Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Envalentonado por su triunfo electoral, Milei, el establishment económico y el FMI se juegan a tratar de imponer la reforma laboral. Un ataque total contra los derechos de la clase trabajadora. Los gobernadores, reunidos con Milei, dan el visto bueno. 

El presidente ultraderechista Javier Milei se reunió con 20 de los 24 gobernadores. Ahí había peronistas, radicales, del PRO y de fuerzas puramente provinciales. A la salida, fue el propio presidente el que destacó la sintonía: “todos acordaron con el déficit cero”. Y, lo más importante: “hubo un consenso absoluto para la reforma laboral”. Alguien podría cuestionar que esas son las interpretaciones del propio Milei, pero la realidad es que ningún gobernador salió a negar esta afirmación. 

Así podemos sacar nuestra primera conclusión, que no es nueva: el super-ajuste que se está llevando a cabo, y las nuevas medidas para profundizarlo, no son sólo producto de La Libertad Avanza. Por eso nos reafirmamos en denunciar que es el programa de Milei, el FMI, Trump y también los gobernadores. 

La reforma laboral

El FMI, Trump, el establishment financiero internacional y también las patronales locales, ya hace tiempo que vienen bregando por lo que llaman “las reformas estructurales”. Milei las llama “de segunda generación”. Más allá del nombre se sabe de qué se trata: reforma fiscal (bajar impuestos a las grandes empresas y los ricos, en particular en las provincias, y con eso, junto con la exigencia de déficit cero, obligar a reducir el gasto social, especialmente salud y educación); reforma previsional (aumentar la edad de retiro, bajar los montos de las jubilaciones, eliminar los regímenes especiales como el docente y, finalmente, restaurar las jubilaciones privadas al estilo AFJP); y la reforma laboral. 

Vamos a detenernos en esta última, que es por donde, al parecer, el gobierno decidió avanzar primero. El proyecto en danza no es nuevo. Se trata prácticamente de un calco del DNU 70/23, que no está vigente porque fue declarado en su momento como inconstitucional por la Corte Suprema. Hay que definirlo como una auténtica declaración de guerra contra todos los derechos conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. De imponerse, implicaría que el o la trabajadora argentina quedaría en un estado de desprotección total y a merced de las patronales, retrocediendo más de 80 años. Se pasaría a situaciones de superexplotación como las que se ven actualmente en el sudeste de Asia.

Una obsesión: poder despedir más fácil y más barato

Actualmente, por la vigente ley 20.744, si un trabajador es despedido sin justa causa, le corresponde un sueldo por cada año trabajado. Con la nueva flexibilización, esto se reduce: el máximo que se pagará serán 10 sueldos, no tomándose en cuenta para el cálculo ningún adicional o beneficio, ni el aguinaldo. Encima, el empleador podrá pagar esa indemnización hasta en 12 cuotas. En concreto, a un trabajador o trabajadora con décadas en una empresa se lo podrá echar a la calle pagándoles durante un año un pequeño monto, muy inferior a su salario, y ni un peso más. Un paraíso para las patronales.

Vía libre a la superexplotación

Se elimina el límite de horas de trabajo. Actualmente si se superan las 8 horas, el resto debe pagarse como horas extras (con un adicional del 50%) y si es en día feriado con un 100% más. Eso se reemplaza por el llamado “banco de horas”. La empresa decide cuánto se trabaja y las horas se acumulan mensualmente. Es decirle adiós para siempre a las horas extras. Pero, peor aún, habilita a la patronal a tener a toda hora del día “a su disposición” al trabajador o trabajadora, que siempre puede ser convocado. Así se desorganiza absolutamente la vida de la persona, que ya no podrá organizarse para estudiar, hacer deportes u otra actividad, o algo tan simple como ir a buscar  a sus hijos del colegio. También desaparece el descanso semanal tal como se lo conoce, pasándose a un sistema donde habrá un descanso “rotativo”, que puede caer en cualquier día y en el márgen horario que establezca arbitrariamente la patronal. 

