Participaron Claudio Katz (Economista del EDI); Julio Gambina (CTA Micheli); Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT); Carlos “Titín” Moreira (PTS/FIT) y Gabriel Solano (PO/FIT). Se dieron cita decenas de compañeros, entre ellos dirigentes, activistas y docentes nucleados en el combativo sindicato docente de Capital, presidido por su secretario general y dirigente de Izquierda Socialista, Jorge Adaro.

Si bien hubo unanimidad entre los panelistas en denunciar la deuda, al gobierno de Cristina y a la oposición patronal, se manifestaron importantes diferencias a la hora de definir la política central que tiene que impulsar la izquierda sobre el tema. PO, PTS, Katz y Gambina consideraron muy importante impulsar la propuesta de una consulta popular. Coincidiendo también, salvo PTS, en “investigar” la deuda (auditoría). Según Katz, sería para diferenciar la deuda legítima de la ilegítima (cuando toda la deuda es nula de nulidad absoluta por venir de una dictadura, y porque el pueblo nunca vio ni un peso). Katz, a su vez, fue el único que planteó como incorrecta la consigna de “no pago” o “suspensión de los pagos”, argumentando que previo a eso habría que impedir que se vaya el dinero de la soja o nacionalizar la banca para evitar un golpe especulativo en represalia.

Giordano, en cambio, señaló que el centro de la izquierda debe estar puesto en impulsar una campaña nacional por el no pago, denunciando que la deuda es ilegal y fraudulenta, que viene del genocidio de Videla- Martínez de Hoz. Denunció que desde Alfonsín en 1983 al día de hoy, se ha avalado ese robo y fraude pagado con distintos planes de ajuste. Que la deuda ya fue investigada por el Juez Ballesteros, quien en el año 2000 falló declarándola ilegal. Se pagó varias veces (400 mil millones de dólares en todos estos años, casi 10 veces el valor original que dejó la dictadura, y hoy se deben entre 200, 250 o 300 mil millones de dólares, según las fuentes). Que es una deuda usuraria, como parte de este sistema capitalista parasitario. Y que, por lo tanto, hay que llamar a movilizar por el no pago. Hay que llevar ese reclamo a las asambleas de trabajadores, exigir que el no pago sea incorporado al paro general que hay que arrancarle a la CGT Moyano, e impulsar una lucha continental con un frente de países deudores latinoamericanos para no pagar. Giordano polemizó entonces con las propuestas que ponen como centro la “investigación” de la deuda y una consulta popular, viejas consignas de la centroizquierda, ya que desvía el eje hacia un mecanismo tramposo y peligroso en manos del régimen y de los partidos patronales.

Moreira (PTS) argumentó que es mucho más democrático hacer una consulta popular a que el gobierno resuelva “entre cuatro paredes”. Con ese argumento, todo debería pasar por una consulta popular. Es lo que hace PO cuando reclama que haya una consulta para decidir si Boudou se queda o se va del gobierno.

Giordano planteó que las consultas no son democráticas en sí mismas, si son implementadas por el gobierno con preguntas y mecanismos engañosos; que no expresan ninguna “voluntad popular” sino que reflejan en forma distorsionada la realidad. Como ocurrió con consultas sobre el castigo a los genocidas en Uruguay, donde ganó la “impunidad”, en una consulta manipulada (ver recuadro). Ante eso el dirigente de Izquierda Socialista señaló, “no se nos hubiera ocurrido nunca desde nuestro partido poner en manos de una consulta si las leyes de obediencia debida y punto final son legítimas o no. Con lucha y movilización se las terminó anulando, no con una consulta”.

Alguien de PO preguntó por qué Izquierda Socialista rechaza una consulta cuando el Frente de Izquierda, por una elección, pegó un salto. Se le aclaró al compañero que siempre sostuvimos que las elecciones “no son nuestro terreno”, que las conquistas se logran con lucha y en las calles, no en una elección; que a los derechos democráticos -como una elección- los usamos cuando son convenientes, y que el FIT no se fue para arriba por un mecanismo electoral, sino porque se logró la unidad de la izquierda.

