Escribe Martín Fú

Desde que asumió el actual gobierno de Macri, más de 170.000 pensiones fueron dadas de baja compulsivamente. Usando distintos argumentos, entre ellos un supuesto “abuso” en sus otorgamientos, el gobierno busca hacer bien los deberes que le pide el FMI y nuevamente mete la mano en los sectores más vulnerables. Luego de endurecer el régimen y las exigencias para tramitar no sólo una pensión, sino un certificado de discapacidad, una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial obliga a los beneficiarios a revalidar sus pensiones en la Anses, haciendo frente a una extensa lista de requisitos y trabas burocráticas.

Rechazamos cualquier intento de seguir ajustando a los trabajadores y sectores populares, en este caso quitando las pensiones a personas en situación de vulnerabilidad, con necesidades especiales, impostergables y de urgente atención.

Escribe Guido Poletti

Durante su ya lejana campaña electoral Macri hablaba de lograr “la pobreza cero”. Después pasó a precisar: “Mi gobierno se juzgará de acuerdo a si hemos logrado bajar la pobreza”. Si nos guiamos por estos dichos cínicos, la conclusión es contundente: el gobierno de Cambiemos, al revés de lo que prometía, se ha transformado en una auténtica fábrica de pobres.
Se acaban de conocer los datos oficiales del Indec que registran los parámetros de fines del primer semestre de este año: la pobreza creció a 27,3%, incrementándose con respecto al 25,7 de idéntico período del año anterior. Se trata de 11.800.000 personas en esa condición, de las cuales 800.000 cayeron en el último año. Los grandes núcleos urbanos, donde se concentra la mayor parte de la clase trabajadora, tuvieron números por encima de la media. Así en el Gran Buenos Aires la pobreza llegó a 31,9% y en el Gran Córdoba a 30,3%.

Provincias históricamente pobres, como Santiago del Estero, siguen estando primeras, pero con un agravamiento de su situación: el 44,7% de los santiagueños, uno de cada dos, está en esa situación. Y todos estos números son los “oficiales”, por debajo de los que registran otros estudios dedicados específicamente al tema, como el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que ya anticipó que sus valores son mucho peores. Como ejemplo, en abril pasado, antes de que se desatara este momento agudo de la crisis, ya afirmaba que el 62,5% de los niños argentinos era pobre y que había 8 millones de menores privados de algún derecho esencial. Lo más grave es que estos datos apenas reflejan el comienzo de la crisis. La situación empeoró en julio, agosto y septiembre, por lo que los nuevos valores, que se conocerán en diciembre, serán peores aun.
El presidente Macri explicó que esto “refleja las turbulencias de los últimos meses”, que “esta crisis tiene que ser la última” y que “pasada la tormenta vamos a crecer”. ¡Es una mentira total! Empezando por la metáfora meteorológica, como si todo fuera producto de la naturaleza y el gobierno y sus políticas no tuvieran nada que ver. La pobreza creció porque el gobierno viene ajustando sistemáticamente, porque dejó correr la devaluación para favorecer a sus amigos especuladores y porque permitió que esta se trasladara a los precios, también para dejar que ganaran los monopolios formadores de precios. Pero, por sobre todo, porque la riqueza argentina se está yendo por el barril sin fondo del pago de la deuda y de la fuga de capitales, a costa del empobrecimiento del pueblo trabajador.
Y no es cierto que “luego creceremos”: el mismísimo plan de ajuste acordado con el FMI anuncia que este año la economía caerá, como mínimo, un 2,4%. Y que el año próximo tendremos otra recesión, con retrocesos de al menos 1,5. Lo que seguirá alimentando la fábrica de pobres.

Escribe Martín Fú

Ana María Martínez fue militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST, antecesor de Izquierda Socialista), que soportó los embates primero de la Triple A y luego de la dictadura militar. A la edad de 31 años fue secuestrada por un grupo de tareas en su domicilio de Villa de Mayo, el 4 de febrero de 1982, para luego aparecer una semana después acribillada a balazos en cercanías de Dique Luján. “Rosalía”, tal como la llamaban sus compañeros de militancia, era obrera fabril de la autopartista DEA de Vicente López y estaba embarazada. Treinta y seis años después, luego del movilizar de manera permanente junto con la Comisión de Amigos, Familiares y Compañeros de Ana María Martínez, dos ex militares serán juzgados por su secuestro y asesinato.

El próximo 11 de octubre tendrá lugar la primera audiencia en San Martín donde serán juzgados el ex general de brigada Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y el ex teniente coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz, jefe de Departamento de Personal G1. Ambos militares prestaban sus “servicios” en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, con base en Campo de Mayo. Por su parte, el ex teniente general Hector Ríos Ereñú, condenado anteriormente por delitos de lesa humanidad, murió durante la instrucción de la causa. Desde la conformación de la comisión en 2011, hemos estado movilizados, realizando actos, conferencias, aportando pruebas y testimonios, audiencias públicas en el Congreso, conformando la mesa del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, llevando nuestra solidaridad a las luchas obreras y acompañando los reclamos de familiares y amigos de las víctimas de la dictadura militar, como de la represión durante los gobiernos democráticos. Así continuaremos, movilizados reclamando juicio y castigo con cárcel común para todos los represores. Ana María Martínez ¡presente!

Escribe Gabriel Massa

Sergio Massa, el líder del Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada de senadores del peronismo federal, y los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Córdoba, Juan Schiaretti -dos de los mandatarios provinciales más cercanos al gobierno de Cambiemos- lanzaron la semana pasada Alternativa Nacional. Se declararon representantes del “peronismo democrático, republicano y federal”. Buscan ocupar el espacio entre Cristina y Macri para las elecciones de 2019. Pero hay dos cosas que los marcan a fuego: han sostenido y siguen sosteniendo en todo lo fundamental al gobierno de Macri y, en caso de llegar al gobierno, mantendrán el ajuste y todos los compromisos con el FMI.