Como si todo esto fuera poco, se habilita también el fraccionamiento de las vacaciones y que estas puedan ser otorgadas en cualquier momento del año, a discreción de la patronal. De nuevo, implica irse despidiendo de poder planificar vacaciones de verano donde coincidan la pareja y los recesos escolares de los hijos. Todo esto mientras, obscenamente, observamos cómo los ricos y sus hijos llenan en cualquier momento del año los aviones a Disney o a eventos deportivos o artísticos internacionales. 

Trabajadoras y trabajadores “más baratos”

Esta es la otra obsesión de las patronales. Se llenan la boca de palabras como “productividad” o “competitividad”, pero lo único que les interesa es poder pagar cada vez menos. Así se habla, cínicamente, de “salario dinámico”. Supuestamente habilita a pagar más por productividad, pero como ninguna empresa piensa abrir sus libros para que los representantes de las y los trabajadores puedan discutir de qué se trata eso, lo concreto es que se aprovechará para fijar un mínimo de ingreso fijo y el resto quedará a arbitrariedad de la patronal. Por si todo eso fuera poco, se habilita a que vuelvan los inconstitucionales “tickets canasta”, de nefasta historia en la década del 90. Para el que no los recuerda: se pagaba una parte del sueldo en “luncheon tickets”, que luego sólo podían ser utilizados en determinados establecimientos, con los que, previamente, las empresas habían firmado convenios, donde se repartían esas ganancias, todo a costa del salario obrero. Para peor, estos tickets canastas no eran considerados parte del sueldo, por lo que no sumaban ni para la jubilación, ni para el aguinaldo ni, obviamente, para el cálculo de una indemnización por despidos.

Un proyecto de ley antisindical y que restringe el derecho a huelga

Se busca reducir al mínimo el poder de autodefensa de la clase trabajadora. Se podrán firmar convenios por empresa, por provincia o por región. Estos tendrán más valor que los convenios nacionales. Obviamente, cuanto más lejano al nacional, más desprotegido estará el trabajador, y por lo tanto, peor resultará. Junto a esto se elimina la “ultraactividad” por la cual un convenio sigue vigente hasta que se firme otro (manera con la que actualmente se defienden ciertos derechos ante el ataque de las patronales).

Finalmente, el nuevo proyecto prácticamente elimina el derecho a huelga, estableciendo un montón de actividades como “esenciales” (salud, educación, transporte, servicios públicos en general) donde se exigirá garantizarse al 75% durante un conflicto. Pero, además, se crea una nueva categoría de “actividades trascendentales” donde se incluye casi toda la industria y otras como la gastronomía, donde se debe garantizar el 50% del servicio. En síntesis, un certificado de defunción para el derecho a huelga.

Una declaración de guerra en toda la línea contra la clase trabajadora. Y la CGT?

Es urgente organizarse y salir a responder. Debe darse a conocer en todos los lugares de trabajo lo que se viene, discutiendo en asambleas, cuerpos de delegados y reuniones de activistas, sacando declaraciones de repudio y preparándonos para enfrentarla. 

En ese marco, es más repudiable que nunca que la burocracia de la CGT, más allá de algunas tibias declaraciones de circunstancia “oponiéndose” al proyecto, siga sin mover un dedo, manteniendo su pacto con el gobierno. Y sólo preocupada por el próximo recambio de la cúpula de la Central. 

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, y también desde el sindicalismo combativo, insistimos en que, hoy, más que nunca, se impone la necesidad de romper el pacto CGT-Gobierno y organizarnos con un plan de lucha para enfrentar la motosierra, que incluye estas nuevas medidas, de Milei, el FMI, Trump y los gobernadores.

