Es un primer triunfo de la movilización, aunque parcial. El propio fallo de la Corte le marca al gobierno una hoja de ruta de cómo hacer prolijamente las subas. En concreto, le reconoce al gobierno la potestad de ser quien fije las tarifas, tras cumplir con la obligación formal de realizar las audiencias públicas. Recordemos que, bajo los marcos regulatorios vigentes ,las audiencias son meramente informativas y “no vinculantes”. Como bien explica el fallo de la Corte, el gobierno tendrá que tomarse el trabajo de realizarlas y “tomar en consideración lo dicho en ellas” en sus argumentos al proceder al aumento. O sea, una pura formalidad. Para lo más importante, el valor del gas a boca de pozo, que explica el 60% del total del valor tarifario, la Corte autoriza al gobierno a fijarlo sin audiencia pública.

El gobierno a esto le agrega sus propias triquiñuelas para que el mal trago de las audiencias pase lo más rápido y desapercibido posible. Realizará una sola en la Ciudad de Buenos Aires, cuando los usuarios del gas dependen de distintas empresas con distintos precios por región y manipulará a su antojo los tiempos de oradores inscriptos.

Sabemos todo esto. Y no depositamos ninguna expectativa en las audiencias. Aunque creemos que, así como el gobierno quiere que esto pase lo más silencioso y sin escándalo posible, la pelea contra el tarifazo requiere exactamente de lo contrario: hay que utilizarlas para denunciar, afuera y adentro de las mismas, todo el mecanismo de saqueo.

El gobierno de Macri ahora ha anunciado que propondrá un aumento de “sólo” el 300% y anunciará un plan para ir reduciendo los subsidios a las empresas hasta llegar a cero en 2017, compensándolos con nuevos tarifazos en los años venideros. En concreto, les dice a las empresas privatizadas que ellas seguirán ganando, sea con subsidios o con incrementos tarifarios.

No nos tenemos que dejar confundir con todas estas maniobras. Si logramos que al día de hoy el tarifazo del gas esté suspendido, se debió a las movilizaciones, cacerolazos, asambleas y amparos colectivos presentados. Hay que seguir en este camino hasta lograr la efectiva anulación de la totalidad de los incrementos de tarifas en cada servicio. Y tenemos que responder con la única salida de fondo. El gas y la electricidad no son mercancías al servicio de generar ganancias, sino servicios públicos esenciales, al igual que la salud o la educación. Por eso exigimos la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados y de todo el complejo gasífero petrolero y su puesta en funcionamiento bajo la administración de sus trabajadores y usuarios, para realmente garantizar el acceso para todas las familias trabajadoras.