Nov 20, 2026 Last Updated 2:18 PM, Nov 19, 2026

Editorial

El ajuste y la entrega del país son tan brutales que hasta el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo que reconocerlo: “Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno”. En otro de sus conceptos, agregó: “Lo que se ha hecho en estos tres años no se ha hecho en la historia argentina” (Clarín, 15/11).
Jamás un funcionario fue tan explícito. Parecería que hasta el propio ministro de Macri (mejor dicho, del FMI) no puede creer que se pueda avanzar con los tarifazos, la feroz inflación, el robo salarial, el ataque a los jubilados y más pagos de la deuda y que el gobierno piense en las elecciones de 2019.
¿Por qué el gobierno puede seguir adelante con este ajuste y un mayor saqueo del país siendo que millones no están de acuerdo y sufren las terribles consecuencias de la inflación, el robo salarial o los pagos de la deuda? Muy sencillo. Porque Macri tiene cómplices. ¿Quiénes son? La burocracia sindical y el PJ.

La CGT no llamó a marchar cuando se aprobó el presupuesto en Diputados. Y el sector de Moyano dio una presencia simbólica. Y cuando se aprobó finalmente en el Senado, la CGT tampoco abrió la boca y Camioneros ni el propio Hugo Moyano hicieron siquiera una presencia simbólica. Pablo Moyano se limitó a pedir “que los senadores voten en contra”, sin movilizar. Finalmente la CGT levantó cualquier convocatoria de paro ante un bono miserable.
El peronismo, por su parte, junto a los gobernadores de ese palo, aprobó el presupuesto. Es la famosa “oposición patronal” que le viene votando las leyes a Macri y garantizando la “gobernabilidad”. No es casual que si el FMI tiene ya votado el presupuesto de ajuste -la “ley de leyes” que dispone que la mayor erogación va a ser el pago de los intereses de la deuda por 750.000 millones de pesos- es porque el gobierno tuvo el apoyo del PJ. ¿Qué implica esta complicidad político-sindical? Dejar que Macri aplique el ajuste, se desgaste y trabajar para un recambio electoral vía un rejunte del peronismo en 2019.

En esto está también Cristina Kirchner. Ella misma, por su propia boca, blanqueó este lunes en Ferro lo que venían diciendo sus delfines (ver pág. 5). Cristina llamó a la unidad de todo el peronismo para hacer un frente electoral contra el “neoliberalismo” de Macri. Es decir, Cristina votó contra el presupuesto de Macri y el FMI, pero llama a hacer un frente con los peronistas y gobernadores que votaron a favor (Urtubey, Pichetto, Schiaretti) o con Massa, que apoyó el pago a los fondos buitres apenas asumió Macri. Una cruda expresión de su doble discurso. Una nueva trampa para el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud.

Desde la izquierda hemos planteado una política opuesta a las variantes del peronismo, incluido el kirchnerismo. Somos los que decimos que hace falta derrotar el ajuste ahora. Por eso denunciamos el rol colaboracionista de la CGT y al resto de la burocracia sindical que no le han dado continuidad al parazo general de septiembre, dejando aisladas las luchas y sin aprovechar la bronca obrera y popular para que se reabran las paritarias. Y desde el Frente de Izquierda levantamos un plan económico alternativo y medidas de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Opuesto a lo que hace el peronismo en todas sus variantes.

Somos los que planteamos en la emergencia un aumento de salario ya, la prohibición de despidos y la anulación de los tarifazos, acompañando estas medidas urgentes con la inmediata suspensión de los pagos de la deuda externa para volcar esos fondos a trabajo, salud y educación. Esto debe ir unido a la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Y la recuperación del patrimonio nacional, vía la reestatización de las privatizadas y la nacionalización del petróleo y el gas. Medidas todas indispensables para atacar la inflación, la fuga de capitales y evitar que la plata se siga yendo para los especuladores y usureros y se vuelque a reactivar la economía.
Estas propuestas las vamos a hacer valer en la marcha del próximo 30 de noviembre en repudio al G20, ante la venida de Trump y el resto de los jefes de los países capitalistas que vienen a apoyar a Macri para que siga con el ajuste.