Declaración de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST), sección brasileña de la UIT-CI. 29/10/2025

1- La masacre de las favelas de Alemão y Penha, del estado de Rio de Janeiro, con más de 130 asesinatos, forma parte de la política del gobernador bolsonarista Claudio Castro, del estado de Rio, que pretende mantener el genocidio de la época colonial y la dictadura militar. La extrema derecha quiere imponer su proyecto a través de balas, rifles y botas policiales, repitiendo los ocurrido en Eldorado dos Carajás, Corumbiara, Vigário Geral, Candelária y, más recientemente, Jacarezinho y Baixada Santista. Es la «ley y el orden» de las ejecuciones sumarias con disparos en la nuca, puñaladas por la espalda y degüellos. Utilizan el discurso fallido de «lucha contra el crimen y las drogas» para atemorizar a los trabajadores y a la juventud negra, demostrando su servicio a la burguesía y cohesionar al electorado conservador.

2- La masacre ocurrió al mismo tiempo que Trump ataca la soberanía brasileña y lleva a cabo acciones militares contra Venezuela y Colombia con el argumento de «combatir las drogas», lo cual repudiamos; al mismo tiempo que Netanyahu rompe el alto el fuego en Gaza, contra lo cual luchamos. Las técnicas militares de la policía militar son importadas del aparato nazi de Israel. No hay diálogo con esta extrema derecha. Tenemos que enfrentarlos a través de la organización y la lucha unificada en las calles.

3- El gobierno de Lula, el Frente Amplio del PT, el PCdoB, REDE y el PSOL, no es eficaz contra la extrema derecha. Pronuncia discursos correctos, pero hasta ahora no ha convocado ninguna manifestación. Las palabras no bastan. Hay que actuar: poner fin a las operaciones policiales y revocar la ley de drogas. El gobierno del PT de Jerônimo Rodrigues, en Bahía, tiene una de las policías militares más asesinas del país. El gobierno de Lula trata de «dialogar» con el genocida Claudio Castro, a través del ministro Ricardo Lewandowski. Esto es fruto de la política de conciliación de clases del gobierno de Lula y el PT con los patrones, la Faria Lima (un importante distrito financiero de São Paulo), sectores reaccionarios como Mucio y pactos conservadores con los gobernadores.

4- El gobernador Claudio Castro se esconde tras el discurso de la lucha contra «el crimen» y las «drogas», una gran falacia para instaurar el miedo en la población de las favelas, ya que los militares que controlan los territorios, los grandes barones del tráfico de armas y drogas, conviven muy bien con los gobiernos y financian los proyectos electorales de los principales partidos de Río de Janeiro y de la actual república de los ricos. Los que se benefician del negocio capitalista que alimenta las fortunas de los multimillonarios cariocas y de Faria Lima. No en vano, recientemente el diputado estatal Thiago Raimundo dos Santos Silva, conocido como TH Joias, del MDB —diputado de la base del gobierno de Castro— fue detenido por su implicación en el tráfico de drogas, la corrupción y el lavado de dinero, y se sospecha que el diputado tiene vínculos con el Comando Vermelho. Lo que confirma que los verdaderos delincuentes están en el poder: en el palacio de Laranjeiras, en la ALERJ. Y nunca podemos olvidar que el exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro es uno de los artífices del asesinato de Mariela Franco. Durante décadas, la guerra contra las drogas en Río de Janeiro ha servido de pretexto para aplicar una política de genocidio y encarcelamiento masivo contra la población marginada, y en especial contra la juventud negra. El discurso del gobernador intenta ocultar que no es capaz de dar respuesta a los problemas de la población trabajadora: el desempleo, la falta de vivienda, la crisis de la sanidad pública, la seguridad pública y la educación. Solo con políticas sociales puede mejorar la situación de la clase trabajadora. La lucha contra las mafias, los megatraficantes de armas y los cárteles del narcotráfico debe llevarse a cabo mediante el refuerzo de la vigilancia, las acciones de inteligencia y una mejor preparación para hacer frente y castigar a estas bandas, cuyas ramificaciones se encuentran dentro del palacio Laranjeiras, la ALERJ, el ayuntamiento, la cámara de concejales, los tribunales, la policía militar y la policía civil y el Congreso Nacional.

