Escribe Malena Lenta, comisión directiva AGD-Psicología, referente de Isadora-Mujeres en Lucha

El fallecimiento de la docente Paola De Simone reveló las precarias condiciones laborales de la docencia universitaria. Mientras tanto, el gobierno y los recortes pretenden seguir avanzando sobre los derechos laborales docentes. La burocracia sindical mira para otro lado.

La impactante noticia de la docente de 46 años que falleció cuando daba una clase virtual a estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa, el pasado martes 1º de septiembre, llegó a ser tapa de los diarios. Pero mientras surgían noticias valorizando su compromiso docente, lo que no se terminó de decir es algo evidente, Paola tenía Covid-19 hacía cuatro semanas. Sin embargo, ni en la universidad privada ni en la Universidad de Buenos Aires, donde también era docente, había logrado el derecho a licencia que le correspondía por enfermedad. Y eso no es una casualidad.

Desde el inicio de las medidas sanitarias de aislamiento social preventivo, tanto las universidades privadas como las públicas iniciaron un proceso de virtualización forzada del trabajo docente. Sin garantizar equipos, ni internet, ni capacitaciones, obligaron a la docencia a convertir en tiempo récord el dictado de clases presenciales en clases virtuales. La consecuencia fue el aumento cuantitativo y cualitativo de la carga del trabajo, es decir, hubo que dedicarle muchas horas extras de trabajo a la capacitación autogestiva para el manejo de las plataformas virtuales y la preparación de gran cantidad de materiales específicos para el trabajo con el nuevo formato. Además, todo se realizó en un contexto de pandemia en donde también se incrementaron las cargas del trabajo de cuidado doméstico. Y el costo se pagó con la salud física y mental de la docencia.

Pero no contentos con esta imposición, los rectores de las universidades, con anuencia del Ministerio de Educación y de las conducciones burocráticas de los gremios universitarios y preuniversitarios como Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Conadu (h), decidieron no garantizar los mínimos derechos laborales, como el derecho a la desconexión y, sobre todo, a las dispensas por cuidado de hijos e hijas menores de edad o familiares, ni las licencias por enfermedad. Por este motivo, Paola se encontraba trabajando a pesar de estar enferma y no pudo obtener la atención de salud necesaria en el momento en que la necesitaba para salvar su vida. Por eso decimos que la virtualización forzada es muerte.

Frenar el avance de la precarización

No obstante, este lamentable suceso puede no ser un caso extremo sino convertirse en una triste escena cotidiana. Organismos internacionales como la Unesco. en acuerdo con las multinacionales de software, están pujando para que la enseñanza a través de dispositivos virtuales se extienda luego de la pandemia. Y el propio Ministerio de Educación y los rectores de las universidades miran con agrado esta perspectiva mientras la burocracia se mantiene silente.

En los sectores de la educación donde rige la formación a distancia a través de plataformas virtuales desde antes de la pandemia, ya se ha instalado la contratación de docentes con vocación de servicio, es decir, a corto plazo y sin derechos laborales mínimos como licencias, vacaciones, aguinaldo, feriados, etcétera. Tampoco se garantizan los instrumentos de trabajo ni de conectividad.

Pero la virtualización no solo ahorra costos al desconocer el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria, sino que también fragmenta y aísla a los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior, promoviendo prácticas pedagógicas acríticas y de peor calidad educativa que, además, suelen ser vigiladas por las autoridades institucionales. Y, al mismo tiempo, aumenta la brecha laboral de género, ya que al realizar el trabajo virtual en el espacio doméstico, incluso sin pandemia, son las mujeres las que sufren mayores interrupciones en la jornada laboral a causa de las demandas familiares y pierden todo derecho de licenciarse ante los requerimiento del cuidado familiar.

Nuestros derechos laborales son esenciales. Nadie debe morir en el trabajo. No a la precarización. Derrotemos el pacto del gobierno, los rectores y la burocracia sindical de la docencia universitaria.

Escribe José Castillo

El pasado viernes 4 se realizó un importantísimo encuentro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria. Convocada por distintas agrupaciones opositoras a las conducciones mayoritarias de Conadu Histórica y Conadu, más de 270 dirigentes y referentes docentes de todo el país, debatieron y votaron importantes resoluciones. Estuvieron presentes delegaciones de 25 universidades del país y de investigadores del Conicet.

