Maduro es uno de los presidentes más impopulares de la región, con un apoyo del 15%. Tan bajo como el de Temer en Brasil o Bachelet en Chile. El primero de septiembre se movilizaron más de trescientas mil personas en Caracas, convocadas por la oposición patronal de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para exigir que las autoridades electorales permitan la realización de un referendo revocatorio. Simultáneamente, el chavismo reunió en un acto con Maduro a menos de treinta mil personas, ante quienes el presidente se jactó de haber derrotado un golpe. La noche siguiente Maduro fue caceroleado en Villa Rosa, un barrio pobre de la isla Margarita.

El referendo revocatorio es una figura introducida en la constitución de 1999 por el chavismo y se aplicó en 2004 contra Chávez, quien triunfó en la votación. No es una maniobra golpista, aunque los derechistas de la MUD encabecen la campaña por el referendo.

Con el fantasma del “golpe” el gobierno intenta encubrir las causas de la crisis, así como justificar medidas represivas, entre ellas el estado de excepción, el despido de más de mil trabajadores por firmar la solicitud del revocatorio y la amenaza de eliminar por decreto la inmunidad parlamentaria. El repudio popular al gobierno ya se reflejó en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la MUD captó el voto castigo y ganó dos tercios de la Asamblea Nacional.

¿Giro a la derecha?

El chavismo y su falso discurso socialista están en bancarrota, lo que favorece electoralmente a la oposición proyanqui. Esto puede generar en activistas de izquierda la percepción de que los sectores populares estarían abrazando a la derecha política. Sin embargo, no hay una adhesión masiva a programas neoliberales o a dirigentes de derecha. La principal causa del repudio al gobierno es el ajuste por vía inflacionaria que aplica Maduro, que castiga con gran dureza a la mayoría trabajadora. La inflación superará el 700% este año y el PBI caerá 10%. La dependencia respecto de la exportación petrolera se agravó durante el gobierno chavista, magnificando el impacto de la caída de los precios petroleros. El saqueo de los hidrocarburos por parte de transnacionales imperialistas como Chevron o Repsol (que participan en empresas mixtas), la desindustrialización y la no realización de una reforma agraria, son otras causas de fondo de la crisis, en una economía capitalista que más allá de algunas nacionalizaciones pagadas a precio de mercado siguió siendo mayoritariamente privada y extremadamente dependiente de las importaciones de alimentos. También incidieron los fraudes de importaciones realizados por la burguesía tradicional y los nuevos ricos “boliburgueses”, para apropiarse de asignaciones estatales de divisas. El intelectual chavista Luis Britto García reconoció que estos fraudes rondan los 60 mil millones de dólares (El Universal, 4/9). Para sostener los pagos de deuda externa, que en 2016 superan los 35 mil millones de dólares, el gobierno ha recortado las importaciones a alrededor de 15 mil millones de dólares para todo el año, tres veces menos que en 2013. En su búsqueda desesperada de recursos para seguir pagando esa deuda, Maduro ha entregado concesiones mineras a transnacionales en el Arco Minero del Orinoco, un territorio que abarca más de 100 mil kms2.

El ajuste empobrece aceleradamente a la clase trabajadora. No hay cifras oficiales, pero según la encuestadora Datanálisis el 43% de los hogares sufre escasez de alimentos. La Fundación Bengoa estima que entre el 20% y el 25% de la población sufre de malnutrición. Los aumentos de precios de alimentos son acordados por el gobierno y los empresarios a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, mientras que los alimentos subsidiados son repartidos por los operadores del PSUV oficialista, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El salario mínimo, que en mayo de 2012 era de 290 dólares mensuales, hoy equivale a menos de 60 dólares y no cubre la décima parte de la canasta básica. Se trata de un gobierno patronal que abarata la mano de obra mientras habla de socialismo del siglo XXI.

Por una salida a la izquierda

Más allá de los roces verbales de Maduro con el injerencista secretario general de la OEA, o los conflictos en Mercosur, lo cierto es que la coyuntura regional no está marcada por golpes de estado sino por los acuerdos entre Obama y Raúl Castro, y el cese negociado del conflicto armado en Colombia. Como parte de esta dinámica en la que el imperialismo yanqui y las burguesías regionales privilegian la negociación, la Unasur designó como mediadores en Venezuela a los ex presidentes Rodríguez Zapatero (Estado español), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

El centro de la pugna está en los lapsos para la realización del referendo revocatorio. La MUD consignó el 2 de mayo 1,8 millones de firmas solicitando el referendo. El 24 de junio ratificaron su firma 400 mil personas, y ahora se espera por la fecha en la que se deben recoger las cuatro millones de firmas que activarían el referendo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) pretende que la recolección se realice a finales de octubre y que el referendo se efectúe después del 10 de enero de 2017. Si Maduro pierde el referendo antes de esa fecha se convocarán elecciones presidenciales de forma inmediata; de perderlo luego, su vicepresidente asumirá el cargo. Aprovechando esta pugna, el CNE no convoca las elecciones regionales estipuladas para este año. El Partido Socialismo y Libertad (PSL), principal organización de la oposición de izquierda, no marchó el 1 de septiembre con el gobierno ni con la MUD, y tampoco apoya la convocatoria del referendo revocatorio, pero rechaza que el gobierno criminalice a quienes lo promueven.

Mientras los negociadores del gobierno apuestan a ganar tiempo y los de la MUD intentan pactar fórmulas para una transición política post-chavista, el PSL plantea que son los trabajadores y el pueblo quienes deben tomar su destino en sus propias manos, mediante la movilización independiente. Para ello es necesario articular una alternativa de izquierda en oposición al gobierno y a la MUD, con un programa obrero y popular ante la crisis que contemple la estatización del 100% de la industria petrolera, sin empresas mixtas y bajo administración de sus trabajadores; el no pago de la deuda externa, para que se destinen esos recursos a atender la terrible crisis social; la confiscación de los capitales de quienes hicieron fraudes de importaciones y la reforma agraria. Un paso en esa dirección es la conformación de una Plataforma del Pueblo en Lucha y el chavismo crítico, en la que participa el PSL junto a organizaciones de base que se oponen al gobierno.