
Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad
Lo que están haciendo el gobierno y los bancos con los jubilados es directamente criminal. Por eso ha generado una enorme indignación popular. La bronca se expresó con los lemas #ConLosJubiladosNo y #OtraVezSeLaAgarranConLosJubilados. Al presidente Alberto Fernández, que venía ascendiendo en la aceptación popular, con este grave hecho se le está desdibujando la aureola de que “viene haciendo todo lo posible” ante la crisis del coronavirus.
Un millón de jubilados fueron obligados a romper la cuarentena. Se expresó así un enorme desprecio, desidia e improvisación por parte del gobierno. Los infectólogos señalan que “estuvieron en peligro” (de contagiarse y ser posibles víctimas), o sea, se jugó con la vida de nuestros ancianos.
Después de veinte días de cierre de bancos y sin poder cobrar aún el mes de marzo, fueron empujados a salir a la calle junto con otros beneficiarios de planes sociales (embarazadas o de la asignación por hijo, por ejemplo). Ver colas de varias cuadras con gente mayor –incluso muchos obligados a acampar desde la noche anterior– para ganarse un lugar y poder cobrar es directamente triste y lamentable.
Ahora se pasan la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. ¡Todos son responsables y el gobierno es el mayor! “No esperábamos tanta afluencia de público”, dijo Alejandro Vanoli, titular de la Anses y ex presidente del Banco Central de Cristina Kirchner, uno de sus niños mimados. Miguel Pesce, presidente del Banco Central, dijo que fue una “situación inédita”. ¿Pero no sabían que la reapertura de los bancos tras dos semanas de cierre en medio del hambre y la pobreza iba a generar estas aglomeraciones? ¿Dónde estuvo el plan previo para prevenirlo? Esto mismo ya había ocurrido en el verano con 40 grados de temperatura para cobrar los bonos de diciembre, y se volvió a ver la semana pasada cuando tuvieron que cobrar otros sectores.
Hay solo una sucursal bancaria cada 5.200 jubilados. ¿Por qué no se abrieron más? ¿Por qué no se obligó a todos los bancos a pagarles a los jubilados, más allá de que tengan o no cuenta en la entidad? “No todas están interesadas en pagar a los jubilados”, se dice. Precisamente porque esto implica más inversión, más empleados, algo que los bancos no están dispuestos a brindar, con la complicidad del gobierno. Son los mismos bancos que vienen haciendo fortunas, ahora con el Frente de Todos y antes con Macri, el peronismo kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Los que se vienen llevando sus ganancias “en pala”.
Este hecho muestra también el mar de fondo: la desesperante situación en la que viven millones de jubilados. Dos millones de mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza. Tres millones cobran la mínima de $15.892, mientras la canasta de un jubilado está en 40.000 pesos. Es decir, ya vienen siendo un “grupo de riesgo” desde mucho antes, culpa de los recortes de todos los gobiernos.
Macri les robó 100.000 millones de pesos en diciembre de 2017 con la modificación a la ley de movilidad (actualización jubilatoria) provocando un enorme repudio popular frente al Congreso. Y ahora es el gobierno de Alberto Fernández el que recortó una cifra similar con la denominada “ley de emergencia” votada a fin del año pasado. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno viene aplicando un ajuste para hacer buena letra con el FMI y pagar la deuda externa. Y este hecho lamentable ocurrió en la misma semana en que el gobierno pagó u$s250 millones por un vencimiento de la deuda usurera, graficando cuál es la prioridad del gobierno.
¡Basta de que sean víctimas nuestros jubilados! ¡Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas! ¡Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria! Exigimos aumento de emergencia sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a los bancos, grandes empresarios y multinacionales para implementar un fondo de emergencia para combatir de verdad la crisis del coronavirus porque las medidas del gobierno claramente no alcanzan.
El gobierno de Fernández plantea que cobrará un impuesto especial a las grandes fortunas. El Frente de Todos impulsa en el Congreso, en este sentido, lo que llama el “impuesto Patria”. Le exigimos que lo haga de inmediato. Junto con el no pago de la deuda son las dos grandes fuentes para conformar un fondo de emergencia para atender las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia.
