Jun 24, 2021 Last Updated 10:45 PM, Jun 23, 2021

Escribe Adolfo Santos

El vacunatorio vip es un verdadero escándalo nacional. Instalado en el Ministerio de Salud de la Nación, funcionaba sorteando filas y desconociendo cualquier protocolo para atender a un selecto grupo de amigos del gobierno. Hasta allí llegaron empresarios, periodistas, políticos y burócratas sindicales. Una parte de esa lista de privilegiados la integran el periodista peronista kirchnerista Horacio Verbitsky (quien reveló el hecho antes de que lo delate la investigación que estaba en curso), el empresario marplatense Aldrey Iglesias y su familia, el canciller Felipe Solá, el diputado ligado al papa Francisco Eduardo Valdés, el senador Jorge Taiana, el camionero Hugo Moyano y familia, Duhalde y Zannini, entre otros “notables”.

Los vacunatorios clandestinos propiciados desde el gobierno eran un secreto a voces antes de las declaraciones radiales de Verbitsky. Ya circulaban denuncias repudiando el hecho de que varios políticos, sin el menor pudor, difundían en sus redes que se habían vacunado sin cumplir los protocolos. Gobernadores, intendentes, diputados, burócratas sindicales, empresarios y sus familias, amigos y choferes, sin ser personas de riesgo y sin respetar ningún orden, aprovechaban las partidas recibidas para vacunarse antes que nadie. Mientras tanto, faltan vacunas para médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, docentes que empezaron las clases, o mayores de 70 años que hacen malabares para poder anotarse en programas colapsados.

Esto demuestra el desprecio, la desidia y fundamentalmente la falta de transparencia del gobierno del Frente de Todos. El ministro Ginés González García se fue diciendo que “todo fue culpa de su secretaría privada”. Nadie le cree. Fueron tantas las evidencias que el presidente no tuvo otra opción que hacerlo renunciar para evitar un desgaste mayor al que ya viene sufriendo su gobierno. Pero la salida de Ginés no resuelve la crisis. Ya hay una serie de denuncias contra altos funcionarios y dirigentes políticos y sindicales por el uso indebido de las pocas vacunas que llegaron a nuestro país. Nuevas crisis van a surgir.

Además, ese esquema corrupto surge por la falta de vacunas que debería garantizar el gobierno, y eso está lejos de resolverse. Es el gobierno de conjunto el que viene haciendo falsas promesas sobre la llegada de las vacunas que solo aparecen en cuentagotas, siendo cómplice del negocio capitalista que hay detrás. Alberto Fernández dijo que la vacuna debe ser un “bien público global” pero no actúa en consecuencia ni siquiera en el seno de su propio gobierno, donde sus funcionarios hacen uso discrecional de las vacunas en un despreciable mecanismo de “sálvese quien pueda”.

El “esquema” de vacunación en medio de una situación de emergencia como la que nos impone la pandemia es gravísimo. La nueva ministra Carla Vizzotti insiste en que “no hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una situación privilegiada”. Quiere negar una realidad que le costó el cargo a su antecesor, Ginés González García. Además, no es creíble que como viceministra no supiera nada de lo que acontecía en su propia cartera. Repudiamos las declaraciones que afirman que se estaba vacunando “personal estratégico” del aparato del Estado. ¿Diputados patronales que votan leyes contra el pueblo son estratégicos? ¿Familiares jóvenes de ministros, gobernadores y funcionarios?

Por eso hay que investigar a fondo y castigar a todos los responsables. ¿Qué otros funcionarios de alto nivel participaron? ¿Qué papel cumplía el hospital Posadas y su interventor, Alberto Maceira, que movilizó una tropa de médicos en vehículos sin identificación para hacerse cargo de la vacunación de los vip? ¿En qué otros establecimientos donde llega la vacuna funcionan listas vip?

