Hace tiempo que la situación en los barrios más empobrecidos de todo el país es angustiante. Esta situación no mejoró sustancialmente con la llegada del gobierno de Alberto Fernández. La desocupación , la precarización laboral y la inflación ya venían haciendo estragos. Todo esto se profundizó con la aparición de la pandemia del coronavirus.

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta de Suteba La Matanza

La situación en los barrios llegó a un punto alarmante, particularmente en el Gran Buenos Aires, donde viven más de doce millones de personas, de las cuales 2.100.000 tienen déficit sanitario y 2.600.000 habitan en viviendas precarias próximas a basurales (datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, diciembre de 2019).

Para cuidarnos de la pandemia debemos lavarnos las manos con agua y jabón, pero hay 2.800.000 habitantes del conurbano que no tienen conexión de red de agua corriente y casi seis millones no tienen cloacas.

Vivimos hacinados. En cuatro de cada diez hogares pobres del conurbano viven  tres personas o más por habitación, lo que facilita la transmisión del virus en el grupo familiar.

Los hospitales y las salitas de emergencia están colapsadas desde hace años.

La situación económica

La crisis económica del coronavirus afecta particularmente a millones de trabajadores informales que viven en los barrios, muchos de ellos nunca cobraron planes sociales ni reciben asistencia social de parte del gobierno nacional o los municipios. Son trabajadores de oficios, peones de taxi, albañiles, vendedores ambulantes, que viven al día sin un ingreso fijo. Trabajadores que no llegan a pagar el alquiler, los servicios y en muchos casos ni siquiera la comida para su familia. Ante la desesperación muchas de estas personas salen a la calle a tratar de buscar algún tipo de ingreso y son reprimidas por la policía.

En el Gran Buenos Aires unas tres millones de personas reciben comida diariamente en comedores (datos Clarín, 28/3/2020), muchos de los cuales están cerrados por la pandemia. Además, el gobierno resolvió que los comedores escolares sigan abiertos, pero la cantidad de viandas que llegan a las escuelas es mucho menor que la cantidad de alumnos. El gobierno nacional anunció un plan de asistencia alimentaria, que por el momento solo se puso en práctica en Quilmes, y comenzaría a implementarse en La Matanza esta semana. Pero, su alcance será de solamente 24 mil personas en un distrito donde viven dos millones, la mayoría sumidos en la pobreza. Es una medida totalmente insuficiente.

Las medidas del gobierno son insuficientes ¡Exigimos medidas de fondo!

Ante la crisis social que se vive en los sectores más pobres el gobierno anunció una serie de medidas sociales: un bono de 3.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima, un refuerzo de 3.100 pesos para la asignación universal por hijo y el seguro de desempleo y 10.000 pesos para monotributistas y trabajadores informales. Son medidas totalmente insuficientes. Una familia no puede subsistir con 10.000 pesos. Esa cifra debería triplicarse y cobrarse de forma permanente. Además, el gobierno debe garantizar los elementos de higiene (lavandina, alcohol en gel, jabón para toda  la población) y brindar asistencia alimentaria para todo el que la necesite. Esto favorecería que en los sectores más pobres puedan realizar la cuarentena como corresponde. La plata hay que sacársela a los que ganaron millonadas de la mano de todos los gobiernos a costa del hambre del pueblo. ¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas y no al pago de la deuda externa! 

El gobierno corre detrás de la situación y toma medidas improvisadas e insuficientes, como la suspensión por quince días de las clases. Es necesaria una partida presupuestaria de emergencia para las escuelas, para atacar el dengue y evitar que el coronavirus haga estragos.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, coordinador nacional de Docentes en Marcha

Fernández pasó del “no esperaba que el coronavirus llegara tan rápido” del ministro de Salud Ginés González, a la suspensión de clases por quince días, cierre de fronteras y otras medidas improvisadas. Horas antes el ministro de Educación Trotta declaraba que “los especialistas sanitarios nos indicaron que suspender las clases no es una medida necesaria. Cuando nos digan lo contrario, lo podremos resolver”. Al día siguiente anunció la suspensión, “por presión de los docentes y la sociedad”. Efectivamente, los docentes en todo el país planteábamos, con razón, cómo era posible que el gobierno cerrara estadios de fútbol, teatros, cines, lugares con más de 20 personas, y dejara abiertas las escuelas. Finalmente la presión de la sensatez logró la suspensión de clases, pero como medida improvisada, a medias e insuficiente.

Las escuelas, una bomba de tiempo sanitaria por abandono gubernamental

La suspensión era indispensable, porque hasta en las escuelas más chicas van más de 200 alumnos y decenas de docentes. Con que hubiera un portador del coronavirus, en pocos días tendríamos centenares de familias contagiadas. Fernández y Trotta no sabían esto? Sí, pero especulaban con que “no había chicos con coronavirus”, aunque nadie sabía si podían ser portadores sanos. Una irresponsabilidad tremenda. No sólo los docentes, sino que las familias, asustadas por los noticieros y la situación, empezaban a reclamar la suspensión.

Mientras, el gobierno publicitaba “medidas de prevención” individuales, lavar con lavandina, jabón, alcohol en gel, toallitas de papel, etcétera. Nada de esto se podía hacer exitosamente en las escuelas públicas. Los pocos insumos que existen son comprados, a cuenta gotas, por los docentes, las familias y las cooperadoras. El abandono de los gobiernos nacional, provinciales y municipales es tremendo. Además, muchas escuelas tienen sus baños en estados deplorables, sin agua, con aguas servidas, sin luz, sin bancos suficientes y un gran etcétera. Y con pastos crecidos en sus patios y alrededor de las escuelas. Por eso, además del peligro del coronavirus, ya hay miles de casos de alumnos y docentes con dengue en todo el país. Ellos, además del peligro del dengue en sí, si se contagian de coronavirus con defensas bajas, están en riesgo de vida.  

Que fue una medida improvisada y arrancada al gobierno lo confirma que lo hicieron casi a medianoche del domingo… y que querían que los docentes asistiéramos igual a cumplir horario, sin alumnos. La presión de los gobernadores, autoridades y funcionarios para que asistiéramos a las escuelas fue vergonzosa. Si no fuera porque hubo una verdadera rebelión contra los gobiernos de las maestras que se negaban a ir, que hicieron asambleas en las escuelas, de los sindicatos combativos que presionaron a autoridades, hasta hoy el casi millón de docentes del país estaríamos viajando en transporte público, juntándonos en las escuelas para “cumplir horario”, porque la suspensión era “sólo para los chicos”. Un absurdo.

Partida de emergencia presupuestaria ya

La crisis sanitaria desnuda también la tremenda crisis del sistema educativo, que viene de hace décadas, con gobiernos militares, peronistas, radicales, de Cambiemos. Todos, sin excepción han ido hundiendo a la mundialmente reconocida escuela pública argentina. No sólo los salarios miserables por debajo de la línea de pobreza y la destrucción del sistema de formación docente. Han despedazado la escuela para avanzar en la privatización del sistema, impulsando la educación privada paga que, además, es subsidiada mientras no hay presupuesto para las estatales. Han privatizado los servicios de educación, limpieza, comida, cursos, materiales, todo para liquidar el derecho social a la educación pública, estatal y gratuita y permitir el negocio. Han liquidado el sistema nacional de educación, atomizándolo por provincia.

Sin medidas de fondo, los quince días de suspensión no servirán más que para demorar la crisis sanitaria escolar. Debemos exigir que ya se haga una partida presupuestaria de emergencia para hacer las inversiones inmediatas necesarias en las escuelas. Que se arreglen las aulas, los baños, agua, luz, patios. Que se construyan las aulas y escuelas faltantes, para que no haya chicos hacinados. Que se entreguen ya los insumos sanitarios y de limpieza para que no falten en ningún lugar. Que se otorgue un aumento salarial de emergencia a todos los docentes del país para que el salario inicial no sea por debajo de la línea de pobreza, sino igual a la canasta familiar. Que se garanticen libros y útiles gratuitos a todos los estudiantes y docentes. Estas son algunas de las medidas de emergencia que debemos exigir a Fernández y a los gobernadores. Que el dinero salga de no pagar la deuda externa y terminar con los subsidios a las escuelas privadas.
Sin medidas de emergencia e insumos, no debemos volver a las escuelas después del 31 de marzo. Los dirigentes de Ctera y demás sindicatos, deben romper su alianza con el gobierno y ponerse al frente de estos reclamos.

El gobierno anunció que no pagará la cláusula gatillo a la docencia universitaria y preuniversitaria. Se trata del monto equivalente a la inflación de octubre a febrero (estimada alrededor del 14,57%), que debía ser pagado con los sueldos de marzo. A cambio, ofrecieron un porcentaje del 9,7%. La cláusula gatillo fue conquistada para que la docencia universitaria y preuniversitaria no pierda frente a la inflación, una conquista que nos costó paros, clases públicas, movilizaciones y distintas medidas de fuerza contra el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, el Ministerio de Educación conducido por Nicolás Trotta busca imponer un ajuste a las y los docentes de las universidades.

Recordemos que los docentes universitarios y preuniversitarios fuimos exceptuados en dos oportunidades del pago de los bonos de emergencia que se otorgaron a los trabajadores estatales y privados –durante la gestión de Macri y durante este gobierno– con las excusa de que cobraríamos una cláusula gatillo. Los mismos que nos dejaron afuera en febrero de ese beneficio, ahora se niegan a pagarla.
Salvo la representación de Conadu Histórica, el resto de los sindicatos presentes –Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera y UDA– aceptaron esta auténtica estafa.

Exigimos el complimiento de la claúsula gatillo 2019, aumentos para 2020 que recuperen lo perdido y una partida de emergencia para las obras sociales universitarias, en el marco de un aumento del presupuesto universitario.           

Corresponsal

Escribe Pablo Almeida, Delegado General ATE - Mecon

A pesar de existir medidas que el gobierno nacional ha tomado con el fin prevenir el coronavirus, como la suspensión de clases hasta el 31 de marzo, en Economía las medidas tardan en llegar o son retaceadas por los funcionarios. Desde ATE Mecon venimos exigiendo desde los primeros casos aparecidos en el país que se tomen medidas de seguridad que protejan la integridad de más de 3.000 trabajadores. Denunciamos, entre otras cosas, que por los pasillos del ministerio circulan a diario delegaciones extranjeras del FMI y de los bonistas usureros. Aparte de lo que esto representa políticamente, es un riesgo para nuestra salud.

Tomando las palabras del presidente Fernández del pasado domingo 15, reclamamos un urgente licenciamiento general de los trabajadores del Ministerio de Economía, realizando guardias mínimas en áreas imprescindibles. Y cuando esta licencia fue otorgada por la Secretaría de Gestión Pública realizamos asambleas en las áreas donde los funcionarios no querían garantizar su cumplimiento. Así mismo reclamamos reapertura de paritarias ante el encarecimiento del costo de vida general y por los gastos excepcionales las medidas de cuidado y aislamiento. Los trabajadores y trabajadores no podemos pagar la crisis por el coronavirus.

Escribe Claudio Funes

Según un informe elaborado por los trabajadores de ATE-Indec un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en enero de 2020, 63.783,3 pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de 20.846,3 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 42.937 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Los valores utilizados se obtuvieron de las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora  realizada por los propios trabajadores del Indec. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, que en la última actualización ronda los 41.000 pesos para una familia tipo, sino que mide un piso para que cada trabajador esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar, mucho más cercana a la realidad de la vida cotidiana. (Por ejemplo vivienda con agua de red, cloacas, esparcimiento y vacaciones)

Desde Izquierda Socialista tomamos el trabajo realizado por ATE-Indec y exigimos que ningún trabajador gane menos que el valor calculado en dicho informe.