Escribe Guido Polleti
En diciembre pasado, el gobierno de Macri se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto de reforma laboral, que buscaba ir a fondo con la flexibilización de las condiciones de trabajo y la liquidación de las conquistas de los convenios colectivos. A pesar de que contaba con el apoyo de los burócratas del entonces reinante “triunvirato” de la CGT (que hasta se disponía a sacar una solicitada apoyándola), la inmensa movilización contra la reforma jubilatoria y las jornadas multitudinarias de diciembre obligaron al gobierno a archivar el proyecto.
Ahora, más silenciosamente y buscando no levantar demasiada polvareda, vuelven a intentar meterlo en el Congreso para que se trate. Lo hacen planteando los mismos ejes centrales. Primero el llamado “blanqueo laboral”, que en concreto es el perdón para los empresarios que tienen trabajadores en negro, con menos aportes patronales (y la consiguiente desfinanciación para la Anses) y haciendo que a los trabajadores sólo se le reconozcan la mitad de los años de aporte mientras estuvieron en negro. Segundo, la legalización del sistema de pasantías, que significa la promoción de puestos de trabajo “basura” para los jóvenes, donde se los superexplota con la excusa de que se los está “formando”. Tercero, la creación de una “agencia de evaluación de tecnologías de la salud”, con el objetivo de que las obras sociales y sanatorios puedan negar al trabajador el acceso a tratamientos complejos en un verdadero guiño a los negocios de la salud privada. A ello se le agrega la reducción de la indemnización por despidos no computándose aguinaldo, horas extras ni otros adicionales, abaratando el despido del trabajador. Todo este paquete de reforma laboral acompaña, por supuesto, todas las “flexibilizaciones gremio por gremio” que acuerdan las patronales, la burocracia sindical y el gobierno, con el caso Vaca Muerta como máximo estandarte.
Tal como dijimos a fines del año pasado, estamos atentos ante este nuevo embate y volvemos a decir ¡no a la reforma laboral!