Exigimos una profunda investigación de los mecanismos de vacunación para determinar sus alcances, los responsables y las derivaciones que tuvo esa medida ilegal. Una investigación a la que deben sumarse representantes de Cicop, de los trabajadores de los diferentes hospitales, de organismos de derechos humanos y organizaciones populares, entre otros. Repudiamos la falta de transparencia en el tratamiento de la vacunación. Exigimos la renuncia inmediata de todos los funcionarios vinculados a los esquemas de vacunación paralelos y su correspondiente castigo y que se vacune de forma inmediata a los trabajadores de la salud, docentes, trabajadores esenciales, mayores en riesgo y todos aquellos que necesitan la vacuna, no a los amigos del gobierno.

La compañera Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de Cicop y candidata en la lista unitaria para las elecciones de este importante sindicato de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de marzo, nos dijo: “Desde Cicop exigimos la mayor transparencia y equidad en relación con el desarrollo de los programas de vacunación en las diferentes jurisdicciones. No puede ser que mientras el gobierno destina vacunas para sus amigos, hasta hoy no han sido vacunados todos los trabajadores de la salud, tanto pública como privada”, más de 800.000 en total, siendo 450.000 de los hospitales públicos.

Mónica también destacó la situación del hospital Posadas ya que, según sus propios trabajadores, por ese vacunatorio pasan unas treinta personas por día que llegan con recomendación directa del gobierno nacional. “Lo trágico de este caso es que la dirección del hospital todavía no ha vacunado a todo su personal, que asciende a 5.200 profesionales y trabajadores, reconocido por su interventor, Alberto Maceira”, señaló.

Lamentablemente, este importante centro de salud que es el Posadas vuelve a ser mala noticia por responsabilidad de sus dirigentes. “Durante la dictadura militar fue convertido en centro clandestino de detención, en los cuatro años de Macri se vivió un brutal ajuste y represión. Y ahora pasa esto bajo la intervención del gobierno nacional designada por el gobierno del Frente de Todos”, indicó Mónica. Y finalizó: “A pesar de que Cicop pidió ser parte de la organización de la vacunación en provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof nunca nos convocó. Es evidente que había cosas que ocultar”.

Escribe Adolfo Santos

Los vacunatorios VIP no son exclusividad de la Argentina. Estos hechos de corrupción ocurren también en otros países. Saltaron escándalos en Perú, Chile, Ecuador, el Estado español, Italia y Polonia, entre otros, donde se vacunaron ex presidentes, políticos, artistas, generales, sindicalistas y obispos en forma secreta y al margen de los programas que rigen para la población en general. Muchos, por el repudio popular, tuvieron que renunciar a sus cargos, como sucedió con Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor del Ejército español. En Perú, el ex presidente Martín Vizcarra, su esposa, la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, ex funcionarios como Pablo Checa Ledesma, del PC y dirigente de la CGTP, y otros 480 funcionarios fueron vacunados con este método irregular. Una conducta despreciable que demuestra la verdadera cara de estos gobiernos capitalistas que actúan para salvar pequeños grupos de privilegiados.

Ya están fraguando la impunidad. Varios juristas de distintos países han adelantado que esta conducta de  incumplir protocolos “no es delito”, ya que no se estaría violando la ley ni hay enriquecimiento de por medio. Es decir, en el capitalismo la corrupción y la desidia no se condenan. Quedará en manos de la movilización y el repudio social llevar a estos personajes a la cárcel.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop.

A esta altura queda claro que la sed de ganancia de las multinacionales está impidiendo la vacunación de la población mundial. Se vacunaron en todo el mundo cerca de 210 millones de habitantes. De ellos, solo 40 millones completaron las dosis que garantizan la inmunidad, son apenas el 0,51% de la población mundial. Es lenta e inequitativa. Seis países imperialistas (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) concentran 92 de esas 210 millones de dosis aplicadas y más de la mitad de quienes hasta ahora pudieron recibir la inmunización completa. En el otro extremo hay treinta países, que nuclean a 1.900 millones de personas, donde ni siquiera se ha empezado a vacunar.