5- No podemos aceptar que la «guerra contra las drogas» asesine a niños, jóvenes, mujeres y personas negras. Tampoco podemos aceptar «operaciones» que invaden las casas de los barrios marginales aterrorizando a la población. La estrategia prohibicionista basada en la represión no resuelve nada y genera más problemas: significa el encarcelamiento y el exterminio de la juventud de las favelas. Todo esto se agravó con la Ley de Drogas a nivel federal, sancionada en 2006 por los gobiernos del PT y refrendada por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2025, cuando reajustó la ADPF de las favelas, que en la práctica confiere a la propia policía la función de definir la magnitud de la fuerza empleada en las operaciones. Defendemos la legalización de las drogas, al igual que ocurre con el alcohol y el tabaco. Esto significa reconocer el uso de estas sustancias, con fines medicinales o recreativos, sin necesidad de represión policial. Tratar la dependencia de las sustancias psicotrópicas como parte de la salud pública. Una medida eficaz para acabar con el mercado paralelo que alimenta los beneficios de las empresas capitalistas del tráfico, cuyos beneficios multimillonarios financian a los políticos tradicionales.

5.1– Defendemos las políticas de reducción de daños del Sistema Único de Salud (SUS). Una política que aborda el consumo de drogas y sus efectos desde una lógica humanizada. Al minimizar los daños relacionados con el consumo de drogas, para aquellos que no quieren o no pueden dejar de consumir en un primer momento, la reducción de daños fomenta la autonomía y la inclusión social. A diferencia de la reducción de daños, el modelo de abstinencia y prohibicionista implica una concepción moralista y de criminalización de las drogas, que desarrolla el genocidio de la «guerra contra las drogas». La verdadera guerra es contra la población negra que sufre masacres como las de Alemão y Penha.

6- Es necesario responder de manera unificada en las calles. La autoorganización que permitió recuperar e identificar a las personas ejecutadas en Serra da Misericórdia, exponer violaciones de los derechos humanos como se hizo en Vigário Geral, fue un primer paso importante. La indignación popular durante la retirada de los cuerpos en Penha y hacer eco del legendario Rap de Cidinho y Doca, fue otro paso positivo. La manifestación en Penha, con la pancarta «Claudio Castro, asesino terrorista», es otra prueba de ello. La fuerza obrera, popular y democrática se vio en las manifestaciones del 21 de septiembre. La lucha impuso el fin de la PEC de la delincuencia y garantizó la aprobación de la exención del impuesto sobre la renta hasta 5 mil reales. Fue el resultado de la unidad de la CUT y la CTB; el MTST y la UNE; el PSOL, el PT y el PCdoB; y, sobre todo, del compromiso de artistas como Caetano, Gil, Chico, Djavan, Paulinho da Viola, Chico Cesar, Duda Beat, Daniela Mercury, Fernanda Takai, Nanda Costa, Djonga y DonL. Es urgente retomar esta articulación para repudiar el genocidio de Alemão y Penha. Defendemos una amplia unidad a través de la Coalición Negra por los Derechos, MNU, UNEAFRO, asociaciones de vecinos de las favelas y movimientos de derechos humanos. Por eso nos sumamos a las acciones en el Buraco do Lume hoy, 29 de octubre, y a las reuniones para organizar movilizaciones en Río de Janeiro y a nivel nacional. En São Paulo nos sumamos al acto convocado de manera unificada por el movimiento negro el 31/10, a las 18h, en el MASP. Debemos repetir la unidad del 21 de septiembre: ¡jornada de luchas contra las matanzas policiales y el genocidio contra el pueblo negro!

7- La CST defiende:

1. a) ¡El fin de la militarización y las operaciones policiales en las favelas! ¡Castigo para los responsables civiles y militares! ¡El fin de la política genocida de Claudio Castro y otros gobernadores! ¡Fuera Claudio Castro!
2. b) ¡Una investigación independiente de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos! Comisión de residentes, asociaciones, movimientos negros, sindicatos y la OAB (Organización de Abogados de Brasil)
3. c) ¡El fin de la Policía Militar, la Policía Civil, la Policía Federal de Carreteras y el desmantelamiento del aparato represivo!
4. d) ¡Cárcel y confiscación de los bienes de todos los implicados en el intento de golpe de Estado del 8 de julio! ¡Castigo a los altos mandos militares de 1964 y del 8 de julio! Expropiación de las empresas que financiaron el 8 de julio.
5. e) ¡Contra el prohibicionismo y la represión militar, por la legalización de las drogas!
6. f) Exigimos al gobierno de Lula:

– ¡Medida provisional que prohíba la militarización de las favelas y todas las operaciones policiales en los suburbios! ¡Revocación de la ley de drogas! ¡Legalización de las drogas!