Al hacer el lanzamiento público del nuevo agrupamiento los convocantes dijeron que cuentan con el respaldo de más de diez gobernadores y ochenta legisladores. Se referían a los gobernadores, diputados y senadores peronistas que aseguraron la votación de todas las leyes que mandó el gobierno de Cambiemos al Congreso y aplicaron a rajatabla en las provincias el ajuste ordenado por el FMI y Macri.

Urtubey expresaba a principios de septiembre la postura de esta “alternativa”: “Si el presupuesto es la herramienta que necesitan para cumplir con el plan económico hay que ayudarlos a que lo tengan”. Y consultado sobre cuáles serían las diferencias con el terrible ajuste dictado por el FMI, el gobernador de Salta explicó que la reducción del déficit “es una condición necesaria pero no suficiente. También hay que generar condiciones para que la caída de la actividad económica no sea tan brutal ... Muchas de las cosas que se están haciendo había que hacerlas en 2015”.
No se puede ser más claro. Urtubey dice que hoy el papel de la oposición es garantizar que el gobierno tenga su presupuesto para poder aplicar el ajuste, que el gran error de Macri fue no haberlo aplicado mucho antes y que ese ajuste va a haber que mantenerlo para reducir el déficit, tomando al mismo tiempo medidas –que no dice cuáles son - que no eviten la caída de la producción pero la hagan menos profunda.

Por supuesto que tienen que diferenciarse tanto del gobierno como del kirchnerismo. Así Sergio Massa declaraba pocos días después: “El desafío es saltar la trampa en la que nos intentan poner, que esto es Macri o Cristina”. Massa criticó al mismo tiempo el proyecto de presupuesto oficial, anticipando una posible maniobra de este bloque en construcción frente a su votación en el Congreso: que mientras suficientes legisladores peronistas den su voto para aprobarlo, los representantes del Frente Renovador y otros se abstengan o voten en contra para no aparecer tan pegados al gobierno.

Este nuevo armado tiene, al mismo tiempo, el objetivo de construir un espacio peronista aislando al kirchnerismo. Pero ni siquiera pueden terminar de diferenciarse: varios de sus componentes ocuparon altos cargos en los corruptos gobiernos kirchneristas, entre ellos el propio Massa, que fue jefe de gabinete de Cristina.
Está claro entonces de lo que se trata: “Frente al fracaso no sólo económico sino también político del gobierno de Macri”, como lo definió el propio Massa, construir una alternativa que pueda garantizar con los gobernadores y legisladores peronistas antikirchneristas la continuidad del ajuste ordenado por el FMI. Presentándose ante el establishment económico, el imperialismo y los propios funcionarios del Fondo como el peronismo “racional” o “civilizado” que se postula para poder garantizar la continuidad del ajuste en una era pos Macri.
Lo que también está claro es que la única salida de fondo distinta es la que plantea el Frente de Izquierda, empezando por la ruptura con el FMI, el no pago de la fraudulenta deuda externa, la estatización de la banca y el comercio exterior para que los recursos de la economía se vuelquen a resolver los problemas de los trabajadores, los jubilados y todos los sectores populares.

Escribe José Castillo

El Fondo Monetario Internacional es uno de los tres organismos (junto con el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio) con que el capitalismo imperialista garantiza su dominación económica sobre el planeta. Fue fundado en la conferencia de Bretton Woods, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en 1944.
Las decisiones del FMI son tomadas por un directorio ejecutivo (“board”) en el que los países imperialistas tienen la mayoría absoluta (Estados Unidos es el que más votos tiene, acumulando el 16,75%; en el otro extremo todos los países de Latinoamérica juntos no llegan a 5%).

Todos los países miembros aportan cuotas al Fondo, que “teóricamente” las puede prestar ante situaciones de crisis económicas, con el objetivo de ayudar a esas naciones a resolverlas. En la práctica, el directorio ejecutivo decide a quién prestarle y le exige a cambio los llamados “planes de ajuste”. Estos consisten en violentos programas antipopulares que siempre incluyen bajas de salarios y jubilaciones, devaluaciones, recortes en salud y educación, y en muchos casos privatizaciones. Garantizando, de ese modo, la continuidad de las ganancias de las empresas y bancos transnacionales más importantes del mundo capitalista.

La Argentina, en la época del primer peronismo, no ingresó al recientemente creado FMI. Lo hizo recién en 1956, bajo el gobierno del general Aramburu, presidente de la “revolución fusiladora”. A partir de allí, nuestro país firmó 21 acuerdos con el FMI. Léase: 21 planes de ajuste, desde el primero en 1957 hasta el último de hace un par de semanas. En todos ellos perdieron los trabajadores, los jubilados y los demás sectores populares, y ganando los grandes empresarios, los banqueros y los monopolios agroexportadores.
A partir de 1982, cuando la dictadura militar generó la impagable deuda externa, los planes de ajuste del FMI tuvieron un único objetivo: pagarle a los acreedores. Así el Fondo obligó ajustar con el hambre y la miseria del pueblo, a que se vendiera todo el patrimonio nacional y que se pagara varias veces la fraudulenta deuda externa. Mientras tanto, siguió creciendo cual bola de nieve y hoy supera los 400.000 millones de dólares.
Esto fue, es y será el FMI al que se abraza el gobierno de Macri, repitiendo una historia ya vista muchas veces en los últimos 60 años.