Escribe Adolfo Santos
Tras el paro nacional, el oficialismo logró aprobar una reforma laboral regresiva con apoyo de la oposición patronal y la complicidad sindical. Mientras el Senado se prepara para darle sanción definitiva, tenemos que exigir a la CGT un paro de 36 horas y un plan de lucha nacional.
A pesar del importante paro general del 19F, el gobierno logró la aprobación del proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. La medida, convocada por la CGT, tuvo un alto acatamiento en el transporte, los servicios públicos y sectores de la industria. Fue una clara demostración de repudio a una reforma retrógrada y a un plan motosierra que elimina derechos, destruye el salario, el empleo y las jubilaciones.
Si el viernes 27 el Senado aprueba el proyecto votado en la Cámara Baja, algo altamente probable, se consumará un grave retroceso en los derechos y conquistas de las y los trabajadores. Para avanzar en este ataque, el gobierno contó con el apoyo de los partidos patronales. En primer lugar, del PRO y la UCR, que actúan alineados con las políticas reaccionarias de La Libertad Avanza (LLA). Pero también con sectores del peronismo de distintas provincias como Catamarca, Tucumán, Salta, Santa Cruz y el cordobesismo del gobernador Martín Llaryora.
La aprobación de esta reforma fue escandalosa. Sin debates previos y sin la participación de las organizaciones de trabajadores, el proyecto (elaborado en estudios jurídicos de grandes grupos empresariales) fue votado mediante un trámite exprés. Se liquidaron conquistas laborales históricas sin que sus principales afectados pudieran expresar su opinión. Gran parte de las y los diputados presentes ni siquiera conocían el texto que estaban votando. Incluso senadores y senadoras reconocieron desconocer el contenido del artículo 44, que habilitaba una reducción salarial de entre el 50 y el 75% para quienes soliciten licencia por enfermedad. Una verdadera vergüenza.
Ni siquiera los propios representantes de LLA podían defender el proyecto con argumentos serios. Nadie quería hacerse cargo. El objetivo era aprobar una ley al servicio de los intereses de las grandes empresas. En el caso del PRO, además, había un interés directo: el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En nombre de una supuesta lentitud de la justicia laboral (sin mencionar que el 50% de los cargos de magistrados están vacantes) el gobierno avanzará en despidos masivos de trabajadores judiciales para entregar el sistema al foro porteño, históricamente pro patronal.
“La Justicia del Trabajo es el último resorte que tiene un trabajador o una trabajadora para que se reconozcan derechos violados. Ahora, nada va a limitar a un empresario en el abuso de su posición de poder, donde se va a pretender pisotear la dignidad humana”, expresó Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
La CGT nunca estuvo a la altura
En ningún momento la burocracia sindical de la CGT se colocó a la cabeza de la lucha contra la Reforma Laboral. Apostó todas sus fichas a la negociación parlamentaria para introducir modificaciones menores, intentando preservar las cajas sindicales y apostando a eventuales fallos judiciales de inconstitucionalidad. Solo cuando estalló el escándalo público por la rebaja salarial ante licencias por enfermedad se vio obligada a convocar al paro, empujada por la bronca generalizada que crecía en la base.
Sin embargo, no delineó ningún plan de lucha previo, ni siquiera cuando el proyecto se trató en el Senado el día 11. Ese día llamó a movilizar, pero su columna ni siquiera llegó a la Plaza Congreso. Fue la expresión de la bronca de la base de los principales sindicatos lo que garantizó el fuerte paro del 19F, demostrando a los dirigentes burocráticos de la CGT que hay condiciones para luchar contra la motosierra de Milei.
No es casual que un sector de la dirigencia sindical intente diferenciarse del núcleo duro de la CGT. Saben que las trabajadoras y los trabajadores no aguantan más los bajos salarios, los despidos y la precarización y tratan de responder a esa presión. En ese marco, gremios ligados al peronismo kirchnerista conformaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a las CTA, la UOM, ATE nacional, la Federación de Aceiteros, APLA, la CATT, Molineros, Conadu, Viales y la Asociación Obrera Minera, entre otros, participaron de las movilizaciones del 11 y el 19, aunque tampoco ingresaron a la Plaza Congreso. Realizaron actos en las inmediaciones y plantean, correctamente, la necesidad de un paro de 36 horas con movilización como próximo paso.
