Jul 27, 2024 Last Updated 6:34 PM, Jul 26, 2024

Escribe Guido Poletti

El peronismo kirchnerista se reivindica como haber sido “el gobierno de los derechos humanos” y coloca a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en esa categoría. Lamentablemente, un conjunto de organismos de Derechos Humanos históricos aceptan esa idea y han sido cooptados para su política.

La realidad es bien diferente. Empecemos por la realidad histórica, ni Néstor ni Cristina fueron “luchadores” contra la dictadura. En esos años, vivieron en Santa Cruz, haciendo su fortuna como abogados que liquidaban propiedades de las víctimas de una de las estafas de esos años: la circular 1050. No se conoce una sola acción de ninguno de los dos, ni siquiera una mínima presentación de habeas corpus, a favor de algún desaparecido, preso político o torturado.

En los años siguientes, ya posteriores a 1983 y siendo ambos dirigentes del peronismo santacruceño, ni Néstor ni Cristina participaron jamás de las gigantescas manifestaciones del movimiento de derechos humanos en las décadas del ‘80 y ‘90. No hay declaraciones de ninguno de los dos oponiéndose a los indultos, llevado adelante por Menem, gobierno del cual eran parte.

El kirchnerismo empieza a tener un discurso “pro-derechos humanos” cuando están en el gobierno, y en particular cuando Néstor manda descolgar el cuadro de Videla en el Colegio Militar. Otro hito fue su discurso en la ex Esma, el 24 de marzo de 2004. Pero, más allá de lo discursivo, nada de lo que se atribuye le corresponde.

Las leyes de impunidad no fueron anuladas por Néstor Kirchner, sino por un proyecto presentado por la entonces diputada nacional por Izquierda Unida, Patricia Walsh, y aprobada gracias a la presión de una enorme manifestación popular. Después de ello, el autodenominado “gobierno de los derechos humanos” no hizo absolutamente nada para esclarecer la desaparición de Jorge Julio López, jamás avanzó en abrir los archivos de la época de la dictadura, reprimió luchas populares (recordemos Terrabusi, Lear, los Qom de Formosa), tuvo a Berni como su “rambo” y terminó nombrando al genocida Milani como jefe del Ejército. Más de 5.000 luchadores populares fueron procesados durante esos años. Esa es la auténtica realidad, más allá de cualquier doble discurso.


Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad

La muerte de la policía Maribel Zalazar fue utilizada por los partidos patronales para traer el debate sobre el uso de las armas taser. El gobierno peronista del Frente de Todos aprobó la compra de cien pistolas de ese tipo que serán utilizadas por la Policía Federal y dio luz verde al debate. Bullrich aprovechó para disputar en la interna de Juntos por el Cambio con Larreta, a quién acusa de “tibio”. Larreta, mientras lanzaba su candidatura presencial, le respondió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “decidió usar la taser”. Como era de esperar, los liberfachos de Milei y Ramiro Marra no tardaron en pronunciarse a favor de estas armas de tortura. Solo la Izquierda rechaza su uso y la política de más mano dura que buscan aplicar tanto el peronismo como Juntos por el Cambio y los liberfachos. Lo que está por detrás es la necesidad de los partidos patronales de profundizar la represión para hacer pasar el ajuste y criminalizar la protesta social. Así lo demostró la amenaza de muerte por parte del diputado  de “La Libertad Avanza” aliado de Milei, Luis Espert, que pidió “bala o cárcel” para el dirigente del Partido Obrero Belliboni.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos el uso de estas armas letales. Su funcionamiento se basa en la aplicación y paso de hasta 50.000 voltios a través del cuerpo y puede causar la muerte, como lo han demostrado los cientos de casos de víctimas fatales en Estados Unidos a mano de la represión policial. Incluso el Comité contra la Tortura de la ONU las define como “provocadoras de un dolor intenso” y que constituyen “una forma de tortura que en algunos casos puede provocar la muerte”.

La inseguridad crece de la mano del plan de ajuste de los gobiernos y el FMI. Es un flagelo social que se profundiza de la mano del crecimiento de la pobreza que supera el 40% en el país y llega al 60% en los niñes y adolecentes, y afecta particularmente a les trabajadores y sectores populares.

Pero el problema de la inseguridad no se resuelve con más policía o con más armas de tortura. Es la propia policía la que aplica el gatillo fácil en los barrios y es cómplice del delito organizado y el narcotráfico, como lo dejó en evidencia el caso de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires y tantos otros a lo largo y ancho del país. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad decimos que para terminar con la inseguridad tenemos que impulsar un plan obrero y popular que ataque la pobreza, la desigualdad y los salarios de miseria, que parta de romper con el FMI, y que el dinero que va a la deuda se dirija a terminar con las problemáticas sociales del país.

