El proyecto de ley del oficialismo establece que “las protestas deben ser avisadas al Ministerio de Seguridad con 48 horas de anticipación, especificando horario, lugar, motivo”, a la vez que le otorga al gobierno la potestad de decidir cuál protesta es legítima y cuál no. Si no cumplen los requisitos de no interrupción de tránsito -ya sea terrestre, naval o aéreo-, como así también la toma de establecimientos públicos o privados, la ocupación de inmuebles, afectar a servicios esenciales o no dar previo aviso, la protesta pasaría a ser ilegítima, abriendo las puertas a la represión lisa y llana. Repudiamos este nuevo intento de criminalizar la protesta, a la vez que nos pronunciamos por la absolución de los más de 5000 procesados por luchar.