Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Para escribir esta nota consultamos a Javier, que trabaja con su flete haciendo mudanzas. Él nos cuenta que actualmente los traslados que hace, por ejemplo, son para achicar los gastos: personas o familias que pasan de un tres ambientes a un monoambiente. Nos dice que aproximadamente el cincuenta por ciento de los viajes que realiza son jóvenes que vuelven a la casa de sus padres porque, aunque tengan un trabajo, con su sueldo no les alcanza para pagar el alquiler.

Este relato ilustra los números publicados recientemente por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) que en el último informe (julio 2022) estableció que el costo de un monoambiente subió un 75% en los últimos doce meses y el de un tres ambientes, un 70%. Ningún salario aumentó en la misma proporción en el último año. De acuerdo al relevamiento de CESO, en la ciudad de Buenos Aires el precio promedio de un monoambiente es de 49.000 pesos, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 45.540. Por lo tanto, alcanza para cubrir solo el 92,9% del alquiler de un monoambiente. El precio promedio de un dos ambientes en CABA es de 60.000 pesos y de un tres ambientes 85.000 pesos. Estos valores no tienen en cuenta las expensas que en promedio llegan al 15% del costo de alquiler (Informe CESO, julio 2022).

La Ley de Alquileres no resuelve el problema

En junio del 2020 se sancionó la Ley de Alquileres, que regula los contratos por tres años con aumentos anuales de acuerdo al promedio que surge entre la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicada por el Ripte del Ministerio de Trabajo. Cuando se termina el contrato no hay ningún tipo de regulación y nuevamente quienes alquilamos quedamos a merced de las inmobiliarias y rentistas.
Pero para darle mayores beneficios a los propietarios (como si no los tuvieran) en el Congreso se está discutiendo modificar la normativa actual. Por un lado, el Frente de Todos propone sumar mayores beneficios  fiscales para los dueños, y por el otro, Juntos por el Cambio plantea volver a los contratos de dos años y con aumentos semestrales. Queda en evidencia que ni al gobierno ni a la oposición patronal le interesa dar una verdadera solución al déficit habitacional.

Por un plan de viviendas populares

Mientras persiste el abuso por parte de las inmobiliarias y rentistas, los requisitos para poder alquilar se vuelven inalcanzables para cualquier familia trabajadora. Ya no solo quedó lejos el sueño de la casa propia sino también la posibilidad de alquilarla. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que se debe imponer un verdadero impuesto a las viviendas ociosas, terminar con la especulación inmobiliaria y los requisitos que piden de “ciencia ficción”, como lo catalogó en Twitter el jóven al que le pedían ingresos de 225.000 pesos para ingresar a un dos ambientes. Junto con ello, impulsar un plan de viviendas populares para terminar con el déficit habitacional y generar empleo genuino sobre la base del no pago de la deuda externa.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el fallo Roe Vs. Wade y frente a las movilizaciones por el derecho al aborto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto en el que se puntualizan una serie de medidas para garantizar el derecho al aborto. ¿Qué dice el decreto? ¿Cuál es la salida para terminar con la clandestinidad?

Por un lado, el decreto insta al Departamento de Salud a tomar diferentes acciones para garantizar el acceso a los anticonceptivos y píldoras abortivas para quienes deciden interrumpir sus embarazos. Y por el otro, busca aumentar la protección del cuerpo médico que realiza las práctica. Asimismo el texto intenta proteger a las clínicas móviles que realizan los procedimientos en las fronteras de los estados, donde está prohibido, y la confidencialidad en internet de las personas que elijan abortar como por ejemplo los datos vinculados a la geolocalización o la información recopilada por las aplicaciones para monitorear los ciclos menstruales. Según un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo del decreto es “proteger la información de salud sensible” y “combatir la vigilancia digital” relacionada con el aborto.
La medida presidencial llega dos semanas después de que la Corte Suprema eliminará el fallo Roe vs Wade que desde 1973 era utilizado como recurso legal en todo el territorio federal. Desde el viernes 24 de junio, fecha en la que se conoció la decisión del máximo tribunal de justicia, al menos nueve estados han instituido prohibiciones casi absolutas al derecho al aborto, solo con la excepción de peligro a la vida de la madre en algunos de ellos. En contraste, otros estados están buscando proteger el acceso al aborto en medio de una infinidad de retos legales para resguardar a las clínicas donde se practican abortos. Todo indica que las consecuencias del retroceso que implica haber eliminado el fallo Roe las sufrirán las mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos del país.