Escribe Nicolás Núñez

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, del que somos parte desde Izquierda Socialista, y los distintos organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, se encuentran preparando una nueva movilización para ganar las calles de todo el país a 47 años de iniciado el último golpe genocida cívico-militar. Se sale a las calles porque una de las tantas promesas incumplidas de los “40 años de democracia” fue la de juzgar al conjunto de los criminales que llevaron adelante un plan sistemático de exterminio contra la resistencia obrera y popular a los planes del imperialismo en nuestro país.
Esa impunidad se gestó en gobiernos radicales y peronistas, y si bien la lucha consiguió dar de baja insultos a la memoria, la verdad y la justicia, como las leyes de impunidad y los indultos, y se logró que comiencen los juicios y encarcelar a más de mil genocidas, la mayoría sigue aún en libertad, o camino a terminar biológicamente sus vidas en libertad. Aún siguen ocultando qué hicieron con las niñas y niños apropiados. Recordemos que en nuestro país funcionaron más de seiscientos centros clandestinos de detención para tener un número de los partícipes aún impunes, y que dicho plan contó con participación de las cúpulas empresariales que al día de hoy siguen siendo mandamases de la economía argentina.

Señalemos nomás las centenas de delegados desaparecidos de firmas como Ledesma, Ford, Acindar, FIAT, Siderca (Techint), y Propulsora Siderúrgica, una de las empresas sobre cuyos representantes obreros golpeó antes que la propia dictadura la Triple A (creada durante el gobierno de Juan Domingo Perón), como lo grafica el asesinato en enero de 1976 de Carlos Scafide, militante de nuestro partido antecesor, el glorioso PST. Efectivamente, nuestra corriente fue parte de la historia de la resistencia frente a las bandas fascistas paraestatales primero y de la dictadura militar luego. Y es también en homenaje a los compañeros caídos en esas batallas que saldremos este 24.

Vamos a escuchar a Alberto y al kirchnerismo llenarse la boca en esta importante fecha, pero es su gobierno el que sigue sin entregar los archivos de inteligencia de la dictadura, así como fue Cristina Kirchner quien puso a un genocida como César Milani a cargo del ejército, buscando siempre instalar la idea de “reconciliación”. También vamos a toparnos en la previa al 24 con los liberfachos, desde Milei hasta Lopez Murphy, negando el número de desaparecidos.  Ante todos ellos, como decimos cada 24 de marzo: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡Presentes!


Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

En los primeros meses de 2023 el brutal ajuste de los gobiernos arrasa con los bolsillos de los trabajadores. En Córdoba, el peronista Schiaretti toma deuda millonaria en dólares para obras faraónicas y gasta millones en publicidad electoral pero no resuelve los graves problemas de la provincia, a pesar de contar con superávit: los conflictos salariales de los estatales, las demandas de los sectores más empobrecidos o la reparación y acondicionamiento de escuelas y hospitales. Por el contrario, gobiernan para el empresariado rico y el agro.

Desde los primeros días de febrero nos movilizamos por la reincorporación de 24 trabajadores despedidos de Atanor Río Tercero; continúan los despidos encubiertos a las trabajadoras precarizadas de Paicor; se profundiza el conflicto de Salud; se abre el ciclo lectivo con un contundente No Inicio y una masiva movilización docente por salario y condiciones laborales. También continúan las protestas contra los femicidios y la falta de presupuesto y políticas para protección de las mujeres y disidencias y las niñeces. Schiaretti y el PJ cordobés son responsables del robo jubilatorio del 82% móvil, de la destrucción y saqueo ambiental, del gatillo fácil y de la pobreza e indigencia que asciende a más del 60%.

El PJ y la oposición patronal de Juntos por el Cambio vuelven a la carga con los proyectos para criminalizar la protesta social y aplicar mayor represión para hacer pasar el ajuste. Buscan limitar el derecho a la protesta callejera, imponiendo la media calzada y el “protestódromo”; y multar, enjuiciar y encarcelar a quienes luchan.

En 2022 frenamos el avance de estos proyectos, a través de la organización y la movilización, coordinando con los sectores en lucha. Desde Izquierda Socialista impulsamos la conformación de una multisectorial que sumó a gremios, organizaciones sociales, los partidos del FIT Unidad y otros espacios políticos para derrotar a los partidos patronales y su intento represivo. También, al gobierno le jugó en contra el resonado caso del crimen vial cometido por el legislador González, un hecho que ha dejado a la vista el entramado de impunidad, corrupción y complicidad entre la justicia y el poder político.
Desde Izquierda Socialista llamamos al conjunto de las organizaciones a reactivar la multisectorial y, a través de la unidad de los luchadores en las calles, dar por tierra con estos proyectos y la política represiva y ajustadora de los partidos patronales.


En el marco de la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia, los y las vecinas del Barrio Acampe se manifestaron pacíficamente con carteles por el derecho a la vivienda. La policía de Melella actuó rápidamente montando un gran operativo para sacar del lugar a las familias que se manifestaban como lo vienen haciendo desde el año pasado. Es así como detienen a Juan Barrientos, vocero y miembro del Polo Obrero y del Partido Obrero, junto a la compañera Rita Sakuray.

Debemos decir que la crisis habitacional en Ushuaia y toda Tierra del Fuego es enorme y que los alquileres alcanzan costos exorbitantes que llegan a los $200.000 por mes. Inaccesible para cualquier familia trabajadora. La salida es un gran plan de obras públicas que garantice la vivienda y que se financie dejando de pagar la fraudulenta deuda externa al FMI.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda nos solidarizamos con la justa lucha de las familias ushuaienses; repudiamos el accionar represivo de la policía y del gobierno; y exigimos la inmediata libertad de la y el compañero.

 

Artículos de Alfredo Leytes

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