Desde Docentes Universitarios y Pre-universitarios de Izquierda Socialista participamos con una importante delegación, con compañeras y compañeros de la Universidad de Buenos Aires, Moreno, Luján, Jujuy, Misiones, Rosario, Río Cuarto, Río Negro y Cuyo. Nuestro compañero Nahuel Toledo, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de Moreno, integró la mesa directiva del Encuentro.

El evento, realizado en forma virtual por las obvias razones de la cuarentena,  se realizó en un momento clave. Ante la negativa del gobierno de Alberto Fernández de reabrir la negociación paritaria (la “oferta” del gobierno es “cero” pesos de aumento), las conducciones de Conadu, Fedun, Fatun, UDA y Ctera no sólo la dejaron correr, sino que incluso apoyaron lo resuelto por el gobierno, “felicitándolo” por el acuerdo con los acreedores externos. La Conadu Histórica, mientras tanto, sigue con su inmovilismo. Su dirección mayoritaria, integrada por el PCR y la CTA Autónoma, están jugados a dejar pasar este ajuste a nuestros salarios de hambre sin salir a dar pelea. Por eso resulta fundamental el encuentro, en el que han participado distintos agrupamientos que en algunos lugares son conducción y en otros oposiciones en distintas asociaciones de base que pertenecen tanto a la Conadu Histórica como a la Conadu.

El Encuentro sesionó bajo la presidencia honoraria de la compañera Paola de Simone, fallecida dictando clases frente a su computadora, víctima del Covid y de la flexibilización más extrema de nuestras condiciones de trabajo. Se terminó votando una importante resolución, que incluye todo un programa de reivindicaciones por nuestros salarios, la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, en defensa de las jubilaciones y las obras sociales,contra la virtualización forzosa, en defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, contra la precarización y el ajuste en Ciencia y Técnica. Y también se pronunció  por el aumento inmediato del presupuesto educativo y por el no pago de la deuda externa y contra los acuerdos con el FMI.

Finalmente, el Encuentro decidió poner en discusión en la Conadu Histórica, la Conadu y todas las asambleas de las asociaciones de base, la imperiosa necesidad de llevar adelante una jornada de lucha de 48 horas, a realizarse en la segunda quincena de septiembre.

La docencia universitaria y pre-universitaria ha dado un gran paso adelante para recuperar sus mejores tradiciones de lucha. ¡Manos a la obra! 

Escribe Jorge Adaro, secretario general adjunto de Ademys

La respuesta de la docencia porteña ante el anuncio del gobierno de Larreta de iniciar el retorno a la presencialidad en las escuelas en medio del pico de la pandemia es contundente. Primero el gobierno utilizó la excusa de darles la posibilidad a los 5.000 niños que, por falta de conectividad, no habían podido sostener el proceso educativo en la pandemia. Luego dijeron que eran 10.000. Hasta que finalmente admitieron que la habilitación de las “ciberaulas” era para todos los niños cuyas familias así lo consideraran. Se derrumbó la mentira de Larreta que repitió durante meses, de que el 95% de los niños tenían conectividad. Y quedó claro que la intención del gobierno es habilitar las escuelas como “guarderías” para poder continuar con la apertura de toda la actividad económica en la ciudad, respondiendo a los intereses de los empresarios y dejando totalmente expuestos a los alumnos, docentes y auxiliares a la posibilidad del contagio.

Pero la protesta de la docencia obligó al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, a rechazar el protocolo presentado por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aunque ya informalmente le había dado su apoyo. Lejos de calmar las aguas y ante el empecinamiento del gobierno de Larreta de insistir, entre martes y jueves de la semana pasada miles de docentes deliberaron en asambleas distritales impulsadas por los supervisores y donde no las convocaban surgían asambleas autoconvocadas. De manera unánime se rechazó la posibilidad de regresar a las escuelas y la consigna “con pandemia no se vuelve” inundó los celulares y las redes sociales de las maestras.

Sin ninguna duda es un triunfo parcial de la docencia y de las familias, que han sido parte de las campañas de rechazo organizadas escuela por escuela.

Ademys viene siendo parte fundamental en la pelea por el sostenimiento de la cuarentena, denunciando a la vez tanto al gobierno de Fernández como al de Larreta. Ambos no garantizan las condiciones materiales para que los trabajadores y los sectores populares puedan cumplir el aislamiento sin verse obligados a tener que salir a buscar el sustento diario y advirtiendo también que tanto los estudiantes como los docentes no teníamos los recursos para sostener el vínculo pedagógico en la pandemia. Basta recordar que la única medida propuesta por Trotta fue ofrecer que los docentes nos endeudáramos tomando créditos para comprar nuestras herramientas de trabajo. Estuvimos en la calle manifestándonos contra la precarización laboral y el congelamiento salarial habilitado por la sanción de la “ley de emergencia” de Larreta, contra el cese de los suplentes y ahora contra el regreso en medio de la pandemia.

