Macri afirma que la Argentina consiguió tasas de interés inferiores a las de colocaciones anteriores. Pero con esas tasas del 7% el total del endeudamiento de 16.500 millones se duplicará en diez años, obligando al país a erogaciones de capital e intereses por un total de 29.700 millones de dólares.

El macrismo insiste diciendo que este pago es el último como antes lo hacía el kirchnerismo. Y que “ahora sí” salimos definitivamente del default. Esto es mentira. En el propio prospecto de colocación de los bonos se avisa de la posibilidad que tienen los buitres que no entraron a este acuerdo de continuar accionando judicialmente. Además, queda el riesgo de que los bonistas que aceptaron los canjes 2005 y 2010 exijan una compensación al ver que los buitres recibieron mucho más que ellos.

Prat Gay afirmó descaradamente que esta colocación “evitará” el ajuste fiscal, como si ya no existieran la inflación, los despidos y los tarifazos.
Vimos a los funcionarios del gobierno festejar este nuevo endeudamiento como si fuera un gol de la selección. ¡No hay nada para festejar! Junto con Prat Gay festejan los fondos buitre y los bancos colocadores de la emisión que se quedaron con 350 millones de dólares. Festejan los especuladores bancarios y de la bolsa que se ven venir la “ola” de capitales especulativos para alimentar las futuras bicicletas financieras. Mientras tanto y como siempre, ya lo está sufriendo el pueblo trabajador con más inflación, menores salarios, desocupación y miseria. Sufrimiento que será aún peor en el futuro con los mayores pagos de deuda que habrá que afrontar.

El macrismo dijo que no tiene ningún plan “B” más que seguir endeudándonos. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, tenemos un plan alternativo al ajuste en curso. Se trata de que los salarios aumenten hasta que nadie cobre menos que el valor de la canasta familiar, hoy casi en 20.000 pesos. Que se reabran las paritarias que han finalizado y sin poner ningún techo a las que están en curso. Que se elimine definitivamente el impuesto al salario. Que los jubilados cobren el 82% móvil. Que se prohíban por ley las suspensiones y despidos. Y fundamentalmente por dejar de pagar toda la deuda externa, poniendo todo ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades de trabajo, salario, salud, educación y vivienda.