Petrobras es la empresa más grande de Brasil. Emplea a 87.000 trabajadores y está batiendo records de producción con 2,5 millones de barriles de petróleo al día (más que la producción de Venezuela). Desde los años noventa es una empresa mixta, que cotiza acciones en la Bolsa y tiene capitales imperialistas yanquis y europeos, aunque un directorio con mayoría de funcionarios nombrados por el estado brasileño. El gobierno del PT mantuvo la empresa mixta. Y la convirtió en el lugar preferido para la alianza con grandes empresarios y la corrupción.
Igual que Cristina Kirchner o Maduro, la defensa del gobierno de Dilma Roussef, con el apoyo de Lula, es denunciar a “la alianza de la oposición y los medios de comunicación”, a quienes califican de “golpistas” por dar credibilidad a las denuncias de desvíos de dinero que el tesorero del PT, João Vaccari Neto, habría realizado con sobornos cobrados por Petrobras.
Pero no se trató de un soborno aislado, ni de un puñado de dólares, ni de una “conspiración mediática”, sino que la justicia -e incluso un sector de la administración de Petrobrás- han calculado sobreprecios en las obras encargadas por Petrobrás a las grandes constructoras por 34.000 millones de dólares, una cifra que hasta para Brasil es fabulosa. Obviamente, una parte de esto se fue en coimas para los políticos dirigentes del PT o PMDB y directivos de Petrobrás.
La Operación “Lava Jato” llegó al público en marzo de 2014, con la detención de 24 personas. Pero comenzó en julio de 2013, cuando la policía descubrió una red de lavado de dinero vía el cambista Alberto Youssef, un personaje fundamental en el engranaje. Tras su detención, llegó a un acuerdo de delación premiada: sus testimonios y los de otro “colaborador” con la justicia, Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso. En total, la justicia procesó formalmente a 39 personas por lavado de dinero, corrupción y formación de organización criminal. Entre ellas están algunos de los principales empresarios constructores del país, líderes de un “club” selecto de 13 compañías contratistas que (según las acusaciones) se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los porcentajes de los sobornos. Las empresas partícipes mantienen contratos con Petrobras por 23.000 millones de dólares” (La Nación, 8/2/15). Entre las acusadas está la multinacional “argentina” Techint.
Después de una campaña electoral “de izquierda” y “contra la derecha”, ni bien fue reelecta Dilma Roussef, designó a un banquero neoliberal -Joaquim Levy- como ministro de Economía y a una terrateniente representante del “agronegocio” -Katia Abreu- como ministra de Agricultura, mostrando el año pasado la orientación del gobierno de Dilma a favor de los banqueros y oligarcas.
Ola de huelgas
En estos días la popularidad de Dilma Rousseff bajó al 22%, un mínimo histórico para un presidente desde tiempos de Collor de Melo (derribado por la movilización popular). Este creciente descontento popular responde al escándalo de corrupción, a las mentiras electorales y al ajuste antipopular, que incluye aumento del transporte, escasez de agua en Río y San Pablo, aumento de la gasolina y la energía.
Una ola de huelgas comenzó a fines del año pasado: trabajadores de la salud, tercerizados de las universidades por sus salarios impagos, obreros de Volkswagen que derrotaron intento de despidos, choferes, maestros, trabajadores de limpieza municipal y, en la última semana, obreros de COMPEJ, una contratista de Petrobrás, que en Río de Janeiro se dirigieron en manifestación hasta la sede de Petrobrás.
La única posibilidad de que la crisis no se siga descargando contra las mayorías populares es una gran movilización que derrote el plan de ajuste del gobierno de Dilma. La Corriente Socialista de los Trabajadores (UIT-CI) en el PSOL, en una decla- ración reciente llama a “la dirección de la CUT y de otras centrales obreras a romper con el gobierno y los patrones” y a “construir la unidad de todos los sectores que quieren enfrentar el ajuste de Dilma y el banquero Levy [...] coordinar apoya a las huelgas y luchas, y preparar una huelga general, [...]” para luchar por “suspender pago de la deuda [...] aumentar salarios e invertir en áreas sociales”.