Un puñado de monopolios farmacéuticos y laboratorios, amparados por los gobiernos imperialistas, está impidiendo que haya una producción suficiente para poder inmunizar a la población del planeta. Su causa es el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permite que cada una de esas empresas tenga la exclusividad para producirlas y venderlas a pesar de ser resultado del conocimiento científico y técnico acumulado durante décadas por investigaciones en universidades, hospitales e institutos, financiadas con presupuestos públicos. La vigencia de las patentes y la propiedad intelectual permite la apropiación privada de este bien común impidiendo su producción generalizada. En cambio, la libre cooperación internacional, en función de las necesidades sociales, permitiría que la vacuna se produjera y llegara a todo el planeta sin distinción.

Los países imperialistas más poderosos, con pagos por adelantado, garantizaron sus vacunas. Canadá y la Unión Europea, por ejemplo, han adquirido cantidades que superan varias veces a la de su población. Los países del continente africano o de América latina quedan, entonces, completamente rezagados.

La Argentina es uno de los 99 países firmantes de la iniciativa encabezada por India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que plantea la suspensión de las patentes mientras dure la pandemia. El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global”. Sin embargo, la vacuna AstraZeneca que se produce en la Argentina está al servicio del Grupo Insud-Pharma (de Hugo Sigman, empresario ligado al gobierno) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim. Por eso le exigimos al gobierno de Alberto Fernández que obligue al Grupo Insud a que ceda la fórmula para que implemente de manera urgente una gran producción nacional de emergencia de millones de vacunas.

Nuestro país tiene la infraestructura industrial y el recurso humano para elaborar esa y otras vacunas. Hay grandes centros de producción privados y estatales que permiten hacerlo. Por otra parte, hay al menos seis proyectos en curso para producir vacunas que reciben escaso o nulo financiamiento del Estado. Es necesaria una política del gobierno que centralice en todo el país un plan nacional de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos e insumos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y nuestro diputado nacional, Juan Carlos Giordano, con su proyecto de ley, estamos impulsando una campaña nacional e internacional sumándonos a Médicos Sin Fronteras y otras personalidades y organizaciones, sacando pronunciamientos e impulsando distintas acciones para que se desconozcan las patentes. Recientemente, el gremio Cicop sacó un pronunciamiento que señala: “Volvemos a bregar por la condición de bien público que deben tener las vacunas, con la correspondiente liberación de todas las patentes. Será el único modo de proteger a la población de todos los países y en igualdad de condiciones frente a la catástrofe sanitaria en la que estamos inmersxs”. Saludamos este pronunciamiento y llamamos a impulsar acciones unitarias entre todos los que queremos enfrentar las patentes para que haya vacuna para todas y todos.

 


 
 

 

  • Este miércoles 3 de marzo a las 19 realizaremos una charla virtual “No a las patentes de vacunas - Vacunas para todas y todos”. Donde expondrán Reynaldo Saccone y Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista FIT Unidad. Se transmitirá por Facebook y Youtube Live de Izquierda Socialista.

 

 

 

Escribe Adolfo Santos

Que la inflación en nuestro país es altísima todo el mundo lo sabe. Esto es más grave cuando los aumentos de los medicamentos han sido siderales en 2020, ¡en plena pandemia!

Un informe del Observatorio de Costos de la Salud, reproducido por Página/12 el 17 de febrero pasado, señala que los medicamentos de uso hospitalario aumentaron un promedio de 278%, superando ampliamente los índices de inflación. Productos como el propofol (de uso en pacientes graves con Covid-19) tuvieron aumentos anuales de 335 por ciento. Incluso, el acenocumarol -anticoagulante para evitar accidentes cerebrovasculares (ACV) en personas que padecen arritmias- incrementó su precio de venta al público 1.397 por ciento. Por su parte, los fármacos para el tratamiento de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis aumentaron 84% en promedio, aunque algunos llegaron a subir 1.300 por ciento. En este escenario, el gobierno “nacional y popular” permite tranquilamente que los laboratorios y grandes grupos farmacéuticos aumentan sin control y se lleven sus ganancias “en pala”.

Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

Es una herramienta fundamental para fortalecer a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

La suscripción del periódico impreso nos permite también seguir editándolo, ya que nos financiamos con nuestros propios aportes y del de los suscriptos.

 

Suscribite a la versión Impresa