El rol de la burocracia Celeste de UTE-Ctera en las asambleas distritales fue restringir todos los reclamos a la conectividad y provisión de elementos tecnológicos. UTE se negó a sacar resoluciones que tomaran otros aspectos que nos aquejan como trabajadores y que se han profundizado en la pandemia, como la exigencia a la reapertura de las paritarias, incluso no tomando la consigna “Fuera la ministra Acuña”. Esto demuestra que son parte del acuerdo de unidad nacional Fernández-Larreta que permite que siga pasando el ajuste contra los trabajadores en todo el país. Así fue como Ctera avaló con sus sindicatos de base el regreso a las aulas en varias provincias gobernadas por el peronismo. Como Formosa, donde no garantizaron siquiera los elementos de cuidado y prevención que corrieron a cargo de los docentes. Como Santiago del Estero o San Juan, donde a los pocos días tuvieron que suspender la medida en varios departamentos por el aumento de los contagios.

Desde la conducción Multicolor de Ademys vamos a seguir incentivando la realización de asambleas que profundicen la organización de la docencia para no permitir que el gobierno logre mandarnos a las escuelas cuando tenemos arriba de 8.000 infectados diarios y más de 200 muertos por día a causa del Covid. También proponemos continuar con la articulación de acciones con las familias y con los trabajadores de la salud que se han sumado a las campañas contra el regreso a la presencialidad, siendo conscientes de los límites del sistema sanitario, que se profundizarían sin dudas con la exposición de miles de niños y trabajadores en las escuelas. Y tal como se votó en una nueva asamblea con centenares de docentes, participar de las acciones impulsadas por el Plenario Sindical Combativo y parar el próximo lunes 7 de septiembre si Larreta y Acuña intentan ese día la vuelta a la presencialidad realizando una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Educación.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández, muchos docentes creyeron que finalmente el gobierno podría comenzar a recuperar la vapuleada educación pública argentina. Pero, salvo en el doble discurso, nada de eso ocurrió ni ocurrirá.

Esta semana ese doble discurso recibió un golpe importante cuando Adriana Puiggrós, pedagoga muy reivindicada por el peronismo kirchnerista y demás sectores llamados “progresistas”, decidió renunciar a su cargo de viceministra de Educación. Se dice que era crítica y tenía diferencias con Trotta, hombre que viene de ser rector de la universidad privada UMET. Seguramente algunas diferencias tenían. Puiggrós quedó golpeada cuando declaró que el gobierno de Fernández iba a dejar de realizar las “evaluaciones externas” del Operativo Aprender y las pruebas Pisa, fundamentando correctamente que eran evaluaciones que no servían para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, que se involucran con el rol docente-alumno y sus condiciones sociales específicas y que estaban al servicio de los empresarios de la educación privada.

Esta correcta denuncia, que desde hace muchos años Izquierda Socialista, la agrupación Docentes en Marcha y la oposición de los gremios docentes en general venimos alertando y polemizando con el peronismo kirchnerista, fue rechazada por Trotta y el gobierno, aclarando que van a seguir con las evaluaciones externas y el PISA. Entonces, aunque el historial político y de la función pública de Puiggrós no avalan un accionar muy diferente de lo que hace el gobierno de Fernández (recordemos que apoyó la Ley Federal de Educación de Menem, fue diputada nacional de la Alianza y funcionaria de De la Rúa, ministra de Educación del gobierno bonaerense de Felipe Solá, por ejemplo), su perfil “progresista” le daba cuerpo a la política de Trotta.

Esta semana al gobierno se le cayó una máscara más y deja a Trotta gobernando el sistema educativo con empresarios de la UIA, oligarcas de la Sociedad Rural y reaccionarios de la Iglesia Católica y el Consejo Federal de Educación, sin la imagen del doble discurso progresista. Nada, absolutamente nada bueno para la educación pública puede salir de esa yunta.

