Escribe Marcela Almeida

Han trascendido en estos días diversos “proyectos” del oficialismo para conformar un nuevo “instituto de estadísticas”. Más allá de las opciones que salieron a la luz y fueron publicadas por distintos medios, todas tienen algo en común: buscan hacer depender la planificación de las estadísticas, e incluso la metodología a utilizar, de un “consejo”, colocado por encima del propio instituto, con absoluta mayoría del poder político de turno.

A esto se le agrega que, con el pretexto de “profesionalizar” el futuro instituto de estadísticas, se amenaza con despedir a todos los trabajadores que no tengan título profesional, desconociendo la experiencia adquirida a lo largo de años de actividad.

Los trabajadores del Indec venimos de una larga y durísima lucha contra la intervención en los tiempos del kirchnerismo. Denunciamos y peleamos contra los índices truchos, soportamos las agresiones y aprietes de la patota de Guillermo Moreno, tuvimos compañeros despedidos y muchos fuimos desplazados de nuestras tareas.

No sólo resistimos todos estos años, sino que fuimos definiendo qué tipo de Indec necesitan los trabajadores. Un instituto que produzca estadísticas confiables y sustentables científicamente, con metodologías transparentes y un plan de trabajo que permita conocer todos los números de la realidad social de nuestro país. Con trabajadores que puedan realizar sus tareas libres de presiones políticas, e incorporados a la planta permanente. Y, por sobre todo, con una conducción autónoma del poder político de turno, integrada por los propios trabajadores de la institución, junto con las organizaciones de los trabajadores y de la comunidad científica involucrada.

No es la primera vez que el presidente Macri sale a defender que sus funcionarios tengan cuentas en el exterior, e incluso participen en operaciones de dudosa legalidad, como abrir cuentas offshore. Pero lo del ministro de Energía Juan José Aranguren bate todos los récords. Se justificó por dejar sus millones en el exterior con la excusa de que “no he recuperado todavía la confianza en el país”. El ex CEO de Shell, que desde que asumió le viene garantizando superganancias a las petroleras y gasíferas amigas, se comporta como un auténtico “virrey”, que sus decisiones políticas afecten a la población no le preocupa en lo más mínimo, total su dinero siempre estará a buen recaudo a miles de kilómetros.

Pero lo peor son los dichos de Macri, que justificó y hasta elogió a Aranguren por haber “dejado la actividad privada para ayudar a arreglar el despelote”. La realidad es que el ministro es un hombre de las petroleras, allí hizo su fortuna y ahora les está brindando un buen servicio. Seguramente, cuando deje el cargo de ministro, volverá a alguna de ellas, que le retribuirá los “servicios prestados”. Una auténtica vergüenza a la que cabe una sola respuesta: exigimos la renuncia inmediata de Aranguren.

El gobierno justifica los aumentos diciendo que las tarifas estaban “demasiado bajas” y que eso era lo que ocasionaba la mala calidad de los servicios (con los consiguientes cortes de luz, zonas a las que no llega la red de gas, los pésimos servicios de transporte, etcétera). Se trata de una vulgar mentira. Las empresas privatizadas nunca dejaron de ganar millonadas: lo hicieron con las tarifas dolarizadas en la época de Menem, y luego con las “congeladas” (que no fueron tales, porque hubo varios aumentos) del kirchnerismo. Durante esta etapa, lo que dejaban de ganar con las tarifas les era recompensado, y con creces, con enormes subsidios.

El gobierno de Macri, urgido por destinar para pagos de deuda externa todo ese dinero que antes iba a subsidios, los está reemplazando con esta ola de tarifazos. La calidad de los servicios, como cualquier usuario lo puede comprobar, siguen siendo pésimos.

La salida no está ni en los tarifazos ni en los subsidios. Lo que se impone es rescindir todos los contratos con esas empresas que vienen obteniendo superganancias desde la década del 90, reestatizando todos esos servicios públicos y poniéndolos a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios. Así se podrá garantizar que todos accedan a esos servicios básicos con la calidad adecuada y tarifas sociales de acuerdo a las distintas necesidades.

Escribe Guido Poletti

Todo aumenta. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) que refleja apenas un promedio de los aumentos y está lejos de mostrar el real impacto de los precios sobre la canasta familiar, no deja lugar a dudas: 1,8% en enero, 2,4% en febrero. Para marzo se espera de mínima un 2,3% más. Y en abril, tarifazo mediante, también andará bastante por arriba del 2%. En apenas un cuatrimestre estaremos sumando cerca de 9%. Es imposible que se termine el año con el famoso 15% que plantea el gobierno. Las consultoras amigas del oficialismo y el propio Banco Central calculan como mínimo un 19,6%. Otros hablan de 24% o incluso más. Hasta existe la posibilidad de que la inflación de 2018 sea superior a la del año pasado.

Con este panorama resulta doblemente entreguista el rol de la burocracia sindical, en particular de los sindicatos más cercanos al gobierno. En las semanas anteriores firmó por el 15%, sin cláusula gatillo y en cuotas, el sindicato con más afiliados del país, Empleados de Comercio (1.2 millones de afiliados). Se sumaba así a lo que habían hecho UPCN, Obras Sanitarias o el Sutecba. Esta semana también firmó la Uocra, alcanzando así un universo de más de dos millones de trabajadores a los que se les impuso el techo salarial, que en la práctica significa la segura pérdida de poder adquisitivo.

Tenemos que denunciar esta traición. Al mismo tiempo a aquellos gremios que todavía tienen pendiente la firma de sus acuerdos paritarios (docentes de varias provincias, docentes universitarios, bancarios, aceiteros) tenemos que brindarles todo el apoyo a sus luchas y los llamamos a coordinarlas. A la Corriente Federal de la CGT, las CTA y todos los que se pronuncian contra el ajuste macrista les planteamos que hay que convocar un paro general y un plan de lucha para derrotar el ajuste macrista, cuyo primer paso es lograr quebrar el techo salarial del 15% que hoy sostienen el gobierno y las patronales.

La llamada “informalidad laboral”, que traducido significa tener trabajadores en negro sin pagarles jubilación ni obra social, muchas veces sin vacaciones, con salarios por debajo de los que cobran quienes están en blanco, creció de 33,6% a 34,2 por ciento. Estamos hablando de uno de cada tres trabajadores, sumando un total de casi 4,7 millones. Hay zonas del país donde los números son terroríficos: el trabajo en negro es de 40,7% en San Luis, 42,7% en Salta y Tucumán y 44,8% en Río Cuarto.

El crecimiento del trabajo en negro desmiente las afirmaciones del gobierno sobre que “se estaría generando empleo”. Lo concreto es que los puestos en blanco que se perdieron, fundamentalmente en la industria, fueron reemplazados por changas o trabajos directamente en negro. En concreto, más ventajas y facilidades para que las patronales aumenten la superexplotación.

El gobierno de Macri, que al igual que su antecesor kirchnerista hace la vista gorda, teniendo empleados en esas condiciones hasta en el mismísimo Ministerio de Trabajo, propone como solución el llamado “blanqueo”. En concreto, que las patronales no tengan que pagar nada por todos los aportes no realizados, ni sean multadas de modo alguno. Por el contrario, serían premiadas con rebajas en los aportes patronales a abonar en el futuro. La solución es exactamente la inversa: hay que exigir que todos los trabajadores en negro sean blanqueados inmediatamente, reconociéndoles la antigüedad y con el salario de convenio respectivo y que las patronales paguen lo que adeudan en concepto de cargas sociales.