Escribe Jorge Adaro
Con salarios en caída, despidos y reformas regresivas, la docencia inicia el ciclo lectivo en un clima de conflicto.
Varias provincias ya comenzaron las clases. El calendario se completará el 2 de marzo, día en que además se realizará un paro nacional docente convocado por Ctera. El salario, las reformas laborales y educativas y la pelea contra los despidos son parte de los desafíos que enfrentaremos durante 2026, con un gobierno que dirige todas las medidas del Plan Motosierra contra las y los trabajadores.
En un contexto de ofensiva del gobierno ultraderechista, marcado por el tratamiento de la reforma laboral esclavista, los 920 despidos en Fate como expresión de la ola de cierres y pérdida de puestos de trabajo en todo el país, y también por una contundente respuesta popular con el paro general del día 19, la docencia vuelve de manera escalonada a las escuelas.
Esta semana se destacan las medidas de fuerza anunciadas por Adosac en Santa Cruz y Ademys en CABA, que reflejan la realidad de la docencia en todo el país. Adosac convocó a un paro de 48 horas por recomposición salarial y en defensa de todos los puestos de trabajo puestos en riesgo por el gobernador Claudio Vidal. Por su parte, una asamblea abierta de Ademys resolvió un paro de 48 horas para el próximo viernes, cuando la reforma laboral vuelva a tratarse en el Senado. Ambos sindicatos votaron además la adhesión al paro nacional del 2 de marzo convocado por Ctera. También el Sutef de Tierra del Fuego resolvió 48 horas de paro en rechazo a la oferta salarial.
Ctera resolvió en su congreso del día 19 un no inicio de 24 horas para el 2 de marzo. Sin embargo, no plantea una continuidad con un plan de lucha que permita resolver las demandas más urgentes de la docencia de todo el país: una recomposición salarial inmediata, aumento del presupuesto educativo, la pelea contra las reformas educativas y el cierre de grados, el rechazo a la reforma laboral esclavista y a la Ley de Libertad Educativa. Si bien varios de estos puntos figuran formalmente en sus resoluciones, la conducción de Ctera no va a fondo. Deja pasar las reformas, permite que el salario siga cayendo y mantiene aislados los conflictos provinciales, como lo confirma su política “federal” desde hace más de veinte años.
El salario sigue siendo la principal preocupación de maestras y maestros en las escuelas. La depreciación salarial desde la asunción de Javier Milei ronda el 30%. En las provincias donde es posible, muchas y muchos docentes toman dos o tres cargos para sostener la economía familiar, en un gremio donde las mujeres representan un porcentaje muy alto como principal o único ingreso del hogar. En los lugares donde esto no es posible, la situación es aún más grave. A modo de ejemplo, tras el supuesto “aumento” otorgado por el gobierno de La Rioja, una maestra de nivel inicial cobrará desde febrero 715 mil pesos, cuando las y los trabajadores del Indec señalan que una familia tipo necesita 2.213.000 pesos para no caer en la pobreza. La docencia está por el subsuelo.
A la pelea contra las reformas educativas provinciales se suma la creciente pérdida de fuentes de trabajo. En Córdoba, el gobierno no renueva contratos del programa de Jornada Extendida. En CABA, se realizó una concentración frente al Ministerio de Educación en el marco de un paro por el despido de 50 docentes del programa Maestro+Maestro de alfabetización en el primer ciclo de la primaria. En Santa Cruz, el ajuste se expresa en el cierre de cursos y la superpoblación de otros, poniendo en duda la continuidad de alrededor de 1.500 puestos docentes.
Es necesario que desde las direcciones sindicales combativas, como Adosac, Unter, Ademys, ATEN Capital y UEPC Capital, fortalezcamos la coordinación nacional de la oposición, exigiendo que Ctera convoque a nuevas medidas y a un plan de lucha nacional para frenar estos ataques y pelear por un salario igual a la canasta familiar, contra los despidos y las reformas educativas. Desde el sindicalismo docente combativo debemos impulsar asambleas por escuela y asambleas generales para organizar la pelea contra el ajuste de la motosierra educativa del gobierno nacional, acompañado sin excepciones por el conjunto de los gobernadores.
Escribe Olga Ortigoza, dirigenta de la Multicolor en Suteba La Matanza
El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó una propuesta salarial del 3% de aumento, equivalente a 20 mil pesos, que la conducción Celeste de Suteba se vio obligada a rechazar. Se trata de una oferta miserable que no pudieron aceptar debido a la fuerte crisis que mantienen con amplios sectores de la base docente, producto de su apoyo político explícito al gobierno provincial. A esto se suma que es un año electoral, con elecciones sindicales en la primera mitad del año.
Sin embargo, el rechazo de la propuesta no estuvo acompañado por ninguna organización real de la lucha para conquistar un aumento salarial acorde a las necesidades docentes. La conducción Celeste se limita a refugiarse en el paro nacional y a promover volanteos y “jornadas pedagógicas”, sin impulsar un plan de lucha sostenido que permita enfrentar el ajuste. Para derrotar esta política, la Celeste debe romper su pacto con el gobierno provincial y dejar de actuar como un sostén de su gestión.
Frente a este escenario, es necesario organizarnos desde la base junto a la Multicolor Provincial, que convoca a la docencia a participar este miércoles 25 de febrero de un plenario virtual. Allí se reunirán delegadas, delegados y representantes de escuelas para llevar los mandatos que se vienen discutiendo. Se propone un no inicio de 48 horas los días 2 y 3 de marzo, empalmando el 2 con el paro nacional de Ctera, y una nueva reunión para debatir la continuidad de las medidas durante la semana del 9 de marzo, con el objetivo de poner en pie un verdadero plan de lucha provincial.
Desde Docentes en Marcha planteamos la necesidad de fortalecer un organismo democrático que debata y organice la lucha. Ese espacio debe construirse a través de plenarios provinciales presenciales de delegadas y delegados de escuela, realizados de manera permanente, desde donde se definan las medidas y su implementación. Ese método democrático dio origen a los grandes paros de 2014 y 2017 y se opone a las asambleas exprés y sin debate real que convoca la conducción Celeste.
Volvemos a hacer este llamado a todas las corrientes de la Multicolor, ya que tenemos por delante tareas muy arduas: organizar a la docencia e ir preparándonos para recuperar seccionales en las próximas elecciones de Suteba.
Llamamos a la docencia bonaerense a parar el 2 y 3 de marzo, y seguir peleando por el salario y en defensa de la escuela pública.
Escriben Estatales y Salud en Marcha
El lunes pasado, la justicia laboral dio un paso clave a favor de la lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32 dictó una medida cautelar que suspende el sumario administrativo impulsado por la dirección del hospital contra dirigentes y activistas que encabezaron la histórica huelga del Garrahan.
El llamado “sumario” estaba plagado de irregularidades y tenía el objetivo de disciplinar y castigar. La intervención encabezada por Mariano Pirozzo y el Consejo de Administración se preparaba para cesantear a 11 trabajadores y suspender a otros 29, todos ellos referentes de la pelea salarial que conquistó un aumento del 61%. El amparo fue presentado por la APyT y luego acompañado por el equipo jurídico de ATE, y la medida es colectiva y alcanza a todos los compañeros y compañeras perseguidos.
El fallo reconoce expresamente que existe persecución y hostigamiento sindical en el marco de una medida de fuerza legítima. Señala que se vulnera la libertad sindical y que el sumario busca disciplinar a quienes estuvieron al frente del conflicto. Además, remarca un dato político central: funcionarios del gobierno nacional, como Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, anticiparon públicamente sanciones antes de que concluya el proceso administrativo, violando el principio de inocencia.
Ahora hay que redoblar la movilización para que la cautelar se confirme y se anule definitivamente cualquier despido o suspensión.
Por eso, la convocatoria al Abrazo al Garrahan del jueves 26 a las 13 debe ser masiva. Frente a un gobierno que ajusta, persigue y criminaliza la organización sindical, la respuesta tiene que ser colectiva, en las calles y con más lucha.
¡Todos y todas al abrazo al Garrahan!
El pasado viernes 21 de febrero presentamos la lista Pluricolor para las elecciones de nuestro sindicato. Más de 80 hospitales y centros de salud de Buenos Aires participarán de la elección. Levantamos las banderas históricas de la CICOP, queremos recuperar un gremio independiente de los gobiernos, democrático y de lucha. Integrada por compañeros fundadores de la CICOP y activistas y referentes que se suman a la pelea de hospitales y centros de salud de toda la provincia.
La Pluricolor está integrada por Fuerza Colectiva (independientes), Lista Marrón (PTS), Salud en Marcha (Izquierda Socialista + independientes), Alternativa Salud (MST) y la Lista 7 (Fesprosa).
Mientras siguen graves problemas de infraestructura y los salarios están en uno de los niveles más bajos de nuestra historia, la conducción sigue alineada con el gobernador Kicillof, abandonando la tradición de lucha de nuestro sindicato desde su fundación. En estas elecciones: ¡Vamos con la Pluricolor!
Marta Fernández, candidata a Prosecretaria Gremial y Mónica Méndez, Consejo Directivo Cicop y dirigenta de Salud en Marcha
Escribe: Federico Novo Foti
*Foto de tapá: La junta militar tras el golpe de Estado genocida
Hace 50 años comenzó la última dictadura de nuestro país. Sin dudas, la más antiobrera y genocida. Duró seis años, hasta que en 1982 fue echada por la movilización popular. Este primer artículo dedicado a recordar aquella fatídica etapa de nuestra historia, indaga sobre las causas y los responsables de llevar a los militares al poder.
El 24 de marzo de 1976 los militares derrocaron al gobierno de Isabel Perón, dando comienzo a la última y más cruenta dictadura militar de la historia argentina. La Junta Militar, comandada por el General del Ejército Jorge Rafael Videla, desató una brutal represión sobre el conjunto del pueblo trabajador, mediante la acción policial, militar y de grupos de tareas.
No “hubo una guerra” ni fueron simples “excesos”, como cínicamente dice el presidente negacionista Javier Milei. La represión fue parte de un plan sistemático, el terrorismo de Estado, que buscó terminar con el ascenso de las luchas obreras y populares que habían comenzado a fines de la década del ‘60 en el país. En los más de 800 centros clandestinos de detención montados por la dictadura se torturó, asesinó y desapareció a activistas políticos, sindicales, estudiantiles y sociales. Fue un genocidio que dejó 30 mil detenidos-desaparecidos, alrededor de 500 niños y niñas secuestrados y apropiados y otros tantos miles de presos y exiliados.
Buscaba terminar con el ascenso
El Cordobazo, en mayo de 1969, y los distintos “azos” que se dieron en varias ciudades del país habían marcado el inicio de una nueva etapa en la lucha de clases del país, signada por la irrupción del movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Desde 1971, el entonces dictador Alejandro Lanusse, el radical Ricardo Balbín y el propio Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, fueron poniendo en marcha una apertura electoral para cerrar el ascenso, un pacto conocido como “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), que terminó accediendo a levantar la proscripción al peronismo y, luego, el retorno del viejo líder al país.
En octubre de 1973, Perón asumió su tercer período presidencial con un claro objetivo: “terminar con las grandes perturbaciones”, es decir, disciplinar al movimiento obrero y de masas.1 Fue el mismo Perón, secundado por el siniestro ministro de Bienestar Social José López Rega y la burocracia sindical, quien alentó desde 1974 los ataques de bandas fascistas como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) contra militantes y activistas protagonistas de las luchas. Pero en julio de 1974 Perón falleció sin haber logrado detener el ascenso. Su esposa, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel Perón, asumió la presidencia, dando continuidad al accionar de las bandas fascistas. Pero los conflictos obreros no cesaron. En junio de 1975 sucedió el “Rodrigazo”, la primera huelga general contra un gobierno peronista, que obligó a renunciar a López Rega y al ministro de Economía, Celestino Rodrigo, evidenciando la incapacidad de Isabel para frenar las luchas.
