Las pruebas son contundentes: los testaferros de Boudou llamaban directamente a la Casa Rosada para ejecutar sus negocios. Por ejemplo, hubo mil llamadas registradas desde la antena del celular de uno de los testaferros del vice, Nuñez Carmona.

Para semejante hecho de corrupción (una verdadera asociación ilícita) participaron miembros de la AFIP, el Banco Central, la Casa de la Moneda y el ministerio de Economía. Cristina ¿nada sabía del tema?.

Además, Boudou se ha enriquecido ilícitamente en forma personal, aumentando sideralmente su patrimonio.

Boudou es representante directo de la presidente quién, a pesar de la trayectoria ultraliberal del guitarrista y motoquero y las resistencias a mostrarlo como parte de su séquito, lo puso y ahora mantiene en el cargo a pesar de que le siga bajando puntos a su imagen.

Desde la oposición patronal piden la licencia, renuncia o juicio político para Boudou. Y Altamira (PO) dice “si no se va, que se convoque a una consulta popular para que el pueblo decida”. Desde Izquierda Socialista, en cambio, si bien sería un paso que se vaya o renuncie, el reclamo central tiene que ser que vaya preso, no sólo Boudou, sino también sus testaferros y otros funcionarios kirchneristas cómplices de sus negocios.

Boudou tendría que estar ya en la cárcel y se le tienen que embargar todos sus bienes para que la plata que se robó vuelva al pueblo. Terminando con sus “fueros especiales”. Además, todo funcionario público tiene que ganar lo mismo que un trabajador especializado. Propuesta que Izquierda Socialista ha hecho y practicado con Liliana Olivero, Angélica Lagunas y los diputados nacionales electos por el FIT. Como parte de una lucha para terminar con este “modelo” corrupto al servicio de los grandes empresarios.