El gobierno planea bajar la edad de imputabilidad luego de las elecciones. El Ministro de Justicia, Germán Garavano anunció que luego del 22 de octubre enviará al Congreso la reforma del régimen penal juvenil.

El debate acerca de la bajar la edad de imputabilidad resurge ante cada hecho de inseguridad protagonizado por jóvenes. El gobierno y las distintas variantes patronales proponen que la solución a la inseguridad es meter presos a los jóvenes. Pero esto es una farsa. La realidad es que los porcentajes de delitos cometidos por jóvenes no acompañan el discurso punitivo. De acuerdo a estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Buenos Aires, en 2010, de un total de 575  homicidios dolosos, sólo 11 fueron cometidos por menores de 18 años.

En lugar de combatir a las mafias policiales que utilizan a jóvenes para robar, como salió a la luz con el caso de Luciano Arruga, víctima de gatillo fácil porque se negó a robar para la policía, condenan y estigmatizan a los jóvenes pobres de la sociedad. Cambiemos ha definido avanzar con una medida anunciada por la propia Cristina Kirchner en su gobierno. No olvidemos las palabras del ex gobernador Scioli, quien declaró que "hay que acelerar algunos debates. En Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, la imputabilidad de los menores es a partir de los 12" (22/10/2008-La Nación). Es decir, los mismos que permiten el incremento de la pobreza y la exclusión, son los que hoy reclaman por leyes más duras con los jóvenes.

El debate debe centrarse en el estado de vulneración y precarización de las condiciones de vida en general y en particular de los niños, niñas y adolescentes. Un estudio de Rosario mostró que casi la totalidad de jóvenes de 16 a 18 años encerrados en un instituto de “rehabilitación” pertenecían a barrios periféricos, y el 83% no habían terminado la escuela primaria. En nuestro país el 48% de la niñez es pobre, 3 millones de hogares carecen de vivienda digna, 50% de los adolescentes no termina la escuela secundaria. No hay programas deportivos ni culturales gratuitos para todos.

Los adolescentes que incurren en algún delito son recluidos en institutos en condiciones infrahumanas y de violencia. Entre 2004 y 2014 murieron 58 niños y adolescentes en institutos de menores, comisarías y otras instituciones de encierro en el país (colectivociajpp.wordpress.com). Sólo en 2015, en 20 días ocurrieron dos muertes en incendios. Muchos niños que sufren extrema vulneración de derechos son extraídos de su núcleo e internados en “centros abiertos”. Un alto porcentaje, desvinculado de núcleos socioafectivos y sin propuesta de inserción laboral, a los 18 años quedan en la calle expuestos al círculo del delito para sobrevivir.

La solución no pasa por meter presos a los jóvenes. Para que no delincan ni sean usados como mano de obra barata para cometer delitos, deben tener la posibilidad de estudiar y un empleo digno, cosa que este modelo ni el anterior, garantizan. En ciudad de Buenos Aires, miles de niñas y niños son excluidos del sistema escolar todos los años por la falta de vacantes en las escuelas públicas. Entonces, los políticos deberían ocuparse de garantizar los derechos de aquellos jóvenes que quieren encerrar. 

La respuesta al problema de la criminalidad pasa por derrotar las políticas de ajuste que aumentan la miseria; por exigir pleno empleo y salarios dignos; por combatir la corrupción policial y judicial que se asocia a las mafias criminales, por garantizar el acceso a la educación, a cloacas, agua potable, vivienda, salud, etc. 

La criminalización de la pobreza esconde la complicidad de todos los gobiernos con la policía y los jueces, los verdaderos responsables del narcotráfico y el crimen organizado. Los pibes, en todo caso, son víctimas de estas mafias como mano de obra, no victimarios. Como remarcamos siempre desde Izquierda Socialista, hay que combatir la protección que le brindan los gobiernos a las cúpulas policiales y judiciales que son verdaderas mafias delictivas que operan con el narcotráfico, los desarmaderos, el juego clandestino y el crimen organizado. Estamos a favor de promover la elección popular de los comisarios, el control popular del accionar policial y la autoorganización de los vecinos para disuadir el delito.

Laura Marrone

Licenciada en Ciencias de la Educación, Docente, Legisladora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. Candidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el FIT.

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