Escribe Francisco Moreira

El juicio contra Ivan Blacutt y otros dirigentes es parte de la política represiva y de criminalización de la protesta social que impulsa el gobierno ultraderechista de Milei y sus gobernadores aliados. El plan de ajuste del gobierno y el FMI, que promueve despidos, salarios a la baja, privatizaciones y recortes presupuestarios, viene encontrando rechazo de la clase trabajadora y sectores populares que, pese al pacto de la CGT con el gobierno, salen a luchar contra este plan de hambre y miseria. La motosierra no pasa sin represión y persecución a las y los luchadores. Así se puso de manifiesto en junio pasado cuando el Congreso votó la Ley Bases en medio de una fuerte represión que dejó treinta y tres detenidos por denunciar esa nefasta ley. Lo vemos cada semana, con la aplicación del protocolo anti-piquetes y la represión contra las y los jubilados que se manifiestan frente al Congreso. En octubre sufrieron allanamientos y detenciones dirigentes de Amsafe (docentes) y ATE Rosario por luchar contra la reforma de la caja jubilatoria. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quiere cobrar multas millonarias a Adosac (docentes) por luchar y hacer huelgas en defensa del salario. Sigue abierto el proceso de desafuero de Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de Ademys por reclamar vacunas y protección en la  pandemia. Dirigentes docentes misioneros son judicializados por participar de la rebelión docente por aumento salarial en esa provincia. También sufren la judicialización ambientalistas chubutenses por rechazar el RIGI. Mientras en el país crecen el desempleo y la pobreza, el gobierno ultraderechista persigue a referentes del movimiento piquetero. Eduardo Belliboni y más de diez dirigentes del Polo Obrero son acusados por “amenazas coactivas y extorsión” por reclamar por la continuidad de comedores sociales y planes sociales. Por eso desde Izquierda Socialista/FIT Unidad llamamos a enfrentar la represión y persecución de la protesta social. Reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores y luchadoras. No a las causas armadas. Abajo el Protocolo de Bullrich. Basta de criminalizar la protesta. Luchar no es delito. 

Escribe Isabel Lorca

A fines de los años ‘90 en Catamarca se desataron masivas movilizaciones en reclamo de justicia por Maria Soledad Morales. La joven de 17 años que fue violada en grupo, asesinada y luego, su cuerpo descartado en un basural. Eran las marchas del silencio pero el reclamo por justicia se oyó en las esferas más altas del poder. Era un grito de rabia contra una sociedad casi feudal que cuestionaba a quienes gobernaban la provincia, el clan Saddi.

Se cumplieron 34 años de aquel hito y en la plataforma Netflix se estrenó el documental “María Soledad: el fin del silencio” dirigida por Lorena Muñoz. Un film que cuenta lo ocurrido durante aquel septiembre de 1990. Desde la desaparición de la adolescente, el encuentro de su cuerpo sin vida, la fuerza de sus compañeras de escuela hasta la denuncia a los “hijos de poder” que involucró al gobernador de la provincia, al jefe de la policía, a la justicia y al gobierno peronista de Carlos Menem. Con la movilización se logró poner en discusión todo ese entramado de corrupción e impunidad.

Los “hijos del poder” y el encubrimiento judicial

Las marchas fueron creciendo jueves a jueves en Catamarca. La primera se realizó por iniciativa de sus compañeras del Colegio del Carmen y se reunieron unas 300 estudiantes. Ya para la tercera, ese número llegó a 3.000 personas, para la cuarta 7.000, para la quinta 12.000 y para la séptima 30.000 personas, el 30% de la población de la ciudad. El femicidio pero sobre todo la impunidad del poder político se debatía en todos lados: en las aulas y en los negocios. Un pueblo entero reclamando justicia y señalando al gobernador Ramón Saadi como el principal encubridor. 

En marzo de 1996 se inició el juicio oral y terminó suspendido por diversas irregularidades. Al año siguiente se realiza un nuevo juicio por el que resultaron condenados solo a dos de los hijos del poder: Guillermo Luque, hijo del entonces diputado Ángel Luque y Luis Tula. Miguel Ferreyra, hijo del jefe de la policía, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente y Arnoldito Saadi, primo del gobernador, no fueron condenados.

