Escribe Gabriel Massa

Aldo Benito Roggio renunció el 15 de agosto a la presidencia de la empresa que lleva su nombre. Lo hizo después de convertirse en “imputado colaborador” (una de las tantas maneras en que Bonadio da impunidad a los empresarios ladrones), confesando que pagó, siempre en coimas, el 5% de los subsidios que le daba el gobierno kirchnerista, además de lo que ganaba por la concesión del ferrocarril Urquiza y el subte de Buenos Aires.

El gobierno de Macri quiere que estos ladrones confesos sigan manejando el subterráneo y el ferrocarril. De hecho Roggio es una de las empresas “habilitadas” por Rodríguez Larreta para la nueva concesión del subte porteño a partir de 2019.

Escribe Gabriel Massa

Sergio Taselli tiene un oscuro prontuario. Durante el menemismo recibió las concesiones ferroviarias de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, que terminaron rescindidas cuando ya era insostenible el desastre de su funcionamiento.

Taselli también recibió la concesión de la mina de Río Turbio de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Todo terminó en una nueva tragedia evitable: en junio de 2004 una explosión se cobró la vida de 14 mineros. Esto le costó al empresario una causa por administración fraudulenta, tras lo cual se le rescindió el contrato. Fue exactamente en este punto, con la responsabilidad de las muertes sobre su cabeza, que Roberto Baratta, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, lo llamó por teléfono para reclamarle una coima en nombre de Julio De Vido para permitirle continuar con la concesión.

Los “negocios” de Taselli no terminan allí: también fue el vaciador de Aceros Zapla, la privatizada que sucedió a Altos Hornos Zapla en época del menemismo. Y es dueño de varias empresas alimentarias, en permanente conflicto con sus trabajadores, y de la fábrica de vagones ferroviarios Materfer, en otro negociado surgido de la privatización de los ferrocarriles. Como quien diría, todo un empresario “modelo” argentino.

Escribe Gabriel Massa

Sucedió ante los jefes de las más grandes compañías reunidos en la convención de la Asociación Empresaria Argentina y con la presencia nada menos que de Mauricio Macri. El presidente y mayor accionista de Techint, Paolo Rocca, confesó que en 2008 su empresa, la más grande del país, pagó coimas a través del gobierno de los Kirchner. El objetivo era lograr que Hugo Chávez abonara una inmensa indemnización por la expropiación de la planta siderúrgica de la compañía Sidor en Venezuela. Fue un tremendo negociado con coimas repartidas entre funcionarios de ambos países, mientras Techint se embolsaba la “indemnización” y la depositaba en Luxemburgo.

En cambio Rocca aseguró que su empresa estuvo al margen del “club de la corrupción” en el que las principales constructoras argentinas se repartían las obras públicas a cambio de coimas al gobierno kirchnerista. En su discurso en el encuentro de AEA el presidente Macri incluyó a Techint entre las empresas que hay que “defender” y que fueron “víctimas” de las “presiones” y la “corrupción” de los funcionarios kirchneristas.

Veamos los antecedentes de Techint. La empresa, además del caso de Sidor, ha reconocido el pago de coimas por más de 9 millones de dólares en Brasil para obtener contratos de provisión de caños y tubos de acero para la petrolera estatal Petrobras. Los sobornos llegaron a José Dirceu, ex jefe de gabinete del gobierno de Lula, condenado a varios años de prisión y actualmente en la cárcel. Techint llegó a vender caños y tubos a Petrobras por más de 1.600 millones de dólares. Junto con ello Techint –según una denuncia de la OCDE– pagó coimas millonarias también en Brasil para participar de las obras de la central nuclear Angra 3.

Por si estos tres casos no bastaran para confirmar que la coima es la práctica habitual de la empresa de los Rocca, la filial de Techint en Italia es investigada por lavado de dinero a través de empresas offshore en Suiza y Uruguay. Y, haciendo un poco de historia, recordemos que el menemismo prácticamente le “regaló” la planta de Somisa en San Nicolás, la actual Siderar.

Lejos de ser víctimas, como sostiene Macri, Techint y los Rocca son verdaderos pilares de la corrupción mundial.

Escribe José Castillo

La historia que empezó con los “cuadernos” que relataban el cobro de coimas durante el kirchnerismo se fue ampliando. Decenas de empresarios involucrados declaran como “arrepentidos” y sacan a la luz la existencia de una verdadera mafia en el corazón del capitalismo argentino. Funcionarios corruptos del más alto nivel se entremezclan con las patronales más importantes del país.