Que la CGT llame a un paro de 36 horas y un plan de lucha
La aprobación del proyecto de Reforma Laboral nos coloca importantes tareas. Hay condiciones para seguir la pelea, la clase trabajadora no está derrotada. Tendremos que prepararnos para enfrentar el brutal ataque que prepara el gobierno y las patronales contra nuestros derechos. Más que nunca tenemos que construir la mayor unidad posible para enfrentarla aplicación de la reforma y el plan motosierra del gobierno y el FMI.
Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, de los movimientos piqueteros independientes y de las jubiladas y jubilados en lucha, junto a la izquierda, hemos impulsado acciones frente al Congreso en cada sesión. Llamamos a darle continuidad al 19F con un paro de 36 horas y un verdadero plan de lucha para enfrentar los ataques del gobierno y las patronales.
Así lo expresaron Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y dirigente de Izquierda Socialista, y Mónica Schlotthauer, diputada provincial bonaerense y delegada ferroviaria, en Plaza Congreso: “Tenemos que exigir a la CGT un paro de 36 horas con movilización y un plan de lucha. Para dar la pelea cuando vuelva a tratarse en el Senado y también para lo que viene. Porque aun si la ley se aprueba, van a tener que aplicarla, y esa será otra pelea”.
Para avanzar en esas medidas, en cada lugar de trabajo es clave exigir asambleas y pronunciamientos de los cuerpos de delegados para reclamar que la CGT convoque a la lucha nacional contra la reforma laboral, por aumento salarial, contra los despidos y en apoyo a las y los trabajadores de FATE.
Escribe Adolfo Santos
El proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei implica un brutal retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores. En las últimas semanas se abrió un fuerte debate en torno al artículo 44, aprobado por mayoría en el Senado, que reducía el salario entre un 50 y un 75% durante las licencias por enfermedad. La indignación fue inmediata y varios legisladores llegaron a admitir públicamente que habían votado el texto sin siquiera haberlo leído.
Frente a la reacción social y ante el riesgo de que el proyecto quedara trabado en Diputados, el gobierno decidió retirar ese artículo durante el tratamiento en esa cámara. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás con el espíritu general de la reforma, mantuvo intacto el núcleo de las modificaciones regresivas. La ministra Patricia Bullrich llegó a admitir que la eliminación del artículo 44 permitió destrabar otros puntos centrales del proyecto, dejando en evidencia que el objetivo no es crear empleo ni modernizar el trabajo, sino avanzar en una quita sistemática de derechos para beneficiar a las grandes patronales.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el abaratamiento de los despidos.
El proyecto crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte equivalente al 3% del salario, que se deposita en una cuenta individual administrada por entidades financieras. Ese porcentaje se saca de las contribuciones patronales que hoy van al Anses, lo que implica un desfinanciamiento directo del sistema previsional. De este modo, el costo del despido se vuelve previsible y sensiblemente menor para el empleador. Además, en el cálculo indemnizatorio dejan de computarse conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y otros haberes, reproduciendo un esquema que remite a la experiencia de las AFJP.
La reforma también profundiza la precarización laboral.
Se establece un sistema de banco de horas que desregula la jornada de trabajo, habilitando extensiones de hasta 12 horas sin pago de extras, bajo la promesa de compensación futura. Las vacaciones, a su vez, podrán ser fraccionadas a criterio del empleador, dificultando el descanso real y la organización de la vida cotidiana.
Otro punto clave es el ataque a la negociación colectiva.
Se promueve la negociación por empresa en detrimento de los convenios por rama y se habilita la caída de cláusulas si no hay acuerdo en paritarias. Al mismo tiempo, se reduce del 6 al 5% el aporte patronal a las obras sociales, agravando la crisis de un sistema ya golpeado.
La reforma también ataca las organizaciones sindicales.
Limita las asambleas en los lugares de trabajo y restringe el derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales, obligando a garantizar guardias mínimas que vacían de contenido ese derecho constitucional.
La conducción de la CGT vuelve a quedar expuesta. Tras meses de negociaciones y participación en el Concejo de Mayo, solo bajo presión desde abajo convocó al paro del 19 de febrero. No alcanza. Hace falta continuidad y un plan de lucha nacional para enfrentar la reforma esclavista, luchar por salarios, contra los despidos y en defensa de las y los trabajadores de FATE.
