Escribe Malena Lenta

Un nuevo caso de abuso sexual hacia las infancias en un Tucumán impune. Mientras la niña es obligada a gestar y a parir, el violador está libre y el gobierno y las instituciones provinciales miran para el costado.

El pasado 10 de enero salió a la luz la noticia de una niña de diez años abusada sexualmente, quien parió por cesárea a las veintisiete semanas en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. Su violador, Carlos Alberto Merlos, de 54 años, pareja de su cuidadora, se encuentra prófugo.

La cruda historia de esta niña muestra junto con la violencia sexual, la violencia de las instituciones de salud, educación, justicia y derechos de infancia que miraron para un costado durante su corta vida. La madre de la niña no contaba con medios económicos para cuidarla y la vecina que la tenía a cargo, además de enviarla a trabajar en limpieza de casas particulares, se la entregaba al violador sin que ninguna de las instituciones hiciera nada al respecto. Por eso decimos que también son responsables de obligarla a gestar y a parir, lo que consideramos un hecho de tortura.

Y aunque desde el Ministerio de Salud en manos del antiderechos Luis Medina Ruiz digan que se activó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, lo cierto es que una cesárea en esa edad gestacional no lo es. Se trata en cambio de otro intento del ministro por confundir los hechos e intentar ocultar la flagrante vulneración de derechos de esta niña.

Pero éste no es el único caso en las tierras del jefe de gabinete Manzur, reconocido militante del pañuelo celeste. En Tucumán son reiterados los hechos de violencia sexual hacia las infancias y muchos han sido los casos en los que se llevó los embarazos de niñas a término con el argumento de “salvar las dos vidas”, tal como denunciamos en 2020 y 2019. Además, en esa provincia, junto con la pobreza y el descuido de las infancias y adolescencias con derechos vulnerados, es flagrante la falta de implementación de la Educación Sexual Integral, de acceso a métodos anticonceptivos, de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, como vimos, de la Interrupción Legal del Embarazo en los tiempos y con los procedimientos adecuados.

Una vez más exigimos el derecho a las infancias libres. ¡Son niñas, no madres! ¡Basta de violencias contra las infancias! ¡Cesárea no es Interrupción Legal del Embarazo! Reclamamos la inmediata restitución de derechos a esta niña, cárcel a su violador y la destitución de los responsables políticos de esta vulneración de todas las instituciones que no hicieron nada. El gobierno es responsable.

Pero también es necesario seguir reclamando por la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y el cumplimiento inmediato de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con presupuesto y con equipos de salud formados que realmente garanticen el derecho a decidir.

Escribe Malena Lenta

Luego de doce horas de agonía, la joven Wichi de dieciocho años, Aldana Quico, falleció en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Había llegado al mismo por fuertes dolores en su vientre mientras cursaba un embarazo avanzado. Sin embargo, el médico obstetra Patricio Parra Marin se negó a atenderla adecuadamente. Luego de constatar la muerte fetal, no le practicó una cirugía sino que la dejó esperando hasta que tuviera un “parto normal”. Tras varias horas de sufrimiento, la joven murió de un paro cardíaco.

Sin embargo, este no fue el único caso de abandono y violencia obstétrica cometido por este médico. Ya en 2020 se había negado a asistir a una joven Qom embarazada que había concurrido al nosocomio mientras se desangraba, quien también falleció por la falta de atención. Aunque la familia realizó la denuncia, las autoridades no hicieron nada y Parra Marin siguió trabajando como si nada hubiera sucedido. Por eso, también son responsables las autoridades del hospital y de la subsecretaría de Gestión de Salud de la provincia, a cargo de Silvia Cardozo, quien además de haber protegido a Parra Marin justificó el abandono de la joven al relatar a los medios de comunicación las supuestas resistencias que tienen los pueblos Wichí y Qom para recibir asistencia por parte del sistema de salud, en lugar de condenar la violencia obstétrica.
Exigimos justicia por Aldana Quico y reclamamos: ¡Basta de violencia obstétrica! ¡Basta de racismo contra los pueblos originarios!
                                

Por eso este 30 de diciembre en todo el país volvemos a mostrar nuestros pañuelos para decir que para que nuestro derecho se cumpla necesitamos su implementación efectiva y sin restricciones!

Exigimos la libertad de las presas por abortar y que se deje de criminalizar a las y los profesionales que garantizan derechos.

La separación de las Iglesias del Estado y la implementación de la Educación Sexual Integral #ESI, seguimos diciendo #NiñasNoMadres

Nos encontramos 18 hs en Congreso y en todo el país.

#abortolegal #absolucionaMiranda #implentaciondelasILE

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con la movilización logramos el derecho al aborto legal seguro y gratuito, un reclamo que durante décadas fue estandarte del movimiento feminista. Con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y con la masividad de la #mareaverde se logró avanzar en la despenalización social primero (2018) y en la conquista de la ley después (2020). El desafío continúa siendo el de la implementación efectiva, ya que se necesitan recursos para que la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se cumpla en todo el territorio argentino.

Por eso, el reclamo de mayor presupuesto para salud (en particular para que se pueda implementar la ley) es una de las demandas principales del movimiento feminista. Se contrapone con la política del gobierno peronista de Alberto Fernández, que envió un presupuesto para el 2022 al Congreso con un recorte real del 13% al area de salud. Algo gravísimo, teniendo en cuenta que el contexto sigue siendo el de la pandemia que aún no termina y que están apareciendo nuevas cepas como la ómicron y nuevas olas en el invierno europeo.

Plenaria de la Campaña en Rosario

El pasado 4 y 5 de diciembre se realizó la plenaria nacional de la Campaña en Rosario. Fue la primera presencial luego de la sanción de la IVE. De la misma participaron cientos de compañeras y compañeres de diferentes provincias del país, y con Isadora nos sumamos desde Jujuy, La Matanza y Ciudad de Buenos Aires. Luego de dos días de debate, se reafirmó la necesidad de seguir organizadas en todo el país, “luchando por la plena garantía de la educación sexual integral, de la anticoncepción y del derecho al aborto; por la libertad de las presas por abortar y por eventos obstétricos; porque no haya ninguna niña obligada a gestar y a parir y por un Estado laico”, de acuerdo al comunicado de la Campaña, organización que nuclea a más de 700 organizaciones.

Asimismo, se convocó para el próximo jueves 30 de diciembre, a un año de la sanción de la Ley 27.610, a un pañuelazo federal a las 19 horas para exigir la efectiva implementación de la ley y el sobreseimiento de la médica Miranda. Ella fue criminalizada por garantizar un aborto en Tartagal, Salta, cuando todo el resto de los efectores se habían declarado objetores de conciencia. Fue encarcelada y aún continúa procesada, como muestra de hasta dónde pretenden llegar los antiderechos, las iglesias y la justicia patriarcal que, acorralados porque perdieron el debate social, buscan amedrentar a quienes garantizan derechos.

Contra la reacción patriarcal, más organización feminista

Desde Isadora denunciamos la designación de Manzur como jefe de gabinete, por ser un declarado antiderechos que hasta obligó a una niña de once años violada a parir en la provincia de Tucumán. Alertamos sobre este guiño del gobierno a los sectores más oscurantistas de nuestro país y nos preparamos para enfrentar cualquier intento de retroceso en nuestras conquistas.

Seguimos bregando por un movimiento feminista antigubernamental, anticlerical y anticapitalista que con las mujeres y disidencias en primera línea pelee por un gobierno de las mayorias, un gobierno de la clase trabajadora que le ponga fin a la opresión y a la explotación en el camino de construir una sociedad socialista.

El informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina”, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña nacional por el derecho al aborto, el Centro Universitario San Martín (Cusam) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos, identificó que 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto, 37 por eventos obstétricos criminalizados. El informe analiza los casos judicializados entre los años 2012 al 2020 en 17 provincias. Es inadmisible que a un año de la conquista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo todavía haya mujeres presas en Argentina  por abortar. Basta de doble discurso, exigimos su inmediata libertad.