santiago Mitre que recupera la historia del juicio a las Juntas Militares de la última dictadura cívico-militar, irá a la disputa por la estatuilla a “mejor película en lengua extranjera”, es decir, no en inglés.

El film protagonizado por Ricardo Darín viene de ganar el “Globo de Oro”, también en los Estados Unidos, siendo elegida por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, lo que en general representa el mejor antecedente posible ante la nueva competencia. Pero está claro que no la tendrá fácil. En su terna, competirá con “Cerca” (Bélgica), “EO” (Polonia), “The Quiet Girl” (India), y especialmente con “Sin novedad en el frente”, la remake alemana de un clásico del cine que representa brutalmente escenas de la primera guerra mundial, y que está nominada en otras ocho categorías.

Hay que recordar que de las anteriores ocasiones en que una película argentina ganó esta distinción, también lo hizo teniendo en su temática la historia de los derechos humanos en nuestro país. “El secreto de sus ojos” de 2009, puso en pantalla grande el accionar de las bandas criminales paraestatales como la Triple A creada por el gobierno peronista de Isabel Perón en los años previos al golpe; y “La historia oficial”, justamente de 1985, ubicaba el relato en los últimos tiempos de la dictadura, reflejando la realidad de los niños apropiados durante el genocidio perpetuado por la maquinaría cívico-militar.

Nuevamente resaltamos la importancia de que sea recuperada la historia de la lucha del pueblo trabajador contra la impunidad, que si bien en la película se enfoca en el proceso judicial y el rol de los fiscales y su grupo de trabajo, tuvo su puntal determinante en las movilizaciones que impulsaron los organismos de derechos humanos con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza. Movilizaciones que comenzaron durante la propia dictadura y que fueron uno de los factores principales que terminaron por derrumbarla. Luchas que continúan hasta el día de hoy, donde como planteamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, siguen siendo necesarias medidas como la apertura de los archivos de la dictadura y la unificación de causas para acelerar los procesos, y conseguir que el conjunto de los genocidas sea condenado y encarcelado.

Vemos el avance de sectores neofascistas que se expresan desde Estados Unidos hasta Brasil, con los seguidores de Donald Trump y Jair Bolsonaro, y también en Europa con expresiones como Vox en el Estado Español, junto con las declaraciones de los derechistas Milei, Espert y compañía en la Argentina y las matanzas que lleva adelante Dina Boluarte en Perú. En ese contexto, el próximo 12 de marzo nos enteraremos si “Argentina, 1985” con su reflejo del proceso único en el mundo en que se logró -si bien parcial- una condena a parte de los cabecillas militares, se impone en una competencia donde la industria cinematográfica muchas veces intenta tratar de ponerse al día y quedar bien con los tópicos políticos y luchas sociales del momento.

Escribe Ivan Blacutt, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

La policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la Comunidad de Caspalá que defendían su espacio recreativo, la única cancha que posee la comunidad. La represión con gases lacrimógenos y balas de goma, alcanzó a ancianos, mujeres y niños del pueblo y terminó con 4 detenidos (que fueron dejados en libertad rápidamente).

La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene un importante significado en la vida comunitaria de este pueblo, ubicado en departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy. La comunidad reclama que el gobierno expropio el lugar sin que mediara consulta, y piden que escuela sea construida en un terreno ya destinado a tales efectos. Pese a esto, el Gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza continúan con la iniciativa, ya han colocado el obrador.

Caspalá fue elegido este año por la Organización Mundial del Turismo como uno de los diez mejores pueblos del mundo, el único de Argentina. Con menos de 500 habitantes, fue elegido por su gran belleza paisajística, cultural milenaria e histórica, es también reconocido por ser  parte del sitio sagrado por donde pasaron los incas con el camino Qapaqñam. Por este motivo sus habitantes denuncian que detrás de este conflicto hay intereses inmobiliarios.

Esta semana destituyeron a una vocal de Caspalá, Rosa Apaza, que se oponía a la polémica obra del gobierno, bajo la acusación "de liderar los reclamos y manifestaciones de los vecinos".

Estos hechos recuerdan la violenta represión en Campo Verde donde los vecinos defendían también su cancha en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Morales en esa oportunidad también recurrió a las fuerzas represivas para desalojar a las familias que cuidaban el lugar y en el acto de inauguración de las obras, se había referido justamente al pueblo de Caspalá como un ejemplo en aceptar la construcción de su escuela, sin embargo tal acuerdo no era cierto.

El Gobernador Gerardo Morales, junto a sus secuaces, usurpa espacios, y se maneja como el dueño de la provincia, donde empieza obras públicas pero difícilmente las termina. Para lograr estos caprichos recurre a la represión, las amenazas y finalmente las sanciones para quienes piensan distinto.

El caso de Caspalá se encuentran enmarcado en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y la proscripción a luchadores sociales, entre tantas otras prácticas represivas. Continúan también las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Estos graves hechos, donde no se hizo ninguna consulta o se buscó consentimiento previo e informado, violan el Convenio 169 de la OIT, y no respetan el artículo 75 de la Constitución Nacional a favor de los pueblos indígenas de Argentina. Lamentablemente las respuestas represivas del Gobierno no son una novedad para quienes integran la izquierda, el campo popular y de lucha en Jujuy, y para todos aquellos que de alguna manera se oponen a los designios del Gobernador.  Nos solidarizamos con los vecinos de Caspalá y repudiamos la persecución que están viviendo.

Escribe Fernanda Giribone, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este viernes a 19 ex militares, ex policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La "Megacausa Jujuy" abarcó 16 causas por crímenes de privaciones ilegales de la libertad, homicidios, tormentos y violación sexual agravada. La sentencia dictó 4 penas a prisión perpetua y otras condenas que fueron desde los 5 a 25 años.