Las revelaciones del día a día son impresionantes. Ya se habla de un entramado de coimas que puede llegar a involucrar más de 200 millones de dólares. Un enchastre que involucra a coimeros y coimeadores que están en el más alto nivel de la política y la economía. Compromete, por supuesto, a la cabeza de los gobiernos de Néstor y Cristina, sumándose testimonios que muestran evidencias de la responsabilidad directa de ambos ex presidentes en la “conducción” de esta trama mafiosa. Pero también a un conjunto cada vez más grande de empresarios del más alto nivel, que incluyen a lo que fue en su momento la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y hasta al grupo económico más importante del país (Techint). Por supuesto, como no podía ser de otra manera, en ese listado quedan adentro varios empresarios directamente ligados al actual poder macrista, como Calcaterra, o grupos económicos privilegiados por el actual gobierno, como Roggio.

No se salva nadie, y el ventilador sigue encendido. Tanto es así que ya se prendieron las alarmas: la UIA como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamaron a “tener cuidado” de no seguir involucrando empresarios. Jorge Fontevecchia, dueño del diario Perfil, firmó un editorial pidiendo prudencia, no vaya a ser cosa que esto pusiera en riesgo “el capitalismo argentino”. Y el propio gobierno se reunió con los actuales adjudicatarios de las obras públicas para garantizarles que, aunque estuvieran denunciados, ello involucraba a “personas” y no a las empresas y que, por lo tanto, el Estado seguiría pagando los contratos y subsidios correspondientes.

El peronismo kirchnerista va cambiando de estrategia de defensa. Empezó diciendo que todo era “mentira” y que “los cuadernos eran falsos”. Luego, ante la ola de denuncias de los arrepentidos pasó a aceptar que las coimas existían pero que eran de funcionarios menores y después, a medida que la escalada de confesiones aumenta, se limita a señalar que “Cristina no sabía nada”.

Seamos claros: es obvio que la denuncia original de La Nación y el lanzamiento de la causa por el juez Bonadio tienen una intencionalidad política. Así como la forma vergonzosa de salvar a los empresarios, canjeando su libertad por la figura de “arrepentido que colabora”. No tenemos la más mínima confianza en Bonadio. Pero esto no nos puede hacer perder de vista el centro de la cuestión: las coimas multimillonarias y el entramado que hizo que absolutamente toda la obra pública durante el kirchnerismo se transformara en un gigantesco garito donde se repartían adjudicaciones, ganancias, subsidios y sobreprecios. Así un grupo importantísimo de grandes empresas hicieron sus ganancias, con la complicidad de funcionarios políticos del más alto nivel. Esa corrupción no sólo robó carradas de dinero a todos los trabajadores y sectores populares que veían, a la vez, cómo se deterioraban la salud o la educación pública. Incluso llevó a la muerte a centenares de trabajadores, como pasó con la mina de Río Turbio, o con la masacre evitable de Once. Exactamente de esto estamos hablando.

La conclusión es simple. Existe una auténtica trama de corrupción que lleva décadas, cruzando todos los gobiernos. Así funciona el capitalismo argentino. Con la complicidad de políticos, jueces y burócratas sindicales. Lo que hay que hacer es simple: todos los corruptos, sin excepción, tienen que ir presos y devolver lo que robaron. A todos los denunciados se les tiene que invertir la carga de la prueba: que sean ellos los que demuestren su inocencia. Y a todas las empresas denunciadas que siguen teniendo concesiones de servicios privatizados u obras públicas hay que rescindirles inmediatamente esos contratos, estatizando todas esas actividades y poniéndolas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios.

Escribe Juliana García

Falleció Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y su presidenta hasta noviembre de 1989, período en que se identificaron y restituyeron más de sesenta niñas y niños apropiados por la dictadura. Luchadora incansable durante más de 40 años buscando a su nieta Clara Anahí Mariani Teruggi.

Chicha siempre afirmó que la pelea por encontrar a su nieta estaba absolutamente ligada a encontrar a todos y cada uno de los nietos y nietas apropiados por la dictadura genocida y a ello dedicó toda su vida.

Muchas de las pruebas con las que se consiguió condenar a los genocidas hoy presos fueron aportadas por las investigaciones y trabajos de búsqueda organizados y realizados por Chicha. Fue ella la que impulsó a muchos científicos para que desarrollaran estudios de ADN que hoy conocemos como “índice de abuelidad”, que nos permiten tener la certeza científica e irrefutable acerca de la identidad de los y las jóvenes que recuperan su identidad y la que impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Chicha, junto a otras abuelas como Mirta Baravalle y Elsa Pavón fundaron luego la Asociación Anahí para seguir luchando y buscando la identidad de los nietos que nos faltan.

Lamentablemente Chicha falleció sin recuperar a su nieta Clara Anahí. El pacto de silencio de los genocidas no permitió que pudiera abrazar una vez más a su nieta. Los distintos gobiernos fueron y son responsables de que no se abrieran los archivos de la dictadura que podrían permitir avanzar en su búsqueda.

Ratificamos nuestro compromiso militante con Chicha de que seguiremos buscando a Clara Anahí y continuaremos su lucha: ¡por la reapertura de todos los archivos de la dictadura! ¡Ni olvido ni perdón! Cárcel común y efectiva para todos los apropiadores y genocidas. Contra la impunidad de ayer y de hoy.