Escribe José Castillo
Luego de que Techint intentara despedir 1.450 trabajadores, el propio presidente Alberto Fernández salió a cuestionar el accionar de los grandes empresarios ante la crisis: “Los empresarios son miserables y tienen que ganar menos".
Se prohibieron las suspensiones y los despidos, pero se dejó abierta la posibilidad para que lleven adelante “acuerdos” con la burocracia sindical. Así se terminó habilitando a que Techint termine efectivizando los despidos. Las reducciones salariales se van transformando en algo “común” en muchas empresas. Hay formalmente precios máximos, pero empresas como Coto o Farmacity los burlan impunemente. Los grandes capitalistas de la salud privada aprietan al gobierno y logran, rápidamente, abortar cualquier intento de obligarlos a poner sus clínicas al servicio de la pandemia. Los bancos ni siquiera respetan las tibias indicaciones del Banco Central de prestar a tasas más bajas. Y todos, sin excepción, hacen lobby para que se levante lo más rápido posible la cuarentena: están desesperados por que sus obreros y empleados vuelvan a trabajar para poder así volver a explotarlos aún a costa del riesgo sanitario que implica.
El gobierno ha anunciado que cobrará un impuesto a las grandes fortunas y ganancias. Máximo Kirchner y Hugo Yasky han dicho que motorizarán un proyecto en ese sentido en el Congreso, cobrando una alícuota a dichas riquezas de entre el 1,25 y el 1,75%, además de un impuesto especial de 10% a las ganancias superiores a 50 millones de pesos. Le exigimos al gobierno que lo ponga en práctica ya mismo. Que no suceda como con el amague de controlar la salud privada: que lo concreten urgentemente. Porque la plata para enfrentar la crisis es más necesaria que nunca.
Frente a la emergencia hay que actuar con firmeza. La crisis la deben pagar aquellos que, desde siempre, vienen amasando grandes fortunas.
Desde Izquierda Socialista afirmamos que está clarísimo a quién se lo debe aplicar. En nuestro país hay cincuenta supermillonarios que, juntos, acumulan una riqueza personal de 70.000 millones de dólares (datos revista Forbes). Si se les impusiera un impuesto especial del 10% a esas fortunas, tendríamos 7.000 millones de dólares (560.000 millones de pesos).
Las ganancias de los bancos son obscenas, ya en 2018 habían ganado 144.417 millones de pesos. Pero en 2019, con la economía argentina en caída libre, aumentaron a más del doble sus ganancias: 302.863 millones de pesos.
Techint, la mayor multinacional argentina, que el año pasado facturó en el mundo 18.500 millones de dólares, tuvo la salida miserable de despedir masivamente a sus trabajadores. Las petroleras (Chevron, Panamerican Energy, Pluspetrol, Tecpetrol) vienen saqueando nuestro gas y petróleo y superexplotando a sus trabajadores flexibilizados en Vaca Muerta. Barrick Gold y otras mineras no solo saquean sino que destruyen nuestro ambiente. Las privatizadas siguen gozando de los tarifazos y los subsidios mientras continúan burlándose de los usuarios con servicios de pésima calidad. Los monopolios del agronegocio (Cargill, Vicentín, Cofco, Bunge) hacen millonadas con las exportaciones de soja. Las grandes cadenas de hipermercados (Coto, Carrefour, Cencosud, Wall Mart) abusan de los precios. Las automotrices no esperan un segundo para suspender masivamente y reducir los salarios de sus trabajadores. Las empresas de medicina prepaga, que diariamente estafan a sus clientes, hoy se niegan a perder un peso frente a la pandemia. Un impuesto de 10% a las ganancias de los principales 20 grupos económicos, permitiría recaudar 20.000 mil millones de pesos. Sumando todo ese dinero, el de los impuestos a las grandes fortunas y el de las ganancias de las grandes empresas, se podría duplicar todo lo que hasta ahora puso el gobierno frente a la pandemia: se tendrían 10.000 millones de dólares extra.
