Una de las medidas urgentes que reclamamos para dar protección a las mujeres víctimas de la violencia de género es la sanción de leyes en todas las legislaturas y en el Congreso Nacional que establezcan el derecho a la licencia y al traslado de lugar de trabajo para las víctimas de violencia de género.

La licencia por violencia de género fue conquistada por la docencia en Chubut durante el 2014, y en Neuquén este año. Existen proyectos de leyes en diversas legislaturas del país en el mismo sentido, planteando su extensión a toda la administración pública.

Estas licencias, sin embargo, suelen sancionarse por un período más corto que la situación de riesgo a la que la persona está expuesta. Por eso se requiere conectarlas a otras medidas como el derecho al traslado de lugar de trabajo. En países como el Estado Español este derecho ya existe, con carácter provisorio para las mujeres que trabajan en la función pública mientras dure su situación de estar “bajo protección”.

Algunos bloques como el PRO en CABA pretenden que la licencia se otorgue solo para los casos judicializados. Nuestro reclamo es para que se aplique el criterio de la Ley 26485 que establece que las medidas de protección a la mujer no deben condicionarse a la existencia de denuncia judicial y que, por tanto, baste para acceder a las mismas la mera presentación de certificados de haber planteado el caso ante cualquier organismo de atención a las víctimas de violencia.

Resta otro problema: la necesidad de que estas leyes amplíen estos derechos a las personas que trabajan en el ámbito privado.

Diana Sacayán, activista y referente del movimiento LGTBIQ fue asesinada en su casa el pasado 13/10 y se suma a la lista de travesticidios que ocurren en nuestro país.

Esta noticia, no deja de sorprendernos y de recordarnos una vez más, el estado de vulnerabilidad y de desprotección en el que se encuentran las travestis en Argentina, ya que a pesar de la ley de identidad de género, hoy están excluidas del mercado laboral y en la sociedad persiste la homo-lesbo-trans-fobia. Por eso, seguimos exigiendo el cupo laboral para personas trans. Digamos basta de travesticidios. Por el esclarecimiento del asesinato de Diana. Aquí también decimos #NiUnaMenos.

Karina esperaba ansiosa al 9/11, día en que empezaría el juicio a su agresor: Gustavo Javier Albornoz. Por no estar terminadas las pericias a ninguno de los dos, se pospondrá hasta el 11, 12 y 13 de abril de 2016. ¿Por qué Karina tiene que esperar tanto? -¡Porque el TOC Nº1 de Morón está lleno de casos!
Para más, el 25/10 mientras iba a votar, un auto se le fue encima y ella terminó en el asfalto tirada y aún más herida ¿Por qué a Karina no le garantizan seguridad -como habían prometido-? -Porque no hay personal ni recursos suficientes, le dijeron.

Mientras, la defensa de Albornoz presentó un escrito que dice que las denuncias públicas que Karina y su familia realizaron fueron bajo presión de partidos políticos, de quienes son rehenes. Karina y su familia reafirmaron las acciones se hicieron por su decisión y con un único objetivo: que haya un juicio y que el femicida Albornoz vaya preso.
Ahora, fortalecidxs, Karina y su familia siguen exigiendo #NiUnaMenos muerta por femicidios y saben que terminar con la impunidad de femicidas que andan sueltos como Albornoz es parte de ese camino hacia la justicia y el fin de la violencia machista.

Cuando se sancionó la Ley 26.150/06 de Educación Sexual se le agregó la palabrita “integral”. Para muchos inadvertidos, la ley era en sí una herramienta progresista. Sin embargo llevaba en su seno el germen del doble discurso propio del FPV: la palabra integral escondía la posibilidad de darle un enfoque religioso al tema, a gusto del “ideario de la comunidad escolar” (artículo 5). Por eso la Iglesia no puso el grito en el cielo.

El Ministro de Educación del PRO, Esteban Bullrich, candidato a futuro Ministro de Educación si Macri es presidente, interpretó la grieta a la perfección. Este representante de sectores católicos conservadores, vinculados al OPUS DEI, contrató a una ONG llamada “Proteger el corazón” para que realice talleres en las escuelas. En su página web esta asociación con sede en Colombia, nos adelanta los criterios que ya empezaron a desarrollar en las escuelas: el noviazgo tiene que tener proyecto (matrimonio), hay que saber contenerse, la masturbación está mal y los piyamas partys deben ser vigilados por los padres pues en ellos se usa ropa íntima y los chicos ven pornografía ¡Basta! ¡Fuera esta versión retrógrada de la formación de nuestros niños!

El reclamo de educación sexual no puede ser ingenuo. Debe ser desde la perspectiva de género, o sea planteando la realidad de existencia de relaciones de poder entre los generos, reconociendo el derecho a la identidad de género, planteando la sexualidad como parte de la vida y su disfrute como derecho a una humanidad plena.

La escuela y la lucha contra la violencia de género

El sindicato docente Ademys es un sindicato que viene tomando la delantera en la confección de propuestas de aula para tratar los temas de género en la escuela. En su página web podemos encontrar las publicaciones de Tiza en Mano N° 11 hasta la N° 16 que desarrolla propuestas didácticas para trabajar esta problemática con los estudiantes de distintos niveles. Consultar: www.ademys.org.ar

Ausente en la Ley para Erradicar, Prevenir y Sancionar la violencia contra las mujeres, el derecho al aborto constituye una de las impostergables deudas que los gobiernos tienen con las mujeres.

Se calcula que una de nosotras muere cada día por no poder acceder a una interrupción del embarazo en condiciones óptimas, y otras miles, permanecen con secuelas o discapacidad permanente. La clandestinidad no impide que los abortos se practiquen, pero empuja a la muerte y a la enfermedad a las mujeres más pobres que no pueden acceder a las costosas clínicas privadas que los realizan.

El aborto clandestino constituye, entonces, una de las formas más atroces de violencia contra las mujeres, y podríamos agregar, contra las mujeres pobres.

Como lo hicimos el 3J, reclamamos: Ni una menos por abortos clandestinos y que se incorpore a la Ley 26485. Aborto legal, seguro y gratuito, ya!