Invitada por nuestro partido hermano, la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad, fue parte del calendario de preparación del 8M, donde las Mujeres de la CST organizaron un debate internacional “Las mujeres no van a pagar por la crisis: en lucha por salario, empleo y contra la violencia machista”. El evento contó con la participación de compañeras de la educación, de la salud, de la limpieza, de no docentes y jóvenes de las universidades. El debate fortaleció la preparación del 8M en Río de Janeiro, Brasil.

Desde la agrupación de mujeres Isadora (@izqsocialista e Independientes) repudiamos las agresiones que sufrió la trabajadora de la terminal de Santa Clara del Mar por parte del dirigente del Partido Comunista que integra el Frente de Todos y secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, quien la insultó y golpeó porque “el colectivo estaba demorado”.

Tal como se ve en los videos, luego de decirle “¿De qué te reís, pelotuda?”, Schulmam le pegó una cachetada al gritó “No me voy una mierda. Andá vos, hija de puta”. Estos hechos muestran la vulnerabilidad en la que nos encontramos las mujeres en nuestros lugares de trabajo, expuestas a violentos y maltratadores que llegan hasta golpearnos porque un micro no llega a tiempo.

Nos solidarizamos con la trabajadora y exigimos justicia frente a este inaceptable hecho de violencia machista por parte de Schulman, más aún viniendo de alguien que se dice “defensor de los derechos humanos” o “de izquierda”, lo cual demuestra que nada tiene que ver con ello. Schulman es parte de una falsa izquierda (el Partido Comunista) que integra el gobierno peronista del Frente de Todos, gobierno que no defiende los derechos de las trabajadoras y acaba de pactar con el FMI.

El próximo 8M, día internacional de las mujeres trabajadoras, tenemos que ser miles en las calles de todo el país. Nos organizamos contra las violencias de género, contra el acuerdo del gobierno con el FMI que nos afecta más a las mujeres y disidencias, y por todos nuestros derechos.

#violenciadegenero #8m #FMI #feminismo

Contactos:
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Escribe Mercedes Trimarchi Legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La cifra de femicidios y trans-travesticidios registrada por el Observatorio Ahora que sí nos ven desde el 1 al 31 de enero de este año da cuenta de unos 28. Es decir, uno cada 27 horas, de los cuales el 60% se dieron en la vivienda de la víctima. Al menos unas 22 niñas y niños perdieron a sus mamás como consecuencia de la violencia machista más extrema en el primer mes de 2022. Esta cifra se mantiene “estable” desde el 2015, demostrando el fracaso de las políticas de todos los gobiernos en relación a la violencia de género. Alberto Fernández no es la excepción, ya que lejos del relato oficial y su doble discurso, los números hablan por sí mismos y dan cuenta de que el patriarcado no terminó.

Actualmente las políticas destinadas a las mujeres, trans y travestis que sufren violencia de género son centralmente dos, el programa Acompañar, y los dispositivos habitacionales conocidos como refugios para los casos más extremos y judicializados. El primero consiste en otorgar un subsidio a las víctimas solo por seis meses, equivalente al salario mínimo vital y móvil (actualmente calculado en $33.000). En relación a los refugios, hogares y casas de medio camino, actualmente hay alrededor de 150 estatales y 50 de la sociedad civil, según lo confirmó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en una entrevista al diario Página/12 el 25 de noviembre de 2021. Ninguna de las dos medidas es suficiente para dar una respuesta acorde a las necesidades de las víctimas de violencia de género.

El acuerdo con el FMI va en contra de las demandas de las mujeres y disidencias.

El presupuesto destinado para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2021 fue subejecutado. Y el proyectado para 2022 conlleva un recorte en términos nominales, que el propio Martín Guzmán y la especialista en temas de género del Ministerio de Economía, Mercedes D’alessandro no pudieron ocultar cuando fueron al Congreso en diciembre pasado a explicar los números. Es evidente que, como ahora, en aquel momento la prioridad del gobierno peronista fue pagar la deuda externa a costa de las demandas de las mujeres y disidencias, principales víctimas de la violencia machista de esta sociedad capitalista y patriarcal.