– Ruptura de relaciones con los nazis de Israel. Prohibición del uso de técnicas y armas israelíes en el territorio nacional.

– Aplicar la ley de reciprocidad contra EE. UU. y sus multinacionales. Repudiar la agresión a la soberanía venezolana y colombiana.

Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST), sección brasileña de la UIT-CI
29/10/2025

El Frente de Izquierda Unidad realizó una gran elección. Logró 915.000 votos para diputados a nivel nacional. Fue tercera fuerza en CABA y la provincia de Buenos Aires. Obtuvo tres bancas, una en CABA encabezada por Myriam Bregman y dos en la provincia de Buenos Aires, con Nicolás del Caño y Romina del Plá. Bancas que, como ya es tradición, serán rotativas entre todas las fuerzas del FITU, por lo que también serán ocupadas por nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Socialista Juan Carlos “Gringo” Giordano, Mónica Schlotthauer y Mercedes de Mendieta. 

Debemos recordar que estas bancas se suman a la obtenida en las elecciones legislativas de CABA y las dos que el Frente de Izquierda Unidad ya obtuvo para la legislatura bonaerense del 7 de septiembre.

El resultado electoral muestra que hay una franja obrera y popular, de trabajadoras y trabajadores, de la juventud, del movimiento de mujeres y disidencias, de las jubiladas y jubilados que sigue votando y apoyando al FITU como salida de fondo. Ante un gobierno ultraderechista que hoy aparece como ganador, pero que no puede ocultar sus muchas contradicciones. Porque a pesar de la imagen de como queda el mapa de colores tras la elección, sacaron el 15% menos de votos que hace dos años. Todo en medio de un “salvataje” ejecutado por el gobierno de Trump, que sólo favorece a los banqueros, los especuladores financieros, los buitres de la deuda externa y los ricos, y para nada al pueblo trabajador. 

Tampoco podemos olvidar que el triunfo del gobierno de Milei fue una consecuencia de la política de “gobernabilidad” de los Pichetto, de la UCR, de la Coalición Cívica. Y también del peronismo, que se jugó a “dejar correr” el ajuste y la motosierra para supuestamente después capitalizar la bronca electoralmente. Con una burocracia de la CGT traidora, que llevó adelante un vergonzoso pacto con el gobierno, dejando aislados a los que salieron a luchar. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que desde mañana mismo tenemos que ponernos de pie para seguir enfrentando a la motosierra, al plan de entrega y ajuste de Milei, Trump, el FMI y los gobernadores. Junto al sindicalismo combativo. Mientras seguimos peleando por una salida de fondo, por un programa alternativo obrero y popular, que comienza por romper con el FMI y con todos los lazos políticos y económicos que nos atan a Trump y al imperialismo yanqui, dejando de pagar la deuda externa y poniendo todos nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares. 

El voto al Frente de Izquierda Unidad también es un respaldo a la causa palestina contra el genocidio del Estado sionista de Israel, que vergonzosamente tiene como uno de sus aliados principales al presidente Milei. Por eso, orgullosamente, el FITU obtuvo sus votos siendo la única fuerza que se movilizó incondicionalmente planteando “Palestina libre, del río al mar”.

Desde la UIT-CI repudiamos los recientes ataques con misiles ejecutados por el ultraderechista Donald Trump en el Caribe y el Pacifico. Desde el pasado 2 de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo 10 bombardeos con un saldo de 43 personas muertas, varios de ellos venezolanos, colombianos, ecuatorianos y de Trinidad y Tobago. Estos bombardeos han sido ejecutados sin procedimientos judiciales y justificados con acusaciones de narcotráfico que carecen de pruebas. Se trata de verdaderos asesinatos, en aguas internacionales. Varias de las personas asesinadas de Colombia, Venezuela y Trinidad, han sido reconocidas por familiares como pescadores que llevaban a cabo faenas con sus pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe sur.