Nuestro proyecto, sin duda, plantea cobrarle mucho más a los ricos y las grandes empresas que lo que propone el del gobierno. E identifica de movida quiénes deben ser los que paguen. Pero no queremos hacer una cuestión de números o porcentajes. Lo que le exigimos a Alberto Fernández es que implemente ya mismo ese impuesto del que está hablando.
Porque están claramente identificados los megamillonarios y las grandes empresas que han hecho fortunas fabulosas a costa de los trabajadores y el saqueo de nuestro país. Todos ellos son los que deben pagar la crisis. A ellos debe imponérseles ese impuesto especial a las ganancias y facturación de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, que hacen sus superganancias en nuestro país. Con el impuesto a las grandes fortunas personales y el dinero que se conseguiría por la suspensión del pago de la deuda externa se debería conformar un fondo económico de emergencia que atienda las necesidades sanitarias (compra de respiradores, instalación de nuevos hospitales, contratación de más trabajadores de la salud) y sociales (comida, dinero para los desocupados y aquellos que se quedaron sin ingresos por la pandemia, obra pública para generar trabajo). Así se haría realidad lo que venimos sosteniendo desde el estallido del coronavirus, que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.
Escribe Claudio Funes
Hay una auténtica campaña llevada adelante por el conjunto de las patronales para promover rebajas salariales generalizadas con la excusa de la crisis del coronavirus.
El decreto 329, del 31 de marzo, firmado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el despido unilateral pero admite acuerdos con los sindicatos para bajar hasta 50% los salarios, como de hecho ya está ocurriendo. El artículo 3° del decreto exceptúa de la prohibición a las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Siguiendo esta normativa, la cartera de Trabajo autorizó a la aerolínea low cost Flybondi, en acuerdo con los propios sindicatos, a la suspensión de actividades por noventa días con una rebaja salarial de 30% y cláusulas de flexibilidad, a cambio de mantener los puestos de trabajo. Entre tanto, Latam recortó 50% los haberes de sus 2.300 empleados en la Argentina entre los meses de abril y junio. También, la cadena de pizzerías La Continental rebajó 50% del sueldo de marzo a sus trabajadores, y el millonario empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, con el argumento de que bajó la producción de la planta 50% por el aislamiento, anunció que recortará los salarios de abril.
La gran patronal aprovecha la trágica crisis del coronavirus para hacer realidad sus viejos anhelos: rebaja salarial y flexibilización laboral a cambio de no despedir. Una miserable extorsión. Para ello cuenta con la inestimable complicidad de la burocracia sindical peronista.
Las cadenas multinacionales de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC y Mostaza, a pesar de que vienen ganando fortunas en todos los países donde operan, redujeron más de 30% de los sueldos y el presentismo a sus trabajadores. Un verdadero atropello.
Ford e Iveco suspendieron a su personal, que cobrará el 70% del salario. Lo mismo hicieron otras automotrices. Muchas continuarán en abril este esquema de suspensiones. Mientras tanto, las autopartistas negocian con la burocracia sindical un salario de “emergencia”.
El sector comercial también aplica suspensiones. La empresa Dabra S.A., que controla marcas como Dexter, Stock Center y Netshoes, cerró sus locales y licenció a su personal con el argumento de “cuidar la salud de la empresa”, pero sus empleados percibirán durante abril el 50% de sus haberes. Mientras tanto, Garbarino y Compumundo solo pagaron un tercio de los sueldos.
El hotel Alejandro I, de la millonaria familia Levin, abonó marzo con un 25% de quita alegando que desde “Nación no le enviaron el dinero”.
A esto le agregamos que, según estadísticas oficiales, cuatro de cada diez trabajadores (cinco millones) desarrollan sus tareas en la informalidad y bajo regímenes laborales ilegales, por lo que los podrán seguir flexibilizando, suspendiendo o despidiendo.
Como se puede apreciar, los “vivos” continúan lucrando. No es ninguna excusa que “este mes no facturaron” cuando en la mayoría de los casos se trata de patronales que ya han ganado millonadas los años anteriores.
No tenemos que permitir la reducción de los sueldos. Hay que exigirle a la burocracia sindical que abandone su actitud cómplice y salga a defender que se pague el 100% de nuestros salarios, ya bastante vapuleados por la inflación. Lo que se necesita son aumentos de acuerdo a la inflación, ninguna rebaja. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.