Era tal la impunidad con la que se manejaban que el diputado Luque para defender a Guillermo dijo que: “Si su hijo hubiera sido el autor del crimen el cuerpo no hubiera aparecido”. Esto le significó la expulsión del Congreso nacional y que el reclamo por justicia siga creciendo.

Una de las expresiones de esa época se dio en la cancha de la Liga Catamarqueña de fútbol que reunía a 6.000 personas. Los cánticos de las tribunas se escuchaban en gran parte de la ciudad: “El gobierno es una mierda y la policía también. Como corre tanta guita la justicia no se ve” De esta manera “Se expresaba también la bronca contra el largo reinado del gobierno provincial (40 años de gobierno) y sus fastuosas riquezas, la miseria salarial, pagos atrasados de los sueldos, desastre hospitalario y educativa y la pobreza y ajuste de la Argentina de los Menem”[1]

Durante el juicio se destacó la presencia del Fiscal Gustavo Taranto que llegó desde la provincia de Córdoba porque todos los integrantes del tribunal en Catamarca entorpecían la investigación y protegían a los implicados directos en el asesinato. El fiscal culmina su alegato con las siguientes palabras: “María Soledad nos dice ‘me drogaron, y yo no quería’. Y yo le creo. Nos dice ‘me violaron, y yo no quería’. Y yo le creo. Nos dice ‘esa persona me golpeó y tragué mi propia sangre’. Y yo le creo. Porque María Soledad no tiene razones para mentir”.

Del grito silencioso al Ni Una Menos actual

El femicidio de María Soledad fue un hito para la historia de nuestro país. Gracias a la movilización incansable de su familia, de sus amigas y de todo un pueblo que reclamaba justicia se logró desentrañar la trama de poder entre los gobiernos, la policía y la justicia. No se trataba solo del gobierno provincial en manos del Clan Saadi sino del propio presidente Carlos Menem. El presidente que es reivindicado actualmente por Javier MIlei. Un ultraderechista, misógino, anti derechos y que hasta niega la violencia de género.

La lucha por justicia para Maria Soledad fue un grito silencioso que salió de la rabia en las marchas organizadas por sus amigas y compañeras del colegio. Adolescentes y jóvenes que se animaron a decir basta a la violencia y a la impunidad. Al igual que el Ni Una Menos actual, son las familias y las amigas que se levantan ante cada nuevo femicidio exigiendo justicia. Es por María Soledad Morales, es por todas.

[1] Periódico Solidaridad Socialista Nº 354, 8/11/1990 

Escribe Mariano Barba

Repudiamos la causa abierta contra más de diez dirigentes sociales del Polo Obrero, en especial de Eduardo Belliboni quienes son acusados, por el juez Sebastián Casanello y confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, bajo los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”. Una carátula que podría determinar hasta quince años de cárcel. Los detalles de esta causa armada para criminalizar a dirigentes que luchan por la continuidad de comedores sociales y planes bajísimos fueron explicados en la conferencia de prensa este lunes 25 por los dirigentes del Polo Obrero en el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) donde rechazaron la acusación y la calificaron como “un golpe contra la libertad de organización y movilización en la Argentina”. La novedad sobre esta causa es que el juez Casanello resolvió dar por cerrada la etapa de instrucción para elevar a causa a Juicio impidiendo que el Polo Obrero presente cerca de cincuenta testigos y entregue otras pruebas que derrumbarían importantes elementos de la acusación. Además de otros elementos procesales que fueron verdaderos atropellos por parte de la Justicia, que sin duda está empecinada, acorde con la política nacional de Javier Milei, en perseguir y hasta encarcelar a dirigentes sociales y de izquierda que enfrentan la motosierra. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad nos solidarizamos con los compañeros del Polo Obrero, y acompañamos las acciones públicas de denuncia de este juicio amañado, como lo hicimos en la conferencia de prensa con la presencia de una delegación de Izquierda Socialista encabezada por la legisladora Mercedes Trimarchi junto a diputados del Frente de Izquierda, dirigentes de Ademys, AGD UBA y varios organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales.