Si Macri tiene cómplices, va a encontrar a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda denunciándolos rotundamente. La confesión de Dujovne reconoce que el gobierno está jugando con fuego. Porque los trabajadores siguen dándole pelea al ajuste y la bronca crece cada día más. Lo que resta es canalizar todo eso, construyendo una alternativa sindical y política para el conjunto de la clase trabajadora.
En función de estas tareas es que realizaremos el acto el próximo 8 de diciembre en Ferro. Vamos a hacerlo con una consigna muy clara: “Abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores”. Llamamos a concurrir a los luchadores, a las mujeres y a la juventud. Para levantar una salida de fondo. En apoyo de las luchas, por el paro de 48 horas, repudiando a la burocracia sindical y llamando a hacer cada día más fuerte al sindicalismo combativo, por la unidad y la coordinación entre todos los que peleamos por una nueva dirección para la clase trabajadora.
Y fundamentalmente, será un acto de los que defendemos la unidad de la izquierda, para fortalecer al Frente de Izquierda, planteando que solo un gobierno de los trabajadores y la izquierda combatirá los males capitalistas. El 8 en Ferro, en definitiva, diremos que la salida viene por izquierda junto a miles de luchadores. Una tribuna obrera y popular al servicio de hacer frente a los desafíos que se vienen.

Desde que Macri llegó al gobierno las tarifas de luz subieron 1.000% (diez veces) y las de luz 500% (cinco veces).
Con eso, antes de la devaluación del peso de 111 % de este año, los usuarios (casas y negocios) pagábamos el 70% del costo de generación eléctrica y el 60% del costo del gas. El gobierno les pagaba a las empresas subsidios con los que no sólo terminaban de cubrir los costos, sino que también les generaban elevadas ganancias a las concesionarias de los servicios privatizados.

Pero de acuerdo a los contratos de las privatizadas con el gobierno, los costos de la luz y el gas se calculan en dólares. Por eso al aumentar a más del doble el valor del dólar respecto del peso, los costos de la luz y el gas también subieron más del doble. Y el gobierno, de acuerdo con esos mismos contratos, está obligado a cubrir ese aumento.

Es decir, mientras los salarios de los trabajadores se hunden cada vez más por el peso de la brutal inflación, mientras se recortan cada vez más los presupuesto de salud y educación y los sueldos de los empleados públicos, se gasta cada vez más en mantener las ganancias en dólares de los buitres que controlan nuestras empresas y recursos privatizados.
¿Qué solución tiene esta locura?
Desde el FIT e Izquierda Socialista venimos reclamando la reestatización de todos los servicios y recursos naturales privatizados, empezando por el petróleo, la luz y el gas y su puesta en funcionamiento bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Con eso se terminaría este robo, eliminando las ganancias de estas empresas privadas parasitarias.

Gabriel Massa

Escribe Pina Scarffi

Los datos oficiales del Indec señalan que la inflación de octubre alcanzó 5,4%, la segunda más alta del año tras septiembre, que había sido de 6,5%. Así, la inflación acumulada del año ya alcanza 39,5%, aunque en varios rubros de la canasta familiar es mucho mayor. Mientras tanto, los salarios llevan perdido en promedio un 15%.

El dólar no subió en octubre. Por el contrario, bajó un poco. Pero eso no impidió que los precios siguieran su camino hacia las nubes. Gracias a los tarifazos y a la voracidad de los empresarios que siguen remarcando, los alimentos, los gastos de vivienda y el transporte encabezaron la lista de los precios que más crecieron el mes pasado.

La inflación de este año ya es la más alta desde 1991, al final de la hiperinflación. Y no da señales de detenerse. El gobierno de Macri afirma, contento, que “a lo mejor” los precios de noviembre “sólo” subirán entre 3% y 3,5%. Y que otro tanto sucederá en diciembre. ¡Y con eso quieren vendernos que está empezando a bajar la inflación, cuando terminaremos el año con una suba total de precios de cerca de 50%!
Mientras tanto, los salarios se hunden irremediablemente. Es que apenas cuatro gremios (camioneros, bancarios, petroleros y sanidad) lograron en la reapertura de paritarias llegar a 40% de aumento. Aún ellos perderán contra una inflación que será casi de un 10% más. Muchos otros, aun renegociando, están apenas en 25%. Y todavía quedan aquellos que se quedaron atrás, con apenas 15% de aumento por los acuerdos firmados a principios de año.