El electoralismo de Biden no es la salida

El presidente Biden declaró que la única manera de “ejercer y restaurar” el derecho de las mujeres de acceder al aborto es “ejerciendo el poder del voto”. “Déjenme explicarles: necesitamos dos senadores que estén a favor del aborto adicionales, además de una Cámara pro-aborto para poder codificar Roe como ley. Su voto puede hacer esto una realidad”. De esta manera, deja en evidencia que su verdadera preocupación no es la pérdida de derechos para millones sino juntar los votos para ganar en las próximas elecciones.

Tal como lo venimos señalando en las declaraiones de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los gobiernos, de los partidos patronales y de la justicia patriarcal para defender cada uno de nuestros derechos. Con la potencia de la #MareaVerde que trasciende fronteras y se expande por todo el continente, exigimos de inmediato el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes 24 el fallo Roe vs Wade de 1973. El amparo legal que consagraba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense había sido ganado hace cincuenta años con la lucha.  En adelante, la regulación de la práctica quedará en manos de los gobiernos locales. Esta cuestión se vuelve alarmante porque en más de la mitad de los Estados (26) el aborto está prohibido y criminalizado, afectando la salud de treinta y seis millones de mujeres en edad reproductiva.

Por eso las movilizaciones no se hicieron esperar y desde el mismo día que se conoció el fallo las mujeres y disidencias norteamericanas salieron a manifestarse contra la decisión del máximo tribunal. Más de 100.000 personas, según Planned Parenthood, una de las organizaciones convocantes, salieron a las calles de Nueva York, Los Ángeles, Nashville, Detroit, Boston, Atlanta, entre otras. Así se iniciaron las movilizaciones que se prolongaron durante todo el fin de semana en al menos 70 ciudades.

Pañuelos verdes en defensa del derecho al aborto

En Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una acción frente a la Embajada de Estados Unidos en repudio a la anulación del fallo Roe y en apoyo a las feministas norteamericanas que salieron a las calles. Desde Isadora e Izquierda Socialista/FIT Unidad nos movilizamos junto a la Campaña, frente a este avance conservador que Donald Trump festeja como su triunfo y que el actual presidente, Joe Biden, pretende utilizar electoralmente sin brindar ninguna solución federal a la clandestinidad del aborto. Exigimos aborto legal, seguro, gratuito y accesible para todas las identidades con capacidad de gestar, sin restricciones ni discriminaciones arbitrarias contra las mujeres migrantes y pobres. Solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los gobiernos, de los partidos patronales y de la justicia patriarcal para defender y conquistar cada uno de nuestros derechos.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa CABA por Izquierda Socialista/ FIT Unidad
 
Por Resolución Nro. 2566/2022 el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación Soledad Acuña, prohibieron el uso del lenguaje inclusivo y no binario en las escuelas porteñas. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad repudiamos esta normativa que viene de la mano de las iglesias y de sectores conservadores, que buscan disciplinar a la docencia y atacar las luchas feministas que en los últimos años vienen ganando las calles.

El argumento central de Larreta y Acuña es que supuestamente el uso del lenguaje inclusivo y no binario en las aulas trajo aparejado un bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas, aunque no presentaron ninguna evidencia que lo demuestre. Las pruebas estandarizadas (que los gobiernos locales y los organismos financieros internacionales insisten en aplicar) no son elementos pedagógicos sino “evaluaciones” que se aplican sin tener en cuenta la situación de cada institución, ni mucho menos la de cada estudiante y sus familias.

De esta manera, pretenden eludir la responsabilidad del gobierno frente al fracaso escolar. En la ciudad de Buenos Aires, Larreta redujo el presupuesto educativo afectando las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Los resultados están a la vista: graves problemas de infraestructura y salarios de miseria que deterioran la calidad educativa.

Defendemos a quienes usan el lenguaje inclusivo y no binario

Es importante aclarar que no existe en nuestro país una legislación que establezca un determinado uso oficial del castellano. Todos los dialectos conviven y son utilizados por quienes hablan sin ningún tipo de regulación. El lenguaje como cualquier práctica social es dinámico y acompaña los cambios sociales. Así palabras como “chatear” o “googlear” aparecieron con el uso masivo de las tecnologías y a nadie se le ocurrió prohibirlas.