El 20 de junio del 2023, a pesar del masivo rechazo y en medio de una sesión plagada de irregularidades, el gobierno radical de Jujuy, con la complicidad del PJ, aprobó una Reforma de la Constitución provincial.

Esta reforma de tinte privatizador, que ataca a pueblos originarios y cercena derechos de trabajadoras y trabajadores, mujeres y diversidades, generó una fuerte resistencia. Este veto popular se expresó en las calles, con manifestaciones y protestas, acciones que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno, con detenciones arbitrarias y un uso ilegal y desmedido de la fuerza policial, tal como denunciaron oportunamente diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Ahora, la justicia del ex gobernador radical Gerardo Morales, en connivencia con el poder político y económico, tras audiencias indagatorias plagadas de arbitrariedades (en las que se descartaron la mayoría de las pruebas y testigos presentados por las defensas), elevaron a juicio a diecinueve de los veinte imputados (entre ellos Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Jujuy) con el fin de aleccionar a todo el pueblo trabajador.

Es que las acciones de Morales, y del actual gobernador Sadir, van en consonancia con la política represiva del gobierno ultraderechista de Javier Milei, quien ya ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión.
Ante este atropello se ha lanzado una gran campaña por la absolución de los diecinueve compañeros judicializados que ya recogió la solidaridad de personalidades, y diversas organizaciones políticas, sociales, sindicatos y de derechos humanos.
Rechazamos este intento de criminalizar la protesta social, y exigimos que cese la persecución a quienes fueron parte del “jujeñazo”.

¡Sobreseimiento ya de todos los imputados! ¡Que se investigue y juzgue a Gerardo Morales y los responsables de la brutal represión del 2023!

Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista Jujuy

Se lanzó la campaña por la absolución de los diecinueve compañeros judicializados, entre ellos Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Jujuy.
Se los acusa por delitos contra la administración pública, resistencia a la autoridad y lesiones leves, en la causa conocida como “20 Junio” por el solo hecho de ejercer el legítimo derecho a la protesta cuando el gobierno de Jujuy aprobó a espaldas del pueblo la Reforma de la Constitución (con la complicidad del PJ), desplegando una brutal represión por orden del entonces Gobernador radical Gerardo Morales.

Días después, en una quirúrgica selección, fueron detenidos en sus hogares veinte dirigentes sociales y políticos. En aquel momento la fiscalía pedía sesenta días de prisión preventiva, una barbaridad. Tan burdo fue todo que tuvieron que liberarlos a los cinco días tras una importante solidaridad obrera y popular.

Ahora, mientras se calienta el humor social debido al brutal ajuste que Javier Milei y el gobernador Carlos Sadir llevan adelante contra el pueblo trabajador, se activan las causas del jujeñazo como forma de amedrentamiento. Tras audiencias indagatorias plagadas de arbitrariedades en las que se descartaron la mayoría de las pruebas y testigos presentados por las defensas, a la par de que no se lograba sostener ninguna prueba concreta contra los imputados, el juez Rodolfo Fernández dictó la elevación a juicio para diecinueve de los veinte imputados, avalando las acusaciones del fiscal Diego Funes, quien casualmente lleva todas las causas “truchas” armadas del ex Gobernador Morales.

Por todo esto se ha lanzado una campaña que ya recogió la solidaridad de personalidades, organizaciones sociales y políticas, sindicatos y centrales, como la CTA autónoma, SEOM (municipales), Apuap (profesionales de la administración pública), Cedems (docentes media y superior), ADIUNJu (docentes e investigadores universitarios), entre otros. Hubo a su vez un pronunciamiento del Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el repudio de la elevación a juicio por parte de la Universidad Nacional de Jujuy, ratificado por todos los claustros en Asamblea Universitaria. Por su parte, todas las bancas del Frente de Izquierda Unidad presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución, bajo la firma de nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, repudiando la judicialización de la protesta en Jujuy y exigiendo la absolución (6324-D-2024).

Rechazamos este intento de criminalizar la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña a nivel nacional por la absolución de los compañeros.