Escribe Gabriel Massa

Sucedió ante los jefes de las más grandes compañías reunidos en la convención de la Asociación Empresaria Argentina y con la presencia nada menos que de Mauricio Macri. El presidente y mayor accionista de Techint, Paolo Rocca, confesó que en 2008 su empresa, la más grande del país, pagó coimas a través del gobierno de los Kirchner. El objetivo era lograr que Hugo Chávez abonara una inmensa indemnización por la expropiación de la planta siderúrgica de la compañía Sidor en Venezuela. Fue un tremendo negociado con coimas repartidas entre funcionarios de ambos países, mientras Techint se embolsaba la “indemnización” y la depositaba en Luxemburgo.

En cambio Rocca aseguró que su empresa estuvo al margen del “club de la corrupción” en el que las principales constructoras argentinas se repartían las obras públicas a cambio de coimas al gobierno kirchnerista. En su discurso en el encuentro de AEA el presidente Macri incluyó a Techint entre las empresas que hay que “defender” y que fueron “víctimas” de las “presiones” y la “corrupción” de los funcionarios kirchneristas.

Veamos los antecedentes de Techint. La empresa, además del caso de Sidor, ha reconocido el pago de coimas por más de 9 millones de dólares en Brasil para obtener contratos de provisión de caños y tubos de acero para la petrolera estatal Petrobras. Los sobornos llegaron a José Dirceu, ex jefe de gabinete del gobierno de Lula, condenado a varios años de prisión y actualmente en la cárcel. Techint llegó a vender caños y tubos a Petrobras por más de 1.600 millones de dólares. Junto con ello Techint –según una denuncia de la OCDE– pagó coimas millonarias también en Brasil para participar de las obras de la central nuclear Angra 3.

Por si estos tres casos no bastaran para confirmar que la coima es la práctica habitual de la empresa de los Rocca, la filial de Techint en Italia es investigada por lavado de dinero a través de empresas offshore en Suiza y Uruguay. Y, haciendo un poco de historia, recordemos que el menemismo prácticamente le “regaló” la planta de Somisa en San Nicolás, la actual Siderar.

Lejos de ser víctimas, como sostiene Macri, Techint y los Rocca son verdaderos pilares de la corrupción mundial.

Escribe José Castillo

La historia que empezó con los “cuadernos” que relataban el cobro de coimas durante el kirchnerismo se fue ampliando. Decenas de empresarios involucrados declaran como “arrepentidos” y sacan a la luz la existencia de una verdadera mafia en el corazón del capitalismo argentino. Funcionarios corruptos del más alto nivel se entremezclan con las patronales más importantes del país.

Las revelaciones del día a día son impresionantes. Ya se habla de un entramado de coimas que puede llegar a involucrar más de 200 millones de dólares. Un enchastre que involucra a coimeros y coimeadores que están en el más alto nivel de la política y la economía. Compromete, por supuesto, a la cabeza de los gobiernos de Néstor y Cristina, sumándose testimonios que muestran evidencias de la responsabilidad directa de ambos ex presidentes en la “conducción” de esta trama mafiosa. Pero también a un conjunto cada vez más grande de empresarios del más alto nivel, que incluyen a lo que fue en su momento la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y hasta al grupo económico más importante del país (Techint). Por supuesto, como no podía ser de otra manera, en ese listado quedan adentro varios empresarios directamente ligados al actual poder macrista, como Calcaterra, o grupos económicos privilegiados por el actual gobierno, como Roggio.

No se salva nadie, y el ventilador sigue encendido. Tanto es así que ya se prendieron las alarmas: la UIA como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamaron a “tener cuidado” de no seguir involucrando empresarios. Jorge Fontevecchia, dueño del diario Perfil, firmó un editorial pidiendo prudencia, no vaya a ser cosa que esto pusiera en riesgo “el capitalismo argentino”. Y el propio gobierno se reunió con los actuales adjudicatarios de las obras públicas para garantizarles que, aunque estuvieran denunciados, ello involucraba a “personas” y no a las empresas y que, por lo tanto, el Estado seguiría pagando los contratos y subsidios correspondientes.

El peronismo kirchnerista va cambiando de estrategia de defensa. Empezó diciendo que todo era “mentira” y que “los cuadernos eran falsos”. Luego, ante la ola de denuncias de los arrepentidos pasó a aceptar que las coimas existían pero que eran de funcionarios menores y después, a medida que la escalada de confesiones aumenta, se limita a señalar que “Cristina no sabía nada”.

