Escribe: Atilio Salusso

Dos camaristas de Salta señalaron “el crecimiento preocupante del narcotráfico en nuestra frontera, la trata de personas, el incremento del contrabando y la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando” (Página/12, 13/11). Hace semanas, en Córdoba, recobró notoriedad el narcoescándalo por la denominada “narcopolicía”. Un fiscal da por hecho la vinculación con el narcotráfico de investigadores de Lucha contra el Narcotráfico. Se secuestró droga en la sede policial que, dicen, era “para adiestrar perros antinarcóticos”. Hasta se entregó un oficial acusado de sustraer más de 30 kilos de marihuana que reemplazó por alfalfa. Renunció el ministro de Seguridad y el jefe de policía.

El gobernador peronista De la Sota dijo que “nada alcanza si no hay una lucha nacional, coordinada y conjunta contra el narcotráfico”. Antonio Bonfatti, gobernador de Santa Fe por el partido de Binner, dijo algo parecido: “tenemos que articular con fuerzas federales”. ¡Pero esto es un saludo a la bandera! Mejor dicho, una cortina de humo para que el narcotráfico siga invadiendo el país bajo una completa impunidad. La Corte Suprema, por su parte, señaló que hay que designar más jueces, poner más policías y construir más cárceles, como si esa fuera la solución de fondo.

La Argentina en los años kirchneristas se ha constituido en país de preferencia de los carteles mexicanos y colombianos, y ha aumentado notablemente su población adicta a las drogas. El gran problema de la invasión del narcotráfico (donde Argentina dejó de ser país de tráfico para pasar a ser productor de drogas) hay que buscarlo en la complicidad y connivencia de las fuerzas de seguridad de todos los gobiernos... ¡y de los gobiernos mismos!

Basta un ejemplo. En plena campaña electoral, el secretario de Seguridad de Cristina, Sergio Berni, acusó a Sergio Massa por no hacer nada con los mayores narcos que viven en el Tigre (reconociendo saber dónde están), mientras el intendente del Frente Renovador le contestó que eso era cierto, pero que “no puede hacer nada desde la intendencia”.

Cuando detuvieron tiempo atrás al narco colombiano Meyendorff, el gobierno dijo que iba a investigar si alguna otra vez había ingresado al país. Resulta que Meyendorff hacía cinco años que vivía acá, había fundado una docena de empresas para lavar dinero narco y hasta tenía un nieto argentino. Por eso las cárceles están llenas de perejiles, mulitas o “soldados”, como se le dice a la mano de obra que emplean estos grupos, en especial gente humilde o jóvenes desesperados, que transportan o consumen drogas en beneficio de los grandes capos de la mafia.

Está claro que este grave flagelo no se puede llevar a cabo sin la complicidad de los gobiernos de turno, de sus denominadas “fuerzas de seguridad” y de la justicia. Las grandes organizaciones internacionales acuerdan con los referentes de los distritos (municipios y barrios), quienes poseen las franquicias de la policía, la justicia y el gobierno de turno para actuar. No es casual. Se trata de un enorme negocio capitalista que mueve ganancias fabulosas (500 mil millones de dólares anuales, según la ONU), en el cual están involucrados grandes empresarios, cúpulas policiales y judiciales corruptas.

Se habla de la “ley de derribo” de aviones para que no entre droga por aire... ¡pero los narcos que ya viven acá gozan de total impunidad! Hay que combatir de verdad a los narcotraficantes y a sus cómplices. A las cúpulas policiales, judiciales y políticas que permiten su accionar. Juzgarlos y castigarlos severamente. Embargarles sus bienes y desmantelar todos los laboratorios clandestinos de drogas, en camino de luchar por una verdadera salida de fondo (ver ¿Prohibición o legalización?) para que este flagelo deje de cobrarse más muertes y los capos no sigan lucrando con la pobreza y la marginalidad.