Apr 12, 2026 Last Updated 8:05 PM, Apr 10, 2026

Escribe José Castillo

Después del aumento de las tarifas del gas y la electricidad de abril, mayo comienza con las subas del agua y el transporte. Macri quiere hacernos creer que el problema son los “altos impuestos”. Pero la gran tajada se la llevan las privatizadas, que siguen sumando superganancias.

En estos dos años de gobierno de Macri las tarifas del gas aumentaron hasta 1.300%, las eléctricas casi 1.500% de promedio y el servicio de agua corriente cerca de 1.000%. Sólo para comparar, el salario mínimo está en 9.500 pesos, la jubilación mínima en 7.600 y la mitad de los trabajadores cobran sueldos por debajo de los 11.000 pesos. Esta es la realidad que hace que cada vez más familias tengan que destinar hasta un 15% de sus ingresos simplemente para pagar facturas de servicios o el transporte.

El objeto de estos descomunales tarifazos -que no han terminado, ya que habrá una nueva suba del gas en octubre/noviembre- es ajustar el gasto público reduciendo los subsidios que el Estado le otorga a las empresas privatizadas. Así, en estos dos años, esos subsidios se achicaron en 90.000 millones de pesos. Claro que esto no se reflejó en un descenso del déficit fiscal (lo que gasta de más el Estado en comparación con lo que recauda) ya que esos “menores gastos” fueron más que compensados con el aumento de lo que se paga en conceptos de intereses de deuda externa.

El gobierno de Macri comenzó diciendo que los subsidios eran un escándalo, ya que les permitían a los ricos “calentar las piletas de natación en invierno”. Claro que en vez de ponerle altos impuestos por ese derroche o cobrarles tasas diferenciales, lo que se hizo fue lanzar estos feroces tarifazos, que hacen que hoy los servicios esenciales como la calefacción o la luz pasen a ser un lujo.

Mientras tanto, las empresas de servicios públicos privatizadas nunca perdieron. En la época del peronismo menemista ganaron con las altísimas tarifas dolarizadas. Luego de 2001, cuando se congelaron o subieron por debajo de la inflación, siguieron embolsándose millonadas a través de los subsidios que les otorgaba el peronismo kirchnerista. Ahora Macri y Aranguren achican esos subsidios, pero a cambio les otorgan tarifas astronómicas. En síntesis, las empresas siempre ganan, mientras a cambio brindan servicios horribles. Como ejemplo recordemos a los continuos apagones de las empresas de electricidad, o que sigue sin invertirse en la red de gas natural, con millones de argentinos, justamente los más pobres, dependiendo de la garrafa, un servicio aún más caro.

Ante el crecimiento de la bronca por tarifas que ya son impagables, ahora el gobierno sale a buscar cambiar el eje del debate, diciendo que el problema son “los altos impuestos” que componen la boleta. Y planteando que parte de esos impuestos son provinciales, tirándoles así el “paquete” a los gobernadores. La realidad es que el impuesto que mayor peso tiene en las facturas es justamente el IVA, el único que Macri no quiere tocar.

Pero no debemos confundirnos: el problema central del alto costo de las tarifas no son los impuestos, sino los valores que se les garantizan a las empresas privatizadas para que sigan con sus negocios a costa de todos los usuarios.

Desde Izquierda Socialista somos claros: hay que retrotraer y suspender inmediatamente estos tarifazos, planteando una salida de fondo: la reestatización de todas las privatizadas y su puesta en funcionamiento bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios.

Escribe Guido Polleti

En diciembre pasado, el gobierno de Macri se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto de reforma laboral, que buscaba ir a fondo con la flexibilización de las condiciones de trabajo y la liquidación de las conquistas de los convenios colectivos. A pesar de que contaba con el apoyo de los burócratas del entonces reinante “triunvirato” de la CGT (que hasta se disponía a sacar una solicitada apoyándola), la inmensa movilización contra la reforma jubilatoria y las jornadas multitudinarias de diciembre obligaron al gobierno a archivar el proyecto.

Ahora, más silenciosamente y buscando no levantar demasiada polvareda, vuelven a intentar meterlo en el Congreso para que se trate. Lo hacen planteando los mismos ejes centrales. Primero el llamado “blanqueo laboral”, que en concreto es el perdón para los empresarios que tienen trabajadores en negro, con menos aportes patronales (y la consiguiente desfinanciación para la Anses) y haciendo que a los trabajadores sólo se le reconozcan la mitad de los años de aporte mientras estuvieron en negro. Segundo, la legalización del sistema de pasantías, que significa la promoción de puestos de trabajo “basura” para los jóvenes, donde se los superexplota con la excusa de que se los está “formando”. Tercero, la creación de una “agencia de evaluación de tecnologías de la salud”, con el objetivo de que las obras sociales y sanatorios puedan negar al trabajador el acceso a tratamientos complejos en un verdadero guiño a los negocios de la salud privada. A ello se le agrega la reducción de la indemnización por despidos no computándose aguinaldo, horas extras ni otros adicionales, abaratando el despido del trabajador. Todo este paquete de reforma laboral acompaña, por supuesto, todas las “flexibilizaciones gremio por gremio” que acuerdan las patronales, la burocracia sindical y el gobierno, con el caso Vaca Muerta como máximo estandarte.