En los lugares de trabajo la conversación constante es que apenas si se llega a mitad de mes. O que directamente llegan facturas de servicios que no se pueden pagar. Cada vez son más los trabajadores que, si tienen la suerte de estar en blanco y tener una tarjeta de crédito la usan para pagar en cuotas las compras más imprescindibles. O que no pueden pagar el total del vencimiento de esa tarjeta, y refinancian parte del saldo, siendo reventados por los intereses.
Todo esto se refleja en los datos de la caída del consumo popular en todos los rubros. No sólo no se compra ropa o ningún artículo prescindible. Ya directamente el achique se observa en la propia canasta básica. Se pasa de primeras a segundas marcas, y luego se empieza a recortar cada vez más lo imprescindible e incluso se lo deja de comprar. Así vemos cómo se reduce la compra de lácteos, o de los artículos de limpieza más necesarios.

Con este panorama queda claro que el bono de 5.000 pesos, encima cobrado en dos cuotas, y que será cobrado por apenas 20% del total de los trabajadores (cuando descontamos todos los que no lo recibirán) es una absoluta burla. Se calcula que un bono para cubrir lo que perdió un trabajador privado este año tendría que ascender a 75.000 pesos. Y para un trabajador estatal estaría arriba de los 50.000.
Hay que terminar ya mismo con esta auténtica pulverización que están sufriendo nuestros salarios. Por un lado, parando con la feroz remarcación de precios. No sirve de nada un programa de “precios cuidados” que nadie cuida, cada vez contiene menos productos y encima son inencontrables. Hay que poner precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y controlarlos severamente, con sanciones de multas, clausuras y hasta expropiaciones para todas las cadenas de híper y supermercados que los violen. A esto hay que sumarle la necesidad de dar marcha atrás con todos los tarifazos.
Al mismo tiempo, se necesita el otorgamiento de un auténtico aumento salarial de emergencia (no el actual bono basura) que cubra de verdad lo que se ha perdido. Y la reapertura inmediata de todas las paritarias, sin techos ni condicionamientos. Al servicio de fortalecer este reclamo, tenemos que exigir a la CGT y a las CTA un paro de 48 horas con movilización, como parte de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

Escribe Pina Scarffi

El referente del Frente Renovador también se reunió con el FMI, como parte de las rondas de “diálogo” de la misión del Fondo presente en Buenos Aires. Aprovechó para repetir lo que ya había adelantado en su gira por los Estados Unidos: que en caso de ser electo y gobernar a partir de 2020, no romperá el acuerdo con el organismo, sino que procederá a “renegociarlo”, ante el hecho evidente de que será imposible pagar los vencimientos de esa fecha. Massa intenta probarse el traje de “político serio” y se prepara para ser el nuevo firmante de los futuros planes de ajuste con el FMI.

Escribe Pina Scarffi

El dato fue aportado por el propio enviado del FMI, Roberto Cardarelli. El recorte del salario de los empleados públicos establecido en el presupuesto 2019 “ahorrará” 3.000 millones de dólares. “Es equivalente al 0,5% del PBI y aporta el 20% del recorte del déficit fiscal”, señaló entusiasmado el funcionario del Fondo.

El mecanismo por el que los trabajadores del Estado sufrirán ese recorte es doble: por un lado se establece que la pauta de incremento salarial sea sólo de 8% (contra una inflación proyectada por el propio gobierno de 34%). Por el otro, por los consabidos despidos que llevará el achicamiento de programas y estructuras. Todo al servicio, por supuesto, de generar más fondos para cumplir con los pagos de deuda externa, presupuestados en 750.000 millones de pesos (18.750 millones de dólares).

 

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