También se autoriza la compra millonaria de equipamiento para las fuerzas de seguridad sin control alguno ni licitaciones. Y se habilita el derribo de aviones considerados “hostiles” por parte de la fuerza aérea, una medida que fracasó en cada país donde fue aplicada. Al autorizar el despliegue de la fuerza aérea para supuestamente combatir un delito civil como es el narcotráfico, se abre la puerta al uso de las fuerzas armadas en casos de seguridad interior.

El supuesto objetivo de esta declaración de emergencia es “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Pero a renglón seguido el decreto especifica que también se utilizarán todas estas medidas excepcionales para combatir supuestos delitos de “asociación ilícita terrorista”, algo que tras la aprobación de la Ley Antiterrorista promulgada por el gobierno de Cristina Kirchner se ha usado exclusivamente para criminalizar la protesta social.

El gobierno de Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich siguen así los pasos del ex jefe del ejército Cesar Milani. No creemos que se busque combatir realmente al narcotráfico con este tipo de medidas que por lo general son aprovechadas para la represión interna, en especial a los opositores y a las protestas obreras y populares.