Tal como dijimos a fines del año pasado, estamos atentos ante este nuevo embate y volvemos a decir ¡no a la reforma laboral!

La semana pasada fue la más movida en mucho tiempo en términos económicos. El dólar empezó a subir: primero de 20,30 a 20,50; luego siguió y pasó la barrera de los 21 pesos. El gobierno, con el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger a la cabeza, salió a vender dólares para tratar de que no se le escapara tanto. Pero el billete verde igual terminó subiendo después de que se perdieran 3.000 millones de dólares de reserva y de que el gobierno aumentó la tasa de interés de 27,25% a 30,25%. Hasta aquí los hechos. En los lugares de trabajo muchos se hacían dos preguntas: ¿qué es lo que efectivamente está pasando? Y, la más importante: ¿cómo nos afecta a los trabajadores?

Expliquemos el primer interrogante. Macri desde el comienzo de su mandato se dedicó a endeudarnos a niveles astronómicos. Miles de millones de dólares pasaron a engrosar nuestra deuda externa. ¿Para qué se usaron? Terminaron financiando una vertiginosa bicicleta financiera. Los grandes pulpos de la especulación, que no son otra cosa que fondos de inversión de multinacionales extranjeras, se hacían de esos dólares, los pasaban a pesos y compraban Lebac (letras del Banco Central que, en estos años, llegaron a rendir más de 30% anual, una superganancia que no se obtiene en ningún lugar del planeta). Por supuesto, el final del negocio se da cuando esos especuladores deciden “volver al dólar” y fugar ese dinero porque aparece otra operación más rentable en algún lugar diferente del planeta. Eso fue exactamente lo que pasó la semana pasada: se calcula que 3.000 millones de dólares que estaban en Lebac (o sea en pesos) “se pasaron” rápidamente a dólares, provocando la suba de la divisa norteamericana, demostrando la fragilidad extrema de la política de mayor endeudamiento del gobierno de Macri y de todo el plan económico, dependiente de las idas y venidas de los capitales imperialistas, que sólo puede sostenerse cada día aumentando la deuda externa para refinanciar los vencimientos anteriores y que, al menor cimbronazo internacional, hace agua por todos los costados.

Ahora bien, vamos a la segunda pregunta: todo este tembladeral, con un gobierno que pierde reservas y bandas de especuladores internacionales que, después de hacer su negocio, “huyen” del país con los dólares bajo el brazo, ¿en qué nos afecta a los trabajadores? No es muy difícil la respuesta, basta apelar a la memoria cercana: cada vez que hay una devaluación, aun cuando luego el dólar se aquiete y deje de ser noticia en la tapa de los diarios, lo que sigue es un aumento generalizado de todos los precios. Eso fue lo que ya pasó en el verano, cuando el salto del dólar de 17 a 20 pesos ocasionó una inflación que ya lleva el 9% en apenas cuatro meses, pulverizando salarios y jubilaciones. Encima, tenemos que sumarle que el gobierno trató de evitar que se le fueran más Lebac aumentando el “premio” para los especuladores que se queden con ellas, por eso aumentó la tasa de interés. La consecuencia será créditos más caros, que todos pagaremos cada vez que financiemos un saldo de tarjeta de crédito o tengamos que abonar la cuota de un crédito hipotecario.

Claro que las cuotas más caras ya no son únicamente porque cambiamos un electrodoméstico. También resultará más caro el financiamiento de las cuotas de la factura del gas. ¡La calefacción se tornó en un auténtico artículo de lujo, que hasta lo vamos a terminar pagando en cuotas! Es que la suba de precios no sólo es fogoneada por el dólar. También tenemos la otra “política macrista”: los tarifazos para garantizarles las ganancias a las privatizadas, nuevamente con la excusa de que “hay que bajar los subsidios para reducir el gasto público”. La consecuencia está a la vista: los subsidios se achican, pero a las privatizadas se les mantienen las ganancias a costa de nuestro bolsillo, mientras que ¡el gasto público sigue igual, o incluso aumenta, producto de que cada día pagamos más intereses de deuda!

Mientras la inflación se come nuestros salarios, la burocracia sigue firmando paritarias al 15%. Y la oposición peronista no hace nada más que buscar algún circo parlamentario sin plantearse ninguna pelea en serio contra el tarifazo ni contra el techo salarial.