Giordano aclaró, a su vez, que Izquierda Socialista no está en contra de una consulta “por principio”, sino que hay que valorarlo en cada momento, si ayuda a la movilización popular, o es parte de un reclamo de un gran movimiento, como ocurrió en Islandia. Poniendo el centro hoy en impulsar el no pago por fuera de los mecanismos de la democracia burguesa manejados por el régimen y los gobiernos de turno, sin cifrar expectativas en ellos. Intentando ganar a una franja de masas para que tome esa política y se movilice por ella. Enfrentando al gobierno y a la oposición que quieren pagar hasta a los buitres, esclareciendo sobre las dudas de importantes sectores del pueblo sobre qué pasa si se deja de pagar, la importancia de dejar de pagar, y no poniendo como centro una consulta con resultados imprevisibles, ya que no es cierto, como dicen PO y PTS, que sí o sí dicho mecanismo “ayudaría” a movilizar.

Volvemos a convocar a que el FIT impulse y encabece una campaña nacional por el no pago. Apuntamos a movilizar a amplios sectores. A llevar la campaña al movimiento obrero y popular. A convocar a todas las organizaciones y personalidades que lo quieran impulsar.

Uruguay: Plebiscito donde ganó “la impunidad”

En octubre de 2009, en forma simultánea con la votación en la que ganó la presidencia Mujica, se realizó un plebiscito donde el 47% se pronunció por anular la ley de “Caducidad”. Esa ley, aprobada en 1985 por la mayoría de Blancos y Colorados, garantiza la impunidad a los militares genocidas que gobernaron Uruguay (1973-1985), responsables de desapariciones, torturas y ciudadanos forzados al exilio.

Si bien aquel porcentaje fue muy alto, el resultado no anuló la ley, porque hacía falta un porcentaje mayor al 50%. Se implementó un mecanismo tramposo: se contó como si fuera “en contra” de anularla a quienes, por desconocimiento o distracción, no pusieron la papeleta del plebiscito, es decir, votaron en blanco o nulo.

Mujica -con el mentiroso argumento de que “el pueblo decidió” en distintos plebiscitos-, posteriormente se opuso a que se sancione una ley para dejar sin efecto aquella, lo que hubiera permitido reabrir los juicios.

Dicho plebiscito había sido impulsado por una coordinadora nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, con el apoyo de la central sindical PIT-CNT, organizaciones populares y partidos de izquierda. Este antecedente debe hacer reflexionar sobre lo siguiente: que las conquistas obreras y populares se van a lograr con lucha y movilización, no con consultas tramposas y fraudulentas.

Es una “deuda odiosa”

Existe hace muchos años la teoría de la “deuda odiosa”. Se califica como tal a aquella que ha contraído un estado y no ha sido utilizada en beneficio del pueblo. El Banco Mundial certificó que la mitad de la deuda contraída durante la última dictadura por Argentina fue utilizada en un 40% para fuga de capitales, 30% en pago de intereses de la deuda y otro 30% en la compra de armamentos. La otra mitad es la deuda privada que Cavallo estatizó en 1982, que pertenecía a las multinacionales Shell, Ford, IBM, Cargill, Honda, Mercedes Benz y bancos como Citibank, Francés y Tornquist, entre otros. Gran parte de esas obligaciones contraídas por el estado durante la dictadura se hacían sin ningún registro contable, anotándolas “en una libreta negra”. En el mismo juicio salió a la luz que el monto de la deuda hasta ese momento se había elaborado “en base a declaraciones juradas de los acreedores”.

Ésta es la deuda que Argentina viene renegociando y multiplicando desde que se inició el gobierno de Alfonsín hasta hoy. Aquella por la que el pueblo argentino nunca recibió ni un centavo. Lo paradójico es que el autor de esta teoría de la “deuda odiosa” es el propio Estados Unidos, país que la utilizó en varias oportunidades para no pagar sus propias obligaciones. Es el país del juez Griesa que falló a favor de los buitres.

La deuda ya se pagó más de nueve veces

En una reciente solicitada de la Presidencia de la Nación, Cristina Kirchner reconoció que habíamos pagado desde 2003 a 2013 la suma de 190.000 millones de dólares. Tomando como válida esa cifra e incluyéndola en el total de lo que pagamos desde 1983 hasta ahora, significaría que se ha pagado en total la friolera de 420.000 millones de dólares sobre una deuda original de 45.000 millones. ¡Más de nueve veces más! Aún así, seguimos debiendo 300.000 millones, casi siete veces más.

Lo mismo ha ocurrido con la deuda de todos los países de América Latina. Desde 1982 hasta 2010, nuestro subcontinente pagó 1,4 billones de dólares, cinco veces su deuda original. Sin embargo, en 2002 aún debía por intereses casi tres veces la suma inicial (Clarín, 16/09/2002). Mientras más pagamos, más debemos. Por eso es que planteamos que no hay que pagar ni un peso más y promover la formación de un frente de países deudores latinoamericanos.