El 30 de marzo hubo elecciones del cuerpo de delegados del Hospital Mercante de José C. Paz. Ganó con el 63,5% la lista Negra de ATE, que unió a trabajadores combativos y anti burocráticos, donde participa la dirigenta de Izquierda Socialista Norma Jaime. La burocracia Verde de ATE ni siquiera pudo presentar una lista.

Este triunfo se pone al servicio de la defensa de los derechos y conquistas de las y los trabajadores del hospital y de todas las luchas de la clase trabajadora, por el salario y las condiciones de trabajo, enfrentando el ajuste del gobierno de Alberto Fernández y su acuerdo con el FMI y la complicidad de la burocracia sindical de la CGT y CTA.

Los trabajadores del hospital Mercante dieron duras luchas enfrentando los despidos, denunciando el vaciamiento y la falta de recursos humanos y materiales durante la pandemia del Covid-19; sosteniendo la gratuidad del hospital y la defensa del método de consenso interno para elegir sus directivos y resistir los ataques del gobierno provincial de Kicillof y del municipio de Mario Ishii, que quieren hacer de la salud pública un negocio y municipalizar el establecimiento.
Este cuerpo de delegados seguirá el camino de la lucha y la democracia sindical.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

Larreta y la ministra Acuña enviaron a la legislatura porteña un proyecto de ley para reformar una treintena de artículos del Estatuto Docente. Es una reforma laboral en línea con el pacto del gobierno nacional con el FMI.

Hace muchos años el Banco Mundial y el FMI vienen insistiendo en reformar las condiciones laborales de los docentes. Buscan mayor flexibilización, recorte salarial y achicar el presupuesto de la educación pública. Además de bajar los salarios, este proyecto cambia el mecanismo democrático de designación de cargos, por criterios discrecionales y no por concursos transparentes. Profundiza su política privatista en la matrícula, en los negocios que se puedan generar para privados, atacando la gratuidad de la enseñanza y con un modelo de “gerenciamiento” privado.

El proyecto es el “modelo de educación” chileno y mexicano (dos casos emblemáticos) donde su implementación generó las enormes luchas de estudiantes, docentes y familias, que hemos visto. En nuestro país cada vez que han intentado implementar a fondo estos cambios, fueron fuertemente resistidos, porque existe un profundo arraigo del derecho y la reivindicación a la Educación Pública entre los trabajadores.

Este año el gobierno del Frente de Todos incorporó en la paritaria nacional docente la propuesta de eliminar los Estatutos Docentes y cambiarlo por nuevos “convenios colectivos”, para “modernizar” las relaciones laborales. Larreta y Acuña como siempre tratan de “hacer punta” con los ataques a la docencia y a la educación pública. Directamente buscan reformar el Estatuto Docente en CABA, para atacar conquistas y profundizar la precarización laboral.

Entre otros ítems el proyecto, en vez de crear los cargos que necesitan las escuelas, como parejas pedagógicas o ampliar los gabinetes psicopedagógicos, crea dos nuevos cargos (maestro especialista y coordinador de trayectorias escolares), que nadie sabe qué función tendrán y que no se nombrarían en actos públicos transparentes y por puntajes, sino por “ascenso horizontal” (así lo llaman).  

Otro aspecto grave, es que vincula el salario a la capacitación que cada docente documente, en un criterio mentiroso de “meritocracia”. No existe en CABA la capacitación gratuita y en servicio, de manera que todos los que lo deseen puedan acceder. Hoy es un gran negocio privado, fuera de horario escolar, por lo que sólo docentes con plata y con facilidad de horarios libres pueden hacerlo. Y ellos serían los que cobrarían más, dividiendo la docencia salarialmente.

Aunque el gobierno incluyó el reclamo sobre la titularización masiva en un sector de Media, en el que hacía años no permitían actos públicos para titularizar, deja por fuera de la estabilidad laboral a miles de docentes de terciarios y programas socioeducativos, entre otros.

Todo este proyecto no dice nada de aumentar el presupuesto educativo. O sea que la creación de los nuevos cargos impactará en una reducción de un presupuesto ya absolutamente insuficiente para las verdaderas necesidades educativas, como infraestructura, cargos, vacantes, escuelas, capacitación gratuita o aumento de salarios.