Seamos claros: es obvio que la denuncia original de La Nación y el lanzamiento de la causa por el juez Bonadio tienen una intencionalidad política. Así como la forma vergonzosa de salvar a los empresarios, canjeando su libertad por la figura de “arrepentido que colabora”. No tenemos la más mínima confianza en Bonadio. Pero esto no nos puede hacer perder de vista el centro de la cuestión: las coimas multimillonarias y el entramado que hizo que absolutamente toda la obra pública durante el kirchnerismo se transformara en un gigantesco garito donde se repartían adjudicaciones, ganancias, subsidios y sobreprecios. Así un grupo importantísimo de grandes empresas hicieron sus ganancias, con la complicidad de funcionarios políticos del más alto nivel. Esa corrupción no sólo robó carradas de dinero a todos los trabajadores y sectores populares que veían, a la vez, cómo se deterioraban la salud o la educación pública. Incluso llevó a la muerte a centenares de trabajadores, como pasó con la mina de Río Turbio, o con la masacre evitable de Once. Exactamente de esto estamos hablando.

La conclusión es simple. Existe una auténtica trama de corrupción que lleva décadas, cruzando todos los gobiernos. Así funciona el capitalismo argentino. Con la complicidad de políticos, jueces y burócratas sindicales. Lo que hay que hacer es simple: todos los corruptos, sin excepción, tienen que ir presos y devolver lo que robaron. A todos los denunciados se les tiene que invertir la carga de la prueba: que sean ellos los que demuestren su inocencia. Y a todas las empresas denunciadas que siguen teniendo concesiones de servicios privatizados u obras públicas hay que rescindirles inmediatamente esos contratos, estatizando todas esas actividades y poniéndolas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios.

Escribe Juliana García

Falleció Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y su presidenta hasta noviembre de 1989, período en que se identificaron y restituyeron más de sesenta niñas y niños apropiados por la dictadura. Luchadora incansable durante más de 40 años buscando a su nieta Clara Anahí Mariani Teruggi.

Chicha siempre afirmó que la pelea por encontrar a su nieta estaba absolutamente ligada a encontrar a todos y cada uno de los nietos y nietas apropiados por la dictadura genocida y a ello dedicó toda su vida.

Muchas de las pruebas con las que se consiguió condenar a los genocidas hoy presos fueron aportadas por las investigaciones y trabajos de búsqueda organizados y realizados por Chicha. Fue ella la que impulsó a muchos científicos para que desarrollaran estudios de ADN que hoy conocemos como “índice de abuelidad”, que nos permiten tener la certeza científica e irrefutable acerca de la identidad de los y las jóvenes que recuperan su identidad y la que impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Chicha, junto a otras abuelas como Mirta Baravalle y Elsa Pavón fundaron luego la Asociación Anahí para seguir luchando y buscando la identidad de los nietos que nos faltan.

Lamentablemente Chicha falleció sin recuperar a su nieta Clara Anahí. El pacto de silencio de los genocidas no permitió que pudiera abrazar una vez más a su nieta. Los distintos gobiernos fueron y son responsables de que no se abrieran los archivos de la dictadura que podrían permitir avanzar en su búsqueda.

Ratificamos nuestro compromiso militante con Chicha de que seguiremos buscando a Clara Anahí y continuaremos su lucha: ¡por la reapertura de todos los archivos de la dictadura! ¡Ni olvido ni perdón! Cárcel común y efectiva para todos los apropiadores y genocidas. Contra la impunidad de ayer y de hoy.

Desde hace días, una misión del FMI está recorriendo las oficinas del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. El Fondo Monetario está inspeccionando si efectivamente se empezó a cumplir con el mayor ajuste pactado con Macri por 500.000 millones de pesos. Es el ajuste que el gobierno nacional está acordando con los gobernadores y quiere plasmar en el presupuesto 2019. Esta “inspección” del FMI es la más clara demostración de lo que venimos diciendo desde nuestro partido y el Frente de Izquierda: los trabajadores son los señalados para que paguen la crisis capitalista, mientras la plata se sigue yendo para salvar a los especuladores y a los usureros de la deuda. La Argentina, con el pacto con el FMI, sigue dando pasos en una de las mayores entregas y saqueo del país, avanzando en la dependencia y semicolonización a manos de banqueros y multinacionales.

Lo que le “preocupa” al FMI no es la suba del dólar o que la inflación supere el 32% pulverizando salarios, jubilaciones y planes sociales, sino si se avanza en los despidos, los ataques a las jubilaciones, la paralización de la obra pública, la quita de los convenios colectivos y que se siga achicando el gasto social para destinar esos recursos a garantizar los pagos de la deuda. Las consecuencias son claras. “El ajuste mata”, dicen miles de docentes después de las muertes evitables de dos trabajadores de la educación en Moreno culpa de que las escuelas se caen a pedazos, mientras siguen las declaraciones de empresarios mafiosos corruptos que traficaron con la obra pública.