Escribe Agustín Blanco
Una reunión abierta, convocada de urgencia por el Plenario del Sindicalismo Combativo, se realizó en la puerta de la planta de FATE para apoyar la lucha emblemática de las y los trabajadores del neumático contra el cierre dispuesto por la patronal de Javier Madanes Quintanilla y organizar las acciones de los próximos días. La convocatoria reunió a más de 500 trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas, junto a organizaciones sindicales, estudiantiles, piqueteras, de derechos humanos y la izquierda. Más de 60 intervenciones tomaron la palabra en una jornada que se extendió hasta entrada la noche.
El plenario fue abierto por Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, quien explicó la gravedad de la situación generada a partir del anuncio intempestivo del cierre de la fábrica y los 920 despidos. Lo siguió Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste: “El cierre de FATE es parte de un plan que destruye la industria y empuja a miles a la desocupación; por eso nuestra lucha no termina hasta lograr la reincorporación de cada despedido y frenar esta política de ajuste”.
A lo largo de las intervenciones se expresó de manera unánime el apoyo irrestricto a la lucha de las y los trabajadores de FATE, que desde hace días resisten desde los techos y el interior de la planta en una histórica permanencia. Tomaron la palabra, entre otros, Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys; Mónica Schlotthauer, diputada provincial por Izquierda Socialista en el FIT Unidad; Ana Valverde, de Utjel; y Pablo Almeida, delegado general de ATE Ministerio de Economía. Todos ellos son parte de la importante delegación de A Luchar y de Izquierda Socialista.
También dieron el presente trabajadores del Hospital Garrahan, ILVA, Lustramax, Dr. Ahorro, Secco, Georgalos y el conjunto de los partidos de izquierda.
Las intervenciones coincidieron en la necesidad de redoblar los esfuerzos para rodear el conflicto con la más amplia solidaridad y fortalecer la pelea general de la clase trabajadora contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, con la complicidad de los partidos patronales y el silencio de la burocracia sindical de la CGT.
El plenario resolvió una serie de acciones concretas. Entre ellas, apoyar el abrazo al Hospital Garrahan que se realizará el próximo jueves a las 13, en rechazo a las cesantías, suspensiones y la persecución impulsada por la gestión mileísta en el hospital contra las conducciones sindicales combativas y el activismo que vienen de lograr un gran triunfo en su lucha salarial en 2025. Ese mismo día, a las 17, se llevará adelante un acto en la puerta de la planta de FATE, como parte de una jornada nacional de visibilización del conflicto.
Asimismo, se resolvió movilizar el viernes al Congreso a las 12, en el momento en que se trate la reforma laboral, donde se desarrollará una radio abierta con el eje central puesto en la exigencia a la CGT de un plan de lucha para enfrentar la reforma, por aumento de salarios, contra los despidos y por la solidaridad con la lucha de FATE.
El encuentro culminó en un fuerte clima de unidad y lucha. Se destacó la necesidad de profundizar la coordinación a través del Plenario del Sindicalismo Combativo, como herramienta para exigir a la CGT y las CTA un paro general de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste impulsado por el gobierno, los gobernadores y el FMI.
“Mientras festejan en el Congreso, despiden y reprimen en las fábricas”
Una de las intervenciones destacadas fue la de Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista FIT Unidad y delegada ferroviaria: “Si la patronal cierra y el Estado reprime, la respuesta es una sola: prohibición de despidos, paro general y la fábrica produciendo. Que lo sepan todos, si cierran FATE avanzan con la reforma, vamos a responder con organización, paro general y la fábrica en manos de sus trabajadores”.
Escribe Atilio Salusso
Para el movimiento obrero y quienes luchan es clave dar pasos en la unidad, coordinación e impulsar una nueva conducción combativa y democrática contra la burocracia sindical. Por eso nuestro partido, Izquierda Socialista, viene impulsando desde siempre una política de coordinación.
De esta manera se logró, el 16 de agosto del año pasado, la conformación del “Plenario del Sindicalismo Combativo, movimiento de piqueteros independientes y jubiladas y jubilados en lucha” (PSC), un gran avance en ese sentido.
El MST, que impulsa su agrupación sindical Ancla y tiene de referencia política a Celeste Fierro y Vilma Ripoll, si bien fue parte en un principio del PSC, acaba de abandonarlo, una decisión completamente equivocada. Los hechos lo demuestran.
Impulsado por el PSC, junto a la izquierda y distintas organizaciones, se logró concretar la gran autoconvocatoria amplia y abierta en Parque Lezama el pasado 2 de febrero, con más de 1.000 asistentes, la cual ha jugado un rol muy importante en las marchas contra la reforma laboral y el paro general de la CGT. El MST no sólo no impulsó esta importante autoconvocatoria, sino que ni se sumó a sus iniciativas unitarias.
En la marcha convocada por la CGT el 11 de febrero, cuando se aprobó la reforma laboral en el Senado, el MST se movilizó con el llamado Cabildo Abierto del Garrahan, marcha que también participamos e impulsamos, pero en vez de confluir con el sindicalismo combativo en Congreso hizo su acto propio.
El colmo fue el 19, en el día del paro general, donde el MST le dio la espalda a la convocatoria unitaria de todo el sindicalismo combativo a las 12 en Congreso para ir de furgón de cola a la marcha que hizo el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nucleamiento entre sectores burocráticos ligados al kirchnerismo, como la UOM-Furlán, las CTA de Yasky y Cachorro Godoy, ATE Nacional y otros gremios. Sector que hizo su acto y se retiró sin siquiera ingresar a la Plaza del Congreso, donde estaba el sindicalismo combativo junto a distintas organizaciones y la izquierda.
El MST, después de marchar con estos sectores, volvió a hacer su acto propio sin participar del convocado por el PSC. Es decir, rompió con el plenario.
Para justificar su política, el MST señaló en un comunicado del 27 de enero de este año, firmado por Ancla-MST, que la convocatoria que se hizo para impulsar la coordinación en Lezama tenía la condición de “limitarse a un perfil sindical, pretendiendo que la izquierda y todas las demás organizaciones y colectivos que están luchando contra Milei se subordinen a un esquema encabezado por las banderas del Sutna y de los ferroviarios de Haedo” (web Periodismo de Izquierda).
Lo que el MST denomina “perfil sindical” es, precisamente, la mayor unidad y coordinación que ha alcanzado el sindicalismo combativo en el país, entre la conducción combativa de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, referenciada en el “Pollo” Sobrero y Mónica Schlotthauer; el Sutna, con su secretario general Alejandro Crespo en lucha contra el cierre de Fate; el gremio Ademys, referencia opositora docente en CABA; la Junta Interna de ATE Hospital Garrahan, que encabezó la lucha logrando el 61 % de aumento; ATEN Capital, referente de la docencia neuquina; AGD UBA, que nuclea a la docencia universitaria combativa, entre distintos cuerpos de delegados, internas y activistas combativos del país.
¿Qué propuso el MST? Que la convocatoria debía ser de manera excluyente del FIT Unidad, no por el PSC con sus gremios combativos. Y aclaramos que, lejos de querer excluir a la izquierda, como critica el MST, en todas las instancias convocadas por el PSC la izquierda y sus figuras políticas han tenido un lugar destacado.
En la autoconvocatoria de Parque Lezama hablaron las diputadas electas por el FIT Unidad, Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista) y Romina del Plá (PO), pero nadie del MST. En el acto del PSC el 19 en Congreso saludaron el evento las y los diputados del Frente de Izquierda, Del Plá, Giordano y Del Caño, nadie del MST.
En concreto, el MST se opuso a impulsar la autoconvocatoria de Lezama del 2 de febrero porque dijo que iba en contra de una convocatoria propia que estaban impulsando con el denominado Cabildo Abierto del Garrahan, una iniciativa de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital (APyT), con un sector de la CTA (Fesprosa), de la cual la junta interna de ATE-Garrahan, por ejemplo, no forma parte.
Es decir, el MST critica que no hay que subordinarse a los sindicatos combativos para terminar llamando a subordinarse a la asociación de profesionales del hospital.
¿A qué se debe esta decisión divisionista del MST que terminó en ruptura con el PSC? A que optó por irse con sectores burocráticos con la excusa de que hay que tener “amplitud”. Las y los compañeros del MST deberían rever su política equivocada.

Escribe José Castillo
FATE anunció su cierre definitivo y dejó a 920 trabajadores sin empleo. Frente a este golpe, hay que luchar por la reapertura de la planta o su estatización bajo control obrero.
El miércoles 18 de febrero la patronal de FATE cerró la fábrica y dejó sin empleo a sus 920 trabajadores. Si se suman las firmas proveedoras, muchas de las cuales tienen como único cliente a la empresa de neumáticos, el total de puestos de trabajo afectados asciende a 2.500.