Llamamos a toda la docencia y comunidad educativa a rechazar esta nueva ofensiva de Larreta contra la docencia y la escuela pública, que es un ensayo para ver si se puede avanzar en el resto del país. Y a exigir plata para educación, no para el FMI y la deuda externa.

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac Pico Truncado, Naranja Docentes en Marcha
 
El viernes 25 de marzo Adosac siguió con el plan de lucha, con un paro y movilización provincial a Río Gallegos. Viajamos desde distintas zonas de la provincia, recorriendo más de 1.000 kilómetros en algunos casos para estar presentes.
La adhesión al paro y la convocatoria a la marcha fueron importantes. Nuestra agrupación marcó una notable presencia con las filiales que dirigimos, San Julián y Pico Truncado y con las compañeras y compañeros de Río Gallegos y otras filiales.
Fue otra muestra de fuerza frente al gobierno, que se niega a sentarse a negociar con nuestros paritarios porque rechazamos la conciliación obligatoria tramposa, pero convoca a otro gremio minoritario, AMET.

De todas maneras, con nuestro plan de lucha, logramos que el gobierno cambie su oferta cualitativamente. Pasó de una oferta miserable del 22 a un 61%. Aun así, es una propuesta insuficiente, que no reconoce el proceso inflacionario ni el altísimo costo de vida en Santa Cruz. Además, es en cuatro cuotas (a cobrar la última en diciembre), cerrando una propuesta anual sin cláusula gatillo. Llevaría el salario de bolsillo a 80.000 pesos recién a fin de año. ¡Absolutamente insuficiente!
Esto confirma, por un lado, que plata hay en la provincia, como venimos diciendo. Creció la recaudación de la explotación petrolera, gasífera, minera y pesquera, mientras las multinacionales se roban nuestros recursos. Pero Alicia Kirchner igual ofrece miseria salarial.

También demuestra que sirve luchar. El gobierno tuvo que duplicar su oferta porque vio que Adosac rechazó la conciliación, aguantó las multas y los descuentos de los paros. Y esto a pesar de la conducción burocrática de la Lila de Adosac, que siempre estuvo por detrás de estas resoluciones que se aprueban en los Congresos provinciales, mociones que llevamos como Naranja Docentes en Marcha a cada filial. Las compañeras y compañeros están hartos del desprecio hacia la labor docente y al vaciamiento de la escuela pública, flexibilizando sus condiciones laborales, con reformas pedagógicas que atentan contra la calidad educativa, falta de transparencia en los ofrecimientos virtuales y salarios de pobreza.

La directiva provincial Lila vuelve a dilatar la continuidad del plan de lucha. Se niega a convocar a asambleas y a un congreso, llamando a los secretarios generales, que no es resolutivo. Llamamos a la docencia a seguir reclamando Congreso provincial, de Adosac, para profundizar el plan de lucha, enfrentando las políticas dubitativas de la Lila. Y así lograr que Alicia Kirchner otorgue la recomposición salarial, con cláusula gatillo y el presupuesto necesario para resolver todos los reclamos.

Del 30 de marzo al 6 de abril se estarán realizando en las distintas universidades nacionales las elecciones de renovación de la conducción de la Conadu (Histórica).

Nuestro gremio nacional, históricamente, aun con diferencias en su interior, dio pelea a los distintos planes de ajuste que hace décadas se vienen llevando adelante contra la Universidad Pública. Pero en el último tiempo, producto del alineamiento de su conducción con el gobierno de Alberto Fernández, viene dejando pasar la fuerte caída de nuestros salarios. Los sectores vinculados a la CTA Autónoma, los referenciados en el PCR y ahora también miembros de Patria Grande, que conforman la lista oficialista, tienen que dar cuenta de haber permitido un retroceso récord de nuestros ya paupérrimos salarios y haber aceptado un bono miserable a fin del año pasado. Nada de esto fue gratis: para hacerlo tuvieron que recurrir cada día a nuevas y más medidas antidemocráticas, que se dan de patadas con toda la tradición de nuestro gremio.

Para dar pelea a todo esto, se ha conformado la lista Multicolor, integrada por los compañeres del Partido Obrero, MST, PTS, Política Obrera, Rompiendo Cadenas, nuestra lista Fucsia y a la que se han sumado numerosos activistas no alineados.
Desde la lista Fucsia, integrada por compañeres de Izquierda Socialista e independientes, llamamos a votar para fortalecer una alternativa por un sindicalismo docente universitario realmente democrático, combativo e independiente de los gobiernos y las distintas camarillas que gestionan las universidades.