En los últimos años, con la irrupción del movimiento feminista y en particular de las disidencias, surge la necesidad de nombrar a todas las identidades de género sin discriminación, eliminando la connotación sexista y machista del uso genérico del masculino, identificado con la letra “o”. Así como usamos la letra “a” para las identidades femeninas, empezamos a utilizar con mayor frecuencia los pronombres neutros (sin carga genérica) y apelamos a las letras “x”, “@” y “e” para referirnos a todas las identidades de género, entre ellas a quienes se identifican por fuera del binarismo (masculino-femenino).

No es casualidad que de todas las variedades y usos lingüísticos solo se está prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo y no binario. De esta manera se busca atacar al movimiento feminista y a sus luchas con las que se obtuvieron leyes como el matrimonio igualitario, la identidad de género, la interrupción voluntaria del embarazo y el cupo laboral travesti-trans. Conquistas por las que seguimos peleando para que se implementen sin restricciones.

Por otro lado, discrepamos con Juan Grabois que en Twitter escribió “En mi barrio hay pibes de sexto que no saben leer ni escribir. Acá nos importa un rabanito sus discusiones exclusivas”. El referente de Patria Grande y seguidor del Papa Francisco, minimiza el debate como si fuera una “cortina de humo” dejando  correr la prohibición. Lo opuesto a lo que hacemos desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, que denunciamos esta censura y el ataque que significa a la docencia, al movimiento feminista y en particular a las disidencias. Sostenemos que son luchas muy importantes e indisociables. No las subestimamos por ser luchas democráticas ya que están en juego los derechos humanos como el derecho a la identidad o el derecho a la  educación. Como feministas socialistas somos parte de esta batalla y la damos con toda nuestra fuerza, sin abandonar nuestra perspectiva por una sociedad sin opresión ni explotación.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Aquel 3J de 2015 quedará para siempre grabado en nuestra memoria. Con el grito de Ni una Menos y Vivas nos queremos, las mujeres y disidencias salimos a las calles a exigir el fin de la violencia machista y que se terminen los crímenes de odio hacia las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Desde aquella emblemática fecha que ya es parte del calendario de luchas feministas, las mujeres y disidencias hemos ganado en organización y profundizado en nuestros reclamos. Sin embargo, desde el 2015 a esta parte pasaron tres gobiernos (Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández) y ninguno de ellos brindó una verdadera solución a la angustiante cifra de un femicidio y trans/travesticidio por día.
El presidente Alberto Fernández destacó ese día en Twitter que: “El índice de femicidios, travesticidios y transfemicidios registró el valor más bajo de la historia”, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Pero nada dijo sobre el verdadero calvario que debe transitar una víctima de violencia de género en nuestro país para encontrar una respuesta, cuando deben huir de los violentos para proteger su propia vida y la de sus hijes. Tampoco dijo nada acerca de la insuficiencia del Plan Acompañar (destinado a víctimas de violencia de género) que no llega a los 40.000 pesos  y es solo por seis meses. Tampoco dijo nada sobre la revictimización de las denunciantes por parte del personal policial y judicial.

Por esto y por presupuesto para erradicar la violencia de género es que fuimos miles en las calles el pasado 3J en todo el país. Porque no van a lograr callarnos y vamos a seguir peleando por nuestro derecho a no ser el próximo cuerpo “encontrado sin vida” que diariamente leemos en los portales de noticias.

Misma plaza: dos convocatorias

Tal como sucedió el pasado 8M, en el día internacional de las mujeres, en el Congreso hubo dos convocatorias para el 3J. Por un lado, desde la asamblea independiente de mujeres y disidencias en la que participamos con Isadora e Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, leímos un pliego de reivindicaciones en el que se reclamó que la deuda es con nosotras/nosotres y no con el FMI, para que ese dinero se destine a combatir la violencia de género y no al pago de la deuda externa. Allí mismo reclamamos por la separación de la Iglesia del Estado y presupuesto para la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y por una Educación Sexual laica, científica y con perspectiva de género. Por otro lado, estuvo la convocatoria de las organizaciones de mujeres y LGBT+ ligadas al Frente de Todos, que en su documento mencionaron tímidamente a Larreta pero obviaron denunciar la responsabilidad del gobierno nacional frente a la violencia de género. De esta manera, se ve cómo diferentes organizaciones (Patria Grande, Movimiento Evita, CCC/PCR, entre otras) fueron cooptadas por el gobierno y, desde su lugar cómodo en algún Ministerio, abandonaron la lucha por la independencia política del movimiento feminista respecto a los gobiernos que defienden con   sus instituciones este sistema capitalista y patriarcal.