Desde hace más de un mes el ultraderechista Donald Trump ha desplegado aproximadamente 10.000 efectivos militares, destructores con misiles Tomahawk, aviones F-35 y bombarderos estratégicos B-52 en el Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Más recientemente el Pentágono ha anunciado el envío de su portaviones más grande al Caribe, el USS Gerald Ford, que es acompañado por un grupo de ataque compuesto por varios buques de guerra.

Las amenazas y tensiones entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela se incrementaron aún más luego de que Trump anunciara que su administración planea ampliar la campaña militar antidrogas con operaciones terrestres, aunque sin detallar su localización. “La tierra será lo siguiente”, afirmó Trump en una conferencia de prensa junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth. Igualmente el jefe del imperialismo estadounidense ordenó a la CIA realizar posibles operaciones encubiertas en territorio venezolano, que hasta ahora no han ocurrido.

Este operativo es una nueva amenaza imperialista contra los pueblos del Caribe y América Latina. El mismo gobierno norteamericano a través de sus portavoces ha dicho que se trata de mostrar el poder militar imperialista como disuasión. Es decir, mostrar los dientes, desplegando buques, submarinos y marines en un supuesto enfrentamiento al narcotráfico, con recursos que son propios de un conflicto bélico o de una invasión militar.

Por otra parte, recientemente tachó de “matón” al presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusándolo falsamente de fabricar “muchas drogas”. Cuando en realidad Petro, al que no le damos apoyo político, debemos reconocer que correctamente denunció en la ONU el genocidio de Israel en Gaza apoyado por Trump, y reclamó que se formara una fuerza militar internacional de apoyo al pueblo palestino. Al mismo tiempo que rechazó los bombardeos imperialistas en el Caribe.

El imperialista Trump apela a la zanahoria y el garrote, particularmente contra Venezuela. Por un lado, negocia con Nicolás Maduro el intercambio de presos norteamericanos con migrantes venezolanos retenidos en la cárcel de Bukele en El Salvador y le otorga una nueva licencia a Chevron para operar en el país. Y, por otro lado, lo acusa de “narcotraficante” y lo amenaza con posibles acciones “terrestres”. La UIT-CI y el Partido Socialismo y Libertad (PSL), su sección venezolana, no apoyamos al gobierno de Maduro al que consideramos una dictadura capitalista, que bajo un falso discurso socialista reprime y explota al pueblo trabajador; pero repudiamos la agresión imperialista en las costas de Venezuela, sí como ataque o intento de invasión militar al país.

Todos estos ataques son parte de una contraofensiva global desplegada por Trump que intenta revertir la crisis de dominación de los Estados Unidos, que es parte de la crisis global del capitalismo imperialista. Trump persigue hacer nuevamente a “América grande”, como dice su lema, hasta ahora sin éxito. 

En realidad, todo este despliegue militar en el Caribe y el Pacífico no es una muestra de fortaleza, por el contrario, se pone en evidencia las debilidades y crisis del imperialismo que lleva años de retrocesos y fracasos económicos, políticos y militares. Tal es la crisis que ya varios legisladores republicanos han cuestionado los bombardeos en el Caribe: “Hay que presentar pruebas. Todas estas personas han sido asesinadas sin que sepamos sus nombres, sin ninguna prueba de delito”, señaló el senador republicano Rand Paul (Kentucky), que junto a los senadores demócratas Tim Kaine (Virginia) y Adam Schiff (California) presentaron “una resolución bipartidista, preocupados por que la orden del gobierno de una acción encubierta de la CIA en Venezuela”. (La Nación, Argentina, 25/10/2025)

Desde la derrota militar de Vietnam en 1975 no se han podido recuperar. Luego de 20 años de ocupación de Afganistán, en el 2021 se tuvieron que retirar derrotados, junto a la OTAN, dejando un país devastado, en la miseria creciente y con un régimen ultrarreaccionario como el de los talibanes que profundiza la pobreza y el sojuzgamiento de las mujeres y el pueblo.

