La realidad es muy distinta. Efectivamente el gas que se extrae en nuestro país no alcanza para cubrir la demanda y hay que gastar millonadas en importar la diferencia. Pero el tarifazo no lo resuelve. Lo único que hace es premiar a los mismos pulpos saqueadores del negocio del gas y el petróleo que nos han llevado a esta situación. Veamos: las facturas que recibimos en nuestros hogares se componen de un “cargo fijo” y “un cargo variable”. En este último, el 80% del monto corresponde al valor del gas que se le paga a las empresas petroleras extractoras. Una parte fundamental del incremento de las tarifas se explica por la decisión del gobierno de aumentar el precio promedio que se les paga a estos pulpos de 2,60 dólares el millón de BTU (unidad de medida) a entre 4,5 y 5 dólares (dependiendo las cuencas de dónde se extrae). ¡Un aumento de entre el 75 y el 90%, totalmente por encima de cualquier valor internacional! Y sin ninguna exigencia de mayores inversiones, exploraciones o incrementos de la producción.

Es un premio a las empresas responsables de la actual crisis, que fueron las que liquidaron las reservas del país y nos llevaron a la actual situación de desabastecimiento. Para ilustrar, ahora se está extrayendo la misma cantidad de gas que en 1999. La producción vino cayendo sistemáticamente desde 2004, pasando por 2011 (cuando por primera vez el país perdió el autoabastecimiento y tuvo que importar) y así continuó hasta la actualidad.

La historia del saqueo

El macrismo, al igual que en otros temas, alega que todo se debe a la “herencia recibida”. Efectivamente, el desastre energético es una consecuencia de las políticas de los doce años anteriores, donde el kirchnerismo dejó que las transnacionales del sector (Repsol, Panamerican Energy, Total, British Petroleum, etcétera) saquearan a discreción, extrajeran y exportaran sin compromiso alguno de reinversión, achicaran la exploración casi a cero y redujeran hasta la inexistencia las reservas tanto de gas como de petróleo. Al tiempo que a estos pulpos se le transferían subsidios, se les garantizaban precios “mínimos” por encima de los internacionales y se otorgaban concesiones pasando por arriba de cualquier legalidad y casi a perpetuidad. A partir de 2012 se sumó la estatización parcial de YPF, pagada en efectivo y con creces a Repsol y el comienzo del acuerdo secreto con Chevron por Vaca Muerta. También es cierto que Cristina Fernández de Kirchner intentó llevar adelante un tarifazo y varias veces tuvo que retroceder por el repudio popular. Finalmente lo logró parcialmente con los incrementos de 2014, donde al igual que hace ahora el macrismo, se “salteó” la audiencias públicas y violó todo el marco regulatorio con excusas leguleyas. Ese tarifazo no se terminó de sentir plenamente porque el invierno 2015 fue el menos frío en muchos años y la mayoría de la población consumió menos gas.

Todo esto es, evidentemente, parte de la historia del saqueo que, yendo más atrás, tiene su origen en la privatización menemista de YPF en los años ‘90. De la que el macrismo es parte directamente involucrada, en la figura del propio ministro Aranguren, hasta el año pasado Ceo de Shell, una de las transnacionales que hicieron superganancias en el país en estos años.

Hoy el gobierno de Macri nos miente. Dice que el tarifazo va a garantizarle “rentabilidad” a las empresas gasíferas y petroleras que invertirán más y se logrará, en unos años, recuperar el autoabastecimiento, si somos prudentes y reducimos el consumo “excesivo.” ¡Mentira! El problema no es ni el exceso de consumo ni la “falta de incentivos para invertir”. Se llevan más de 25 años garantizando una “súper rentabilidad” a los pulpos petroleros, precios por encima de los valores internacionales, garantías de ganancias y ausencia absoluta de controles. Los resultados están a la vista. Hay que terminar con el saqueo y rescindir todos los contratos de concesión. Volver a una gran empresa estatal monopólica, gasífera-petrolera, una gran YPF 100% estatal administrada por sus trabajadores y técnicos. Cortando de raíz el saqueo, lo que seguirá sí será invertir fondos públicos para recuperar reservas y, más aún, para planificar una nueva matriz energética que incluya otras fuentes de energía. Fondos que sólo podrán surgir al terminar con el “otro saqueo”, dejando de pagar nuestra ilegal e inmoral deuda externa.