Escribe Martín Fú
El Grupo Techint ratificó el despido de 1.450 operarios de la construcción que prestaban servicios en Neuquén, San Nicolás, Campana, Marcos Paz y Tucumán. Lo hizo burlándose de la conciliación obligatoria y del decreto de prohibición de despidos del gobierno nacional que el presidente Fernández había anunciado el pasado 1° de abril. Para ello contó con el aval de la burocracia sindical de la Uocra y la firma de su titular, Gerardo Martínez. El Grupo Techint y el sindicato cerraron filas así para dejar afuera a casi 1.500 trabajadores, todo refrendado y homologado por el Ministerio de Trabajo.
A días del “enojo” presidencial con Paolo Rocca, a quien tildó de “miserable”, el gobierno nacional no necesitaría más argumentos para declarar la nulidad del acta firmada entre la patronal Techint y la conducción de la Uocra y obligar a ese grupo empresario negrero a la reincorporación de los 1.450 trabajadores, exigiendo además que se les paguen sus salarios. Paolo Rocca es uno de los empresarios más ricos del país y de Latinoamérica, con una fortuna calculada en u$s 8.800 millones, aparte de las ganancias siderales que obtiene de sus empresas.
El intento original de despidos en Techint fue repudiado y generó una rápida respuesta del gobierno de Alberto Fernández, quien avisó que “no le va a temblar el pulso contra los vivos” que se aprovechan de la pandemia y hasta se animó a pedirle a los empresarios que ganen “un poco menos”. Es urgente arbitrar todos los medios y obligar ya a la reincorporación de los despedidos de Techint. Si así no ocurriera debe ser expropiada y estatizada y puesta bajo el control de sus trabajadores, lo mismo hay que hacer con toda empresa que se anime a despedir o cerrar mientras dure la pandemia.
El martes 31 de marzo, el gobierno emitió un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) determinando la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 60 días. Sin duda, esta medida es un avance frente a la postura oportunista y aprovechadora de muchas patronales ante la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, la consideramos insuficiente.
Escribe Adolfo Santos
La repudiable actitud de la poderosa Techint, suspendiendo el contrato laboral de 1.450 trabajadores, provocó una reacción de repudio generalizada a la que Alberto Fernández se vio obligado a responder. Pero en su respuesta, el presidente, se equivoca al pedirle a Paolo Rocca a quien llamó de “hermano”, que “debemos recuperar la ética de la solidaridad”. Ni Techint, ni las grandes empresas responden a la “ética de la solidaridad”, sino a la multiplicación de sus ganancias, por eso son capaces de despedir trabajadores en medio de una tragedia, por eso es necesario frenarlos.
En ese sentido entendemos que el DNU es insuficiente. Porque deja sin respuesta a los miles de trabajadores que fueron suspendidos y despedidos en los días previas a su promulgación. Pero además, porque deja abierta la posibilidad de que, “si hay acuerdo entre las partes”, se puedan efectivizar despidos. Esa puerta, en una negociación entre una gran empresa y un trabajador desprotegido, es un gravísimo error.
El DNU es “por 60 días”. Debería ser por tiempo indeterminado, ya que además de no saber hasta cuando habrá de extenderse la pandemia, no sabemos cuáles serán las secuelas que dejará. Los grandes empresarios, como estamos viendo en los Estados Unidos o en Brasil, quieren que la crisis la paguen los trabajadores y producen despidos. Para eso debemos prepararnos.
En ese sentido, desde Izquierda Socialista venimos proponiendo una serie de medidas para proteger a la familia trabajadora, que será la más afectada por esta crisis. Además de la prohibición de despidos y suspensiones, exigimos que no haya ningún tipo de rebaja salarial ni de precarización laboral. Que se implemente un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias, así como el no pago de la deuda externa para crear un fondo de emergencia con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades sociales. Y junto a la prohibición de despidos y suspensiones, disponer que toda gran empresa que no tenga condiciones de garantizar el empleo, sea estatizada bajo control de sus trabajadores.