Lista Fucsia

Escribe Claudio Funes

El Salario Mínimo recibió un incremento del 45%, resultando una suma miserable que se terminará de cobrar recién en diciembre. El gobierno, los grandes empresarios y la burocracia sindical peronista son los responsables. Intentan repetir la maniobra con paritarias a la baja. Todo esto es para cumplir con las exigencias del FMI. El sindicalismo combativo es el único que enfrenta el ajuste, en defensa de los legítimos intereses del pueblo trabajador.

El pasado miércoles 16, el Consejo del Salario dispuso el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Conformado por representantes del gobierno, cámaras empresarias, la CGT y las CTA, aprobó un aumento del 45% anual a pagar en cuatro cuotas: 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre. De esta manera el salario, que actualmente es de 33.000 pesos, llegará a 47.850 pesos; pero recién a fin de año.

Gobierno, empresarios y la burocracia sindical peronista son los responsables de este vergonzoso monto del Salario Mínimo, de suma importancia como valor de referencia para los trabajadores informales, para quienes cobran prestaciones por desempleo, para beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo e incluso para los trabajadores registrados. Es por esto que organizaciones de desocupados combativos se movilizaron, el pasado miércoles, al Ministerio de Trabajo para repudiar el aumento otorgado.

Los 33.000 pesos actuales están por debajo de la línea de indigencia (37.413,97 pesos). Los trabajadores del Indec sostienen que una familia tipo, para no ser pobre, requiere un ingreso mínimo de 136.104 pesos. Hoy, el Salario Mínimo equivale a tan solo el 24% de esa suma.

Su atraso se remonta a varios años atrás. De 2015 a 2019, con Macri, tuvo una pérdida en torno al 25%. Luego de la asunción de Alberto Fernández, en 2020, volvió a perder un 10%. Su poder adquisitivo ha tenido una tendencia negativa desde el año 2011. (Fuente: Cifra CTA)

El gobierno de Alberto Fernández, las grandes patronales, la CGT y las CTA acordaron meter el ajuste que exige el FMI. El Salario Mínimo es una muestra.

Hugo Yasky, jefe de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, concurrió a la Casa de Gobierno para que Alberto Fernández refrendara el aumento, allí manifestó: “Hubo dos paritarias de gremios muy fuertes: los maestros y los metalúrgicos, ambos cerraron en el 45%”, y agregó “que nosotros hayamos podido en el Consejo del Salario igualar ese nivel con un punto de partida del 18%, habla a las claras, ante aquello que se especulaba de que el ajuste podría sobrevenir sobre los salarios” […] “Estamos diciéndole ‘no’ a la idea de que la salida es el ajuste sobre los salarios”. Odioso doble discurso defendiendo una cifra miserable.

Hugo Yasky y Antonio Caló firmaron sus paritarias para que sean el techo de las restantes. En la paritaria nacional docente, las direcciones de los cinco principales sindicatos, Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET, firmaron por el 45,5% en cuatro cuotas. Por su parte, Caló de la UOM acordó el 45% en tres cuotas. Como la inflación esperada para 2022 es de 55%, estas paritarias son otra muestra del real posicionamiento de la burocracia sindical: muy lejos de los intereses del pueblo trabajador y muy cerca de lo exigido por el FMI.

A éstas direcciones burocráticas tenemos que reclamarles que rompan con la política de ajuste del gobierno y llamen a plenarios de delegados, asambleas para preparar un plan de lucha. Mientras seguimos fortaleciendo al sindicalismo combativo, que viene de salir a las calles junto al FIT Unidad, el resto de la izquierda y decenas de organizaciones para repudiar el acuerdo con el FMI, la flexibilización laboral y el ajuste a las jubilaciones.

Izquierda Socialista apoya e impulsa el desarrollo del Plenario Sindical Combativo, espacio que contiene al “Pollo” Sobrero de la Unión Ferroviaria Oeste, Alejandro Crespo del Sutna (neumáticos), Mariana Scayola de Ademys (docentes) y Romina del Plá del Suteba La Matanza, entre otros, y que pelea por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora.