Colocaron cámaras con el solo objetivo de manipular la opinión de los usuarios y de criminalizar a los maquinistas, no para prevenir tragedias. El gobierno no dice que de casi 40.000 filmaciones que realizaron se encontraron cinco o seis casos de maquinistas en falta y que repudiamos su conducta. Revelando que son la excepción, no la regla. ¿Alguien cree que los ferroviarios podemos usar de kamikaze a los motorman para generarle un costo político al gobierno?

Es una campaña canallesca para confundir a la población e intentar encubrir el saqueo ferroviario que continúa con las privatizaciones menemistas. Una estructura privatizadora y corrupta cuyos responsables son el gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales mafiosos, no los trabajadores.

Los ferroviarios de la Bordó, junto al Cuerpo de Delegados del Sarmiento, siempre hemos presentado propuestas alertando que si no se tomaban medidas de fondo, esto iba a volver a ocurrir. Por eso nos movilizamos a Plaza de Mayo junto a usuarios y familiares de las victimas el pasado 23 de agosto denunciando que las “inversiones” del ministro Randazzo son puro maquillaje, reclamando una verdadera reestatización.

La “revolución ferroviaria” del gobierno destinó 1.200 millones de pesos en pintar estaciones y trenes y poner Leds, cuando ese dinero tendría que haber sido para implementar el sistema de frenado automático (ATP) como existe en el Roca y el subte y en cambiar las señalizaciones que datan de 1925. Mantuvieron los negocios con el grupo Cirigliano que sigue prestando el servicio con sus colectivos del Grupo Plaza y reparando los trenes con su empresa EMFER, con facturaciones millonarias.

No a la estatización trucha del gobierno

Esta estatización kirchnerista no es salida, porque si bien el Sarmiento pasa a manos del Estado no es parte de un plan al servicio de recuperar el conjunto del sistema ferroviario, sino un manotazo de ahogado. Queda en la órbita de la SOFSE, donde en su dirección hay personajes como Rosauro Araya de la Verde de Pedraza y funcionarios del gobierno que tuvieron responsabilidad en las masacres anteriores. Además se deja a los mismos empresarios que se le quita la concesión en el negocio de los otros ramales ferroviarios. Los ferrocarriles no pueden quedar en manos funcionarios ineptos y de La Cámpora (como Aerolíneas) o burócratas sindicales como los que están enquistados en las cúpulas de La Fraternidad o la Unión Ferroviaria.

Hace falta una reestatización que esté bajo gestión y administración de trabajadores y usuarios. Los trabajadores queremos gestionar y controlar el ferrocarril para que sus objetivos sean el bien común y no un negocio privado. Porque somos los únicos que no tenemos compromisos ni con el gobierno, ni con los empresarios, ni con los burócratas sindicales. Los que podemos combatir en serio la corrupción y sabemos cuáles son las prioridades. Instalaríamos en primer lugar el sistema de frenos automático. No dejaríamos salir a los trenes en malas condiciones. Tendríamos una política para reabrir los talleres y direccionar el dinero público para que llegue a las vías, repuestos y nuevas formaciones. Por ejemplo, con la mitad de los 1200 millones de pesos se podría haber cambiado todo el sistema de señalización. Además, rendiríamos cuenta permanentemente de lo gestionado.

A su vez, una estatización aislada del conjunto del transporte ferroviario que no contempla una política para la recuperación integral del sistema, es una mera caricatura. Uno de los resortes económicos en el transporte ferroviario es el destinado a la carga, el cual sigue en manos de grandes grupos económicos.

Se sabe que el transporte de carga es muy rentable, el cual debe financiar a los trenes de pasajeros. Por eso la reestatización debe ser de todo el sistema en una empresa ferroviaria estatal que vuelva a unir pueblos y economías regionales, recupere las vías y talleres que se levantaron en los ´90 y reincorpore todo el personal despedido para que, de esta manera, vuelva a estar al servicio del pueblo trabajador.