Las idas y venidas del gobierno en educación desde el inicio de la pandemia muestran a un Trotta tratando de avanzar en la aplicación de planes privatistas y retrocediendo ante el rechazo de la docencia y la comunidad educativa en general. Se negaba a suspender las clases presenciales. Improvisó mal, sin trabajar con la docencia ni las familias, las “clases virtuales”, presionando a los docentes a presentar muchísimo material a los alumnos (para “mostrar” que se estaba haciendo mucho), que ni ellos ni sus familias podían sostener. Inventó un absurdo “protocolo burbuja” para regresar a las clases presenciales, que retiró por el repudio de familias y docentes. Después largó una “prueba” de clases presenciales con el gobierno de San Juan, con menos alumnos por turno, que en menos de una semana obligó a la provincia a volver a Fase 1 de cuarentena y suspender las clases por el avance de los contagios. El intento sanjuanino animó a Larreta a improvisar las “escuelas Ciber” en CABA (que los alumnos fueran a las escuelas a usar las computadoras), pero todo indica que tendrán que retroceder también. Trotta apretó a docentes, padres y alumnos con que en julio empezarían los exámenes virtuales. Ahora dice que no habrá exámenes, que se pasará de curso directamente y que en 2021 se tomarían las evaluaciones. Nadie puede apostar qué se terminará decidiendo.

Lo único en que Fernández, Trotta y los gobernadores tienen claridad e implementan en todo el país, es en el ajuste salarial y laboral a los docentes y en sostener los subsidios a la educación privada aunque las escuelas públicas se caigan a pedazos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos luchando para defender una escuela pública con el presupuesto necesario para salarios e infraestructura, renacionalizando el sistema educativo, donde el gobierno nacional vuelva a ser el responsable de su sostenimiento. Y que el dinero necesario salga de suspender los pagos de la deuda externa y de dejar de subsidiar a la educación privada.

Escribe Jorge Adaro, secretario general adjunto de Ademys

El pasado lunes, Ademys convocó a su séptima asamblea virtual ante el anuncio del gobierno de Larreta y su ministra Acuña del regreso a las aulas (en este caso “ciberaulas”) en CABA. De la asamblea participaron más de quinientos docentes, quienes de manera unánime votaron el rechazo a esta posibilidad, pronunciándose de manera clara que, mientras haya pandemia, a las escuelas no se vuelve. 

También se expresaron los otros reclamos por los que venimos llevando adelante acciones de denuncia y movilización desde Ademys, como la situación de miles de docentes que han sido cesanteados, sin posibilidad de tomar nuevos cargos, con actos públicos sin transparencia y con ofrecimiento solamente de cargos que el gobierno considera esenciales. O el congelamiento de nuestros salarios al no pagar el porcentaje para el mes de julio que decidió Larreta en la mesa salarial de marzo.

Esta grave situación de la docencia no es exclusiva de CABA. Por ejemplo, en Córdoba la bronca crece por el incumplimiento del acuerdo salarial firmado por el gobierno de Schiaretti y la burocracia celeste de Monserrat, de UEPC. A esto se agrega otra medida del gobierno que profundiza el ajuste, ya que la cobertura de cargos vacantes en primaria la harían con docentes que trabajan en distintos programas fuera de convenio, obligados a cambiar de funciones y dejando miles de docentes sin trabajo. Por eso realizarán una movilización exigiendo actos públicos para que los cargos sean tomados por quien corresponde. 

En Santa Fe, a instancias de la oposición a la burocracia de Sonia Alesso (Amsafe-Ctera), encabezada por la dirección combativa de Amsafe Rosario, hay acciones de autoconvocados que repudian el bono de 3.000 pesos del gobierno de Perotti, mientras siguen los salarios congelados desde 2019. 

Las maestras en Neuquén se movilizan contra el ataque a las escuelas especiales, rechazando un anteproyecto oficial de educación “inclusiva” que busca liquidarlas y flexibilizar las condiciones laborales. 

En provincia de Buenos Aires hay un plan de acción con caravanas y actos, impulsado por las seccionales Multicolor de Suteba por los problemas de infraestructura, por actos públicos para la cobertura de cargos, contra la falta de pagos, mientras reclaman que Suteba Central rompa la tregua y llame a un plan de lucha. 

Como lo aprobamos en el Encuentro Nacional de Docentes en Marcha, es necesario que todas estas luchas se unifiquen en una sola pelea contra el ajuste del gobierno de Fernández y los gobernadores, por eso exigimos que Ctera llame a medidas gremiales nacionales. Y hacemos un llamado a los sindicatos, seccionales y agrupaciones opositoras a realizar una reunión nacional que permita la coordinación de todas las luchas, hoy aisladas por la burocracia de Ctera.