Pero la traición de la burocracia sindical, que pisó el freno tras el Rodrigazo, impidió que se pudiera derrotar definitivamente la política del gobierno de Isabel. Entre tanto, las acciones de la guerrilla exacerbaban la represión y creaban más confusión con su “guerra de bolsillo”. Igualmente, pesó la ausencia de una dirección revolucionaria reconocida por las masas que las alentara a desarrollar la lucha para derrotar a Isabel y frenar el golpe de estado.
En octubre, el peronismo por medio del presidente provisional Ítalo Lúder (que reemplazó durante dos meses a Isabel), firmó los decretos de “aniquilamiento de la subversión” que terminaron de poner al país bajo el control operacional de las fuerzas armadas y dieron cobertura legal a la represión militar.2 Por su parte, el radical Ricardo Balbín llamó a terminar con la “guerrilla fabril”, tal como denominaba a los activistas, comisiones internas y delegados que peleaban contra el gobierno y la burocracia sindical. Días antes del golpe, en una reunión con Videla, manifestando el deseo de sectores políticos de derecha, patronales y eclesiásticos dijo: “¿Van a dar el golpe? Hagan lo que tengan que hacer”.3
El golpe fue para profundizar el saqueo y el ajuste
El imperialismo yanqui tuvo una injerencia directa en el impulso a los golpes militares en América Latina. El macabro “Plan Cóndor”, coordinado por la CIA, promovió el intercambio de información de los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas para ubicar, espiar y en muchos casos detener, torturar o asesinar a los exiliados políticos.
En Argentina sectores importantes del empresariado venían promoviendo la salida golpista desde 1975 y fueron sus principales beneficiarios. En acuerdo con el imperialismo, las multinacionales y sus organismos internacionales (Banco Mundial, FMI), la dictadura profundizaría el ajuste y la superexplotación de los trabajadores, mediante despidos, reducción de salarios y aumento de los ritmos y tiempos de trabajo. Al mismo tiempo, acrecentaría el saqueo financiero, dando origen a la deuda externa que aún padecemos.
Martínez de Hoz, Arrieta, Pérez Companc, Fortabat, Rocca o Macri son algunos nombres emblemáticos de aquellos cientos de grandes patrones que fueron impulsores, cómplices o protagonistas directos de la dictadura, así como multinacionales como la Ford, Mercedes Benz y otras. Así fue que las fuerzas armadas tuvieron absoluta impunidad para meterse en las fábricas y secuestrar a miembros de las internas, delegados o simples trabajadores. Incluso multinacionales como la Ford cedieron terrenos para levantar centros clandestinos de detención en sus predios.4
Ni olvido ni perdón
Pasaron 50 años pero la dictadura genocida no pertenece a nuestro pasado. Es parte de nuestro presente porque a pesar de las heroicas luchas sostenidas por los trabajadores y las masas de nuestro país, incluyendo la que provocó la caída de la dictadura tras la derrota de Malvinas, los sucesivos gobiernos y aún el de Milei sostuvieron el modelo económico de ajuste y saqueo de la deuda. Sigue presente también en la impunidad y el negacionismo que mantiene a centenares de genocidas en libertad y decenas de niños y niñas apropiados (hoy ya adultos) que no han recuperado su identidad. Es por ello que desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a movilizar en unidad el próximo 24 de marzo y seguimos diciendo: Son 30 mil, fue genocidio. ¡Juicio y castigo a los genocidas! ¡Basta de impunidad! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! ¡Fuera el imperialismo de América Latina! ¡No al pago de la deuda externa!
1. “Perón en la CGT”, diciembre de 1973. Archivo Histórico TV Pública, disponible en youtube.com
2. Nicolás González, “A 50 años de los decretos de aniquilamiento” en Perfil, 06/10/2025.
3. “Videla dijo que Balbín pidió el golpe” en Infobae, 21/12/2010
4. Ver www.museositioesma.gob.ar