El acuerdo firmado entre el gobierno y el FMI es un nuevo ajuste al conjunto de la clase trabajadora, y en especial para las mujeres y disidencias, que ya somos las más pobres entre los pobres. Desde Isadora y como parte del movimiento feminista nos pronunciamos por el no pago de la deuda externa, y decimos que las estafas no se pagan. Exigimos que todo ese dinero (y estamos hablando de millones de dólares) se destine a combatir la violencia de género y otras demandas de las mujeres y disidencias, porque la deuda es con nosotras y nosotres.

Escribe Malena Lenta

Un nuevo caso de abuso sexual hacia las infancias en un Tucumán impune. Mientras la niña es obligada a gestar y a parir, el violador está libre y el gobierno y las instituciones provinciales miran para el costado.

El pasado 10 de enero salió a la luz la noticia de una niña de diez años abusada sexualmente, quien parió por cesárea a las veintisiete semanas en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. Su violador, Carlos Alberto Merlos, de 54 años, pareja de su cuidadora, se encuentra prófugo.

La cruda historia de esta niña muestra junto con la violencia sexual, la violencia de las instituciones de salud, educación, justicia y derechos de infancia que miraron para un costado durante su corta vida. La madre de la niña no contaba con medios económicos para cuidarla y la vecina que la tenía a cargo, además de enviarla a trabajar en limpieza de casas particulares, se la entregaba al violador sin que ninguna de las instituciones hiciera nada al respecto. Por eso decimos que también son responsables de obligarla a gestar y a parir, lo que consideramos un hecho de tortura.

Y aunque desde el Ministerio de Salud en manos del antiderechos Luis Medina Ruiz digan que se activó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, lo cierto es que una cesárea en esa edad gestacional no lo es. Se trata en cambio de otro intento del ministro por confundir los hechos e intentar ocultar la flagrante vulneración de derechos de esta niña.

Pero éste no es el único caso en las tierras del jefe de gabinete Manzur, reconocido militante del pañuelo celeste. En Tucumán son reiterados los hechos de violencia sexual hacia las infancias y muchos han sido los casos en los que se llevó los embarazos de niñas a término con el argumento de “salvar las dos vidas”, tal como denunciamos en 2020 y 2019. Además, en esa provincia, junto con la pobreza y el descuido de las infancias y adolescencias con derechos vulnerados, es flagrante la falta de implementación de la Educación Sexual Integral, de acceso a métodos anticonceptivos, de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, como vimos, de la Interrupción Legal del Embarazo en los tiempos y con los procedimientos adecuados.

Una vez más exigimos el derecho a las infancias libres. ¡Son niñas, no madres! ¡Basta de violencias contra las infancias! ¡Cesárea no es Interrupción Legal del Embarazo! Reclamamos la inmediata restitución de derechos a esta niña, cárcel a su violador y la destitución de los responsables políticos de esta vulneración de todas las instituciones que no hicieron nada. El gobierno es responsable.

Pero también es necesario seguir reclamando por la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y el cumplimiento inmediato de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con presupuesto y con equipos de salud formados que realmente garanticen el derecho a decidir.

Escribe Malena Lenta

Luego de doce horas de agonía, la joven Wichi de dieciocho años, Aldana Quico, falleció en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Había llegado al mismo por fuertes dolores en su vientre mientras cursaba un embarazo avanzado. Sin embargo, el médico obstetra Patricio Parra Marin se negó a atenderla adecuadamente. Luego de constatar la muerte fetal, no le practicó una cirugía sino que la dejó esperando hasta que tuviera un “parto normal”. Tras varias horas de sufrimiento, la joven murió de un paro cardíaco.

Sin embargo, este no fue el único caso de abandono y violencia obstétrica cometido por este médico. Ya en 2020 se había negado a asistir a una joven Qom embarazada que había concurrido al nosocomio mientras se desangraba, quien también falleció por la falta de atención. Aunque la familia realizó la denuncia, las autoridades no hicieron nada y Parra Marin siguió trabajando como si nada hubiera sucedido. Por eso, también son responsables las autoridades del hospital y de la subsecretaría de Gestión de Salud de la provincia, a cargo de Silvia Cardozo, quien además de haber protegido a Parra Marin justificó el abandono de la joven al relatar a los medios de comunicación las supuestas resistencias que tienen los pueblos Wichí y Qom para recibir asistencia por parte del sistema de salud, en lugar de condenar la violencia obstétrica.
Exigimos justicia por Aldana Quico y reclamamos: ¡Basta de violencia obstétrica! ¡Basta de racismo contra los pueblos originarios!