La patronal, haciendo gala de un salvajismo extremo, comunicó el cierre mediante un simple aviso la misma mañana en que debía reincorporarse el grueso del personal tras sus vacaciones. Al mismo tiempo, anunció que utilizará una parte de los terrenos de la planta para otro negocio del Grupo Madanes: la instalación de una central energética para abastecer a Edenor y Edesur.
Frente a la conciliación obligatoria decretada tanto por el Ministerio de Capital Humano de la Nación como por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la patronal de FATE primero no se presentó y luego lo hizo “acatando” formalmente la medida, que exige retrotraer el conflicto y, por lo tanto, reabrir la planta. Inicialmente alegó que no podía cumplirla porque la fábrica estaba tomada. Luego admitió la verdad: no piensa, bajo ninguna condición, volver a ponerla en funcionamiento y afirmó que la decisión de cierre “es definitiva”.
La pelea Milei-Madanes: los trabajadores como pato de la boda
Los dueños de la empresa, como tantas otras patronales orientadas al mercado interno, se han visto afectados por la entrada indiscriminada de cubiertas importadas, especialmente desde China. El gobierno de Milei, coherente con su política antiindustrial, redujo en enero de 2025 los aranceles a la importación de neumáticos del 35% al 16% y flexibilizó al máximo los trámites para importar cubiertas, eliminando el certificado de homologación de autopartes. En 2025 la importación de cubiertas para autos livianos creció un 42% y la de vehículos pesados, un 38%.
A esto se suma el aumento de la importación de automóviles, que creció un 97,6% en 2025. Muchos de esos vehículos ingresan ya con sus propias cubiertas, reduciendo aún más el mercado interno. Como consecuencia de esta apertura, hoy el 85% de las cubiertas que se venden en el país son importadas, una situación que afecta no solo a FATE, sino también a la producción local de Bridgestone y Pirelli, las otras dos empresas del sector.
La patronal, perteneciente al Grupo Madanes y con enormes ganancias en otras empresas del holding como Aluar y Futaleufú, siguió el camino de sus colegas capitalistas: apoya la reforma laboral y el ajuste antiobrero de Milei, mientras se queja puntualmente de aquellas medidas que afectan sus ganancias.
El carácter profundamente antiobrero de los dueños queda aún más claro en otro argumento que utilizan para justificar el cierre: la supuesta “intransigencia” de la conducción combativa del sindicato. Es evidente que a Madanes le resultaría más cómodo negociar con burócratas traidores como los que dirigen la mayoría de los gremios. Sin embargo, aun con una conducción sindical combativa, en el último año redujo casi un 50% la plantilla y mantiene salarios miserables, que promedian entre un millón y un millón y medio de pesos, con catorce meses sin otorgar aumentos.
Como ocurrió hace algunos meses con el contrapunto entre Paolo Rocca y Milei, a quien el presidente llamó “Don Chatarrín”, ahora los roces se dan con Javier Madanes Quintanilla. Pero tanto Milei como el dueño de FATE y Aluar coinciden en lo esencial que los platos rotos los paguen las y los trabajadores.
¡Ni un despido! ¡La más amplia solidaridad y unidad de acción!
La planta continúa tomada. Se realizó un emotivo y masivo recital de solidaridad, y los vecinos del barrio se acercaron a colaborar. Este cierre generó una profunda preocupación y una fuerte repercusión en todo el movimiento obrero. Es necesario transformar esa bronca en solidaridad activa con la pelea y en una exigencia clara que no se pierda ni un solo puesto de trabajo.
Desde Izquierda Socialista/FIT en el Frente de Izquierda Unidad y desde el sindicalismo combativo llamamos a brindar todo el apoyo incondicional a las y los trabajadores. Hay que rodear esta lucha de la más amplia solidaridad y convocar, en unidad de acción, a una masiva demostración de apoyo.
Decimos con toda claridad: ¡No al cierre! Si Madanes no quiere reabrir la planta, hay que estatizarla. Presentaremos, a través de nuestra diputada provincial Mónica Schlotthauer, un proyecto para su provincialización bajo gestión de sus propios trabajadores. La lucha de esta fábrica es parte de la pelea general contra la motosierra de Milei y el FMI y contra la reforma laboral esclavista. Por eso exigimos a la CGT un nuevo paro general de 36 horas y un verdadero plan de lucha.