Esta contraofensiva tiene un carácter global, por una parte, con su política agresiva, intenta avanzar en el saqueo y la superxplotación de las semicolonias, redefine los acuerdos con Europa y demás países imperialistas, intentando imponer su dominación unilateral. En ese marco se inscriben la “guerra de aranceles”; su política migratoria racista; revertir las conquistas de las mujeres y disidencias; las amenazas a Panamá de apoderarse del Canal, lo que se saldó con establecimiento de tropas en el país; el reclamo de anexarse a Groenlandia, para aprovechar sus riquezas mineras, en una clara ofensiva sobre la UE, ya que es territorio de Dinamarca, bravuconada que no ha podido concretar.

Más recientemente todo esto se ha expresado en su apoyo incondicional al genocida de Netanyahu y la limpieza étnica en Gaza y toda Palestina, donde no han podido cantar victoria. Así como su política de apoyo financiero hacia Argentina y su presidente, el genuflexo ultraderechista Javier Milei, que está muy debilitado en medio de una aguda crisis política y económica. “Auxilio” por el cual los bancos estadounidenses JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs y Citi Group, que otorgarían el préstamo de 20.000 millones de dólares, exigen garantías que significarían un mayor sometimiento de la Argentina a los intereses norteamericanos.

La UIT-CI ratifica su repudio a esta política agresiva del imperialismo norteamericano que busca redoblar el saqueo de los recursos naturales de los países, la sobreexplotación de los pueblos del mundo, y frenar la movilización de masas que jaquea al conjunto del sistema capitalista/imperialista, sumido en su crisis más profunda.

Llamamos a los pueblos del mundo a seguir movilizándose para derrotar las políticas de ajuste y los planes imperialistas de superexplotación. Como han hecho los jóvenes, los trabajadores y sectores populares en Nepal, Indonesia, Marruecos, Ecuador, Perú, las huelgas en Francia o la histórica huelga general de Italia del 3 de octubre de apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud. 

Desde la UIT-CI llamamos a repudiar y a movilizarse para rechazar la presencia de las naves de guerra y tropas de EE.UU. en el mar Caribe y el Pacifico. Basta de bombardeos navales y asesinatos. No a las amenazas intervencionistas de Trump y el imperialismo sobre Venezuela y Colombia. ¡Fuera Trump de América Latina!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

25/10/2025

El lunes 20/10 fueron detenidos 23 jóvenes en Hurlingham, pos juntada de amigos.

Estás detenciones se dan en el marco de un allanamiento en una vivienda que, producto de la crisis económica, la inquilina no logra pagar el alquiler. Según la policía en el lugar se encontró bombas caseras tipo Molotov, de las cuales los jóvenes no tenían conocimiento.

La justicia rápidamente los encarceló y los distribuyó por distintas dependencias de la provincia entre Bahía Blanca y Mar del Plata, muy lejos de sus familias.

Desde Izquierda Socialista Morón somos cercanos a una de las jóvenes detenidas, de 15 años, y rápidamente nos pusimos a disposición así como también del resto de las familias con nuestros compañeros Seba y Yanina, quienes armaron pancartas y participaron de las distintas movilizaciones que se hicieron, tanto en Hurlingham como en Morón.

La fuerza de la movilización y la unidad de las familias logró el cambio de carátula de la causa y la libertad de los 23 jóvenes.

Al momento que se escribe este artículo se está socializando un alias y juntar dinero para ir a buscar a sus hijos. Esto no puede volver a suceder. Los pibes en los barrios tienen derecho a desarrollar y vivir su adolescencia sin miedo a la criminalización.

Necesitamos políticas que protejan a las niñeces y adolescencias para estar en las escuelas y en los clubes para educación y esparcimiento. Por eso seguimos luchando por presupuesto para garantizar los derechos de las niñeces y no para financiar a los grandes empresarios y pagar al FMI.