En cuanto al delito de trata de personas para la explotación sexual, el anteproyecto presenta una modificación alarmante. Nuevamente se plantea que las mujeres mayores de edad deben probar que no han otorgado su consentimiento para ser explotadas sexualmente. A ello se le suma la exclusión del delito de administración de prostíbulos. De esta manera se profundiza la impunidad para el comercio de mujeres y el proxenetismo. Asimismo, se ratifica el rumbo del gobierno en la criminalización del derecho al aborto. Si bien se autoriza el aborto en caso de violación, aparecen nuevos tipos penales -como el aborto culposo, la lesión al feto dolosa y culposa (intencional y no intencional) y aumentos de penas en las figuras de aborto producidos sin el consentimiento de la mujer-. También se elevan las penas por aborto preterintencional como en los casos donde el médico receta misoprostol (un medicamento utilizado frecuentemente para la interrupción del embarazo). Todas estas medidas resultan sumamente peligrosas, pues buscan equiparar jurídicamente al feto con la persona -en consonancia con la reforma propuesta para el Código Civil-. Y en la práctica, se proponen amedrentar aún más a las mujeres y a los médicos que las ayudan a interrumpir embarazos no deseados. Otra muestra más de que el gobierno de Cristina se asocia con la Iglesia contra las mujeres.

También se prevén graves límites en los delitos contra la integridad sexual. Por un lado se incluirían la violación dentro del matrimonio y la violación oral (lo cual es positivo), pero no se contempla la violación mediante la introducción de objetos. Finalmente, se eliminaría la figura de “femicidio”, quitando la figura incorporada en 2012 que preveía penas máximas al asesinato de mujeres por el hecho de ser tales, a manos de sus parejas o ex parejas. Estas críticas, por supuesto, no están en boca ni de los Massa, Macri o Binner. Porque en lo sustancial, están de acuerdo con el gobierno. Nosotros, en cambio, desde la izquierda, llamamos a repudiarla.