La otra cara de todo esto es el crecimiento de la protesta obrera y popular mientras se desarrollaba la misión del FMI. La represión contra los trabajadores del Astillero Río Santiago de este martes, a quienes les quitaron conquistas de años plasmadas en su convenio colectivo, ha generado una marcha de repudio masiva el día posterior en La Plata. Vidal y Macri usaron el aparato represivo no “para combatir el narcotráfico”, como dicen, sino para tirar gases y balas de goma contra trabajadores que defienden su salario. También la Prefectura reprimió a los trabajadores despedidos de Tandanor. Los docentes bonaerenses están en medio de una auténtica rebelión junto a estudiantes y padres reclamando que se hagan las obras en las escuelas. También luchan los profesores universitarios, que ya van por su tercera semana de paro, apoyados por los estudiantes. Se está peleando contra los despidos en Fabricaciones Militares. En Córdoba se dio la multitudinaria movilización de los trabajadores de Luz y Fuerza contra el cambio del convenio colectivo y el intento de privatización de la empresa de energía EPEC, ataques ordenados por el gobierno peronista de Schiaretti, lo que lleva a ratificar, como lo venimos denunciando desde la izquierda, que la oposición patronal donde gobierna aplica el mismo ajuste nacional.

A todo esto, lo repudiable y vergonzoso, mientras los trabajadores luchan a brazo partido contra el ajuste, es el rol traidor de la cúpula de la CGT que se reunió con el gobierno prometiéndole no solo que ni siquiera iba a haber una marchita ante la nueva visita del FMI sino que se entrevistarían con esos chupasangres. Lo graficó el diario La Nación en una crónica: “Cara a cara, en una charla guiada por la cordialidad y en la que no hubo contrapuntos ni momentos de tensión, el triunvirato de la CGT se reunió durante 90 minutos con el jefe de la misión del FMI Roberto Cardarelli”. Recordemos que cuando vino Lagarde, la CGT le envió una carta para pedirle una reunión.

Por otro lado, hubo un acto del sector sindical que responde a Hugo Moyano denominado “Multisectorial del 21F”, fecha que ya nadie recuerda porque fue puesta en virtud de la marcha que se hizo en febrero y después no le dieron ningún tipo de continuidad. En ese acto habló Moyano pero no se refirió a ninguna lucha en curso ni mencionó la palabra paro general. Moyano viene de sacarse una foto con Cristina Kirchner, más preocupado por zafar ambos de sus causas judiciales que de apoyar a los trabajadores.

En contraste con esto, la mesa nacional del sindicalismo combativo surgida del plenario nacional de Lanús de junio pasado, se reunió y emitió una nueva declaración dándole el apoyo a todas las luchas y denunciando la actitud de la burocracia sindical, exigiendo una vez más que la CGT rompa la tregua con el gobierno y llame a un paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo junto a las CTA, como primer paso de un plan de lucha nacional para derrotar al ajuste de Macri y el FMI. Por su parte, el Pollo Sobrero viajó a Córdoba para dar el apoyo a los trabajadores de Luz y Fuerza, entre tantas actividades y plenarios que se harán en las próximas semanas. Y el Frente de Izquierda hizo un acto en repudio a la visita del FMI frente al Banco Central el pasado viernes 17. Las consignas para luchar son claras: abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores, paro de 36 horas y no pago de la deuda externa.

Agosto arrancó con todo, subió el pasaje de los colectivos en la Capital y el Gran Buenos Aires. El subte pasó de 7,50 pesos nada más ni nada menos que a 12,50 (un alza de 67%). Se dio el tarifazo de 22% en la luz. Ahora aumentó nuevamente la nafta 5% ¡por séptima vez en el año! Ya hay zonas del país donde la premium está arriba de los 40 pesos. También subieron las prepagas 7,5%. Y, por supuesto, siguen por las nubes los precios de los artículos de primera necesidad.

No hay plata que alcance. Las consultoras privadas ya hablan de una inflación para todo 2018 cercana al 35%. ¡Y pensar que hace un par de semanas querían arreglarnos con un 15% en cuotas! La realidad es que los sueldos se están pulverizando, y esto ni siquiera se arregla con los reajustes que alcanzaron algunos gremios.

¡Tiene que haber un aumento salarial de emergencia! Ningún trabajador debe ganar menos que el valor de la canasta familiar, hoy valuada en 20.000 pesos. Y hay que reabrir inmediatamente todas las paritarias, sin techo, para que los salarios recuperen todo lo que perdieron y, de acá en más, se ajusten mensualmente según la inflación.

Para pelear por esto, y contra todas las medidas de ajuste de Macri y el FMI, tenemos que reclamarle a la CGT y las CTA un paro general de 36 horas, como primer paso de un plan de lucha. Y oponer al programa económico de hambre del Fondo Monetario un plan alternativo, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda externa y poner todo ese dinero para resolver las más urgentes necesidades de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.