El juicio oral, el sexto que se realiza por crímenes de lesa humanidad en jujuy, había iniciado a mediados de 2018 con 23 imputados, y pedía justicia para 120 víctimas (44 desaparecidas). Durante el proceso de cuatro años de audiencias, en el que declararon unos 200 testigos, tres imputados fallecieron: el policía provincial Juan Carlos Vaca, Ramón Herrera y Carlos Alberto Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial. Todos con condenas previas por otras causas.

Entre otros delitos, se consideraron acreditados 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. Hay que destacar que por primera vez en la provincia, los delitos sexuales y la violencia de género aparecieron diferenciados con el objetivo de que puedan ser considerados y juzgados como tales.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Jones Tamayo, jefe de la Central de Inteligencia "Área 323" del Ejército; el ex comisario José Américo Lescano y dos ex jefes de seguridad del penal de Villa Gorriti, Ceferino Narváez y Juan Carlos Lucero. Recibieron penas de entre 25 y 20 años de prisión los ex policías provinciales Bernardo Salinas (25 años), Armando Claros (20 años) y Hugo Ruíz (20 años); el ex militar Mariano Braga (24 años), el gendarme Raúl Do Canto (24 años) y los ex agentes penitenciarios de Jujuy Mario Gutiérrez (22 años); Herminio Zárate (21 años) y Orlando Ricardo Ortiz (22 años).

También fueron condenados a 15 años el ex gendarme Carlos Raúl Pérez y Rodolfo Oscar López, de la Policía Federal; a 11 años el ex policía provincial Carlos Cachambe y a penas de entre 8 y 5 años los miembros de la policía provincial Juan de la Cruz Kairuz (5 años), Virgilio Choffi (8 años), Pedro Ríos (6 años) y Roque Inés Cari (6 años). Por su parte Osvaldo Héctor Caraballo, quien fuera guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, resultó como el único absuelto.

Por tratarse de causas que investigaban la desaparición de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar, este juicio podría haber avanzado en demostrar la responsabilidad civil-empresarial del genocidio de Estado, sin embargo Carlos Pedro Blaquier fue sobreseído por falta de mérito en 2015. Blaquier, ex dueño del Ingenio Ledesma SAAI, y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos en un fallo irregular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por una causa que intentaba comprobar su participación -logística y material- en el secuestros de los obreros azucareros y vecinos de la ciudad de Libertador en los sucesos conocidos como "La noche del Apagón". Si bien en el 2021 la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio del 2015, el hecho de que injustificadamente se tardaran en resolver el tema más de 6 años, permitió la exclusión de Blaquier de este juicio comenzado en 2018, garantizando una vez más la impunidad del empresario multimillonario.

Sin embargo de las pruebas y testimonios del juicio surge la complicidad civil de directivos de empresas como Mina El Aguilar y el carácter de autor intelectual del Ingenio Ledesma, que se confirmó en el conocido hecho de que la empresa digito los secuestros, puso a disposición del Terrorismo de Estado sus camionetas así como las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro de operaciones para el secuestro y desaparición de obreros y militantes.

Como última maniobra dilatoria la defensa de Blaquier apuntó a eximirlo por su edad, y el tribunal de primera instancia aceptó el pedido de insanía en abril de este año por lo que automáticamente Blaquier fue desvinculado de la causa, justo cuando tenía que declarar.

Organizaciones sociales y de derechos humanos se mantuvieron firmes e hicieron dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” y así Blaquier volvió a estar en estas causas que se dilantan desde el 2013 (La Noche de los Apagones y Causa Aredez).

Hoy, este fallo, aunque no contó con condenas ejemplares, es un logro histórico, que conllevó el esfuerzo de 4 años, en el que las víctimas pudieron dar testimonio y relatar sus historias que dieron cuenta de los asesinatos, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, violaciones y torturas que se perpetraron en Jujuy en el contexto del plan sistemático de aniquilación que aplicó la última dictadura.

Pero esta pelea continúa. Carlos Pedro Blaquier tiene 95 años de edad, por lo que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus crímenes queden impunes. Hoy más que nunca es necesario acelerar el juicio oral, para romper con la impunidad del poder económico, que aun hoy domina la región al mejor estilo feudal.

Con la fuerza de estas condenas, para obtener justicia por los que ya no están, y para todos los sobrevivientes, que siguen luchando.

A donde vayan los iremos a buscar.

Escribe Laura Marrone, dirigenta de Izquierda Socialista FIT-U

Ayer realizamos una sentada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a asociaciones y mujeres que reclamamos el resguardo del REWE, sitio de ceremonial integral del sistema de salud mapuche de la machi Betiana Cohuan Nahuel, que está siendo violentado por la represión y la prisión de la machi Betiana junto a sus 3 hermanas. 

Un conjunto de representantes de: Movimiento de Mujeres y Diversidades indígenas por el buen vivir. Colectivo Ni Una Menos, Dpto de Derechos de los pueblos de ATE nacional, Federación de Entidades argentino palestinas, Relatos de Resistencia en la Tribu, Izquierda Socialista, entre otras organizaciones. Participamos de esta acción, en el marco de la marcha de las comunidades mapuches hacia los parques nacionales en la Patagonia, para solicitar ser recibidas por el mimistro Cabandie o el Jefe de Gabinete.

Logramos que nos recibieran, pero no tuvimos respuestas a los reclamos. Por eso, seguimos junto al pueblo Mapuche acompañando su lucha.

¡No a la campaña de estigmatización del pueblo Mapuche!
Por la recuperación de territorios en manos de multimillonarios y capitalistas
Por la libertad de las presas mapuche de la lof Lafquen Winkul Mapu y restitución de sus territorios