La deuda externa, que sigue creciendo astronómicamente, no sólo hace que para pagarla el gobierno ajuste salarios, despida, meta tarifazos, reviente la educación y la salud pública. La deuda también es el mecanismo que aceita la bicicleta financiera, esa que vimos provocar la corrida cambiaria de la semana pasada, que pagaremos todos con más inflación. Por eso, amigo lector, volvemos a insistir en lo que venimos diciendo desde hace años: el problema central de la Argentina es la deuda externa. Y no hay salida para los trabajadores, ni programa económico alternativo viable si no comenzamos por repudiarla, suspendiendo inmediatamente sus pagos y volcando todos esos recursos a un programa de emergencia que priorice el salario, el trabajo, la educación, la salud y la vivienda.

Muchos compañeros, aun acordando en que la deuda externa es el barril sin fondo por donde se van nuestros recursos, plantean dudas sobre nuestra propuesta de dejar de pagarla. Honestamente nos preguntan si se puede: ¿no nos embargarán? ¿Las grandes potencias no nos invadirán?

Lo primero que debemos responder es que estamos planteando algo que ya sucedió cientos de veces. Hay muchísimas experiencias de países que dejaron de pagar su deuda en distintas circunstancias: lo hizo Rusia en la revolución de 1917 y Cuba en 1959. Pero también países capitalistas recurrieron a esa política. Los propios Estados Unidos en la guerra civil, o Inglaterra, cuando dejó de pagarnos la deuda acumulada durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque parcialmente, ya que nunca se dejó de pagar, podemos referirnos también a la suspensión de pagos de una parte importante de la deuda en medio del Argentinazo de 2001. ¿Qué pasó en todos esos casos? Esos fondos sirvieron para resolver situaciones de crisis extremas, ¡hasta el entonces presidente Duhalde, para aplacar la rebelión popular desatada en diciembre de 2001, utilizó esos fondos para otorgar dos millones de planes sociales a los desocupados!

No estamos diciendo que no pueda haber ningún tipo de represalias económicas o políticas de las potencias imperialistas. Sostenemos que en ese caso nos defenderemos llamando a la conformación de un club de países deudores, ya que la deuda externa no es un problema exclusivamente argentino, sino que afecta a todas las naciones de Latinoamérica. Apelaremos a que, de conjunto, uniendo todas las riquezas (los alimentos argentinos, la industria brasileña, los minerales chilenos y bolivianos, el petróleo venezolano y ecuatoriano) podremos resistir cualquier embargo. 
En cualquier caso, algún problema que pueda surgir a partir de la suspensión de los pagos de la deuda será infinitamente menor a los beneficios que se obtendrán por el solo hecho de cerrar ese “barril sin fondo” por el que se van nuestras riquezas y el trabajo de nuestro pueblo.

 

Escribe José Castillo

La suba de precios de enero a abril ya había acumulado 9,6%. Era el producto de la devaluación de diciembre pasado (donde el dólar subió de 17 a 20 pesos), más los tarifazos de enero y abril y las subas indiscriminadas de los combustibles que se venían produciendo desde octubre de 2017. Por supuesto a esto hay que sumarle las avivadas de los grandes monopolios, que aprovechan el “río revuelto” para remarcar indiscriminadamente las listas de precios que envían a las cadenas de súper e hipermercados, que a su vez le agregan su respectiva “tajada”. Todo esto hizo que, ya antes del 25 de abril, nadie creyera en la meta anual de 15% de inflación, que solo sirvió para ponerle un techo a las negociaciones salariales.

Pero sucede que ahora tenemos que sumarle la nueva devaluación de estas semanas: el dólar pasó de 20 a 25 pesos. Y eso ya empieza a notarse en los precios, en particular en los alimentos y otros artículos de primera necesidad. La que “picó en punta” fue la harina, con un incremento de 20%, lo que repercutirá en el pan y los fideos, artículos esenciales de toda alimentación popular. Pero los aumentos recorren toda la gama de alimentos (tanto en productos frescos como secos) junto con los artículos de limpieza y tocador. Y esto es solo el comienzo. Muchos otros productos que hasta hace una semana los mayoristas no querían vender aduciendo que “no tenían precio”, ahora sí lo tienen... con el dólar a 25 pesos.

A todo esto tenemos que agregarle que el gobierno no piensa detenerse un centímetro con los tarifazos: ya se vienen los nuevos aumentos en el transporte. En octubre tenemos pautado otro salto en el precio del gas. Sin olvidarnos que Aranguren logró “maquillar” el salto inflacionario de mayo postergando hasta julio un nuevo incremento en los combustibles, que entre la devaluación y la suba del precio internacional del petróleo promete ser astronómica.

El famoso 15% será rápidamente superado. La mayoría de los estudios acuerdan en que la inflación de 2018 terminará cerca de 30%. Resulta urgente exigir un aumento salarial de emergencia, ¡nadie debe ganar menos de 28.000 pesos! Hay que reabrir ya mismo todas las paritarias que se cerraron al 15% y reclamar su actualización. En aquellos gremios donde aún no se ha firmado, exigir que no haya techo, planteando incrementos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y que se ajusten automáticamente por inflación mes a mes. Para llevar esta lucha adelante hoy es más urgente que nunca el reclamo de un paro nacional y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri y el FMI.

 

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